La primera mitad de 2001 se caracterizó por el impecable gobierno de transición de Valentín Paniagua Corazao, un político cusqueño del partido Acción Popular. Después de los 10 años de gobierno de Alberto Fujimori (ver El Mundo Indígena 2000-2001), Su posterior fuga del país y el encarcelamiento del todopoderoso asesor Vladimiro Montesinos, el gobierno de Paniagua se destacó por restituir instituciones fundamentales para un estado democrático de derecho y abrir nuevos canales para la concertación y la participación ciudadana.
En las elecciones presidenciales de junio de 2001, Alejandro Toledo Manrique, venció en la segunda vuelta. Toledo es un indígena del pueblo andino de Cabana, departamento de Ancash. Su esposa Eliane Karp, belga-francesa que además de antropóloga y conocedora de la cultura andina habla el quechua y manifiesta una especial vocación personal de trabajar en temas de cultura e indígena.

Inicio de un diálogo fructífero entre el Estado y los pueblos indígenas
A inicios de febrero una delegación representativa de los pueblos indígenas de la selva central, organizada por la Asociación Regional de Pueblos Indígenas, ARPI, expuso al Presidente Valentín Paniagua la grave situación de vulnerabilidad que sufren los pueblos indígenas amazónicos y efectuó una serie de peticiones.
A partir de esta iniciativa se creo la Comisión Especial Multisectorial para las Comunidades Nativas y la Mesa de Diálogo y Cooperación para Comunidades Nativas. Las organizaciones indígenas regionales afiliadas a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, decidieron formar la Comisión Indígena Nacional de la Amazonía (CINA) para facilitar el proceso de diálogo.
El proceso seguido a partir de esa experiencia a sido sumamente valioso e inédito porque permitió un Fructífero trabajo colectivo entre el Estado, (ONG) y organizaciones indígenas. Su resultado más significativo ha sido Plan de Acción para asuntos prioritarios, primer documento de políticas públicas para pueblos indígenas de los que se tenga noticia en el Perú.
Uno de los logros efectivos del trabajo indicado fue la creación oficial de la Reserva Comunal El Sira, una importante área boscosa de 616,413 ha. ubicada en los departamentos de Huánuco, Pasco y Ucayali, que se distingue por albergar gran riqueza y diversidad biológica. Esta reserva contribuirá a la supervivencia y desarrollo de los pueblos indígenas asháninka, yanesha, ashéninka, shipibo, entre otros.
En el dispositivo de creación de la Reserva, el Estado reconoce y protege el derecho al tradicional acceso que siempre han tenido las comunidades indígenas amazónicas a dicho ámbito para sus actividades de subsistencia y su promulgación es "para asegurar su desarrollo en armonía con sus valores sociales y culturales". Además de la Reserva del Sira, otro logro colateral es la promulgación del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas que contiene un régimen especial para las reservas comunales.
El 24 de julio la Comisión Especial Multisectorial para las Comunidades Nativas presentó públicamente el Plan de Acción para los Asuntos Prioritarios de las Comunidades Nativas. Dicho plan contiene acciones específicas a favor de la pueblos indígenas y que fueron consensuadas entre el Estado y la sociedad civil mediante la Mesa de Diálogo y Cooperación para Comunidades Nativas. El Plan de Acción contiene acciones de gobierno orientadas al cumplimiento de ocho grandes objetivos prioritarios definidos en el decreto de creación:
1. Garantizar los derechos de propiedad de la tierra y la seguridad jurídica de las comunidades nativas de la Amazonía.
2. Ampliar la educación intercultural bilingüe a todas las comunidades nativas y en todos los niveles: inicial, primario, secundario y superior.
3. Construir un sistema intercultural de salud y ampliar la cobertura de la salud pública entre las comunidades nativas.
4. Construir condiciones de paz y seguridad para las comunidades nativas de la selva central.
5. Asegurar la participación de los pueblos indígenas en el manejo y en los beneficios de las áreas naturales protegidas.
6. Garantizar el acceso, uso y participación en los beneficios por parte de las comunidades nativas en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de su entorno y la prevención de daños ambientales y sociales negativos.
7. Proteger a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
8. Respetar y proteger los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas.

A fin de asegurar la continuidad del diálogo y ante la falta de tiempo para culminar el Plan de Acción para los asuntos de largo plazo (no prioritarios) el Presidente Valentín Paniagua expidió el Decreto Supremo 072-2001-PCM mediante el cual se creó la Mesa de Dialogo Permanente para la solución de los problemas de las Comunidades Indígenas de la Amazonia peruana. Sin embargo, hasta el mes de abril del 2002, luego de 9 meses de gobierno de Alejandro Toledo, aún no se había constituído.
¿Es posible un gobierno peruano de "todas las sangres"?
El 28 de julio asumió Alejandro Toledo con el lema: Por un gobierno de "Todas las Sangres", en alusión a una emblemática obra del escritor indígena José María Arguedas. El día 29, Toledo hizo pública la Declaración de Machu Picchu sobre la Democracia, los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Lucha contra la Pobreza, suscrita por los Jefes de Estado de los países andinos (Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela) durante la simbólica asunción de mando presidencial realizada en la ciudadela de Machu Picchu.
En dicha declaración se establece el compromiso de promover y proteger los derechos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas; impulsando, en ese sentido, la elaboración y aprobación de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el seno de la OEA, así como la creación de una Mesa de Trabajo sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el marco de la Comunidad Andina de Naciones.
Por su lado, la Comisión Indígena de la Amazonia (CINA) presidida por el dirigente asháninka Guillermo Ñaco Rosas promovió en agosto una consultoría internacional y entregó al gobierno un Modelo Institucional para los Pueblos Indígenas del Perú, el mismo que se debatió y desarrolló en un Taller con los dirigentes de las diversas regiones de AIDESEP.
Sin embargo, hubo que esperar hasta diciembre para ver la reacción del gobierno. El día seis se instaló la Comisión Nacional de Pueblos Andinos y Amazónicos (CONAPAA) presidida por Eliane Karp de Toledo. Este organismo, creado por Decreto Supremo 111-2001-PCM, presenta serias deficiencias en su diseño y evidencia que el gobierno no ha asimilado o ha desestimado el diseño institucional presentado por el sector indígena y ha optado por un manejo discrecional y personal del tema en manos de Eliane.
La CONAPAA, integrada por 17 y luego por 21 miembros honorarios, tiene como fin no solo "promover, coordinar, dirigir, ejecutar" sino además "supervisar y evaluar las políticas, programas y proyectos" que atañen a los pueblos indígenas. Esta concentración de funciones consultoras y ejecutivas resulta excesiva y entorpece el desarrollo de una institucionalidad sólida y eficiente capaz de diseñar y aplicar políticas multisectoriales de mediano y largo plazo.
Toledo calificó de acto histórico la instalación de ese grupo de trabajo y añadió que los programas propuestos se desarrollarán en concertación con las comunidades andinas y amazónicas. Sin embargo, hasta mediados de abril del 2002 la CONAPAA aún no había realizado formalmente una segunda sesión de trabajo con todos sus miembros y tampoco se ha instalado la Mesa de Diálogo Permanente decretada por el gobierno anterior.
Otros avances de los pueblos indígenas en la concertación
En el mes de octubre de 2001, la Federación Nativa de Madre de Dios (FENAMAD) promovió un modelo de gestión concertada con las asociaciones de pequeños madereros de Tahuamanu y Tambopata y el Estado sobre la base de acuerdos estratégicos para el desarrollo sostenible del departamento de Madre de Dios. Entre éstos se encuentra el establecimiento y demarcación de bosques de producción permanente a favor de los pequeños extractores forestales, la implementación de un sistema de vigilancia compartida entre el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), la Policía Nacional, las asociaciones de pequeños forestales y la población de la localidad. Asimismo, acelerar el Estudio de Contrastación para la delimitación territorial presentada por FENAMAD a favor de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario del departamento.
En el norte de la Amazonia los representantes de los pueblos shuar, awajun y wampis de Perú y Ecuador realizan del 30 de Octubre al 01 de Noviembre su Tercer Encuentro Binacional en la comunidad de Chapiza, Perú. En este evento adoptan decisiones sobre el desarrollo económico sostenible y la integración comercial, la educación bilingüe y la salud intercultural y crearon el Consejo Técnico Permanente Binacional.
Asimismo, convinieron en solicitar cédulas de identidad o salvoconductos para el libre transito de la frontera para que los miembros de los pueblos awajun, shuar y wampis visiten a sus familiares sin obstáculos y promover la participación indígena en todos los proyectos de desarrollo binacional que se ejecuten a su nombre y en sus territorios.
Otro avance importante que conviene destacar es el referido a la participación de la mujer indígena. En el 2001, por primera vez AIDESEP implementó la Secretaría de la Mujer Indígena. Con un presupuesto insuficiente se realizaron talleres en cinco de las seis sedes regionales diagnosticando y capacitando en la perspectiva de género. La respuesta y el interés de las mujeres indígenas han sido muy grande y exigentes y han solicitado la pronta continuación del trabajo iniciado. Además de los talleres, la Secretaría de la Mujer participó en varios eventos nacionales e internacionales representando a la mujer indígena amazónica.
Contaminación minera pone en emergencia a comunidades del país
"Nosotros nos levantamos a las 4 de la madrugada a pastar nuestros animales y el humo que sale de las chimeneas de la Doe Run está en todas partes. Nos asfixia, nos pica la garganta. Yo vengo a reclamar porque todos nuestros carneros están muriendo y estamos quedando sin animales. Nuestros cuycitos también se están muriendo.
Antes cuando se enfermaban, los tratábamos con veterinarios y qué bien sanaban y engordaban, ahora no. Desde que la empresa Doe Run bota sus humos con arsénico, con plomo, estamos peor. Hace tres años yo tenía 30 vacas ahora solo tengo una. ¿Con qué vamos a educar a nuestros hijos? ¿Con qué vamos a vivir? Si nosotros vivimos de la carne, de la lana que vendemos. Ahora se cae la lana de nuestros animales, su carne está contaminada con metales... por donde pasteamos van muriendo".
Este es el lamento de Antonia Segura López, comunera de Huari, y una de las pocas campesinas que logró mostrar sus animales en la Segunda Exposición de animales afectados por la contaminación Minero Metalúrgica realizada el domingo 11 de noviembre en la ciudad de Yauli-La Oroya.
La muestra fue organizada por la Coordinadora Regional de Comunidades Afectadas por la Minería de Junín, (CORECAMI-Junin), la Asociación de Delegados Ambientales de la Oroya y el Comité de Defensa y Vigilancia Ambiental del Lago Chinchaycocha.
Asimismo, los días 23 y 24, se realizó en Pasco la Segunda Cumbre Internacional de Comunidades y Poblaciones del Perú Afectadas por la Minería donde más de 600 delegados pidieron al gobierno declarar el estado de emergencia ambiental en el ámbito nacional porque la actividad minera pone en grave riesgo la salud humana pues contamina las tierras de pastoreo, los ríos, lagos y lagunas, daña a los animales, cultivos provocando además provoca el despojo de tierras, empobreciendo a las comunidades vecinas a los asientos mineros.
La Cumbre fue organizada por la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI) y contó con la participación de delegados de ECUARUNARI (Ecuador) y CONAMAQ (Bolivia). El evento denominado "Godofredo García Baca y mártires de la lucha contra la contaminación medio ambiental" tuvo como lema "Aire, Tierra y Agua limpia" y en el mismo se suscribió la Declaración de Pasco.
Hidrocarburos y territorios indígenas: talón de Aquiles del gobierno
Por otra parte, en la región nororiental del país, el Centro de Ecología Holística Otorongo denunció que más de 220 mil habitantes, incluidas las poblaciones de las ciudades de Tarapoto y Lamas y 27 comunidades indígenas tituladas, serán afectados por la exploración petrolera del lote 87 a cargo de Perupetro y la Empresa Advantage Resources, Selva LLC (Burlington), cuya concesión ha sido otorgada sin consulta a las poblaciones afectadas.
El Lote 87 comprende un área de 753,412 Has. de las cuales el 70 por ciento son bosques amazónicos primarios. Está localizado dentro de las provincias de San Martín, Lamas, Picota y Moyobamba pertenecientes al departamento de San Martín; y las provincias de Alto Amazonas y Ucayali, del departamento de Loreto.
El ámbito del lote reúne a tres familias lingüísticas: Familia Quechua del grupo Chachapoyas - Lamas; Familia Cahuapana del grupo étnico Chayahuita y Familia Jíbaro del grupo étnico Aguaruna, con un total de 27 comunidades indígenas tituladas.
Por su parte la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) decidió en diciembre suspender su participación en el diálogo tripartito nacional sobre hidrocarburos mientras que el gobierno de Alejandro Toledo y la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos (CONAPAA) - recién constituida - no garanticen equidad, transparencia y respeto a las organizaciones indígenas.
A pesar de la actitud de la AIDESEP, el 8 de febrero del presente año el Ministerio de Energía y Minas (MEM) difundió para consulta pública un Proyecto de Reglamento de Consulta para las Actividades Hidrocarburíferas en Tierras de Comunidades Campesinas, Comunidades Nativas y de Poblaciones Indígenas. Este proyecto mutila severamente la propuesta indígena para regular actividades de hidrocarburos en territorios indígenas.
El texto se acompaña de un Informe Explicativo, en el que se presentan los argumentos "legales y prácticos" de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo y Perupetro por medio de los cuales el MEM decidió eliminar el término "pueblos indígenas", entre otros recortes a la propuesta original.
A pesar que la organización indígena nacional AIDESEP, la Defensoría del Pueblo y la Secretaría Técnica de Asuntos Indígenas (SETAI) han fundamentado con solidez los principios del proyecto de AIDESEP, la DGH mantiene su posición a favor de las empresas en detrimento de los derechos indígenas.
El Informe Explicativo también informa de las razones por las cuales se ha eliminado del Reglamento todo lo concerniente a las compensaciones, indemnizaciones y beneficios económicos que se encontraban en la propuesta inicial de AIDESEP.
Violencia y muerte en Los Naranjos, Cajamarca.
El 2002 tiene un inicio trágico. La madrugada del jueves 17 de enero un enfrentamiento entre colonos e indígenas aguaruna de la Comunidad Nativa Naranjos, provincia de San Ignacio, departamento de Cajamarca, dejó una secuela de 15 colonos muertos. La prensa nacional destacó en las secciones policiales el hecho de sangre pero no profundizó en las causas que propiciaron este desenlace ni señalaron a los responsables en la esfera pública.
La Defensoría del Pueblo y las comisiones del Congreso de la República y el Poder Ejecutivo luego confirmaron que los colonos habían ilegalmente ocupado tierras tituladas de la comunidad indígena y que las autoridades judiciales y policiales habían desistido de efectuar el desalojo luego de varios intentos frustrados.
Por su parte, el Ministerio de Agricultura decidió recientemente declarar fundado un antiguo reclamo de la Comunidad Naranjos y anular la Resolución Subregional que otorgó en 1997 a nombre del Presidente de la República ciento dieciséis títulos de propiedad sobre sus territorios titulados.
Importantes revelaciones sobre el Proyecto Camisea.
El 22 de febrero de 2002 la especialista sobre temas medioambientales Patricia Caffrey (EE.UU.), presentó las observaciones preliminares del equipo técnico que ha efectuado una Revisión Independiente de los Estudios de Impacto Ambiental del Proyecto Gas de Camisea, en el Valle de urubamba y la Cordillera de Vilcabamba.
Destacó, en primer lugar, que dicho proyecto no cumple los estándares del Banco Mundial y las mejores prácticas internacionales pues éstas no permiten la degradación y conversión de bosques primarios tropicales y hábitats amenazados ni el impacto negativo sobre comunidades y pueblos indígenas, incluyendo grupos muy vulnerables en aislamiento voluntario.
No se están respetando los derechos de las comunidades indígenas debido a un periodo y proceso de consulta deficientes, existe un proceso de "negociación" injusto, propuestas de compensación inadecuadas y es muy probable que las comunidades queden en peores condiciones a consecuencia del Proyecto.
Caffrey recomendó efectuar cambios en los planes de manejo para fortalecer las medidas de mitigación de impactos directos como la contaminación y la erosión. La capa fértil del bosque tropical húmedo del Urubamba es muy delgada y una vez extraída será difícil la reforestación, peor aún si la lluvia arrasa con el suelo fértil. De igual modo sugirió adoptar medidas para los impactos inducidos como el control de acceso y los impactos acumulativos del proyecto.
Avances y retrocesos en la afirmación de los derechos indígenas
En marzo de este año Eliane Karp de Toledo, Presidente de la Comisión Nacional de Pueblos Andinos y Amazónicos (CONAPAA), presentó al Congreso de la República una propuesta de reforma constitucional para incorporar en la Carta Magna el reconocimiento a un conjunto de derechos indígenas.
La propuesta, elaborada en una jornada sobre derechos indígenas con el aporte de especialistas y organizaciones indígenas, plantea el reconocimiento de derecho colectivos como el de propiedad sobre los territorios, control sobre los recursos naturales, promoción del desarrollo económico, administración de justicia, entre otros.
Sin embargo, es de lamentar que el Congreso omite incorporar tales alcances en la edición oficial del anteproyecto de Reforma Constitucional lo que ha causado razonable desconcierto y desazón en la Comisión Nacional que espera que dicho error se rectifique.
Pero un indicador que sigue provocando malestar es la falta de atención a los pueblos indígenas en situación de contacto inicial o en aislamiento voluntario quienes son atropellados por agentes sin escrúpulos, sean madereros ilegales o empresas concesionarias del Gas de Camisea y de otros nuevos lotes que serán puestos en subasta pública en mayo de este año sobre sus territorios.

Una muestra de los sacrificios a que se ven obligados estos pueblos en extrema situación de vulnerabilidad es el caso de la Comunidad Santa Rosa de Serjali, perteneciente al pueblo Yora (Nahua) en situación de contacto inicial. Luego de diez meses de una empecinada lucha logró con el permanente apoyo del Grupo Shinai Serjali y de AIDESEP, que el INRENA les retribuya parte de la madera recuperada y que fue extraída ilegalmente por madereros de Sepahua de la Reserva del Estado a favor de los grupos nómades Nahua Kugapakori, ubicados en los bosques del Urubamba, Cusco.
Debido a la desesperación en la que se hallaban por la depredación de sus recursos, la escasez de animales y la perturbación a su vida de los madereros, el curaca José Dishpopidiwa Waxe y Mario Huidiba, Presidente de la Comunidad, efectuaron arriesgadas y penosas travesías hacia Puerto Maldonado (Madre de Dios) y Lima, para invocar el apoyo de FENAMAD y exponer sus problemas a las autoridades competentes. En una de estas visitas a Lima murió el intérprete, un indígena yaminahua, quién era su único contacto con el mundo pues además del castellano entendía la lengua de los yoras.
El pueblo yora (nahua), por su escaso contacto con la comunidad nacional, no posee los recursos culturales para defender sus derechos pues solo hablan su propia lengua y desconoce casi por completo las instituciones y el marco jurídico nacional. En el largo, complejo y, por momentos desalentador proceso de recuperar su madera extraída ellos pudieron verificar la parsimonia y hasta negligencia cómplice de personal del INRENA en el tráfico ilegal de la madera.
Los yora enfrentan ahora las presiones de la Plus Petrol, Hunt Oil y otras que al auspicio del actual gobierno y con el respaldo de grandes corporaciones financieras y de hidrocarburos apuntan sus garras sobre nuevos lotes adyacentes a Camisea. Al parecer, a estos poderosos intereses, que actúan para satisfacer sus propias necesidades de mercado energético, no les importa si la extracción de los recursos no renovables en territorios indígenas puede significar la destrucción de los bosques tropicales y la desgracia y la muerte para los pueblos que los habitan desde tiempos inmemoriales y que sin ellos no pueden sobrevivir. www.EcoPortal.net
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* Jorge Agurto es un comunicador social y acompaña desde hace años a comunidades y pueblos indígenas de Perú en defensa de sus derechos fundamentales. Es responsable del Servicio de Información Indígena (SERVINDI) que edita un boletín electrónico quincenal y recién retomó el cargo de Secretario Técnico de la Conferencia Permanente de los Pueblos Indígenas del Perú (COPPIP), un cargo que fue el primero en desempeñar. Su correo electrónico: jorgeagurto@hotmail.com
** El Mundo Indígena 2001 - 2002 ha sido compilado y editado por Diana Vinding con la ayuda financiera del Ministerio Danés de Relaciones Exteriores y de la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo.
Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas: Sitio web: www.iwgia.org Correo electrónico: iwgia@iwgia.org
Colaboración: SERVINDI - Servicio de Información Indígena N°15