Hace tres décadas, al río Santiago se le identificaba como el Niágara de México, fuente de riqueza natural, orgullo nacional y de sus habitantes; hoy es la “cloaca” del país, el “caldo tóxico”, fuente de muerte y enfermedades, afirman los habitantes de El Salto y Juanacatlán, quienes diariamente respiran los gases nauseabundos generados por los cientos de toneladas de desechos tóxicos que las industrias descargan en el cauce.

Con estudios bajo el brazo, videos, folletos, fotografías y testimonios de personas cuyos hijos han fallecido de cáncer, se presume que por la exposición crónica a ácido sulfhídrico –cuyo olor a huevo podrido causa insomnio, vómito, dolor de cabeza, náuseas y otros efectos en la población–, cromo, cobalto, plomo, mercurio, arsénico, manganeso, xilenos, furanos y fenoles, entre otros, llegaron los habitantes de El Salto y Juanacatlán al paraninfo de la Universidad de Guadalajara a clamar ayuda al jurado del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA).

Según datos del Censo de Población y Vivienda de 2005, al río Santiago –que nace en el lago de Chapala y fluye por los municipios de Juanacatlán y El Salto, donde habitan 120 mil personas– se descargan además diariamente 8.3 metros cúbicos por segundo de aguas residuales de la ciudad de Guadalajara, localizada a 35 kilómetros de ambos municipios. Allí donde el derecho a la salud y a la vida sana se ha vuelto una quimera, las “nubes” de espuma generadas por los contaminantes alcanzan hasta 20 metros de altura e invaden el patio y las aulas de la primaria Mártires del Río Blanco, ubicada a apenas 100 metros de una cascada de esa corriente.

Según documentó el doctor Francisco Javier Parra Cervantes en su estudio Efectos en la salud asociados a la exposición crónica del ácido sulfhídrico, los estudiantes de la primaria padecen cefalea, rinorrea, conjuntivitis, fatiga e irratibilidad, y se enferman 37 veces más que escolares no expuestos a los gases emanados de dicho río.

Pero hay niños, como dos de los hijos de Leticia Curiel Ballesteros, que no pudieron continuar sus estudios porque el cáncer cortó su vida. “No tengo pruebas científicas de que su enfermedad haya sido provocada por la contaminación del cauce, pero sí una angustia permanente por lo que pueda pasarles a mis otros dos hijos. En la cuadra donde vivo muchos menores han muerto de cáncer, y otros, como los míos, tienen bolitas en las piernas”.

La “alegría y el generoso alimento” que proporcionaba el río hoy es un cauce de dolor por la pérdida de los seres queridos, dijo José Luévano Mendoza, cuya hija murió de cáncer en enero del año pasado. “Ocho días antes de que falleciera se presentaron médicos y personas a mi casa para exigirme que me retractara de lo que había dicho a una reportera de un canal de televisión (el daño mortal provocado por la contaminación del río), porque no tenía pruebas, pero la mortandad ha aumentado. En dos años han fallecido 100 personas de cáncer y otros 140 de mis vecinos están con tratamientos de diálisis y hemodiálisis.

“¡Ya está bueno!; las autoridades son las que deberían pedirnos perdón a nosotros por su apatía y negligencia; me da pena que no sean ellas las que nos ayuden y que permitan que el río sea un drenaje”.

María del Carmen Velásquez Meza también habló del deceso por cáncer de tres de sus familiares; posiblemente la lista de muertos y enfermos presentada al TLA habría sido interminable si se hubieran expuesto los testimonios de la mayoría de quienes habitan en El Salto y Juanacatlán.

Pero la “muerte silenciosa”, como la describió Raquel Gutiérrez Nájera, asesora legal de los habitantes de El Salto, no movió la fibra humana del abogado Francisco Javier Paredes Sánchez, de la Secretaría de Salud del gobierno de Jalisco, quien afirmó que la calidad del agua de los siete pozos con que se surte a los habitantes de ambos municipios “cumple las normas de calidad” –ello, a pesar del señalamiento del jurado del TLA de que tiene un color café poco agradable– y que “no hay evidencia concluyente de la causa-efecto” entre la contaminación del río y las enfermedades y muerte de los habitantes.

Elusivo ante las preguntas del jurado del TLA y con una permanente sonrisa en los labios, Paredes Sánchez demandó a los habitantes de ambos municipios “ser más cuidadosos” en la presentación de documentos, y sostuvo que el problema en su origen y solución es ambiental, por lo que no es un asunto en el que pueda intervenir directamente la Secretaría de Salud estatal.

Casi al finalizar la audiencia, “y para responder todas sus dudas” en materia de salud, se presentó Rocío Alatorre, comisionada de la Secretaría de Salud en manejo de riesgos. Pidió a los habitantes de Juanacatlán y El Salto que presenten sus denuncias en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y puntualizó que el sistema de análisis epidemiológico aún no está diseñado para “casos tan complejos” como el del río Santiago. “La Secretaría de Salud está ocupada y preocupada por el caso y, si se llegara a demostrar (la causa-efecto), tiene la suficiente fuerza legal y jurídica para actuar”.

Las respuestas de ambos funcionarios dejaron un mal sabor de boca al jurado y a los habitantes de las zonas afectadas, tanto que el presidente del jurado, Phillippe Texier, dijo: “tengo una impresión desagradable. Vimos el río y percibimos el olor que hay en el lugar. La reflexión que tendría cualquier persona con sentido común es que está totalmente contaminado; quienes contaminan tienen responsabilidad, y quienes no hacen nada para evitrarlo también la tienen”. www.ecoportal.net

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La Jornada
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