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El agua no es mercancía

05/07/07 Por Antonio Peredo Leigue

Mientras la prensa proclama que Bolivia está impidiendo la firma de un acuerdo con la Unión Europea, lo que en realidad está haciendo, es propiciar la intención de que los países industrializados se apoderen de nuestro recurso más importante. Debe cambiar tal criterio. Debe establecerse una relación de respeto entre aquellos países que depredaron los recursos durante siglos y nuestras naciones que luchan, ahora, por preservar lo poco que nos ha quedado.

Junio 5, 2006

Año 2000. La empresa “Aguas del Tunari”, controlada por la transnacional Bechtel, impuso un desmedido aumento en las tarifas de agua potable en la ciudad de Cochabamba. La reacción de los consumidores se inició con protestas callejeras que, muy pronto, apoyaron los “regantes” –sector de agricultores que requiere agua para sus tierras de siembra– y todos los campesinos de la región. Esa ciudad, ubicada en el centro de Bolivia luchó hasta lograr que la empresa quede cerrada y se retorne al sistema de control municipal. “La guerra del agua”, como se la llamó, reivindicó el derecho social de acceder a este recurso.

Los analistas han señalado, en forma coincidente, que ese episodio inició, en Bolivia, el desmoronamiento del modelo neoliberal. Hoy, el gobierno de Evo Morales, trabaja para establecer condiciones que signifiquen el goce de los servicios básicos para todos. Por cierto, el acceso al agua, es uno de estos servicios, talvez el más importante.

Las demandas de la Unión Europea

Junto a otras naciones del continente, Bolivia ha planteado su oposición al ALCA y, posteriormente, al Tratado de Libre Comercio (TLC) propiciados por Washington. No se trata de una oposición sectaria, sino que es la defensa de los recursos que han sido, y siguen siendo, consumidos en forma irracional por los países industrializados. El agua para consumo humano se usa en la industria metal-mecánica, en la del cuero, en la textil, en la limpieza y una larga lista de otras actividades que bien podrían utilizar agua no potable para sus requerimientos. Usos irracionales también se constata con relación a otros recursos no renovables.

Como contraparte a esta situación, los países latinoamericanos iniciaron conversaciones con la Unión Europea. Las conversaciones tenían una buena orientación, hasta que la UE planteó el tema de la privatización de los recursos naturales. Hacer del agua una mercancía comercializada por empresas transnacionales, figura entre las primeras exigencias de esa comunidad, volviendo a plantearnos el mismo tipo de imposiciones que establece el TLC de Estados Unidos.

Agua para el continente

La reacción del gobierno boliviano fue la primera. Debía ser la primera. Es que, Bolivia, es el país desde cuyos nevados salen

las aguas que alimentan el Amazonas y el Río de la Plata, las dos cuencas más importantes de Sudamérica. ¿Vamos a entregar ese recurso a las empresas europeas?, ¿permitiremos que, desde nuestro país, se controle el consumo de agua en toda la región?, ¿dejaremos que se adueñen del agua que ha comenzado a ser escasa?

Los científicos han dado la voz de alarma. Concretamente, en Bolivia, dentro de dos años, en 2009, habrá que imponer restricciones al uso del agua. Precisamos que la racionalidad, en el uso de este recurso, comience a formarse desde ahora. Los nevados de las cordilleras Oriental y Occidental deben ser cuidados. Un gran plan de conservación es posible tener preparado para que, en los próximos años, podamos implementar el manejo racional del agua.

Pero eso es insuficiente. La conciencia de un uso racional debe darse en cada persona. Disposiciones que impidan botar agua en el lavado de automotores y otros usos dispendiosos; normas estrictas para su uso en las diferentes industrias; racionamiento efectivo mediante tarifas diferenciadas. Es decir, desde los gobiernos, debe comenzarse una acción permanente para no encontrarnos, el año 2009, en una situación conflictiva que obligue a racionamientos tardíos.

Agua para el mundo

Mientras la prensa proclama que Bolivia está impidiendo la firma de un acuerdo con la Unión Europea, lo que en realidad está haciendo, es propiciar la intención de que los países industrializados se apoderen de nuestro recurso más importante. Debe cambiar tal criterio. Debe establecerse una relación de respeto entre aquellos países que depredaron los recursos durante siglos y nuestras naciones que luchan, ahora, por preservar lo poco que nos ha quedado.

No lo hacemos sólo para nuestras necesidades, que son la prioridad, sino también para el bienestar de todo el mundo. Si aceptamos la imposición de la UE, el agua no alcanzará para los próximos dos años. En la misma concepción neoliberal, mientras más rápido y en mayor cantidad vendan, harán más negocio.

A la Unión Europea habrá que decirle que están obligados a apoyarnos en el cuidado de nuestros recursos. ¡Que retiren esa exigencia de los acuerdos con América Latina! www.ecoportal.net

 

Comentarios de los visitantes sobre este artículo

Agua Uruguay da ejemplo., por Dr. Marcos Sommer (24/08/2007)

Lo que acurio en el Uruguay (2005) está en relación directa con este articulo, el agua fue reconocida como un derecho humano y un bien común o de la participación de los ciudadanos en su gestión pública. ¿Uruguay, es necesario recordarlo? tiene una tradición de democracia directa. Se puede discutir de temas políticos vía referéndum y plebiscito. Y es gracias a eso que los Uruguayos pudieron resistir a los asaltos del neoliberalismo ya lanzados durante los años de dictadura militar. El Gobierno intentó hacer pasar sus ideas de privatización por asociaciones y otras vías desviadas, no sin el apoyo de las instituciones monetarias internacionales que pretendierón aportar la democracia (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional). A partir de 1996, el Gobierno uruguayo comenzó a ofrecer concesiones de servicio de agua a empresas privadas. Pero lo hizo allí donde estas privatizaciones podían aportarle el mayor beneficio, es decir, en las ciudades y los barrios ricos. Se vieron entonces los primeros efectos negativos de esta privatización: el precio del agua fue multiplicado por 10, se cortó el agua a los que no pagaban, familias o instituciones. El medio ambiente también sufrió graves repercusiones: lagunas y otras zonas donde estas sociedades extraían el agua se desecaron, todo eso para que algunas ciudades como Punta del Este (que utiliza tanta agua que el resto del país) pudieran regar sus jardines privados. ¡En Kyoto, en el 3e Foro mundial del agua, Uruguay incluso se vio recompensado por su espléndida experiencia de privatización del agua! Resultado: eso no hizo más que animar al Gobierno a proseguir sobre su ímpetu en el litoral meridional, la región más rica del país. El Gobierno uruguayo no tenía más que una idea en cabeza: colocarse en el mercado de la carne. Y por esta razón, estaba a favor de abrir la puerta a las empresas privadas que pretendían apoderarse del servicio público del AGUA, la única riqueza que el país podía ofrecerles como contrapartida. Para obtener la ayuda financiera internacional, Uruguay no dudaba ya en servirse del agua como garantía. En ese momento que se crearon Comités locales y asociaciones de barrio para resistir a la privatización del agua. Una resistencia que se basa en el hecho de que el servicio público uruguayo garantiza la distribución del agua al más de 90% de la población. El sindicato de los servicios públicos, los ecologistas y los Comités locales se agruparon. Tomaron como modelo al Comité de agua y vida de Cochabamba, en Bolivia (Coordinadora de Defensa del Agua y de la vida) y adoptaron casi el mismo nombre: Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la vida (CNDAV). Previa consulta a los juristas, resultó que la única solución política posible consistía en inscribir en la Constitución nacional un artículo sobre el agua. Ya que si las leyes internacionales pueden prevalecer sobre las leyes nacionales, no va así mismo para las Constituciones. Según las normas democráticas uruguayas, era necesario, en un año, recoger las firmas de 10 % del electorado del país, es decir, 283.000 firmas. Eso se hizo en ocho meses. Pero esta campaña no solo se refirió a la cosecha de firmas, sino también se hizo un esfuerzo masivo de información, explicación y concienciación nacional. En octubre de 2003, una cadena humana transportó las firmas al Parlamento, y espero luego que la administración compruebe su validez. Hasta allí, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida había podido trabajar serenamente, sin otra oposición principal que la del Gobierno. Pero en cuanto se decidió que el proyecto de artículo constitucional se presentaría al plebiscito en las elecciones presidenciales (esta simultaneidad es de norma en Uruguay), las empresas privadas del ámbito del agua comenzaron a manifestarse con virulencia. La campaña por lo tanto tomó una dimensión de interés nacional. Todos los candidatos a la Presidencia, con mejor o peor voluntad, debieron pronunciarse sobre el tema del agua. El proyecto de artículo constitucional establecía en efecto que el agua potable es un derecho humano fundamental y que el Estado tiene la responsabilidad de procurar que toda la población tenga acceso, que este suministro incumbe directa y exclusivamente a instituciones públicas, que su gestión debe ser sostenible y participativa, lo que era una manera de obligar la empresa pública a reconocer sus propios incumplimientos (por culpa de corrupción o mala gestión). El 31 de octubre del 2005 permanecerá una fecha histórica en la historia de Uruguay-AMÉRICA LATINA - y las luchas para el acceso al agua: ese día, 1. 406. 000 ciudadanos (64% de los votantes, 90% de participación) aceptaron el nuevo artículo constitucional.Queda por traducir en hechos esta Denegación Popular de la Privatización del Agua. Atte. Dr. Marcos Sommer

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