La Universidad más antigua del país rechazó en 2009 los fondos provenientes de Minera Alumbrera (3.300.000 pesos) fundamentando con duras críticas el efecto ambiental, económico, social, de calidad de vida y de derechos humanos, que implica la megaminería, todo lo contrario a lo que sostienen empresas, gobernadores y funcionarios nacionales.

La primera entrevista que dio el intendente electo de Andalgalá, Alejandro Páez, fue a Javier Rodríguez Pardo. La reunión se llevo a cabo en el municipio, a las siete de la tarde del 10 de diciembre de 2011, después de los festejos de asunción y momentos antes de la reunión con el equipo que gobernará el ayuntamiento. El diálogo giró en torno a la mega minería hidroquímica a cielo abierto.

El estudio del economista estadounidense Thomas Michael Power, desmiente el discurso usado para justificar la actividad minera en los países en desarrollo y afirma que Estados Unidos, Canadá y Australia no se desarrollaron gracias a la minería sino debido a procesos institucionales, tecnológicos y empresariales más complejos donde la explotación minera no fue necesaria o suficiente para que se produjera. Una mirada sobre el impacto regional y local en esos países, negativo en lo económico y de mínima incidencia en las economías nacionales.

El informe entregado por Aratirí al gobierno uruguayo para la construcción de cinco minas de hierro a cielo abierto en el centro del país mantiene indefiniciones e incoherencias en puntos clave, pero la estrategia de aprobación de la minera no consiste en brindar amplia información sino sólo lo necesario en los niveles de decisión política, eludir los debates con la oposición social y dejar que las autoridades locales se ocupen de convencer a la población.

En estos días se discute la enajenación por parte del Estado del padrón 1645 en las costas de Rocha, entre Valizas y Aguas Dulces y un plan del municipio rochense para erradicar las viviendas asentadas en condiciones irregulares. En la información de la DINAMIGE relativa al departamento de Rocha es posible verificar que en los años 2010 y 2011 se presentaron solicitudes de exploración y prospección en ese padrón y otros adyacentes, por empresas mineras sobre la ilmenita presente en ese lugar. La extrema vulnerabilidad de la costa rochense pareciera no ser tenida en cuenta al momento de promover, estimular o incluso, autorizar proyectos de alto impacto ambiental. Una situación similar estaría ocurriendo con la ya atiborrada costa de Maldonado.

El examen de la minería industrial alrededor del planeta evidencia un sinnúmero de daños y destrucciones múltiples e irreversibles de la Naturaleza. Por igual son incontables las tragedias humanas, tanto como la destrucción de las potencialidades culturales de muchos pueblos. En el ámbito económico la situación tampoco es mejor. Los países de América Latina, África y Asia cuyas economías dependen fundamentalmente de recursos minerales o petroleros, no saldrán de la pobreza.

Aratirí renovó su apuesta para la extracción de hierro a cielo abierto en Uruguay pero, a pesar del mayor esmero en el maquillaje, es imposible esconder los perjuicios del proyecto, que se extenderían por más de 80 años, sobre suelos, aguas superficiales y subterráneas, con el agregado de un emisario submarino para descargar efluentes en el océano.

Hay delitos vinculados a la minería que por su gravedad son de competencia federal. Tal vez el más emblemático sea el Caso La Alumbrera y el más doloroso sea el Caso Abra Pampa, donde cerca del 80% de los niños sufren graves problemas de salud por la plombemia provocada por los residuos de escoria de plomo causados por una mina cercana. Y es que la explotación de minas a cielo abierto es una fuente inagotable de delitos ambientales y, consecuentemente, contra la administración pública. Tan íntima vinculación surge por dos razones. Detrás de cada delito ambiental hay un funcionario corrupto y, habitualmente, quienes promocionan la industria minera en el ámbito del Poder Ejecutivo son los mismos a los que se les encomienda el control de la contaminación.

En el presente informe, Swedwatch -a petición de Solidaridad Suecia-América Latina (Latinamerikagrupperna)- ha revisado las inversiones que los Fondos Nacionales de Pensiones de Suecia han realizado en empresas multinacionales que extraen oro en Perú, Guatemala y Chile. Se examinan tres compañías mineras en las que los Fondos Nacionales de Pensiones de Suecia poseen acciones: Newmont, Barrick Gold y Goldcorp. Las tres empresas han sido vinculadas a violaciones a los derechos humanos y a graves problemas ambientales asociados con la extracción de oro en Latinoamérica.

La exposición al vapor de mercurio generado por la reducción del mercurio usado en la extracción informal del metal precioso, causa extensivos daños a los pulmones y acumulación de mercurio en la sangre y finalmente en los riñones que causan daños degenerativos en los adultos. En el resto de los familiares causa igual daño, sin embargo en las mujeres embarazadas y niños menores de 12 años y ancianos, se da un deterioro de las capacidades neurológicas, de aprendizaje y movilidad similares al autismo.

Es necesario contar con una estrategia de difusión amplia del impacto de los proyectos mineros en las zonas transfronterizas, demandando la intervención de los países implicados en la búsqueda de una solución a favor de los pueblos y no de los intereses de las grandes transnacionales, depredadoras del medioambiente. No se debe soslayar el rol de las comunidades, de la población, pero se debe reconocer que los gobiernos y otras instituciones internacionales de Derechos Humanos y de defensa del medioambiente pueden y deben jugar un rol más activo e importante.

Poco a poco, se ha ido develando la historia por detrás del maravilloso proyecto de inversión para la explotación de las enormes reservas de hierro del país por una empresa familiar india enamorada del Uruguay. El gobierno y la población no saben exactamente aún qué llevó a que Zamin Ferrous decidiera "rebajar la prioridad" de su proyecto estrella.

Ante el avance del frente petrolero, minero o sojero se repite el mismo testimonio, como si quienes hablaran formaran parte de una misma comunidad, de un mismo territorio. Celina, joven de la localidad de Yanta, situada en los Andes peruanos, afirma: “Si la minería (transnacional Majaz-Río Blanco) entra acá destruye todo, destruye el medioambiente, el agua, si no hay agua no podríamos vivir”. Se repiten las denuncias pero también las luchas en multitud de lugares separados por miles de kilómetros: en Ecuador, Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, México, Panamá... Y cada vez en más territorios.

Como dice Eduardo Galeano en su ya clásico Las venas abiertas de América Latina: “La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz: se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta”.

Se ha comprobado que el desarrollo de actividades industriales para la exploración y explotación minera y de hidrocarburos genera una liberación, dispersión y deposición de productos químicos y residuos de diversa naturaleza, tales como cianuro de sodio, plomo, arsénico, uranio, mercurio y otros metales pesados. Ellos contaminan directamente o por infiltración, los recursos hídricos (glaciares, lagos, ríos y el agua en el subsuelo), el aire y el suelo. En algunos casos la contaminación perdura por miles de años, provocando graves enfermedades y mutaciones genéticas. Este hecho, sumado a la destrucción de suelos (lixiviación) y de paisajes –que para algunas comunidades indígenas son considerados sagrados-, perjudica sensiblemente la calidad de vida tanto de las personas como de animales y plantas.

La división de la población local a favor y en contra del proyecto de megaminería que se pretende instalar en Uruguay, lejos de ser excepcional, es una estrategia usual de empresas internacionales interesadas en ejecutar proyectos de extracción en gran escala de los recursos naturales de un país, cuyos impactos afectan gravemente al medio ambiente y la forma de vida de comunidades enteras.

Colombia, país con una de las mayores riquezas hídricas del mundo, está hoy amenazada por el boom minero. Ya está solicitado más del 40% del territorio nacional, en buena parte, alta montaña, por empresas mineras colocando en riesgo tanto las fuentes de agua, como la soberanía alimentaria, la megadiversidad y las formas de vida tradicionales. El tema minero está hoy dentro de las preocupaciones del pueblo colombiano y en ello ha contribuido la lucha por la defensa del páramo de Santurbán. Así lo evidencian múltiples grupos creados en las redes sociales, blogs, videos, noticias, comentarios que levantan la voz de los medios alternativos de comunicación, mientras en los medios regionales y nacionales, el debate continua, y se registran a diario noticias y editoriales.

La divulgación de los informes oficiales presentados por la empresa Aratirí al gobierno uruguayo solicitando autorización para su propuesta de minería de hierro a cielo abierto en gran escala en el centro del país pone en evidencia que, de implementarse este proyecto, estaríamos ante la destrucción total y definitiva del ecosistema en una extensa área del territorio nacional.

En el parlamento uruguayo se está debatiendo un nuevo proyecto económico, que involucra una inversión millonaria por parte de la empresa Aratiri (de la India) transnacional, para la extracción de hierro en minas a cielo abierto a gran escala en el centro del país. Es importante tener en cuenta que estas empresas invierten sólo para obtener sus ganancias, sin tener en cuenta los costos sociales y ambientales del proceso que le dejan a los uruguayos, sin dar a conocer en esta iniciativa y sus impactos tanto en la sociedad, como en los costos ambientales. No existen aún evaluaciones oficiales de la solicitud de estos inversionistas, que están identificados como una empresa familiar India, pero que en realidad son la fachada de un gran operador del mercado mundial de materias primas.

Con un cuestionamiento jurídico de la conducta seguida por el gobierno uruguayo con respecto la propuesta de inversión y proyecto minero de Zamin Ferrous, el fiscal Enrique Viana presentó ante la Justicia una solicitud de información urgente al Poder Ejecutivo -preparatoria de posibles acciones en defensa del medio ambiente-, a fin de determinar el carácter de las negociaciones en curso con dicha empresa.