Desde diversos puntos del departamento del Cauca las comunidades indígenas han iniciado acciones pacíficas de liberación de la Madre Tierra en las Fincas Ambaló y Los Remedios en el municipio de Silvia; fincas Fátima, Santa Teresa, San Ignacio y la Selva en el municipio de Popayán, predios Pisochago, Achaquío, El Acuario y los Rincones, en el municipio de Puracé, así como la finca El Hapio en el municipio caloto, con las cuales los pueblos indígenas Nasa, Guambiano, Kokonuko y Totoró de manera persistente, reclaman del gobierno nacional celeridad en el cumplimiento de los diversos pactos y acuerdos firmados por el Estado colombiano con las organizaciones y autoridades indígenas.

Los diversos informes provenientes de las autoridades tradicionales indígenas dan cuenta de las agresiones sufridas por nuestra gente a causa de las acciones de intento de desalojo de la fuerza pública, que dejan un saldo alto de heridos y detenidos. Dichas acciones de represión han sido ordenadas por el gobierno desde sus diversas instancias: alcaldías de Caloto y Puracé, gobernación del Cauca y presidencia de la República, argumentando que no aceptan vías de hecho para la negociación.

En este proceso las comunidades argumentan que el cumplimiento de los acuerdos, en particular del decreto 982, avanza de manera lenta y que las comunidades indígenas del departamento no encontraron en la negociación de la Emperatriz una respuesta real a los diversos compromisos del Estado nacional con los pueblos indígenas sino que allí el gobierno se comprometió específicamente con lo ordenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como reparación por la Masacre Nilo. Aclaran, además las comunidades que han tomado posesión de los predios que la gran mayoría de los terrenos son fincas que hacen parte de sus territorios ancestrales y están como perspectiva de ampliación o saneamientos de sus resguardos y se encuentran en oferta ante el INCODER.

Para los consejeros CRIC no es comprensible cómo el gobierno negocia con los grupos al margen de la ley, los cuales han realizado masacres, violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, y mientras con ellos negocia, les brinda espacios de diálogo y les emite una ley que les otorga beneficios jurídicos, económicos y políticos para su desmovilización, a las comunidades que se movilizan de forma pacífica y sin armas con el objetivo de reclamar sus derechos y garantías el gobierno los estigmatiza como colaboradores del terrorismo, se niega a dialogar y usa todas las formas de represión violenta, sin importar afectar niños o mayores que reclaman su justo derecho a la tierra.

Para la organización y autoridades indígenas es claro que el país carece de políticas que brinden garantías a las mayorías y que por el contrario los recursos de la nación benefician la guerra y no a los sectores sociales, por lo cual el gobierno nacional no puede exigir que las reclamaciones sectoriales se hagan sin ninguna acción que signifique vías de hecho como son las recuperaciones de tierra pues son décadas de inmovilidad institucional para responder con sus compromisos.

Lamentable que los mandatarios locales, departamentales y del orden nacional estén avivando la idea que por entregar tierras a los indígenas no le estén cumpliendo a los campesinos y afros, cuando la verdad es que no es cierto lo de entregas de tierras a indígenas situación por la cual es que se realiza el proceso actual de liberación de la Madre tierra; además que la pobreza del campo es producto de las políticas que favorecen el capital multinacional, el monocultivo y los paquetes tecnológicos que se basan en los trasgénicos y que la reforma agraria en Colombia ha estado agenciada por las política económica de privatización agenciada por el gobierno nacional y las acciones paramilitares a nombre del gran capital que ha desplazado a millones de pobladores rurales que hoy se encuentran en la indigencia en las grandes ciudades. En este sentido es imprescindible un debate nacional que coloque en el escenario de opinión pública la auténtica situación sobre tenencia de tierra en Colombia, la verdadera función social de la propiedad y la capacidad productiva de los terrenos.

Al momento de emitir esta comunicación se tienen informes sobre la situación que viven los comuneros que realizan acciones en diversos puntos del departamento, como en Caloto, donde han resultado cerca de 15 indígenas heridos y 10 detenidos, cinco de ellos niños; se informa también que la fuerza pública quemó la comida, los símbolos de autoridad y la medicina de la comunidad. De igual forma se conoce que en Puracé los intentos de desalojo han dejado como saldo cinco comuneros y dos policías heridos. Por estos hechos y sus consecuencias, las autoridades indígenas hacemos responsable al gobierno nacional, llamando a los organismos que trabajan en defensa de los derechos humanos del orden nacional e internacional para que estén pendientes de los acontecimientos y reclamen del estado colombiano la garantía y cumplimiento a los derechos fundamentales.

Reiteramos nuestro llamado al gobierno nacional para evite el uso violento de la fuerza pública, se proceda a atender las iniciativas y reivindicaciones que argumentan las acciones de liberación de la Madre Tierra; se concerten de forma civilizada soluciones a los diferentes requerimientos sociales, dando viabilidad a los acuerdos firmados por el Estado nacional con las organizaciones y comunidades.

Con base en lo anterior Consejeros CRIC aceptamos y requerimos de forma urgente la convocatoria a un debate nacional entre el gobierno nacional con sectores campesinos afrodescendientes e indígenas sobre tierras, el cual debe ser diseñado de forma que plantee los argumentos de una verdadera reforma agraria popular y no un espectáculo publicitario para mejorar los niveles de opinión del gobierno nacional. www.ecoportal.net

CONSEJERIA MAYOR CRIC
Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC
Popayán, octubre 19 de 2005