La militarización de la región buscaría desplazar a las fuerzas guerrilleras, pero también a los mineros artesanales y campesinos que se convierten en una verdadera molestia a la hora de privilegiar el saqueo de las multinacionales.
Desde hace ocho meses se desarrolla una fuerte intervención militar en el Nordeste Antioqueño y en la parte media del Valle del Río Cimitarra. La operación ha incluido el traslado de más de tres mil hombres y el establecimiento de bases militares en las veredas Cañaveral y Lejanías, en jurisdicción del municipio de Remedios.
Se escucha igualmente entre los pobladores la pretensión del Ejército de construir una base en la aldea comunitaria de Puerto Matilde, sitio donde realiza parcialmente su proyecto de desarrollo local y de sustitución de cultivos de coca la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC). La militarización regional se complementaría con la construcción de una base militar de alta montaña en la Serranía de San Lucas.
Si bien las operaciones militares e incursiones paramilitares del Bloque Central Bolívar son frecuentes en estos territorios de presencia histórica de las FARC-EP y el ELN, la militarización actual tendría como marco asegurar el territorio para la ejecución de proyectos agroindustriales, forestales y de gran minería aurífera.
Operadoras estadounidenses de proyectos del Plan Colombia promueven masivamente la siembra del monocultivo de cacao y la palma africana. El proyecto Midas financiado por la Usaid, agencia gringa para el "desarrollo", contempla además la posibilidad de explotar lo que queda de la reserva forestal del Nordeste Antioqueño y el sur de Bolívar. Estas iniciativas hacen parte de los "esfuerzos" de los Estados Unidos por modernizar el campo del Magdalena Medio.
Pero tal vez la amenaza más preocupante que se cierne sobre los pequeños mineros y campesinos de la región, unas 60 mil personas, la representa la multinacional minera AngloGold Ashanti Mines, la segunda extractora mundial de oro, más conocida en Colombia por el nombre de su filial Kedadha S.A., que ha solicitado más de dos millones de hectáreas para la exploración y eventual explotación aurífera en el país.
La militarización de la región buscaría desplazar a las fuerzas guerrilleras, pero también a los mineros artesanales y campesinos que se convierten en una verdadera molestia a la hora de privilegiar el saqueo de las multinacionales. Hechos como el cierre de una mina artesanal en la vereda Carrizal, por parte del Ejército, en el municipio de Segovia, o la imposibilidad de titular sus minas con la que se han encontrado decenas de pequeños mineros en el Nordeste Antioqueño y el sur de Bolívar evidencian que la concesión de decenas de miles de hectáreas a la AngloGold es ya un proceso iniciado.
La ley de minas en su texto impide que sean solicitadas más de 10 mil hectáreas por una sola empresa, persona natural o jurídica, pero la ley tiene un "mico" (vacío jurídico de libre interpretación) que permite hacer multitud de solicitudes al mismo tiempo, lo que le abre la posibilidad a las multinacionales de quedarse con una extensión ilimitada para la prospección y explotación del recurso.
La AngloGold, que explota minas en una gran cantidad de países con regímenes lacayos, sometidos a los dictámenes del capital multinacional, en África y América Latina tiene antecedentes como agenciador de estrategias encubiertas de guerra sucia y paramilitarismo. El caso más conocido es el patrocinio del Frente Nacionalista e Integracionista del Congo, acusado de múltiples crímenes de lesa humanidad, cuyo accionar le posibilitó a esta multinacional extraer oro de la mina Mongbwalu, en el nordeste de ese país africano, tal como lo denuncia Human Rights Watch.
Las pretensiones de la AngloGold acabarán con la reivindicación territorial del campesinado colono y desplazado, enmarcada en la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra, cuya existencia jurídica contemplada en la ley de reforma agraria se encuentra curiosamente "congelada" de manera ilegal por el gobierno de AUV. Se trata de 180 mil hectáreas en las zonas rurales de Yondó, Remedios, San Pablo y Cantagallo, cuyos habitantes han conocido sólo la presencia militar del Estado y la presión narcolatifundista y paramilitar sobre sus tierras.
Según el vicepresidente Santos, "la AngloGold es un buen socio que traerá desarrollo a la región mediante las regalías"; un representante de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) justifica la entrega de nuestros recursos a las multinacionales diciendo que "nosotros no debemos asustarnos de otorgar un área importante a una empresa como esa"; por su parte, una funcionaría del Ministerio de Minas, preguntada sobre el problema, lanza una leguleyada diciendo que "es legal solicitar tierras para la exploración".
Mientras tanto, un campesino desplazado de la vereda Santo Domingo, al cual el Ejército le ha prohibido trabajar en su cultivo de coca, dice: "nos prohibieron trabajar, para completar hace una semana empezaron a fumigar indiscriminadamente de nuevo, ahora salen con el cuento que viene una multinacional. Nos tienen jodidos, sin futuro".
* por César Jerez
Agencia Prensa Rural
