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El monte está solo

04/10/06 Por Dr. Rolando Núñez

El monte está solo. Quedó expuesto a los más variados y peores intereses. Está indefenso. Parece que nadie o pocos pretenden protegerlo. Las agresiones son sistemáticas, constantes y repetidas. Son muchos los agresores. Es atacado por los funcionarios públicos, por los productores forestales, por los carboneros, continúan los desmontadores, los profesionales y el Estado mismo.

El monte está solo. Quedó expuesto a los más variados y peores intereses. Está indefenso. Parece que nadie o pocos pretenden protegerlo. Las agresiones son sistemáticas, constantes y repetidas. Son muchos los agresores. El esquema básico, es el siguiente: es atacado por los funcionarios públicos, principalmente a través de la aplicación de pésimas políticas. Es agredido por los productores forestales, por medio de aprovechamientos ilegales, clandestinos, desproporcionados e insustentables. Los carboneros, desempeñan un rol extraordinario en su actividad devastadora; son uno de los principales agentes de la actual economía de la depredación. Continúan los desmontadores, que desempeñan un rol fundamental contra el monte, con la finalidad de que la tierra sea destinada a la agricultura, fundamentalmente de cultivos trangénicos. Siguen los profesionales de la ciencias vinculadas, quiénes aportan sus conocimientos para justificar la tala indiscriminada del bosque nativo, dando apariencia de legalidad a una actividad que se caracteriza por las infracciones, las ilegalidades y la impunidad predominantes. Por último, el Estado contribuye al fortalecimiento y funcionamiento de este perverso esquema, con sus políticas deficientes, confusas, contradictorias, alimentadas por la ineficiencia, la burocracia y la corrupción.

Después, cuando son descubiertos los que lucran y se benefician atacando o agrediendo al monte, fingen estar preocupados por el medio ambiente y la preservación de los recursos naturales. Simulan quedar sorprendidos, afectados y casi desalentados, hasta reclamar comprensiones porque el futuro se nos viene encima si no continuamos desmontando. Por cierto que estas actitudes repetidas serían ridículas, si no fuera que estamos presenciando una tragedia en plena marcha, que parece que terminará con la desaparición del bosque chaqueño. Este es el dato más significativo de nuestro presente, junto a la pobreza, la indigencia y la exclusión de las grandes mayorías sociales.

Debe derogarse el decreto 1341

El mes pasado el gobernador dictó el decreto 1341, a través del cual suspendió el otorgamiento de permisos de desmontes hasta que finalice el ordenamiento territorial. En realidad, debe entenderse que la suspensión se extenderá hasta que se confeccione tal ordenamiento, que en verdad no se ha iniciado.

Este instrumento legal pretende asegurar la subsistencia y continuidad del remanente actual de nuestro monte, cuyos grandes beneficiarios son aquéllos que se presentan como productores forestales, quiénes el martes 5 de septiembre fueron invitados por la comisión de agricultura de la Cámara de Diputados para participar de una reunión ampliada que se programó con la presencia de ambientalistas. Todo comenzó con la exhibición de un documental, tan precario como sesgado; a través de esta película, se incorporó al diálogo un solo productor agropecuario, muy conocido por su fuerte inclinación hacia la siembra directa y la soja trangénica, con posturas públicas repetidas y muy difundidas.

En el recinto se escucharon voces dirigidas a reclamar la derogación del decreto 1341. Con distintos tonos se planteó que los productores forestales debían continuar con sus actividades, generadoras -según ellos- de la mayor cantidad de puestos de trabajo. En esa misma línea se sumaron los diputados, con palabras o por medio del silencio aprobatorio o de firme e indisimulado acompañamiento.

Hasta ese momento parecía que el falso dilema se entablaba entre productores forestales y ambientalistas, bajo la inteligente mirada del diputado Guc. Sin embargo, la pregunta que hicimos en voz alta permitió apreciar los objetivos de la estrategia trazada. Preguntamos: ¿para qué se quería desmontar? La pregunta no fue contestada por ninguno de los productores ni diputados; es que si se profundizaba el tema, se aclaraba casi todo.

Ordenamiento territorial

El decreto 1341 suspendió el otorgamiento de permisos de desmonte hasta que finalice el ordenamiento territorial de nuestra provincia, que contemple la integración de las actividades agropecuarias y forestales con los intereses sociales y la sustentabilidad ambiental.

Sin embargo, el ordenamiento territorial no se ha iniciado. Para que comience, se necesita contar con la valuación de los recursos naturales (agua, suelo y vegetación), seguida de la caracterización de la infraestructura pública y de los recursos humanos. Desde un punto de vista científicamente aceptable, nada de esto está hecho, de manera que habrá que ponerse a trabajar, con intervención de un equipo interdisciplinario homogéneo, al que se le brinde toda la información.

Por citar un caso, el inventario forestal tan ponderado en estos días por el gobierno, no es tal. En el prólogo, el responsable técnico ha expresado claramente que tiene un carácter exploratorio, con un amplio margen de error por el sistema de muestreo que se aplicó. En verdad, el trabajo es un reconocimiento extendido de la superficie boscosa. Es elevado el grado de incertidumbre de sus conclusiones, de manera que los resultados obtenidos deben ser tomados con mucha precaución. La superficie total informada como área boscosa (4.911.783 ha) en los cuatro estratos que fueran trazados, se determinó a través de 120 hectáreas. Por ello, el error de muestreo es elevado y los resultados obtenidos tienen alcances limitados. Por lo tanto, debe encararse la realización de un verdadero inventario forestal, para establecer las especies existentes y predominantes, la salud de las especies y de los árboles, la distribución, etc. Recién entonces podremos afirmar que técnicamente hemos inventariado nuestro parque forestal.

Mentiras y verdades

El decreto 1341 suspendió el otorgamiento de permisos para desmontar. En ningún momento prohibió que los productores forestales continuaran con sus actividades de extraer especies o árboles, de manera que siguen con sus explotaciones ya que el aprovechamiento no fue prohibido.

El desmonte que se prohibió es el que conduce a su desaparición total, que nada tiene que ver con el aprovechamiento forestal que -repetimos- se encuentra en plena marcha. Si dudáramos sobre esto, simplemente salgamos a cualquier ruta chaqueña y veremos camiones y más camiones cargados de rollizos, aún de aquellos que no respetan el diámetro de corte.

Por ello es que no entendíamos las razones por las cuales los productores insistían en la derogación del decreto. Pensábamos que deberían defenderlo dado que asegura la permanencia del monte, del cual son los primeros y grandes beneficiarios. No comprendíamos los propósitos de la derogación que tanto reclamaban. Y nos llamaba la atención porque estaban proponiendo la desaparición del monte, que repetimos es su principal fuente de recursos. Nos resultaba muy difícil entenderlos, salvo que de productores forestales se hubieran transformados en propietarios privados, fundamentalmente de tierras que fueron fiscales, para desmontar y luego destinarlas a la agricultura trangénica o a la venta en el mercado inmobiliario rural, con precios mejorados porque el negocio actual es vender la tierra sin monte. El documento posterior a la visita guiada de Pampa del Infierno, aclaró todas nuestras dudas; van por el desmonte para ampliar la frontera agropecuaria.

Ahora, los productores agropecuarios

A la estrategia de confusión, ahora sigue el esclarecimiento. Con el pretexto de buscar el equilibrio entre el desarrollo sustentable, la propiedad privada y el medio ambiente, se sinceró que el objetivo del desmonte, o sea de la desaparición del bosque, es la ampliación de la frontera agropecuaria, para lo cual atacan a la legislación chaqueña como la más pesada y prohibitiva. Es claro que esta ponderación no es genuina, por dos razones muy simples: la primera, porque nuestras leyes son un verdadero colador, que en manos de inescrupulosos termina por convertirse en lo que es; la segunda, que el Estado no controla de ninguna manera el cumplimiento de la ley, con lo cual pasivamente auspicia la destrucción del monte. Se afana en elaborar folleterías y en organizar talleres; mientras tanto, se continúa con la demolición del bosque.

Basta con recordar que para controlar los desmontes autorizados en el marco de la regulación de la frontera agropecuaria y del aprovechamiento forestal en todo el territorio chaqueño, se desempeña un solo inspector de la Dirección de Bosques. Por supuesto que la consecuencia de la falta de control es el desmonte y el aprovechamiento clandestinos, que se producen sistemáticamente, utilizándose topadoras, quemándose los restos, sin pagar aforos ni respetar diámetros de las especies abatidas. Este es el real cuadro de situación, que se extiende a las reservas ecológicas, en las cuales continuamente se desmonta porque tienen nula vigilancia y nula actividad conservacionista; son reservas de papel, creadas para simular que se hace algo.

En ese marco, el avance de la frontera agropecuaria no respeta el porcentual anual del remanente boscoso. Si bien el titular de la propiedad no puede desmontar más del 50 por ciento del campo, las tierras cambian de manos a través de contrato de compraventa truchos y -de esa manera- continúa la deforestación hasta la futura desaparición total del bosque. Las cortinas son escasas o inexistentes. Las actividades de forestación y de reforestación, son fantasías, salvo extrañas y muy aisladas excepciones.

Llama la atención que la expansión de la frontera agropecuaria sea insistentemente más requerida en los dos departamentos de mayores superficies fiscales ( Brown y Güemes) adjudicadas por el Instituto de Colonización, mediante las posibles y graves irregularidades que se vienen denunciando. ¿No será que las tierras con montes tienen escaso valor de reventa?

El documento de los productores y el desastre ambiental

Quiénes en principio se definieron como productores forestales, esta vez presentados como productores agropecuarios de los Departamentos Almirante Brown y General Güemes, intendentes, funcionarios y legisladores provinciales, emitieron un documento con la finalidad de que se derogue el decreto 1341. El instrumento fue presentado como el resultado de las charlas y de la visita guiada que se realizara en algunos parajes de la colonia de Pampa del Infierno, y como remate de la charla que el 12 de septiembre se realizara en instalaciones de un consorcio caminero.

En el punto 1 del documento, los productores manifestaron estar dispuestos a que se genere un ámbito de debate. Sobre este tema, es conveniente recordar que cuando en el año 2003 se pretendió entablar el debate sobre la ley 5285, no se encontró el eco necesario en los productores ni en el sector político que definía este tema. En aquel entonces, ya sosteníamos que la ley resultaría sumamente negativa para un desarrollo sustentable de la producción, favoreciendo el avance indiscriminado sobre el monte por falta de controles por parte del Estado.

En el punto 2, los productores pretendieron separar la regulación y expansión de la frontera agropecuaria del estratégico tema de las tierras, fundamentalmente las que manejara el Instituto de Colonización. Plantearon que esto excede el debate sobre la regulación de los montes. Sin embargo, este enfoque es el que condujo a la actual situación de desequilibrio y de desastre ambiental. La propiedad y tenencia de la tierra, el uso de los suelos, del agua y de la vegetación, son cuestiones integradas que deben ser valorizadas en conjunto, justamente porque están íntimamente relacionadas y conforman el ecosistema.

En el punto 4, repitieron que el Chaco tiene la legislación más restrictiva, prohibitiva y limitativa sobre el avance de la frontera agropecuaria. Sin embargo, no dijeron que la legislación, con el funcionamiento irregular de la Dirección de Bosques, ha posibilitado la depredación del monte chaqueño a través del desmonte descontrolado, con permisos mal otorgados, con tráfico de guías, con talas clandestinas y todo tipo de irregularidades. Recién ahora el Chaco suspende los desmontes, después de hacerlo Santiago del Estero y Salta, en una situación límite.

En el punto 5, los productores nos recordaron la regulación legal de la frontera agropecuaria, los porcentajes anuales que se pueden autorizar por productor, la obligatoriedad de la reforestación, la prohibición de quemar los productos forestales, la intervención del CES, del INTA, etc. repitiendo y ponderando que el Chaco tiene la legislación más restrictiva no solo frente a otras provincias, sino de cualquier país del mundo. La verdad que el discurso está muy bueno, pero dejaron de decir que el ordenamiento legal es de total y nulo cumplimiento dado que nadie hace cumplir la ley. Si se hubiese controlado y aplicado la ley, Pampa del Infierno tendría hermosas y grandes forestaciones, con cortinas que serían corredores apropiados para la fauna autóctona. Lo mismo ocurriría en Concepción del Bermejo, Los Frentones, Río Muerto, y en las distintas regiones del Chaco.

En el punto 6 del documento se hace referencia a la pobreza extrema que existe en los departamentos Almirante Brown y General Güemes. Refirieron que ambos presentan los peores indicadores en materia de desnutrición infantil, analfabetismo, mortalidad infantil, pobreza, necesidades básicas insatisfechas, etc. Parece que los productores estarían sugiriendo que si continuamos desmontando, desaparecerán los peores indicadores sociales, económicos, sanitarios y educativos de la zona. Sorprendente la especulación de este grupo.

En el punto 7, se intenta prometer crecimiento desarrollo e inversiones por más de 1000 millones de pesos, en un proyecto sostenido de entre 15 y 20 años, sumado a una productividad monetaria de 400 millones anuales. Si esta opinión deriva de un estudio serio sobre una zona que siempre fue muy crítica, sería importante que se haga público. No parece creíble que el proyecto se pueda concretar en el lapso de 15 a 20 años. El factor climatológico desautoriza anticipadamente esta prometedora oferta. Parece que no contemplaron los cambios climáticos, en especial las sequías.
En el punto 8, los productores niegan la existencia de latifundios, afirmando que la totalidad de la tierra se encuentra distribuida por unidades (económicas) que garantizan un desarrollo sustentable en los departamentos Brown y Güemes. Es difícil no despreciar esta opinión; no obstante ello, existen los grandes latifundios encarnados en Rumbo Norte, El Colono, Morixe, MCU y tantos otros que sintetizan la absurda y grotesca concentración de la tierra en manos de pocos propietarios. Esto generó que la inmensa mayoría de los pequeños productores no tengan tierras que constituyan verdaderas unidades económicas agrícolas, ganaderas o forestales, siendo condenados a la pobreza porque tienen tierras muy reducidas que les impide realizar producciones rentables. Solamente encaran producciones de subsistencia.

En el punto 9, resaltaron la incorporación de las tierras a las actividades rentables, ejemplificándose que Córdoba tenía su superficie cubierta de monte en un 83 por ciento a principio de siglo y que el remanente actual es del 10 por ciento. Grueso error, sino la desaconsejable inclinación de distribuir mala información, con la consecuente deformación de la opinión pública. No tuvieron en cuenta que el 50 por ciento de la superficie cordobesa es montañosa. Si se mencionara la extensión de la superficie forestada, se aclararía perfectamente la información. Y si se agregara el comportamiento del clima, con las curvas medias anuales promedios de lluvias en períodos medios y largos, y la calidad de los suelos en los que desarrollan la actividad agrícola, se evitaría opinar como lo han hecho. Así nos va.

En el punto 10, los productores descalifican el punto de vista de los ambientalistas y refuerzan, o tal vez apoyan, la instalación y funcionamiento de industrias contaminantes. Los productores no pueden negar a la contaminación que produce el uso de agroquímicos. Son bien conocidas las consecuencias y es claro que no mejoran la calidad de vida de los pobladores de las zonas expandidas.

En el punto 11, reafirman que el avance de la frontera agropecuaria no produce ningún daño ambiental; que no desertifican. Que el desmonte nos hará crecer. La verdad que esta opinión cae por su propio peso, tal cual lo señalamos anteriormente.

La fragilidad de los suelos

Ahora que ha quedado en claro que desean ampliar la frontera agropecuaria, debemos decir con absoluta claridad que los suelos que quedarán atrapados son mayoritariamente clase IV, que tienen limitaciones severas que restringen la elección de plantas y requieren un manejo muy cuidadoso. El uso de estas tierras para la agricultura está limitado por el efecto de varios factores permanentes. En general, estos suelos son adecuados para producir cultivos en forma ocasional, adaptándose a la producción de forrajes, con la siguiente rotación: E-C-F o E-C-F-F.

El suelo clase IV conforma la inmensa mayoría del territorio de los departamentos Güemes y Brown, de manera que la futura ampliación de la frontera agropecuaria hará colapsar el ecosistema pocos años después de que se desmonte. Recordemos que durante el verano el sol a pique genera al mediodía temperaturas promedios de 70 grados; sin la cubierta vegetal, los organismos allí existentes tienen poca o nula chance de sobrevivir. Esto es lo que deben entender los 200 productores agropecuarios de los departamentos Brown y Güemes que avalaron el documento. También los restantes

Infracciones al régimen forestal

Tenemos en nuestro poder el listado, extenso y repetido, de los infractores del régimen forestal. Algunos productores, que no son pocos ni pequeños, han cometido graves infracciones en materia de desmonte y de aprovechamiento forestal. En algunos casos, son verdaderos delincuentes forestales, que en países serios habrían sido severamente sancionados. Aquí, continúan vivos y coleantes.

De cualquier manera, en el marco de la burocracia y de la corrupción que predomina en el Estado, en connivencia con algunos empresarios, las multas no se pagan o se abonan irregularmente en cuotas o se reducen a través de distintas maniobras administrativas. A estos productores les conviene ser multados, a veces hasta pagar la multa, mientras continúan el desmonte o el aprovechamiento ilegal. Por ello, los países serios prefieren dejar de lado las políticas sancionatorias de este tipo. Al infractor le cae todo el peso de la ley, mediante controles eficientes. Si se los pilla, se los excluye del padrón de productores y se aplica la solución correcta. Chaco está en la otra punta, con las consecuencias devastadoras que hoy están a la vista.

Tres Isletas

El domingo 10 de este mes se mandó a quemar el monte de un campo del Lote 20, Paraje Tres Naciones, a 20 km. de Tres Isletas, camino a Avia Terai. Pudimos estar en el lugar el martes 12, evaluando el siniestro ambiental, recibiendo testimonios y tomando imágenes para archivo. Al mismo tiempo, funcionarios públicos y productores participaban de la visita guiada en Pampa del Infierno.

El panorama que encontramos fue desolador. Los testimonios recibidos reflejaron el sistemático desmonte y quema del bosque nativo y sus consecuencias. Este tema fue ampliamente difundido a través de numerosos medios de comunicación de nuestra provincia. Sin embargo, no mereció ningún pronunciamiento por parte del gobierno, en particular de los funcionarios públicos responsables de la conservación del bosque nativo y de un ecosistema sustentable. Mucho menos se ha escuchado a los productores. Guardaron un silencio cómplice.

Fuerte Esperanza, Nueva Pompeya y el rey de las topadoras

Al mismo tiempo, a pocos kilómetros de Fuerte Esperanza, por la Picada 8, camino a Taco Pozo, una topadora volteaba el monte. La "topada" paró un rato porque se descompuso la máquina. El dato relevante es que en El Impenetrable continua destruyéndose el bosque nativo con las topadoras. Luego sigue la quema de los restos forestales y el deterioro del ecosistema. En esta región se vincula las topadoras al diputado Jorge Guc.

En la zona de Pompeya el tema se agrava. En el campo que figura a nombre del padre del intendente de Nueva Pompeya se está quemando el monte. Paga 100 pesos la hectárea. Va por más; se sabe que va a completar un desmonte que totalizará 100 hectáreas. Mientras tanto, el intendente fue electo Presidente del Consorcio Caminero de la zona. Todo un logro, que le permitirá manejar a su antojo horas/máquinas viales. Está garantizada la continuidad de los desmontes y de los aprovechamientos forestales, utilizando maquinarias y herramientas del Estado. Faltaría que el intendente González fuera designado inspector de la Dirección de Bosques, para que sea un funcionario tiempo completo y con intereses varios. De esta manera actúa la Alianza oficialista, especialmente el rozismo más ortodoxo y retrógrado, ante la inercia o complacencia del peronismo. www.ecoportal.net

Fuente: Dr. Rolando Núñez - Centro Nelson Mandela - Chaco http://www.centromandelachaco.com.ar

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