Últimas noticias

Ver más noticias

¿Querés apoyarnos?

¡Enteráte!

Entidades que apoyan a Ecoportal

Apoya nuestro trabajo

¡Con tu aporte beneficiarás a todos nuestros visitantes y suscriptores!

suscripciones

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Las modificaciones de la ley 123 y sus decretos reglamentarios. Sus consecuencias - EcoPortal.net

08/07/03 Por Lic. Mabel Santoro

La Ley 123 de Evaluación de Impacto Ambiental es la ley ambiental más importante de la Ciudad de Buenos Aires. Lo es porque establece un procedimiento para controlar los efectos ambientales de lo que se vaya a hacer en la ciudad. Esto tiene su importancia porque sabemos que hay muchas leyes que son meramente declarativas y nadie espera que vayan a cumplirse alguna vez.

 

La ley 123 de Procedimiento Técnico-Administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es la respuesta al mandato constitucional de la Ciudad, que en su Art. 30 establece "la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental de todo emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto y su discusión en audiencia pública" y tiene como ámbito de aplicación la Ciudad de Buenos Aires.
Se puede decir que es la ley ambiental más importante de la ciudad, dado que su objeto es preservar el ambiente y defenderlo en provecho de las generaciones futuras. Pretende poner en práctica el derecho de gozar de un ambiente sano.

Dicha ley fue sancionada por la Legislatura porteña el 10 de diciembre de 1998, y reglamentada a mediados de 1999 bajo el Decreto 1.252/99. Luego fue modificada el 12 de Setiembre de 2000 por la ley 452, por lo que el Decreto 1252/99 fue derogado y reemplazado por el Dto. reglamentario1120/01 sancionado recién el 16 de Agosto de 2001. Finalmente este decreto también ha sido derogado y reemplazado en Octubre de 2002 por el Dto. 1352/02 actualmente vigente.

En síntesis, la ley vigente establece un procedimiento técnico administrativo de varios pasos, al que deberán someterse los emprendimientos de relevante efecto ambiental ante la Autoridad de Aplicación correspondiente -hoy la Subsecretaría de Espacio Público y Desarrollo Urbano-. Dichas etapas son:

a - La presentación de la solicitud de categorización
b - La categorización de las actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos con relevante efecto y sin relevante efecto, según correspondiere
c - La presentación del Manifiesto de Impacto Ambiental acompañado de un Estudio Técnico de Impacto Ambiental.
d - El Dictamen Técnico.
e - La Audiencia Pública de los interesados y potenciales afectados
f - La Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
g - El Certificado de Aptitud Ambiental

Los emprendimientos sin relevante efecto ambiental deben cumplir sólo con las etapas a) y b). El modo en que la Autoridad de Aplicación categoriza las actividades es supeditado a la reglamentación de la ley.

Se fija un procedimiento de evaluación para las modificaciones y ampliaciones de los emprendimientos y un régimen de adecuación para aquellos que se presumen como de relevante efecto ambiental y se encuentren en desarrollo, ejecución o funcionamiento al momento de la entrada en vigencia de la ley.

En cuanto a las infracciones, la Autoridad de Aplicación puede ordenar la suspensión o clausura de las actividades y la demolición o el cese de las obras construidas.

Se crea un Registro de Evaluación Ambiental compuesto por tres rubros:

a - General de Evaluación Ambiental, en donde se registran todos los documentos que acompañan los procedimientos EIA.
b - De Consultores y Profesionales en Auditorías y Estudios Ambientales
c - De Infractores

Se constituye una Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental, cuya función es coordinar los criterios y procedimientos de habilitación, certificado de uso conforme y autorizaciones exigidas por las reparticiones de Gobierno de la Ciudad con el procedimiento EIA, a fin de evitar la superposición de trámites y tasas administrativas.

También se crea un Consejo Asesor Permanente integrado por distintas instituciones con incumbencia en el tema, con el objeto de responder a la Autoridad de Aplicación ante consultas puntuales, como así también en instancias consultivas para la formulación de políticas, normas técnicas, etc.

Es interesante analizar las sucesivas modificaciones que ha sufrido esta ley en el escaso transcurso de tres años y medio. A través de ellas se puede vislumbrar conflictos de intereses, concesiones a determinados sectores y algo de negligencia en el caso de importantes artículos aún no reglamentados, todo lo cual atenta contra el medio ambiente que la ley pretende preservar.

A continuación se describen los cambios sufridos en la ley y su reglamentación:

1) La Categorización

La ley original determinaba la categorización en Alto, Mediano y Bajo Impacto Ambiental para todos los emprendimientos, programas, proyectos o actividades que se iniciaran en la ciudad y ofrecía un listado enunciativo de las que se presumen como de Alto Impacto Ambiental y de Mediano Impacto Ambiental.

Establecía tres posibilidades para que un emprendimiento deba ser sometido al procedimiento EIA (Evaluación de Impacto Ambiental):

  1. Que esté categorizado como de Alto Impacto Ambiental.
  2. Que esté categorizado como de Mediano Impacto Ambiental y que la Autoridad de Aplicación haya determinado que es susceptible de producir relevante efecto ambiental (de acuerdo con lo que establezca la reglamentación).
  3. Que la ciudadanía lo haya solicitado en el marco de los derechos conferidos por el Art. 26 de la Constitución (derecho al ambiente sano).

En la reglamentación (Dto.1152/99) se disponía en su Art. 1º que "Todos los rubros previstos en los Cuadros de Usos Nros. 5.2.1 a) y 5.2.1 b) del Código de Planeamiento Urbano quedan categorizadas conforme el cuadro del Anexo I y según resulte de la aplicación de los términos de la formula polinómica y del cuadro del Anexo II, que a todos sus efectos forman parte del presente decreto."

La ley 452 modifica la categorización de las actividades. Ahora sólo se categorizan como de Impacto Ambiental con o sin relevante efecto. El alto impacto ambiental pasa a llamarse "con relevante efecto" y el bajo impacto ambiental se denomina "sin relevante efecto", en una terminología tomada del texto constitucional.

Desaparece el Mediano Impacto Ambiental tal como estaba establecido anteriormente, por lo que algunas de las actividades que antes la ley presumía como de Mediano Impacto Ambiental, fueron incorporadas al listado de las actividades presumidas como de Relevante Efecto Ambiental. Ellas son:

  1. las actividades localizadas en áreas ambientalmente críticas
  2. las estaciones de expendio de combustible a pequeña escala
  3. las obras que demanden la deforestación de terrenos públicos o privados y la disminución del terreno absorbente
  4. las ferias, centros deportivos, salas de juego y lugares de diversión.

Para los puntos 1, 3 y 4 la ley dice que serán de relevante efecto de acuerdo con lo que establezca la reglamentación. O sea que, a priori, no todas las ferias o no todas las obras que demanden deforestación serán consideradas de relevante efecto ambiental.

Hay que destacar entonces, que las actividades comprendidas en estos cuatro puntos hoy requieren del procedimiento EIA teniendo en cuenta, claro esta, las acotaciones de la reglamentación. Antes, en cambio, como eran de Mediano Impacto, la Autoridad de Aplicación era quien decidía (fórmula polinómica mediante) si debían realizar el procedimiento EIA.

El resto de las actividades que originalmente comprendían la lista de Mediano Impacto Ambiental tuvieron dos destinos distintos, ser asimilado a Clase III (parecido a lo que antes era Mediano Impacto Ambiental) en el Cuadro de Usos del nuevo Decreto Reglamentario, o desaparecer de la ley, por lo que pasan a ser actividades sin relevante efecto ambiental. En cuanto a éstas últimas, son las siguientes:

  1. La construcción de edificios, de acuerdo con las condiciones que fije la reglamentación.
  2. La construcción, modificación y ampliación de edificios que demanden cualquier tipo de modificación en la infraestructura instalada o en la prestación de servicios públicos o de equipamiento, con las condiciones que fije la reglamentación.
  3. Las obras que demanden la modificación de la topografía.

El Dto. 1120/01, reglamentario de la nueva ley 123, modifica en los Cuadros de Usos del Código de Planeamiento Urbano 5.2.1 a) y 5.2.1.b) la categorización anterior, clasificando ahora a las actividades del siguiente modo:

  • Clase I a las consideradas de impacto ambiental con relevante efecto.
  • Clase II a las de sin relevante efecto ambiental.
  • Clase III a las que, a priori, no puede determinarse si son actividades con o sin relevante efecto ambiental. Éstas, a su vez, se dividen en Grupo 1 y Grupo 2. Las primeras se categorizan conforme el resultado de una fórmula polinómica y las segundas, de acuerdo con la Memoria Técnica que deben presentar.

La diferencia entre una actividad que antes era considerada de Mediano Impacto Ambiental y que ahora es Clase III radica en la herramienta que debe utilizar la Autoridad de Aplicación para determinar finalmente si es una actividad con o sin relevante efecto. En efecto, en el decreto anterior este tipo de actividades se sometían a una única fórmula polinómica cuyo resultado, si superaba el valor establecido para el rubro y distrito correspondiente en el Cuadro de Usos, determinaba que era una actividad con relevante efecto ambiental y por lo tanto debía cumplir con el procedimiento EIA.

En cambio, en el Cuadro de Usos del Dto. 1120/01, a las actividades Clase III se las clasifica además, como dijimos anteriormente, en Grupo 1 y Grupo 2. Estas últimas deben presentar una Memoria Técnica cuyo contenido está especificado en la reglamentación y queda a criterio de la Autoridad de Aplicación -análisis mediante de la información presentada-, si la actividad es declarada con o sin relevante efecto. Por el contrario, las clasificadas como Clase III, Grupo 1, a su vez se las divide en Subgrupos. Estos Subgrupos son los siguientes:

  • Subgrupo 1: Comercios mayoristas y depósitos
  • Subgrupo 2: Hoteles 4 y 5 estrellas
  • Subgrupo 3: Establecimientos de sanidad
  • Subgrupo 4: Residencia o establecimiento geriátrico
  • Subgrupo 5: Industria y servicios
  • Subgrupo 6: Estudios de TV
  • Subgrupo 7: Estación de radio y/o televisión. Telefonía móvil celular. Campo de antenas y equipos de transmisión
  • Subgrupo 8: Empresas de servicio de seguridad
  • Subgrupo 9: Autoservicios y supermercados
  • Subgrupo 10: Cines y auditorios

Cada uno de estos subgrupos tiene una fórmula polinómica propia de categorización, adaptada al rubro de actividad correspondiente. Así, por ejemplo, para el subgrupo Cines y Auditorios no se incluye en la fórmula el ítem "efluentes gaseosos" o el ítem "riesgo por sustancias químicas" que sí contiene, obviamente, el subgrupo Industrias y Servicios; pero tiene el ítem "alteraciones en el tránsito" que no tiene, por ejemplo, el subgrupo Establecimiento Geriátrico.

Ahora bien, el Dto. 1352/02 deroga al anterior y establece como pauta que la categorización de las actividades correspondientes al Cuadro de Usos 5.2.1.a) y 5.2.1.b) será Con Relevante Efecto (CRE), Sin Relevante Efecto (SRE) ó Con o Sin Relevante Efecto según correspondiere (s/c). Es decir que desaparece la anterior clasificación en Clase I, II o III.

Las actividades que en el Cuadro de Usos figuren como s/c, tienen además asignado un valor de corte, de modo que comparando dicho valor con el resultado de la fórmula aplicada a la actividad en cuestión, si el mismo es superado, la actividad será categorizada con relevante efecto ambiental.

El sistema de fórmula polinómica con valor de corte asignado en el Cuadro de Usos es similar al que se aplicaba antes a las actividades clasificadas como Clase III, Grupo 1. Sin embargo, el Dto. 1352/02 sólo ha incorporado la fórmula polinómica de autoservicios y supermercados y la de comercios mayoristas y depósitos, de modo que una gran cantidad de actividades que figuran en el Cuadro de Usos como s/c no tienen la correspondiente fórmula para aplicar y así poder categorizar el emprendimiento. Por ejemplo, la mayoría de las relacionadas con el rubro industrias. Esto significa que la Autoridad de Aplicación deberá categorizar estas actividades sin ninguna herramienta de referencia, lo que posiblemente dará lugar a muchas arbitrariedades.

2) El procedimiento de Categorización

Es sugestivo el cambio de sólo una palabra en el Art. 10º, lo cual ha dado lugar a malas interpretaciones respecto del momento en que debe realizarse el procedimiento EIA.

La ley 123 original establecía en su Art. 10º que: "Previamente a su ejecución o desarrollo, y cuando correspondiere, previo a su certificado de uso conforme, su habilitación, o autorización, toda persona y/o responsable de una nueva actividad, proyecto, programa o emprendimiento o modificación de proyectos ya ejecutados, presenta a la Autoridad de Aplicación una Solicitud de Categorización de su actividad para determinar si la misma debe ser sometida al Procedimiento Técnico - Administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). La solicitud tiene el carácter de declaración jurada."

Y en su Art. 11º decía que "La autoridad de aplicación, dentro de los diez (10) días hábiles de recibida la documentación procede a la categorización de actividades, proyectos, programas o emprendimientos en función de los potenciales impactos ambientales a producirse."

Aquí se ve claramente que la ley otorgaba a la Autoridad de Aplicación la responsabilidad de categorizar las actividades.

La modificación introducida por la ley 452 cambió el espíritu del procedimiento para aquellas actividades consideradas sin relevante efecto ambiental. En efecto, ahora la ley dice en su Art. 8º que "Las actividades, emprendimientos, proyectos y programas susceptibles de producir un impacto ambiental de relevante efecto, deberán cumplir con la totalidad del Procedimiento Técnico Administrativo de EIA. Las actividades, emprendimientos, proyectos y programas de impacto ambiental sin relevante efecto, deberán cumplir con las etapas a) y b) del Procedimiento Técnico Administrativo de EIA mediante una declaración jurada, y recibirán una constancia de inscripción automática de parte de la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.

Se puede deducir, entonces, que ahora no es la Autoridad de Aplicación quien determina si una actividad es sin relevante efecto ambiental, sino que es el responsable del emprendimiento quien declara esta condición.

Esto se reafirma en el Art. 10º, que quedó redactado de la siguiente forma: "En forma previa a su ejecución, y cuando correspondiere, junto con su Certificado de Uso Conforme, su habilitación o autorización, toda persona y/o responsable de una nueva actividad, proyecto, programa, emprendimiento o modificación de proyectos ya ejecutados, presenta ante la Autoridad de Aplicación una declaración jurada de su categorización."
Entendemos que aquí se presentan dos cuestiones a tener en cuenta:

1) Por un lado, el cambio de la palabra "previo" por la palabra "junto". Si el objeto de la ley es prevenir los efectos que los emprendimientos puedan causar al ambiente, entonces, en concordancia con lo dispuesto en el Art. 5º: "Las actividades, proyectos, programas o emprendimientos de construcción, modificación y/o ampliación, demolición, instalación, o realización de actividades comerciales o industriales, susceptibles de producir impacto ambiental de relevante efecto, deben someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) como requisito previo a su ejecución o desarrollo, y cuando correspondiera, previo a su certificado de uso conforme, habilitación, o autorización.", los emprendimientos deben primero categorizarse, para saber si deben cumplir con el procedimiento EIA, y luego, si corresponde, se podrá autorizar o habilitar el mismo para que pueda comenzar a funcionar. Si resulta ser una actividad o emprendimiento con relevante efecto, la Declaración de Impacto Ambiental por parte de la Autoridad de Aplicación puede otorgar la autorización para la ejecución de la actividad, otorgarla de manera condicionada a su modificación de acuerdo con los requerimientos que se señalen, o negarla.

Es decir que el Art. 5º y el Art. 10º de la ley vigente se contraponen en este punto. La ley original presentaba una coherencia entre los objetivos planteados y el momento de la categorización de actividades, que actualmente no existe. Este es un grave error de la ley vigente, que atenta contra la prevención en materia ambiental.

2) Por otro lado, respecto de lo que dice el actual Art.º 10 en cuanto a que los responsables de emprendimientos deben presentar ante la Autoridad de Aplicación una declaración jurada de su categorización, existe el problema de las actividades que figuran en el Cuadro de Usos como s/c, porque no tienen categorización asignada. El responsable de esta clase de actividades, debe, en cumplimiento de la ley 123, presentar ante la Autoridad de Aplicación una solicitud de categorización (etapa a) del procedimiento EIA), pero no puede declarar su categorización, porque, de acuerdo con el Dto. 1352/02, Anexo VI, Art. 2º "Las actividades, proyectos, programas o emprendimientos sujetos a la referencia s/c de conformidad con las Pautas de Unificación previstas en el presente Anexo, utilizarán para establecer su categorización las fórmulas polinómicas y los estudios previstos en la presente reglamentación."

Ahora bien, en cuanto a las fórmulas polinómicas ya dijimos más arriba que hay muchos rubros de actividades que tienen asignada la clasificación s/c en el Cuadro de Usos, y no existe la fórmula polinómica correspondiente. Y respecto de los "estudios previstos en la presente reglamentación", éstos no se mencionan en ningún otro lugar de la norma. Por lo tanto, la gran mayoría de las actividades clasificadas como s/c no pueden cumplir con el punto de la presentación de la declaración jurada de su categorización dispuesto en la ley.

Sin embargo, hay que destacar que el Dto. 1352/02, Anexo I, Art.7º, al reglamentar el procedimiento de categorización, establece algo distinto a lo que se interpreta de la lectura de la ley: "Las solicitudes de categorización presentadas a partir de la entrada en vigencia de la presente reglamentación, y que no se encuentren enmarcadas en lo previsto en el Art. 13 de la Ley 123, deben dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso a) del Art. 9° de la Ley 123, procediendo la Autoridad de Aplicación a su categorización, de conformidad con lo establecido por el inciso b) del Art.9º de la mencionada ley, dentro del décimo día de su recepción."

Aquí se observa que quien categoriza las actividades, es, en definitiva, la Autoridad de Aplicación; pero a continuación, el Art. 11º dice que "Las declaraciones juradas que acompañen la solicitud de categorización se presentarán de conformidad con el Anexo II de esta reglamentación."

Dichos formularios de declaración jurada contienen información sobre el emprendimiento o actividad, pero al final de la misma dice lo siguiente:
Categorización de Impacto Ambiental de: ____________________________________
Observaciones:
Los datos consignados revisten el carácter de Declaración Jurada
Fecha:
Titular de la actividad:
Firma y Aclaración:
Documento (tipo y número):
Domicilio:
Profesional:
Firma y Aclaración:
Documento (tipo y número):
Matrícula (tipo y número):
Domicilio:

Es decir que, finalmente, y a pesar de todas las contradicciones ya apuntadas respecto de la ley vigente y de su decreto reglamentario, la declaración jurada que acompaña la solicitud de categorización ya contiene la categorización (valga la redundancia) firmada por el titular y el profesional responsable de la actividad.

Cómo se explica esta confusión?

Cómo se instrumenta la declaración jurada en el caso de actividades clasificadas como s/c?

3) La construción y modificación de edificios

Es elocuente el cambio producido en la ley respecto de este ítem. La ley original los consideraba de Mediano Impacto Ambiental, por lo tanto, aquellos emprendimientos que por ejemplo, comprometían la infraestructura de servicios o provocaba alteraciones en el tránsito; como debían aplicar la fórmula polinómica, podían dar como resultado un valor superior al valor de corte y ser considerados susceptibles de relevante efecto ambiental.

Grandes torres -del tipo de las construidas en Puerto Madero-, deberían haber pasado por el procedimiento EIA, de estar vigente esta norma en el momento de solicitar su categorización.
Sin embargo, con la modificación de la ley 123 (que elimina el Mediano Impacto Ambiental), las obras de vivienda, ya sea individual o colectiva, pasan a considerarse sin relevante efecto ambiental. Y aquí no existe distinción entre una casita unifamiliar o un complejo de torres de 50 pisos que ocupen tres cuartos de manzana. El Decreto reglamentario 1120/01 los consideraba Clase II (o sea, sin relevante efecto) y el nuevo Decreto 1352/02 los categoriza como SRE (sin relevante efecto).

4) Las Actividades en Areas Ambientalmente Críticas

Las actividades localizadas en áreas ambientalmente críticas eran consideradas de Mediano Impacto Ambiental por la ley 123, dado que formaban parte de la lista enunciativa del antiguo Art. 14º.

En este sentido, el Dto. reglamentario 1252/99 establecía que asociaciones profesionales y empresariales, instituciones y ONGs con incumbencia en el tema, debían ser convocadas por la Autoridad de Aplicación para que en el término de 120 días determinaran las áreas ambientalmente críticas.

Cuando se modificó la ley 123, desapareció el Mediano Impacto Ambiental y las actividades o usos a desarrollar en áreas ambientalmente críticas se incluyeron en la lista enunciativa de lo que se presume como de Impacto Ambiental con relevante efecto, con la aclaración de "según lo establezca la reglamentación" (Art. 13, inciso m. de la ley 123).

El Dto. 1120/01, que reglamentó la ley 123 luego de la modificación introducida por la ley 452, delimitaba dos áreas ambientalmente críticas:

1 - El "Área Ambientalmente Crítica Sur", en función de los conflictos que presenta debido a la saturación del transporte automotor de carga. Los depósitos, centros de logística y distribución, garajes para camiones, terminales de carga por automotor y plataformas de transferencia, etc. se consideran de impacto ambiental con relevante efecto y deben cumplir con el procedimiento EIA.

2 - El "Área Ambientalmente Crítica Zona Central", en función de la congestión vehicular que presenta. Los garajes comerciales y playas de estacionamiento se consideran de impacto ambiental con relevante efecto.

Este decreto también decía que la Autoridad de Aplicación podía "ampliar, modificar o suprimir las áreas ambientalmente críticas existentes o delimitar nuevas, en virtud de la identificación de procesos urbanos ambientales que así lo aconsejen."

El decreto 1352/02, actualmente vigente, al derogar al Dto. 1120/01 elimina todo lo que se había dispuesto respecto de las áreas ambientalmente críticas y no establece nada en su reemplazo.

Por lo tanto, el inciso m. del Art. 13º de la ley 123, que supedita a la reglamentación el establecimiento de las áreas ambientalmente críticas, hoy no está reglamentado.

5) La Deforestacion y La Disminución Del Terreno Absorbente

Otro punto que formaba parte de la lista de lo que se consideraba Mediano Impacto Ambiental eran "Las obras que demanden la deforestación de terrenos públicos o privados, la disminución del terreno absorbente y/o la modificación de la topografía." (Art. 14º, inc.g. de la Ley 123, derogado).

El Dto. 1252/99 reglamentaba respecto de este inciso que "Las obras que demanden la deforestación de terrenos públicos o privados de más de 5.000 m.², como así también cuando en terrenos de la extensión antes mencionada se proyecte la disminución en más del 50% del terreno absorbente existente, serán consideradas como de alto impacto ambiental."

Luego, la Resolución 1/99 de la Secretaría de Medio Ambiente reemplazó para estos casos la frase "serán consideradas como de alto impacto ambiental." por "serán consideradas de mediano impacto ambiental...".
Con la modificación de la ley 123, este inciso fue incorporado con algunos cambios a la lista de lo que se presume como de impacto ambiental con relevante efecto; ahora dice: "Las obras que demanden la deforestación relevante de terrenos públicos o privados y la disminución del terreno absorbente, según surja de la reglamentación de la presente." (Art. 13, inc.n.)

En este sentido, la reglamentación (Dto. 1120/01) disponía que las actividades a desarrollarse en una superficie mayor a 10.000 metros cuadrados -o sea, mayor a una manzana tipo- debían solicitar su categorización a la Autoridad de Aplicación a los fines de determinar si la deforestación, la disminución del suelo absorbente, su demanda sobre la infraestructura vial o de servicios existentes, hacen que los mismos resulten con o sin relevante efecto ambiental.

Por lo que se puede ver, las exigencias en cuanto a la evaluación del impacto ambiental de la deforestación y la disminución del terreno absorbente han ido disminuyendo hasta finalmente desaparecer por completo. Antes debían realizar el procedimiento EIA las obras que demanden la deforestación de más de 5.000 metros cuadrados; luego, en cambio, sólo son sometidos a consideración de la Autoridad de Aplicación los emprendimientos a realizarse en más de 10.000 metros cuadrados. Es decir que una obra o actividad que ocupe, por ejemplo, 9.500 metros cuadrados con un alto porcentaje de forestación (o sea, casi una manzana tipo) y que deforeste la totalidad del terreno, podía no someterse a EIA. Un ejemplo: la construcción de un complejo de edificios en un terreno baldío cuya superficie sea menor a 10.000 metros cuadrados.

Lo mismo ocurre con la disminución del terreno absorbente, ya que antes se consideraban de alto impacto ambiental las obras que impermeabilicen terrenos en una superficie de, como mínimo, 2.500 metros cuadrados. En cambio, el Dto.1120/01 al someter a consideración de la Autoridad de Aplicación los emprendimientos de más de 10.000 metros cuadrados, deja fuera una gran cantidad de obras pasibles de disminuir notablemente la capacidad absorbente del terreno.

Finalmente, el nuevo decreto reglamentario 1352/02 no establece nada respecto de este inciso, por lo que nuevamente nos encontramos ante un punto de la ley 123 que ha quedado sin reglamentar.

6) La Modificación De La Topografía

Las obras que demanden la modificación de la topografía eran consideradas de Mediano Impacto Ambiental (Art. 14, inc.g. de la ley 123, derogado)

Su reglamentación establecía que se consideraban de alto impacto ambiental las obras a llevarse a cabo en cualquier parcela cuando se proyecte una modificación sustancial de su topografía. Esto significa que un emprendimiento, aunque en el Cuadro de Usos figurase como de Bajo o Mediano Impacto Ambiental, si la Autoridad de Aplicación entendía que modificaba sustancialmente la topografía, debía someterse al procedimiento EIA.
Al cambiar la ley 123 desaparece este punto, por lo que la modificación de la topografía ya no es considerado un elemento que merezca una evaluación de impacto ambiental.

7) Los grandes Emprendimientos

La ley original consideraba de Mediano Impacto Ambiental a aquellos emprendimientos de edificios que impliquen una modificación en la infraestructura instalada o en la prestación de servicios públicos o de equipamiento.
En este sentido, debían desarrollar la fórmula polinómica a fin de determinar si les correspondía realizar o no, el procedimiento EIA.

En la ley vigente, en cambio, se incluyen como de impacto ambiental con relevante efecto a: "Los grandes emprendimientos que por su magnitud impliquen superar la capacidad de la infraestructura vial o de servicios existentes." (Art. 13, inc.p.). Dentro de los grandes emprendimientos se entiende que están incluidos los edificios, en tanto y en cuanto superen la capacidad antes mencionada.

Sin embargo, el decreto reglamentario 1120/01 establecía en su Anexo I, Art. 4º que "Las actividades, proyectos, programas o emprendimientos que se desarrollan en predios con una superficie mayor a diez mil (10.000) metros cuadrados deben solicitar su categorización ante la Dirección General de Política y Evaluación Ambiental, para consideración e informe de la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental, a los fines de determinar si la deforestación, la disminución del suelo absorbente, su demanda sobre la infraestructura vial o de servicios existentes, hacen que los mismos resulten con o sin relevante efecto ambiental, conforme a los incisos n) y p) del Artículo 13º) de la Ley Nº 123.

Aquí se plantea una cuestión: si la ley presume de relevante efecto ambiental al emprendimiento que implique superar la capacidad de la infraestructura existente, la reglamentación no puede acotarlo a aquellos que superen los 10.000 metros cuadrados de superficie. Existen obras que ocupando una superficie menor, hacen desbordar la capacidad de infraestructura, como por ejemplo, las torres de vivienda de 50 pisos.

De todos modos, la reglamentación vigente (Dto.1352/02) es aún peor en este aspecto, dado que, como ya hemos visto en otros puntos, no reglamenta los incisos del Art. 13 de la ley 123 tal como la ley lo demanda. En este sentido, el Decreto pretende reglamentarlos diciendo que las actividades que en el Cuadro de Usos tengan la categorización "con relevante efecto" (CRE) se considerarán incluidos en la enumeración del Art. 13 de la ley 123. ¿Pero qué pasa con los emprendimientos que no tienen esa categorización en el Cuadro de Usos?

Cabe aclarar que de dicho Cuadro es imposible deducir si para la instalación de una determinada actividad hubo que deforestar el terreno, disminuir la cantidad de suelo absorbente, modificar la infraestructura vial o de servicios existentes, o si estará ubicada en un área ambientalmente crítica.

Por ejemplo, para la instalación de un hotel de cuatro estrellas, hoy considerado sin relevante efecto ambiental en el Cuadro de Usos, puede que sea necesario modificar la infraestructura de servicios existente. Por lo tanto, cuando el responsable del emprendimiento presente su solicitud de categorización, la Autoridad de Aplicación es quien debe evaluar en el término de 10 días si, a pesar de que en el Cuadro de Usos figure como sin relevante efecto ambiental, existe algún factor que modifique dicha categorización.

Sin embargo, si bien la solicitud de categorización contiene una somera información sobre distintos aspectos que hacen al posible impacto ambiental del establecimiento, pensamos que no es suficiente para determinar la categorización en tan breve plazo, sobre todo por la dificultad para corroborar si los datos volcados son correctos.

8) La participación de la ciudadanía

La ley original otorgaba a los ciudadanos el derecho a solicitar la evaluación de impacto ambiental de cualquier emprendimiento, aunque fuera considerado por la ley como sin relevante efecto, en el marco de los derechos conferidos por el Art. 26 de la Constitución de la Ciudad, de acuerdo con la reglamentación.Recordemos los dos párrafos de este importante artículo constitucional que se relacionan con la ley 123: "El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras. Toda persona tiene derecho, a su solo pedido, de recibir libremente información sobre el impacto que causan o pueden causar sobre el ambiente actividades públicas o privadas." Ahora bien, la reglamentación no dispuso nada con respecto a esto. Otra vez nos encontramos con mandatos de la ley, de los cuales la administración hace caso omiso. De todos modos, si se hubiera reglamentado habría sido por poco tiempo, porque con la modificación de la ley este punto desapareció.

9) Las infracciones de la ley

El capítulo de la ley correspondiente a infracciones no fue modificado. No obstante, es importante señalar lo dispuesto por los decretos reglamentarios en este sentido.
El Dto. 1252/99, que reglamentaba la ley original, no establecía nada al respecto, por lo que se entiende que bastaba con lo redactado en la ley.

El Dto. 1120/01 -reglamentario de la ley 123 modificada- disponía, en cambio, una serie de medidas para llevar a la práctica el poder de policía que la ley otorga a la Autoridad de Aplicación. En este sentido, creaba un Cuerpo de Inspectores de Control de Aplicación de la Normativa de Evaluación de Impacto Ambiental y establecía el procedimiento para la aplicación de las sanciones.

Al derogarse este decreto y reemplazarse por el Dto.1352/02, desaparece el Cuerpo de Inspectores; no obstante dispone, al igual que el decreto anterior, el procedimiento de aplicación de sanciones.

Este procedimiento quedó redactado de manera muy similar, pero el agregado de una pequeña palabra ha cambiado en algo el sentido de lo dispuesto por la ley. En efecto, la misma dice en su Art. 38º que las actividades, proyectos, programas o emprendimientos o las ampliaciones de las mismas que se inicien sin contar con la Declaración de Impacto Ambiental o que no cumplan con las exigencias, seguimiento y controles que establezca dicha Declaración serán suspendidas o clausuradas de inmediato.

El Dto.1120/01, ordenaba, en este sentido, que "Elevado el dictamen, la Autoridad de Aplicación cuenta con 5 días para expedirse sobre las medidas preventivas a ordenar, las que consistirán en la suspensión o clausura, según corresponda..." (Anexo I, Art.º 50)

En cambio, el Decreto vigente establece que en los casos en que se detecten infracciones en los términos previstos en los Art. 38 y 39 de la ley 123, "La Autoridad de Aplicación puede aplicar medidas preventivas, las que podrán consistir en la suspensión o la clausura de las actividades, proyectos, programas o emprendimientos que se encuentren en infracción de la Ley Nº 123, hasta que estos regularicen su situación." (Anexo I, Art. 28º)
Al decir "puede", da lugar a que la medida preventiva pueda ser aplicada o no, según criterio de la Autoridad de Aplicación, a pesar de haberse detectado una infracción. Sin embargo, la ley ordena suspender o clausurar de inmediato como medida preventiva. Esta reglamentación permite arbitrariedades que no se corresponden con lo dispuesto en la ley.

10) El consejo asesor

Otro cambio importante se da con las funciones del Consejo Asesor. En la ley original este Consejo formaba parte del Procedimiento EIA ya que la Autoridad de Aplicación debía remitirle toda presentación de Manifiesto y Estudio Técnico y éste debía contestar en el plazo de quince días con un informe sobre las observaciones que estimare oportunas. Esta función del Consejo Asesor ha desaparecido. En este sentido, el Consejo sólo ha quedado para responder consultas puntuales de casos específicos cuando la Autoridad de Aplicación lo crea conveniente.

11) LA CATEGORIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN DISTRITOS DE URBANIZACIÓN DETERMINADA, URBANIZACIÓN FUTURA, EQUIPAMIENTO ESPECIAL Y AREAS DE PROTECCIÓN HISTORICA.

El Cuadro de Usos 5.2.1. a y b del Código de Planeamiento Urbano detalla qué usos son permitidos y bajo qué condiciones en los distritos Residencial, Central, Equipamiento 1, 2 y 3 y distrito Industrial.

Para conocer qué usos se permiten en los demás distritos del Código de Planeamiento, se deben consultar otras partes y cuadros del código.

Este significa que el Cuadro de Usos que se utiliza en la reglamentación de la ley 123 para categorizar a las actividades por su impacto ambiental, no está completo.

Para salvar este problema, es importante destacar que la anterior reglamentación -Decreto 1120/01- contenía una Tabla de Correlación (Anexo VIII) de Distritos U (urbanización determinada) en la que cada uno de éstos se asimilan a distritos de zonificación general (R, C, I, o E1, E2, E3) en lo referente a los usos permitidos, al sólo efecto de la aplicación del Cuadro de Categorización de Impactos.

En este sentido, por ejemplo, el U28, que corresponde al barrio Belgrano R, se asimilaba al distrito Residencial R1bII -un distrito residencial de baja densidad, en donde se permiten muy pocas actividades-; y el U17, correspondiente a Villa Soldati, asimilaba una zona a E3 y la otra a distrito I (industrial).Por otra parte, dicho Anexo también disponía que toda actividad que se pretenda desarrollar en los Distritos Equipamiento Especial (E4), Urbanización Futura (UF) y Área de Protección Histórica (APH), deberá solicitar su categorización ante la Autoridad de Aplicación.

El nuevo decreto reglamentario 1352/02 no incorpora la Tabla de Correlación ni dispone, como lo hacía el Dto. 1120/01, lo relativo a la categorización de actividades en distritos E4, UF y APH.Se puede argumentar que no es necesario este Anexo en la norma, dado que -de acuerdo con el Dto.1352/02, Anexo I, Cap.III.- la Autoridad de Aplicación recibe todas las solicitudes de categorización y es quien debe categorizar las actividades.

Sin embargo, pensamos que es muy importante que la reglamentación establezca concretamente las pautas de categorización, de modo que quien quiera realizar una actividad en nuestra ciudad, pueda deducir de la lectura la norma y la aplicación de fórmulas polinómicas, si su emprendimiento será considerado con o sin relevante efecto ambiental.

El Cuadro de Usos 5.2.1. a y b del Código de Planeamiento Urbano detalla qué usos son permitidos y bajo qué condiciones en los distritos Residencial, Central, Equipamiento 1, 2 y 3 y distrito Industrial. Para conocer qué usos se permiten en los demás distritos del Código de Planeamiento, se deben consultar otras partes y cuadros del código.

Este significa que el Cuadro de Usos que se utiliza en la reglamentación de la ley 123 para categorizar a las actividades por su impacto ambiental, no está completo. Para salvar este problema, es importante destacar que la anterior reglamentación -Decreto 1120/01- contenía una Tabla de Correlación (Anexo VIII) de Distritos U (urbanización determinada) en la que cada uno de éstos se asimilan a distritos de zonificación general (R, C, I, o E1, E2, E3) en lo referente a los usos permitidos, al sólo efecto de la aplicación del Cuadro de Categorización de Impactos.

En este sentido, por ejemplo, el U28, que corresponde al barrio Belgrano R, se asimilaba al distrito Residencial R1bII -un distrito residencial de baja densidad, en donde se permiten muy pocas actividades-; y el U17, correspondiente a Villa Soldati, asimilaba una zona a E3 y la otra a distrito I (industrial).

Por otra parte, dicho Anexo también disponía que toda actividad que se pretenda desarrollar en los Distritos Equipamiento Especial (E4), Urbanización Futura (UF) y Área de Protección Histórica (APH), deberá solicitar su categorización ante la Autoridad de Aplicación.

El nuevo decreto reglamentario 1352/02 no incorpora la Tabla de Correlación ni dispone, como lo hacía el Dto. 1120/01, lo relativo a la categorización de actividades en distritos E4, UF y APH.Se puede argumentar que no es necesario este Anexo en la norma, dado que -de acuerdo con el Dto.1352/02, Anexo I, Cap.III.- la Autoridad de Aplicación recibe todas las solicitudes de categorización y es quien debe categorizar las actividades. Sin embargo, pensamos que es muy importante que la reglamentación establezca concretamente las pautas de categorización, de modo que quien quiera realizar una actividad en nuestra ciudad, pueda deducir de la lectura la norma y la aplicación de fórmulas polinómicas, si su emprendimiento será considerado con o sin relevante efecto ambiental.

El Cuadro de Usos 5.2.1. a y b del Código de Planeamiento Urbano detalla qué usos son permitidos y bajo qué condiciones en los distritos Residencial, Central, Equipamiento 1, 2 y 3 y distrito Industrial. Para conocer qué usos se permiten en los demás distritos del Código de Planeamiento, se deben consultar otras partes y cuadros del código.

Este significa que el Cuadro de Usos que se utiliza en la reglamentación de la ley 123 para categorizar a las actividades por su impacto ambiental, no está completo.

Para salvar este problema, es importante destacar que la anterior reglamentación -Decreto 1120/01- contenía una Tabla de Correlación (Anexo VIII) de Distritos U (urbanización determinada) en la que cada uno de éstos se asimilan a distritos de zonificación general (R, C, I, o E1, E2, E3) en lo referente a los usos permitidos, al sólo efecto de la aplicación del Cuadro de Categorización de Impactos. En este sentido, por ejemplo, el U28, que corresponde al barrio Belgrano R, se asimilaba al distrito Residencial R1bII -un distrito residencial de baja densidad, en donde se permiten muy pocas actividades-; y el U17, correspondiente a Villa Soldati, asimilaba una zona a E3 y la otra a distrito I (industrial).

Por otra parte, dicho Anexo también disponía que toda actividad que se pretenda desarrollar en los Distritos Equipamiento Especial (E4), Urbanización Futura (UF) y Área de Protección Histórica (APH), deberá solicitar su categorización ante la Autoridad de Aplicación.

El nuevo decreto reglamentario 1352/02 no incorpora la Tabla de Correlación ni dispone, como lo hacía el Dto. 1120/01, lo relativo a la categorización de actividades en distritos E4, UF y APH.Se puede argumentar que no es necesario este Anexo en la norma, dado que -de acuerdo con el Dto.1352/02, Anexo I, Cap.III.- la Autoridad de Aplicación recibe todas las solicitudes de categorización y es quien debe categorizar las actividades.

Sin embargo, pensamos que es muy importante que la reglamentación establezca concretamente las pautas de categorización, de modo que quien quiera realizar una actividad en nuestra ciudad, pueda deducir de la lectura la norma y la aplicación de fórmulas polinómicas, si su emprendimiento será considerado con o sin relevante efecto ambiental.

Segunda parte

Comentarios de los visitantes sobre este artículo

Suscribete GRATIS a "Ambiente y Sociedad", nuestra publicación semanal de Noticias y Novedades ambientales con mas de 120.000 suscriptores, envía un mensaje a subscribe@ecoportal.net