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Bosques de Pichincha afectados por la tala ilegal

14/07/00

Bosques de Pichincha afectados por la tala ilegal

La voracidad de las compañías madereras y mineras no tiene límite en la zona noroccidental de la norteña provincia ecuatoriana de Pichincha. A pesar de las prohibiciones legales existentes, estos grupos empresariales persisten en su tarea de destrucción sistemática y paulatina del medio ambiente. Los informes periciales han logrado demostrar una tala indiscriminada de árboles en bosques nativos. En dos de los bosques han desaparecido 136 hectáreas de bosque primario y secundario en un lapso muy corto de tiempo. En el noroccidente de Pichincha las áreas protegidas son las más vulnerables. Por ejemplo, en la parroquia de Mindo son tres los bosques nativos que generan polémica entre grupos en conflicto (colonos, madereros y mineros).

En el kilómetro 64 de la vía Calacalí - Los Bancos, 233 hectáreas fueron declaradas áreas de protección en 1994, por gestión de sus propietarios, lo que no impidió la tala ilegal posterior a partir de 1995. Los informes del Distrito Forestal de Pichincha establecieron la destrucción de 130 hectáreas de bosques. En San José de Milpe, en el kilómetro 90 de la misma vía, está el bosque conocido como Pachijal, por el río que lo atraviesa. 150 hectáreas de las 400 tienen informe a favor del Consejo Nacional de Recursos Hídricos, para ser declarados como área protegida. Aunque sus dueños han hecho gestiones para que se impida la tala en estos bosques, no hay manera de controlarlo. Una última inspección comprobó que 3 hectáreas desaparecieron rápidamente y los madereros sacaban la madera en camiones (una denuncia que fue verificada).

Aunque se pudo decomisar los materiales, el daño ya estaba hecho. Mindo, el paraíso de las aves, afectado El 16 de mayo del 2000 fue presentada una denuncia por tres ambientalistas: los ornitólogos Paul Greenfield y Paul Coopmans, dueños de la reserva "Mindo Cloudforest Reserve" y el empresario ecoturístico de la misma empresa, Juan Veintimilla; ellos señalan que la zona en mención está en riesgo, ya que el propio Estado y las petroleras se hallan verificando la factibilidad y estudios de suelos y prospección sísmica para construir el nuevo oleoducto de crudos pesados del Ecuador (obra supremamente necesaria para la economía del país).

Los trabajos los viene realizando la compañía argentina Techint que, al parecer, no contó con las autorizaciones para abrir trochas de dos y ocho metros de ancho, cortando árboles de bosque primario, según la denuncia. Los impactos, de acuerdo a los denunciantes serían grandes: alto riesgo de derrumbes y erosión, daños en flora, fauna y la calidad del agua (de uso humano y cultivos). Esta situación está, al momento, por definirse, aunque de todos modos, existen leyes que castigan con severidad a quienes cometen delitos de tipo ambiental.

Fuente: Bioforum

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