Minería

Presente y Futuro de la Minería en Guatemala

La minería de metales a cielo abierto es una explotación no sustentable que beneficia exclusivamente a las compañías transnacionales que la ejecutan. Los gobiernos de los países del Tercer Mundo, como Guatemala, se pliegan a ellas y, a través de mecanismos irregulares, les otorgan todos los beneficios, dañando a la población y violando sus propias leyes.

Por Leonor Hurtado

La minería de metales a cielo abierto es una explotación no sustentable que beneficia exclusivamente a las compañías transnacionales que la ejecutan. Los gobiernos de los países del Tercer Mundo, como Guatemala, se pliegan a ellas y, a través de mecanismos irregulares, les otorgan todos los beneficios, dañando a la población y violando sus propias leyes.

Explotación minera: Una herida en la tierra y en la sociedad

Uno de los temas abordados en las reuniones en abril de 2006 del Banco Mundial ha sido la minería de metales. La minería en Latinoamérica, y en el Tercer Mundo en general, cobró un nuevo auge en la década de los 90, por la disminución de la producción en Canadá y EEUU, el alza de precios del oro y otros metales, la búsqueda de alternativas de minería de bajo costo, la existencia de leyes que favorecían a las compañías transnacionales, la debilidad en la protección ambiental y laboral, y la desinformación y limitada organización de la población que sería directamente afectada. Además de estas razones, en Guatemala la población que vive en áreas rurales es maya, población discriminada, que padece la ideología racista del Estado y la desprotección por parte de las leyes.


En 1997 durante el gobierno de Álvaro Arzu, se aprobó la nueva Ley de Minería, vigente actualmente, que limita los beneficios para el país y favorece a las compañías. Es indispensable señalar que esta ley es inconstitucional porque viola artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala y del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Guatemala en 1996.

La explotación minera no responde a nuestros intereses como país, sino a los de los países desarrollados que necesitan los metales para su industria y sus mercados, y tienen limitaciones para conseguirlos en su propio territorio. Limitaciones porque el costo de la mano de obra en sus países es muy alto, las organizaciones ecologistas son fuertes y la legislación, severa. Por su parte, en Guatemala el 99 por ciento de las regalías pertenece a la compañía extractora. Otra ventaja es que las compañías explotadoras hacen el Estudio de Impacto Ambiental a su conveniencia, presentando una imagen falsa del daño que provocan, y declaran sus ganancias sin supervisión alguna.

La minería, explotación no sustentable

La minería de metales a cielo abierto es una actividad industrial de alto impacto ambiental, social y cultural. Para obtener los minerales es indispensable deforestar y remover la capa superficial de la tierra, que da vida a la flora y la fauna. A través de esta destrucción se llega a extensos yacimientos de minerales contenidos en rocas, las cuales hay que pulverizar, aplicarles cianuro, agua y zinc para precipitar el oro y la plata. Lo anterior requiere de equipos que las compañías importan sin pagar impuestos. La explotación minera modifica severamente la morfología del terreno, apila grandes cantidades de material estéril, contamina la capa friática, destruye bosques, áreas cultivadas, viviendas, etc. Puede alterar el curso de los ríos, destruir la pesca y crear lagunas o pantanos con aguas tóxicas. El aire lo contaminan el polvo, los combustibles tóxicos y vapores de gases de cianuro, mercurio o dióxido de azufre. El ruido producido por las explosiones, trituración, generación de energía y transporte es otro proceso de contaminación. En la explotación se utilizan enormes cantidades de agua, el equivalente al consumo de agua de 30.000 familias. Agua que no tienen costo económico para las compañías, aunque provoca el desecamiento de la zona circundante.

Sobre el Banco Mundial

El Banco Mundial (BM) se presenta como una de las principales fuentes de asistencia para el desarrollo del mundo. Según dice, su meta principal es ayudar a las personas y países más pobres. Utiliza sus recursos financieros, su personal y su amplia base de conocimientos para ayudar a los países en desarrollo en el camino hacia un crecimiento estable, sostenible y equitativo.

Las decisiones en el BM se toman por votación y tiene más votos quien tiene más capital: Estados Unidos. O sea, sus intereses son los que generalmente determinan las decisiones. Las políticas del BM no contemplan los derechos humanos y el BM continúa afirmando que su convenio constitutivo le impide abordar este tema. En más de un tercio de sus proyectos, que producen impactos sobre pueblos indígenas, no han aplicado la política de salvaguarda, que implica el respaldo de la población al proyecto y la inversión.


Actualmente, el capitalismo está en crisis por la sobre liquidez de capital y la presión por conceder préstamos e invertir. El exceso de liquidez ha provocado que el valor del papel moneda-dinero baje, mientras que el del oro ha subido. Como el BM responde a los intereses de los gobiernos-financieros es presionado para abrir oportunidades de financiamiento para ese sector. Por ello, la inversión en la explotación de oro es muy importante, ya que cumple una doble función: invertir en una utilidad de valor ascendente y abrir un canal de inversión para aliviar el exceso de liquidez.

Esta inversión no sólo beneficia al BM, sino también a Glamis Gold Co (compañía canadiense minera que opera en Guatemala) porque brinda su respaldo político a la inversión. Glamis Gold Co. no necesita el préstamo, pero lo busca para tener un respaldo político internacional, para presentar una imagen de desarrollo sostenible. Con esta inversión el BM ignora su compromiso con el desarrollo sustentable y se expresa como aliado de las compañías transnacionales. Debería adoptar un enfoque de desarrollo basado en los derechos de los pueblos indígenas a la propiedad y el control de sus tierras, territorios y recursos naturales, proscribir la reubicación forzada de los pueblos indígenas y sostener el principio de que los proyectos de desarrollo sólo deben implementarse en las áreas de propiedad o uso de estos pueblos con sujeción a su consentimiento informado previo y otorgado libremente.

La voz de la población afectada

En el proyecto minero Marlin de Glamis Gold Co., que se ejecuta en el departamento de San Marcos, afectando los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, el BM ha concedido un préstamo de 45 millones de dólares argumentando que es un aporte al “desarrollo nacional”. Si fuera verdad, se habría analizado el potencial del oro para servir como fuente de recursos para financiar un plan regional de desarrollo sostenible culturalmente y ambientalmente apropiado. Se hubiera hecho un balance de costos y beneficios sociales, ambientales y económicos, para decidir dónde y hasta dónde explotar el recurso, y se hubiera desarrollado un plan para invertir las ganancias amplia y coordinadamente.

Si la minería respondiera a las necesidades de la población del área, promovería otro modelo de desarrollo. La inversión actual sólo consolida el modelo económico existente: explotador, opresor, discriminador, insustentable e inequitativo.

El movimiento social que se opone a la minería, rechaza la naturaleza impositiva de las inversiones, ya que no se consultó a las poblaciones de la zona tal y como lo establece la legislación internacional, en el Convenio 169 que indica que los gobiernos deben “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.”

Guatemala no cuenta con mecanismos para aplicar el Convenio 169 y la Ley de Minería no sólo obvia esta normativa internacional, sino que tampoco tiene coherencia con otras leyes relacionadas con el poder local, como el Código Municipal y la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.

En Sololá, por ejemplo, los Consejos de Desarrollo Comunitario manifestaron su oposición a los proyectos mineros. En 2005, en Sipacapa se realizó una consulta en la que participaron 2.486 personas de las cuales el 98 por ciento expresaron su rechazo a la minería de metales en su territorio. También se han realizado consultas en los municipios de Santa Eulalia, Totonicapán, Comitancillo, Santa María Chjiquimula, Santa María Visitación, ignoradas por el presidente Berger, el Congreso de la República y la Corte de Constitucionalidad.

Mayas y resistencia

Principales de San Juan Sacatepéquez expresan: “La resistencia nosotros la entendemos como mantener nuestra forma de ser y de vivir con ideas, con propuestas, con diálogo y dignidad. Es respetar a la Madre Tierra y que su fuerza nos diga qué hacer. Esa es nuestra resistencia, es escuchar y hacer como nos enseñaron nuestras abuelas y abuelos de muy lejos, de todos los tiempos. Nunca nosotros podemos enfrentarnos con armas, por que el arma lo que lleva es a acabar, a matar, a convertir a la persona en un ser más débil y despreciable. Los pueblos indígenas de origen natural resistimos calladamente, sin mostrar enojo, sabiendo que estamos en lo digno y justo. Estos valores nos han permitido sobrevivir y resistir durante siglos, y también nos permiten saber que tenemos capacidad y conocimiento para defendernos y aportar”.

En cada comunidad maya, los Principales preservan y orientan de acuerdo con estos valores, porque tienen relación directa con la libertad y la dignidad de las personas. Resistencia y territorialidad son dos conceptos, actitudes y prácticas tradicionales de la población maya. La resistencia permite de manera pacífica y activa enfrentar la agresión, promueve la unidad y la acción de la comunidad con un objetivo de bien común, estimula la organización y movilización sustentadas con los valores propios y la identidad cultural.

Un Principal en Sipacapa, sobre la minería, explicó: “El oro es más útil y valioso aquí donde está en nuestras montañas. El oro es como los brazos de la montaña, la sostiene, le da forma, le da su energía y su equilibrio para que haya vida. Si se saca de aquí, destruyen la montaña y aunque después junten la tierra, no será lo mismo. Además el oro se lo llevarán de Guatemala. Por eso el oro es más valioso aquí”. Posteriormente tuve oportunidad de platicar con un geólogo y le comenté la imagen que me dio el Principal de Sipacapa. El geólogo me dijo: “Tiene mucha razón. El oro es parte de la estructura de la montaña y la estructura es indispensable para que la vida se dé. Decir que no es así sería como juntar todos los escombros de las Torres Gemelas de Nueva York y decir, nada material se perdió, aquí está todo lo que formaba las Torres, aquí están las Torres. Obviamente sabemos que eso es un absurdo, porque se destruyó la estructura de las Torres y sin ella, las Torres nada son. Lo mismo sucede con las montañas y con la vida”.

Rechazo internacional

Ante la contaminación que conlleva la utilización de cianuro, (procedimiento a utilizar en el proyecto Marlian) internacionalmente ha habido acuerdos y prohibiciones de esta actividad. Algunos ejemplos son:

En 2005, cinco años después de la firma de la Declaración de Berlín contra la minería que utiliza cianuro, 22 organizaciones de la sociedad civil internacional llaman nuevamente a los gobiernos y a las compañías mineras para que respeten los derechos humanos y suspendan su violación con las irresponsables prácticas mineras y la destrucción del ambiente.

Costa Rica anuló la concesión a Industrias Infinito, S.A., subsidiaria de la canadiense Vannessa Ventures, que pretendía extraer 656.000 onzas de oro en 10 años.

En Argentina, durante el refrendo de marzo 2003, el 81 por ciento de los votantes del pueblo de Esquel, se opusieron a la MCA de la Meridian Gold, compañía canadiense.

En noviembre de 1998 la población del Estado de Montana de Estados Unidos rechazó la MCA y a partir de 1999 quedó prohibida.

A nivel internacional existen leyes y manifestaciones que promueven el respeto de los derechos de los pueblos y prohíben las prácticas mineras que atentan contra la población y contra sus territorios. A los pueblos afectados por la minería de metales nos corresponde organizarnos, resistir a nivel nacional y defender nuestra territorialidad. Así mismo, debemos coordinarnos y movilizarnos internacionalmente para impedir que quienes dominan el capital continúen aniquilando a nuestra Madre Tierra y amenazando la vida de quienes no han nacido y tienen el derecho de vivir dignamente. www.EcoPortal.net

Este artículo ha sido publicado en el nº 21 de la edición impresa de Pueblos, junio de 2006, pp. 9-11.

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