SOS en el Perú por la persecución política a dirigentes de Comunidades afectadas por la Minería

Denunciamos que actualmente son centenares los dirigentes comuneros que han sido denunciados por autoridades del Estado en las 18 regiones del Perú por supuestos delitos y cuyo origen es haber lanzado su voz de protesta por la violación de los derechos comunales.

Pronunciamiento

Los dirigentes regionales y nacionales de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería –CONACAMI-PERÚ- y de otras organizaciones sociales, reunidos el domingo 13 de agosto en Asamblea Extraordinaria realizada en Lima, damos a conocer a la opinión pública lo siguiente:

1.- Se ha agudizado la persecución política contra nuestros dirigentes nacionales, regionales y locales de CONACAMI-PERU y de otras organizaciones sociales afines denunciándolos judicialmente, seguimiento sistemático por miembros policiales y campañas por diversos medios de comunicación tildándolos de violentistas por el sólo hecho de defender la vida, el territorio comunal, el medioambiente y el derecho a la autonomía y la consulta que le asiste a las comunidades campesinas- indígenas, según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo del cual el Perú está obligado a acatar. La Constitución Política de estado y la Ley de Comunidades Campesinas consagran el derecho de los pueblos a la autonomía y a elegir su modelo de desarrollo.

2.- Deslindamos públicamente que no tenemos ninguna ligazón con partidos políticos y grupos violentistas, como señalan el diario CORREO y otros medios de comunicación que se basan en subjetividades y falacias. Muy por el contrario, nuestra organización actúa bajo el marco legal existente. Así como con el pensamiento de nuestros pueblos y comunidades indígenas, que se sustentan en los valores ancestrales de AMA SUA, AMA QUELLA, AMA LLULLA, que permitió una vida armoniosa entre la naturaleza y el hombre durante siglos.

3.- Con la intención de desestabilizar CONACAMI, el fiscal Provincial de Huancabamba ha denunciado penalmente a nuestro presidente, Miguel Palacín Quispe, por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, contra la tranquilidad pública, contra el orden público y la vida, el cuerpo y la salud, acusándolo de ser el autor intelectual de la protesta de los pueblos de Huancabamba y Ayavaca que se oponen a la exploración y explotación minera en su territorio. Cuando la participación de nuestro presidente fue para lograr la Paz y el inicio del dialogo, con el respaldo del Ministerio de Energía y minas, por ello responsabilizamos al gobierno central y a las empresas mineras de cualquier acto que pueda atentar contra su vida y a su integridad física.

4.- Llama la atención esa denuncia porque nuestro presidente, Miguel Palacín Quispe, quien apuesta por el diálogo como un mecanismo de solución a los conflictos, fue justamente convocado por el Ministerio de Energía y Minas para formar parte de la Comisión de Paz e invitación al Diálogo –integrada conjuntamente con el monseñor Daniel Turley y Javier Aroca, de Oxfam América- que por falta de apoyo del Estado para cumplir su misión se frustro en el camino. Luego vino la represión contra los comuneros y los enfrentamientos que dejaron un muerto y varios heridos y detenidos cuando la comisión había sido sacada de la zona

5.- Denunciamos que actualmente son centenares los dirigentes comuneros que han sido denunciados por autoridades del Estado en las 18 regiones del Perú por supuestos delitos y cuyo origen es haber lanzado su voz de protesta por la violación de los derechos comunales. Nos llama la atención que el Ministerio Público actúe a favor de las empresas y no intervenga cuando se arremete a los pueblos indígenas o se viola sus derechos. Exigimos por ello el retiro y archivamiento de estas denuncias injustas.

5.- Expresamos públicamente nuestro apoyo y solidaridad a los hermanos de Ayavaca y Huancabamba en la defensa de la vida, su territorio, medioambiente y derecho a la consulta que el Estado pretende desconocer. Llamamos a la solidaridad internacional para exigir al gobierno que cesen actos que vienen atentando los derechos de los pueblos indígenas y comunidades, y que cesen la intensa campaña de algunos medios de comunicación en contra de CONACAMI PERU

6.- Por estas razones exigimos al Gobierno Central que cese la persecución política contra nuestra organización y al Congreso que investigue este hecho. Asimismo llamamos a todas las organizaciones sociales democráticas y defensoras de los derechos humanos a solidarizarse con las comunidades y poblaciones que sufren los impactos negativos de la actividad minera y que no permitan que continúen estos abusos. www.ecoportal.net

Lima, 14 de agosto de 2005.