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Carta Social de las Américas

31/08/05

Derecho a la Salud, a la educación, al trabajo, a la protección social, a la vivienda, a la identidad cultural, a la información, al deporte y el tiempo libre, derechos ambientales, de los pueblos indígenas. La Carta Social de las Américas, y un derecho fundamental que abarca a todos, el derecho a la VIDA.

Derechos Sociales fundamentales

Capítulo I

Derecho a la Vida Digna

Artículo 1: El derecho a la vida es inalienable e irrenunciable. Todos los seres humanos desde su concepción tienen derecho a una vida digna e íntegra, al pleno disfrute de sus derechos humanos, solidaridad, paz y justicia social.

Artículo 2: Se condena todo método que atente contra la vida, como medio para resolver los conflictos de cualquier índole.

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Artículo 3: La vida es patrimonio colectivo y nadie podrá patentar el genoma de los seres vivos, ni utilizarlo con fines discriminatorios. Tampoco se permitirá el uso no consentido de seres humanos como objetos de experimentación científica, que acarree destrucción de la vida o deformación de sus componentes.

Artículo 4: Los Estados se comprometen a promover los valores éticos y morales asociados al respeto a la vida, una cultura de paz, tolerancia y convivencia. Asimismo, desarrollarán acciones radicales contra cualquier forma de discriminación que afecte la disponibilidad de los recursos esenciales para la vida.

Artículo 5: La alimentación es un derecho fundamental y en consecuencia es responsabilidad de los Estados garantizar políticas de seguridad alimentaria y nutricional para la población en general, y en especial a los grupos sociales más vulnerables, como una medida de protección esencial contra el hambre.

Artículo 6: Es obligación de los Estados asegurar la producción y suministro alimentario de sus poblaciones en cualquier circunstancia interna o externa, riesgo o contingencia, y en especial, aquellas que afecten el abastecimiento alimentario. Los Estados rechazarán cualquier acción que exponga a sus Pueblos al asedio alimentario y que atente contra su soberanía nacional.

Capítulo II

Derecho a la Salud

Artículo 7: Todas las personas tienen derecho a la atención y protección integral de su salud, entendida la misma como parte del derecho a la vida y en consecuencia, como un derecho humano de carácter inalienable e irrenunciable.

Artículo 8: Los Estados asumirán el firme compromiso de asegurar a sus poblaciones el acceso permanente e ininterrumpido al sistema público nacional de salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, gratuidad, calidad y eficiencia, tendentes a la promoción, protección, conservación, restitución y rehabilitación del completo bienestar físico, mental y social del ser humano.

Artículo 9: La salud es patrimonio de los Pueblos. Los Estados reconocen la participación protagónica de los Pueblos como actores corresponsables en la planificación, ejecución y control de los sistemas públicos nacionales de salud, y en consecuencia, se comprometen a promover la participación comunitaria, en el desarrollo de los programas y servicios destinados al control de los agentes biológicos y sociales que ocasionan riesgos a la salud.

Artículo 10: Los Estados se comprometen a proveer a los portadores y portadoras de enfermedades crónicas de alto costo, los tratamientos y medicamentos necesarios para elevar su calidad de vida, de forma gratuita, sostenida y universal.

Artículo 11: Los Estados adoptarán medidas para la promoción y ejecución de políticas sanitarias a personas con discapacidad o con necesidades especiales, que ameriten tratamiento médico, psicológico y funcional, así como rehabilitación médica e inserción social, con el fin de obtener su máximo desarrollo, habilidades y auto-confianza.

Artículo 12: La salud de la mujer en estado de gestación y del recién nacido, será objeto de atención prioritaria por parte del Estado. Para ello se crearán instituciones suficientes y adecuadas.

Artículo 13: Los Estados fomentarán redes de formación y capacitación en salud. Se favorecerá la suscripción de convenios o acuerdos de cooperación internacional, que faciliten y promuevan la formación integral y de calidad del potencial humano, el intercambio de recursos tecnológicos, la prestación de servicios de salud, la producción conjunta de medicamentos esenciales y genéricos, biológicos, y toda otra actividad que eleve los estándares de salud y participación de nuestros Pueblos.

Artículo 14: Los Estados se comprometen a financiar las investigaciones sociales dirigidas a promover la validación de nuevos instrumentos cualitativos y cuantitativos, que den cuenta real y exhaustiva del impacto de las políticas sociales sobre la salud de sus poblaciones.

Artículo 15: Los Estados implementarán políticas y programas de prevención, información y mitigación de riesgos originados por catástrofes que afecten directamente la salud de sus poblaciones.

Artículo 16: En el ejercicio de la corresponsabilidad, Estado y comunidad organizada adoptarán programas de prevención y erradicación de adicciones que constituyan un riesgo para la salud.

Artículo 17: Se desarrollarán programas de educación sanitaria, alimentaria y nutricional, de orientación en salud sexual y reproductiva para toda la población, con la participación corresponsable de comunidades, instituciones y medios de comunicación.

Capítulo III

Derecho a la Educación

Artículo 18: La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, asumida por los Estados como función indeclinable y de máximo interés, para el desarrollo de las personas. A tal fin los Estados realizarán una inversión prioritaria de conformidad con las recomendaciones del sistema de las Naciones Unidas.

Artículo 19: Los Estados deberán garantizar la educación en todos los períodos de vida del desarrollo de cada ser humano, tanto en su estado físico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico; de manera democrática, multiétnica, pluricultural, integral, de calidad, permanente, gratuita y obligatoria.

Artículo 20: La educación está fundamentada en principios de universalidad, pluralismo, libertad, equidad, solidaridad, convivencia, justicia y bien común, basada en la valoración ética del trabajo y en la participación protagónica, consciente, corresponsable y solidaria en los procesos de transformación social, consustanciados con los valores de identidad nacional.

Artículo 21: Los Estados establecerán políticas con el fin de armonizar la educación con las actividades productivas propias del desarrollo local, regional y nacional, a través de la orientación de toda persona, formándola en, por y para el trabajo creador y productivo con una visión humanista que le permita satisfacer sus necesidades básicas, su formación permanente y contribuir al desarrollo endógeno y sustentable.

Artículo 22: Todos los ciudadanos y las ciudadanas tienen el derecho a participar en el diseño, ejecución y evaluación de los procesos educativos, bajo la estricta inspección y vigilancia del Estado como rector, el cual orientará y brindará atención a sus planteamientos, en el marco que establezcan las leyes. Así mismo, los Estados se obligan a generar las condiciones más favorables para facilitar la práctica de la participación.

Artículo 23: Los Estados garantizarán el acceso, la permanencia y la prosecución de estudios a los ciudadanos y ciudadanas con necesidades especiales o con discapacidad, y a quienes se encuentren privados de su libertad o carezcan de condiciones básicas para su incorporación y permanencia en el sistema educativo.

Artículo 24: Los Estados, bajo el principio de corresponsabilidad, crearán políticas y mecanismos para garantizar la inclusión en el sistema educativo, en especial de aquellos grupos sociales más vulnerables.

Artículo 25: Los Estados conjuntamente con las comunidades organizadas, regularán la participación de los medios de comunicación social, públicos y privados, a los fines de contribuir a la formación ciudadana y a la construcción de una ética pública, con base en los valores democráticos, participativos, de integridad territorial, convivencia, bien común y solidaridad, en cumplimiento del ordenamiento jurídico interno, estableciendo los medios para asegurar que en los centros educativos y ambientes de aprendizaje se incorporen el conocimiento y la aplicación de las nuevas tecnologías y sus innovaciones.

Artículo 26: Los Estados asumirán la formación académica integral, accesible, permanente y de calidad de los educadores y educadoras. Para ello, se dará especial atención a la seguridad social y el reconocimiento público a su desempeño, como estímulo a su elevada función social. Así mismo, los Estados impulsarán políticas educativas que contemplen la certificación de competencias laborales y su acreditación.

Artículo 27: Los Estados diseñarán políticas orientadas a la creación y dotación de centros educativos y ambientes de aprendizaje, vinculados a instalaciones productivas y de servicios, a objeto de garantizar de manera permanente, el acceso a la información científica, tecnológica, humanística y la actualización académica.

Artículo 28: Los Estados se comprometen a consolidar esfuerzos y acciones dirigidas a educar para la vida, en aspectos tales como participación social, sexualidad y reproducción, vida familiar, prevención de la drogadicción, ambiente, población y desarrollo, nutrición y salud, equidad de género y ética.

Artículo 29: Los Estados establecerán políticas que garanticen formas y modos alternativos de financiamiento para satisfacer las demandas educativas, en especial para aquella parte de la población más vulnerable, a fin de facilitar su acceso, permanencia y prosecución.

Artículo 30: Es responsabilidad de los Estados, de las instituciones de educación y del sistema en su conjunto garantizar las condiciones para la atención integral al estudiante, cuyo objetivo es elevar la calidad de vida estudiantil como soporte fundamental para el logro de la misión de las instituciones de educación. Se garantiza la participación de los estudiantes y las estudiantes en el diseño, desarrollo, evaluación y control de las políticas, servicios y programas.
Los Estados implementarán las políticas que garanticen sistemas de becas, a los cuales los ciudadanos y ciudadanas puedan acceder bajo el principio de retribución a la Nación, con el fin de garantizar las condiciones plenas durante su proceso educativo.

Artículo 31: Los Estados procurarán la incorporación en sus programas educativos, de la enseñanza de los idiomas oficiales de la Organización de Estados Americanos, como un medio para incentivar un mayor acercamiento cultural y conocimiento mutuo entre sus Pueblos y para asegurar a sus nacionales un mejor acceso a mercados laborales, originados con motivo de la implementación de mecanismos de integración continental.

Capítulo IV

Derecho al Trabajo

Artículo 32: Toda persona tiene derecho al trabajo digno, decente y a tener una ocupación productiva, bien remunerada, sin discriminaciones salariales, que proporcione calidad de vida al trabajador y a su familia, en condiciones de libertad, estabilidad laboral, equidad, seguridad, salud e higiene ocupacional y recreación. Los Estados garantizarán el acceso al trabajo en dichas condiciones y el cumplimiento de estos principios.

Artículo 33: Todo trabajador remunerado tiene derecho a disfrutar de los beneficios derivados de su desempeño laboral, y en general, de todos aquellos previstos en el ordenamiento jurídico interno y en los tratados, pactos y convenios internacionales que hayan sido debidamente ratificados.

Artículo 34: La jornada ordinaria de trabajo efectivo, no excederá de ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) semanales. Las jornadas serán de menor duración cuando se trate de trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos, no excediendo de seis (6) horas diarias y treinta y seis (36) semanales. El ordenamiento jurídico interno de cada Estado determinará la extensión de las pausas que habrán de interrumpir la jornada, cuando, atendiendo a razones biológicas, el ritmo de las tareas así lo exija, así como también las que deberán mediar entre dos jornadas.

Artículo 35: Los Estados se comprometen a garantizar el derecho a huelga, libertad sindical, libertad de asociación, petición y reclamos, convención colectiva, eliminación de toda forma de trabajo forzoso u obligatorio, abolición efectiva del trabajo infantil y eliminación de toda forma de discriminación en materia de empleo u ocupación.

Artículo 36: Para la jornada de trabajo de menores la edad mínima de admisión no podrá ser inferior a catorce (14) años. La jornada desde la edad establecida, no podrá ser mayor de seis (6) horas diarias o de treinta y seis (36) horas semanales, en cualquier clase de trabajo. En dichos casos, deberá subordinarse a las disposiciones sobre educación obligatoria y en ningún caso podrá constituir un impedimento para la asistencia escolar o ser una limitación de la instrucción obligatoria.

Artículo 37: Los trabajadores y trabajadoras que en el ejercicio de sus funciones realicen actividades que comporten riesgos, tienen derecho a servicios de salud especializados. Los Estados velarán por la aplicación efectiva de las medidas de prevención y salud en el trabajo, mediante la capacitación, dotación y uso obligatorio de los recursos técnicos y normativos, dirigidos a garantizar la seguridad integral requerida en el desempeño laboral.

Artículo 38: Los Estados garantizarán la implementación de planes de inclusión social de los trabajadores y trabajadoras no dependientes, que no tengan capacidad contributiva o de cotización, en los beneficios de seguridad social.

Artículo 39: Todos los trabajadores y trabajadoras migrantes temporales y sus familias, tendrán derecho a un sistema de protección y condiciones de trabajo especial, de acuerdo al ordenamiento jurídico interno, acuerdos internacionales e intereses nacionales.

Artículo 40: Los derechos laborales son irrenunciables, los Estados garantizarán su disfrute y protección en los términos convenidos en las leyes, convenios colectivos y convenios internacionales en materia laboral.

Artículo 41: Los Estados implementarán una jurisdicción especial del trabajo y un procedimiento adecuado para la rápida solución de los conflictos.

Capítulo V

Derecho a la Protección Social

Artículo 42: Todas las personas tienen derecho a recibir protección integral especial del Estado, particularmente cuando se encuentren en las siguientes situaciones:

1. Tercera edad.
2.Discapacidad o necesidades especiales.
3.Enfermedades crónicas y profesionales.
4.Desempleo.
5.Orfandad y niños o niñas en situación de riesgo.
6.Maternidad.
7.Desplazamiento forzado.
8.Violencia.
9.Hambre.

Artículo 43: Los Estados, conjuntamente con la comunidad organizada, se comprometen a diseñar políticas públicas que garanticen la seguridad social de todos los ciudadanos y ciudadanas, de carácter universal, integral, solidaria, equitativa y financieramente sostenible.

Artículo 44: Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a una pensión de retiro digna, como sustento para la tercera edad y como reconocimiento a los aportes dados a la sociedad. Su monto nunca podrá ser inferior al salario mínimo establecido en las normativas nacionales.

Artículo 45: Los ciudadanos y ciudadanas que disfrutan de pensión o jubilación, tendrán derecho a continuar participando en labores productivas, cuando voluntariamente y en uso de sus capacidades así lo consideren, conforme al ordenamiento jurídico interno. Los Estados ofrecerán las oportunidades necesarias para aprovechar sus experiencias y así favorecer la trasmisión de conocimientos.

Artículo 46: El trabajo del hogar es una actividad que crea valor agregado, produce riqueza y bienestar. Las personas dedicadas exclusivamente al mismo tienen derecho a una remuneración apropiada, a los beneficios de una pensión digna y el Estado a procurárselas.

Capítulo VI

Derecho a la Vivienda, Hábitat y Servicios Básicos

Artículo 47: Se reconoce el derecho a la vivienda, hábitat y servicios básicos como un derecho humano. Los Estados desarrollarán políticas que garanticen este derecho, bajo los principios de justicia social, de progresividad y de corresponsabilidad con las comunidades organizadas.

Artículo 48: Los Estados garantizarán políticas de desarrollo de asentamientos humanos, equitativas y desconcentradas, en las que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan derecho a una vivienda adecuada, con un diseño arquitectónico que guarde relación con el entorno ecológico, respetando las especificidades culturales de los Pueblos, incorporada a un medio ambiente equilibrado y con servicios básicos, que garanticen la seguridad y solidaridad de sus relaciones vecinales y comunitarias.

Artículo 49: Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a que las viviendas y los hábitats sean planificados en zonas de bajo riesgo controlable. Los pueblos organizados tienen el derecho a la formación para el control, determinación, mitigación y actuación en situaciones de riesgos.

Artículo 50: Para garantizar el acceso a la vivienda, los Estados promoverán políticas crediticias que no atenten contra el patrimonio familiar y subsidios especiales para las poblaciones de escasos recursos.

Artículo 51: Los servicios públicos y su fuente de abastecimiento son considerados como patrimonio colectivo inalienable. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a recibir los servicios básicos de agua potable, aguas servidas, drenajes, comunicación, energía, transporte público y recolección de desechos sólidos en sus comunidades.

Artículo 52: Los Estados y comunidades son responsables del control, eficiencia, eficacia, calidad y equidad en la oferta de los servicios básicos, en especial, cuando la operación y distribución de los mismos hubieren sido privatizadas.

Artículo 53: El Estado procurará y promoverá la organización de las comunidades en programas autogestionarios para garantizar el disfrute de los servicios básicos.

Capítulo VII

Derechos de la Familia

Artículo 54: Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a organizar sus familias de acuerdo a sus creencias, a elegir sus opciones de asentamiento y a recibir la protección del Estado, para salvaguardar la integridad de sus miembros.

Artículo 55: Los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad, educación, salud, recreación y estabilidad familiar, en especial de niños, niñas, adolescentes, ancianos y ancianas.

Artículo 56: Los niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a la identidad ciudadana, a ser criados y a desarrollarse en el seno de su familia de origen, excepto cuando ello sea imposible o contrario a su interés superior. La familia debe vigilar que sus derechos sean respetados. El Estado tiene la obligación de garantizar las oportunidades y recursos para que estos derechos sean efectivamente protegidos.

Artículo 57: La adopción se hará siempre en beneficio del adoptado y producirá efectos jurídicos idénticos a los de la filiación.

Artículo 58: Los Estados protegerán el matrimonio, el cual deberá fundarse en el libre consentimiento y en la igualdad de los derechos y los deberes de los cónyuges.

Artículo 59: Los Estados otorgarán los mismos efectos jurídicos del matrimonio a las uniones estables de hecho, que cumplan con los requisitos establecidos en sus ordenamientos jurídicos internos.

Artículo 60: La familia debe procurar atención a sus miembros de tercera edad, como orientadores para los nuevos integrantes del grupo familiar. Los Estados están en la obligación de garantizar su calidad de vida y favorecer la unidad familiar.

Derechos Comunitarios

Capítulo I

Derecho a la Identidad Político Territorial

Artículo 61: Los Estados reconocerán la legitimidad de las comunidades definidas por su cultura, su asentamiento y sus requerimientos, como parte activa en las relaciones institucionales para el diseño, aplicación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y privadas.

Artículo 62: Las comunidades locales tienen el derecho y el deber de organizarse en redes de canalización de desarrollo endógeno y sustentable, para abarcar nuevos espacios de articulación y fomento de sus identidades colectivas. Los Estados están en el deber de promover la organización social desde la base de las relaciones comunitarias, creando mecanismos de planificación participativa.

Artículo 63: Las comunidades y los movimientos sociales comunitarios tienen el derecho a la pertenencia y membresía social, que les reconozca el poder necesario para la participación y toma de decisiones en el ámbito de sus competencias, en las instancias constituidas.

Capítulo II

Derecho a la Organización y Participación Pública

Artículo 64: Las comunidades tienen derecho a organizarse y participar en la definición, ejecución y fiscalización de las políticas públicas, especialmente en aquellos aspectos que les atañen directamente. Los Estados están en la obligación de promover la participación como mecanismo pleno y efectivo de legitimación democrática, y los órganos del poder público a nivel local, regional y/o nacional, estarán a su disposición para atender y resolver sus demandas.

Artículo 65: Las comunidades tienen derecho a presentar proyectos e iniciativas ante los organismos competentes, de acuerdo a las leyes vigentes en cada país. Los Estados están en el deber de atender y responder a las solicitudes formuladas por las comunidades en plazos prudentes, según las necesidades de la comunidad.

Artículo 66: Las comunidades tienen derecho a realizar manifestaciones públicas y pacíficas, dirigir peticiones a través de los medios de comunicación, abrir sus propios espacios de discusión y, en general, a todas las garantías y derechos civiles y políticos establecidos para los ciudadanos y ciudadanas en sus respectivos marcos constitucionales.

Artículo 67: Las comunidades tendrán la corresponsabilidad en la vigilancia de todos los derechos humanos. Al efecto, los Estados propiciarán la creación de mecanismos expeditos, para dar cuenta de la eventual violación de los derechos contenidos en esta Carta, y, a la vez, ordenar las acciones dirigidas a detener los procesos violatorios y/o suspender a los funcionarios u organismos implicados en estos hechos, previos los requisitos de ley.

Artículo 68: Los pueblos organizados tienen el derecho a acudir ante los organismos internacionales, como recursos de alzada, para dirimir cuestiones relativas a los derechos contenidos en esta Carta que hayan sido desacatados o no resueltos por los sistemas nacionales de justicia, de acuerdo a los tratados internacionales sobre la materia, luego de haber agotado las instancias internas.

Derechos Económicos

Capítulo I

Derechos Económicos Generales y Comunitarios

Artículo 69: Los Pueblos tienen el derecho a superar las condiciones de pobreza y mantener niveles de vida sostenibles. Los Estados establecerán políticas públicas, que permitan vincular el desarrollo económico a las exigencias de la calidad de vida de la población, para garantizar el desarrollo humano integral.

Artículo 70: Los Estados destinarán recursos dirigidos a la promoción, desarrollo y transferencia de las tecnologías adecuadas, en función de un desarrollo endógeno y sustentable, que genere nuevas y equitativas oportunidades de inclusión social y superación de la pobreza.

Artículo 71: Los Pueblos tienen derecho al disfrute de la productividad vinculada al desarrollo tecnológico en los procesos productivos. Para ello un porcentaje significativo de los ingresos netos de sus exportaciones deberá invertirse en programas de desarrollo social.

Artículo 72: Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a organizarse y a promover diferentes iniciativas productivas familiares, cooperativas, asociativas, empresariales o gremiales para la generación de bienes y servicios. Los Estados están en la obligación de reconocer su existencia, promover su fortalecimiento financiero y técnico, y de facilitar los espacios de justo intercambio que dinamicen todos los sectores de la economía.

Artículo 73: Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a desarrollar formas de trabajo dignas y decentes acordes con los Planes de Desarrollo de los Estados, en las que se exprese su creatividad, esfuerzo, energía productiva y vocación y, al mismo tiempo, garanticen un ingreso económico que les permita desarrollarse integralmente como personas. Los Estados deben reconocer a los actores de la economía informal y promover su organización como sujetos de derechos, contribuyendo a que emerjan de su condición de informalidad. Entretanto, deben dotarlos de protección social, asistencia financiera y espacios apropiados para el desarrollo armónico y sustentable de su actividad.

Artículo 74: Los Pueblos tienen derecho a recibir remesas enviadas por miembros de la familia, desde otros países. Los Estados acordarán mediante mecanismos de entendimiento internacional, las condiciones en las cuales estas remesas se harán efectivas, con reducción progresiva de los costos de envío.

Artículo 75: Las empresas estarán obligadas a reconocer a sus trabajadores y trabajadoras la valoración en términos económicos de los aportes que, por concepto de innovaciones, creatividad y minimización de riesgos, produzcan reducciones en materia de costos y/o incrementos de la productividad.

Artículo 76: Los pueblos organizados como personas jurídicas, podrán promover unidades de producción de bienes y servicios y tendrán derecho a solicitar y obtener de los Estados u organismos no gubernamentales, asistencia técnica y financiera, formación de recursos humanos, información, protección jurídica y certificaciones de calidad para la colocación de sus productos, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en cada caso.

Artículo 77: Los Estados ofrecerán a sus comunidades la asistencia técnica requerida para la administración efectiva de los recursos productivos. Las comunidades estarán en la obligación de mantener al día sus informes administrativos, económicos y financieros, necesarios para la evaluación del desempeño organizacional, bajo el principio de transparencia y rendición de cuentas a la comunidad y a los organismos comprometidos en la asistencia.

Derechos Culturales

Capítulo I

Derecho a la Identidad Cultural

Artículo 78: Toda persona tiene derecho a la cultura y al desarrollo y expresión de su creatividad, tanto de su propia Nación como de otras. Para ello, los Estados deben promover el fortalecimiento de las identidades culturales de los Pueblos expresadas en hábitos, costumbres, idiomas, vestuarios, creencias, significaciones, representaciones, valores éticos, creatividad, sentido de pertenencia grupal, territorial, nacional y humanística y el ejercicio de todos los derechos consagrados como fundamentos de la vida humana.

Artículo 79: Los Estados reconocerán el derecho de los Pueblos a mantener su diversidad cultural. Todos los Pueblos tienen derecho a defenderse de cualquier forma cultural que pretenda sustituir sus valores, cosmovisiones, idioma, usos y costumbres o de imponer modelos sociales, científicos, técnicos o políticos que destruyan la unidad nacional, su particularidad cultural, su patrimonio biogenético, sus recursos tradicionales o su derecho al desarrollo.

Artículo 80: Todos los Pueblos tienen derecho a un nombre propio, al registro histórico de sus ascendientes originarios, la diferenciación étnica, caracterización propia, reconocimiento de su idioma, tradiciones, identificación territorial y registro oficial por parte del Estado.

Artículo 81: Los Estados desarrollarán políticas públicas, que difundan y promuevan la cultura en todas sus manifestaciones, como garantía de respeto y dignificación histórica del esfuerzo colectivo o acumulado, que haga visible o conocida la identidad nacional de los Pueblos del hemisferio, respetando la diversidad étnica y cultural. Las comunidades tienen derecho a preservar su patrimonio histórico y cultural, su arraigo territorial y su especificidad social.

Artículo 82: Los Estados reconocen la diversidad cultural, promoviéndola en todos los canales de expresión, con la finalidad de favorecer la integración de los Pueblos.

Artículo 83: Todos los Pueblos tienen derecho a la restitución de su patrimonio cultural irremplazable, obras de arte y bienes culturales, que hayan sido extraídos forzadamente o bajo engaño. Los Estados están en la obligación de evitar, perseguir y condenar la apropiación y tráfico de los bienes culturales.

Artículo 84: Todas las personas tienen derecho al acceso a la cultura universal. En consecuencia, los Estados velarán para que todos los medios culturales, científicos y técnicos, incluyendo las nuevas tecnologías, estén disponibles en forma pública, gratuita y de calidad para garantizar a los Pueblos el derecho a participar en la creación cultural colectiva de la humanidad.

Artículo 85: Todos los Pueblos tienen derecho a acceder al conocimiento y la información oportuna, veraz, imparcial y sin censura. Para garantizar este derecho los Estados están en el deber de reconocer las singularidades lingüísticas de los idiomas vivos y el lenguaje de señas entre sus pobladores, los cuales deben reflejarse en los medios de comunicación, publicaciones institucionales, especialmente las educativas, formulación de proyectos nacionales e internacionales, tratados, redes informáticas y en cualquier circunstancia que facilite el acceso al conocimiento, mediante la traducción simultánea, ediciones impresas, electrónicas, y audiovisuales de los contenidos científicos, culturales y humanísticos en los múltiples idiomas que constituyen el patrimonio cultural de cada país

Capítulo II

Derecho a la Información

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Artículo 86: Los Estados garantizarán el respeto a la libertad de expresión e información sin censura, dentro de los límites propios de un Estado Democrático, así como el efectivo ejercicio y respeto de los derechos humanos, en particular en lo que concierne a la protección del honor, vida privada, intimidad, confidencialidad y reputación.

Articulo 87: Los Estados regularán el contenido de la difusión y recepción de los mensajes, estableciendo la responsabilidad social de los anunciantes, los productores y los prestadores de los servicios de radio, televisión, cine o cualquier otro medio de difusión masiva; fomentando así los valores democráticos, en consonancia con los deberes, derechos e intereses de los Pueblos, a los fines de procurar la justicia social, la paz, los derechos humanos, la cultura, la educación y el desarrollo socio—-económico, de conformidad con los ordenamientos jurídicos de cada Estado.

Artículo 88: Los Estados están en el deber de garantizar que las personas con discapacidad auditiva puedan disfrutar de la difusión de contenidos. Para ello deberán incluirlo dentro de la legislación interna de cada país, como un derecho obligatorio a ser cumplido por los medios de telecomunicaciones.

Artículo 89: Los Estados garantizarán la difusión de programas a los niños, niñas y adolescentes que sean de interés social y cultural, dirigidos al desarrollo progresivo y pleno de su personalidad, actitudes y capacidad mental y física, el respeto a los derechos humanos, a la familia, a la identidad cultural, para asumir una vida responsable en libertad y a formar de manera adecuada conciencia de solidaridad humana y social. Del mismo modo, los Estados garantizarán que los medios de difusión contribuyan a la formación ciudadana.

Artículo 90: Los Estados promoverán acciones que tiendan a la participación activa de las comunidades, para la consolidación de la industria de la producción independiente, de las radios, emisoras comunitarias o educativas y demás medios de comunicación alternativos.

Artículo 91: Los Estados pondrán en práctica una estrategia comunicacional, que constituya matrices de opinión pública que identifiquen las necesidades de nuestros Pueblos, y que fortalezcan los procesos de cambio que se van dando en la región.

Capítulo III

Derechos de los Creadores Culturales

Artículo 92: Los Estados promoverán la incorporación de los intelectuales y artistas, ya sea por sí, o a través de sus organizaciones, en la elaboración de políticas culturales.

Artículo 93: Las expresiones, manifestaciones y tradiciones culturales, reflejan particularidades de la libertad creativa humana. Los Estados garantizarán la plenitud de esta condición básica y para ello, facilitarán los recursos y apoyos institucionales que atiendan las necesidades económicas, de seguridad social, de expresión colectiva, sin restricciones a la libertad de expresión, divergencias de fondo y forma sobre las creaciones de quienes hacen del arte y la cultura, en cualquier expresión, su oficio de vida.

Artículo 94: Los creadores y creadoras populares tienen derecho al reconocimiento público de sus obras, a la titularidad de las mismas, a la compensación económica específica por cada obra que produzca e intercambie en el mercado, a la protección y divulgación museística o patronato cultural, sin discriminación alguna y sin más restricciones que las expresadas por la voluntad expresa del autor o autora. Quedan a salvo las obras consideradas patrimonio nacional o comunitario, así decidido por las instancias correspondientes.

Artículo 95: Los Estados se comprometen a garantizar la creación de espacios apropiados para el desarrollo y disfrute del hecho cultural, a fin de facilitar a los creadores culturales la promoción y divulgación de sus manifestaciones.

Artículo 96: Los creadores y creadoras en corresponsabilidad con los Estados, velarán por transmitir y difundir sólidos valores éticos y morales a la sociedad para preservar las costumbres y tradiciones inherentes a su dignidad como Pueblo.

Capítulo IV

De la Ciencia y la Tecnología

Artículo 97: Los Estados fomentarán el uso de la ciencia, la tecnología, y la innovación como instrumentos para la reducción de la exclusión social y la erradicación de la pobreza, promoviendo la gestión social del conocimiento, como mecanismo para impulsar el desarrollo endógeno y sustentable, potenciar la productividad con equidad social, así como garantizar la soberanía de nuestros Pueblos. Igualmente, fomentarán la articulación y orientación de los productos y servicios de la ciencia, la tecnología y la innovación, para agregar valor a los componentes reales del desarrollo.

Artículo 98: Los Pueblos tienen derecho a preservar el carácter público y la propiedad colectiva de los recursos naturales que constituyan patrimonio estratégico nacional. En consecuencia, la investigación y el desarrollo tecnológico nacionales quedarán bajo la vigilancia de los Estados, y sólo mediante su autorización se podrá otorgar licencias o concesiones de investigación, descripción o explotación de tales recursos, conforme a la legislación interna de cada Estado.

Artículo 99: Los Estados se comprometen a financiar, proteger y promover las investigaciones científicas y tecnológicas para el desarrollo endógeno y sustentable, y para favorecer la integración de sus Pueblos en función de los diversos escenarios del desarrollo humano.

Artículo 100: Los Estados reconocerán el interés público de la ciencia, la tecnología y la innovación y fomentarán el estudio de las ciencias básicas como instrumentos fundamentales para el desarrollo endógeno y sustentable de los Pueblos.

Artículo 101: Los Estados velarán para que los productos de la ciencia y la tecnología se conviertan en bienes sociales al alcance de todos y todas, por la aplicación directa de los avances científicos y tecnológicos y la reorientación de las políticas públicas de ciencia y tecnología, en función del desarrollo social.

Artículo 102: Las comunidades científicas y tecnológicas serán espacios abiertos a la pluralidad de conocimientos, sin discriminaciones políticas, sociales, religiosas, culturales o étnicas. A ellas deberán concurrir todos los hacedores de conocimientos en igualdad de derechos, para construir una nueva cultura de participación comunitaria en la generación de soluciones a los problemas del desarrollo integral de nuestros Pueblos.

Capítulo V

Derecho al Deporte, el Tiempo Libre y el Esparcimiento

Artículo 103: Toda persona tiene derecho al esparcimiento y recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre, en procura de su bienestar físico y espiritual.

Artículo 104: El deporte es un derecho social y actividad esencial, que coadyuva en la formación integral de las personas, en lo físico, intelectual, moral y social a través del desarrollo, mejoramiento y conservación de sus cualidades físicas y morales.

Artículo 105: Los Estados promoverán la práctica deportiva sin discriminaciones, salvo las limitaciones individuales y las que establezcan los ordenamientos jurídicos en resguardo de la salud.

Artículo 106: La promoción, el desarrollo y la práctica de la educación física y el deporte es de utilidad social. Para ello los Estados fomentarán la construcción, dotación, mantenimiento y protección de infraestructuras que permitan su ejercicio, enseñanza y práctica obligatoria, en todos los niveles del sistema educativo.

Artículo 107: Los Estados llevarán a cabo políticas urbanísticas que integren los espacios verdes y plazas al disfrute del deporte, la recreación y las celebraciones comunitarias.

Artículo 108: Se promoverá la participación de personas con discapacidad en las distintas prácticas deportivas.

Capítulo VI

Derechos Ambientales

Artículo 109: Es un derecho y un deber de cada generación, proteger y mantener el ambiente en beneficio de todos los seres vivos y de las generaciones futuras. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y un ambiente sano.

Artículo 110: Las políticas en materia ambiental deberán tener como objeto prioritario y de interés social, la conservación del ambiente en su sentido amplio, que incluya el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, como fuente importante para remediar las urgentes necesidades sociales y económicas, especialmente de los sectores más vulnerables, así como su conciliación con el desarrollo endógeno y sustentable.

Artículo 111: Los Estados se comprometerán a adoptar y ejecutar las estrategias, planes y políticas para la conservación del ambiente y de los recursos naturales, en el marco del desarrollo sustentable, con la participación y protagonismo de los Pueblos.

Artículo 112: Los Estados desarrollarán políticas para la ordenación del territorio, atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, educativas, científicas, tecnológicas, de producción, de acervo cultural, económicas y políticas, en base a principios éticos y de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que incluyan, entre otros, mecanismos para la información, consulta y participación ciudadana en la toma de decisiones.

Artículo 113: Todas las actividades capaces de degradar el ambiente deben ser sujetas previamente a evaluaciones de impacto ambiental, las cuales serán realizadas bajo el principio de corresponsabilidad, a fin de prevenir, evitar, corregir, mitigar o compensar los daños al ambiente.

Artículo 114: Los Estados implementarán las normas ambientales derivadas de los compromisos internacionales; igualmente elaborarán y adoptarán otras que se estimen convenientes en el contexto intraregional, para garantizar que la integración económica de la región se realice de manera ambientalmente sustentable.

Artículo 115: Los Estados adoptarán normas jurídicas, mecanismos e instancias adecuadas que contribuyan a la prevención y resolución de conflictos ambientales.

Artículo 116: Los Estados adoptarán instrumentos jurídicos que impongan las sanciones a que hubiere lugar en situaciones de daño ambiental, y establezcan la obligación de los responsables, materiales e intelectuales, nacionales o trasnacionales, de ejecutar medidas para el restablecimiento de las condiciones del ambiente alterado y de resarcir los impactos sociales que de él se deriven.

Artículo 117: Los Estados fomentarán la participación ciudadana en la conservación del ambiente y el uso sustentable de los recursos naturales. Así mismo, apoyarán el desarrollo de procesos de autogestión o cogestión, enmarcados en la responsabilidad compartida, pero diferenciada y comprometida con la protección del ambiente.

Artículo 118: Los Estados generarán tecnologías alternativas, apropiadas y apropiables, para la producción de bienes y servicios que logren minimizar los impactos negativos que se efectúen en el ambiente. A tal efecto, se comprometen al intercambio de conocimientos, tecnologías y metodologías ambientales, que permitan armonizar criterios y crear capacidades compartidas.

Artículo 119: Los Estados promoverán el manejo integral de las cuencas hidrográficas, como recurso para el desarrollo ambientalmente sustentable y la calidad de vida de los Pueblos.

Artículo 120: Los Estados desarrollarán instrumentos dirigidos a la valoración integral de los recursos naturales, de forma compartida con las comunidades.

Artículo 121: Los Estados se comprometen a incrementar la vigilancia de sus fronteras, para impedir la extracción ilegal de flora, fauna, materias primas y bienes culturales, que formen parte del patrimonio colectivo de las comunidades y que no hayan sido objeto de tratados normativos, sancionados nacionalmente, como parte de intercambio comercial internacional.

Título V

De los Pueblos Indígenas

Artículo 122: Los Estados reconocen la existencia de los Pueblos y Comunidades Indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas, religiones y derechos originarios sobre las tierras que ancestralmente ocupan, y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Los Estados, con la participación de los Pueblos Indígenas, deberán demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras o territorios, según sea el caso, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles, de acuerdo con lo establecido en las legislaciones nacionales.

Artículo 123: Los Pueblos Indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, su espiritualidad, sus valores, y sus lugares sagrados y de culto, participando en la vida económica y social de su país. El Estado fomentará la valoración y difusión de las manifestaciones culturales de los Pueblos Indígenas.

Artículo 124: Se garantiza y protege la propiedad intelectual colectiva de los conocimientos, tecnologías e innovaciones de los Pueblos Indígenas. Se prohíbe la implementación de los mecanismos de propiedad intelectual existentes, para la concesión de derechos de exclusividad sobre los conocimientos tradicionales y ancestrales, los cuales no son del dominio público.

Artículo 125: Los Estados, conjuntamente con las Comunidades o Pueblos Indígenas, diseñarán e implementarán un régimen especial o una norma de armonización que fortalezca la protección de los conocimientos tradicionales, innovaciones y prácticas tradicionales de las Comunidades o Pueblos Indígenas, conforme a los convenios internacionales.

Los Estados deberán respaldar a los Pueblos Indígenas en el ejercicio de la reivindicación de sus conocimientos colectivos y ante cualquier acción o evento que propicie la apropiación indebida de los mismos.

Artículo 126: Los Pueblos y Comunidades Indígenas tienen derecho a una salud integral y al reconocimiento legal de su medicina tradicional, práctica y tratamiento, incluyendo la promoción, desarrollo, prevención y rehabilitación, así como el derecho a mantenerla y administrarla. Los Estados promoverán los medios necesarios para que los Pueblos y Comunidades Indígenas logren las condiciones de salud adecuadas.

Artículo 127: Todos los ciudadanos y ciudadanas pertenecientes a un Pueblo Indígena tienen derecho a una educación que respete y desarrolle su identidad cultural, así como a la educación multilingüe y pluricultural, de acuerdo a sus propias prácticas locales y colectivas. Los Estados deberán garantizar e implementar los mecanismos necesarios a fin de lograr una educación que atienda a las prácticas socioeconómicas, valores, tradiciones, espiritualidades, necesidades y aspiraciones de los Pueblos Indígenas.

Artículo 128: Los Pueblos y Comunidades Indígenas tienen derecho a decidir y asumir el control de sus propias organizaciones, formas de vida y prácticas económicas basadas en la reciprocidad, la solidaridad y el intercambio; su identidad, cultura, derechos, usos y costumbres, educación, salud, cosmovisión, protección de sus conocimientos ancestrales; defensa de sus tierras y, en general, de la gestión cotidiana de su vida comunitaria dentro de sus territorios o tierras, para fortalecer su identidad cultural.

Artículo 129: Los Pueblos Indígenas tienen derecho a servicios de formación en áreas de conocimientos propios y universales, a participar en la elaboración, ejecución y gestión de programas específicos de capacitación, servicios de asistencia técnica y financiera que fortalezcan sus actividades económicas, en el marco de desarrollo endógeno y sustentable.

Artículo 130: Los Pueblos Indígenas tienen derecho a mantener y promover sus propias prácticas económicas basadas en la reciprocidad, en la solidaridad y el intercambio, sus actividades productivas tradicionales, su participación en la economía nacional y a definir sus prioridades.

Artículo 131: Los Estados proveerán los recursos necesarios a los Pueblos Indígenas para que diseñen y construyan sus viviendas de acuerdo a sus propias culturas y hábitat.

Artículo 132: Los Estados garantizarán la participación y representación indígena en los Poderes Públicos, de conformidad a sus usos y costumbres.

Artículo 133: El aprovechamiento de los recursos naturales por parte de los Estados, se hará sin lesionar la integridad cultural y social de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

Los Pueblos y Comunidades Indígenas tienen derecho a participar en la utilización, administración y conservación de los recursos naturales existentes en sus tierras o territorios, así como en los beneficios del aprovechamiento y explotación de los mismos, de conformidad a la legislación interna de cada Estado. Igualmente, percibirán una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de tales actividades.

Artículo 134: Los Estados deben garantizar a los Pueblos y Comunidades Indígenas el derecho a la información y consulta, previo a la ejecución de cualquier actividad susceptible de afectar directa o indirectamente su vida, debiendo realizarse de buena fe, tomando en cuenta los idiomas, espiritualidad, respetando la organización propia, las autoridades legítimas y criterios de comunicación e información de los Pueblos y Comunidades involucrados. La decisión tomada por los Pueblos y Comunidades Indígenas con ocasión de la consulta será de carácter vinculante.

Artículo 135: Los Estados se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos de los Pueblos Indígenas contenidos en la presente Carta, así como en otros instrumentos internacionales que les resulten más favorables.

Título VI

Medios de Protección

Artículo 136: Los Estados parte de la presente Carta se comprometen a presentar, de conformidad con lo dispuesto por este artículo y por las correspondientes normas que al efecto deberá elaborar la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, informes periódicos respecto de las medidas progresivas que hayan adoptado para asegurar el debido respeto de los derechos consagrados en la Carta Social.

Todos los informes serán presentados al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, quien los transmitirá al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto en el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos transmitirá también a los organismos especializados del sistema interamericano, de los cuales sean parte los Estados miembros en la presente Carta, copias de los informes enviados o de las partes pertinentes de éstos, en la medida en que tengan relación con materias que sean de la competencia de dichos organismos, conforme a sus instrumentos constitutivos.

Artículo 137: En el caso de que los derechos establecidos en la presente Carta fuesen violados por una acción imputable directamente a un Estado, tal situación podría dar lugar, mediante la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y cuando proceda, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la aplicación del sistema de peticiones individuales regulado por los artículos 44 a 51 y 61 a 69 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Disposiciones Finales

Capítulo IReservas

Artículo 136: Los Estados podrán formular reservas sobre una o más disposiciones específicas de la presente Carta al momento de aprobarla, firmarla, ratificarla, o adherirse a ella, siempre que no sean incompatibles con el objeto y fin de la Carta Social.

Capítulo II

Firma, Ratificación o Adhesión, Entrada en Vigor

Artículo 137: La presente Carta queda abierta a la firma y a la ratificación o adhesión de todo Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos.

Articulo 138: La ratificación de esta Carta o la adhesión a la misma se efectuará mediante el depósito de un instrumento de ratificación o de adhesión en la Secretaría General de los Estados Americanos.

Articulo 139: La Carta Social entrará en vigor tan pronto como “XX” Estados hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación o de adhesión. El Secretario General informará a todos los Estados miembros de la Organización de la entrada en vigor de la presente Carta.

Capítulo III

I ncorporación de otros Derechos y Aplicación de los Reconocidos

Articulo 140: Cualquier Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podrán someter a la consideración de los Estados, reunidos con ocasión de la Asamblea General, propuestas de enmienda con el fin de incluir el reconocimiento de otros derechos y libertades, o bien otras destinadas a extender o ampliar los derechos y libertades reconocidos en esta Carta.

La enmienda entrará en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en que se haya depositado el respectivo instrumento de ratificación que corresponda al número de “XX” de los Estados miembros. En cuanto al resto de los Estados miembros, entrarán en vigor en la fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación.
Nota :La Carta Social de las Américas es una propuesta venezolana en la OEA

Siempre, para este tipo de propuestas, se designa una comisión que coordina la discusión con las 34 cancillerías de los países miembros, para posteriormente llevar la propuesta que tenga consenso a la Asamblea General de la OEA. Eso significaría que, indudablemente, la carta presentada sufrirá algunos cambios. Pero se abre una discusión que en la medida en que los pueblos asuman la carta y ejerzan presión, el documento final será lo menos mutilado posible". El 28 Y 29 DE AGOSTO de 2005 Ministros del continente discuten en Caracas la Carta Social de las Américas. www.EcoPortal.net

Mas Informacion sobre el tema en : Carta Social de las Américas , Por un nuevo orden social para América Latina y el Caribe
http://www.ecoportal.net/content/view/full/51241
VERSIÓN INGLÉS
http://www.mci.gov.ve/temasdehoy2.asp?id=30
VERSIÓN FRANCÉS
http://www.mci.gov.ve/temasdehoy2.asp?id=31

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