La posibilidad de que los más de 10 mil indígenas presos en las cárceles de todo el país tengan un proceso justo se encuentra aún lejana. Esta falta de procesos justos se agudiza aún más en las grandes ciudades, donde esta garantía se viola constantemente. Contar, por ejemplo, con defensores de oficio o traductores que los asesoren en su propio idioma, presentar como dictámenes culturales y lingüísticos medios de defensa son disposiciones legales establecidas en México hace 15 años, que apenas comienzan a aplicarse.

Acusados de delitos como homicidio y robo del fuero común, y tráfico de drogas y secuestro en el federal, decenas de indígenas pertenecientes a alguna de las 62 etnias del país ingresan a prisión sin conocer el motivo por el que son encarcelados ni entender las acusaciones en su contra, asegura Benedicto Ayala.

Abogado y coordinador de la Organización de Traductores, Intérpretes Interculturales y Gestores en Lengua Indígena asegura que los dictámenes culturales, que brindan a ministerios públicos y jueces elementos prácticos para comprender la conducta de un inculpado indígena, son un elemento relativamente nuevo en los procesos penales. Este medio de defensa, explica, es una alternativa para impugnar resoluciones como autos de formal prisión o incluso sentencias que han sido dictadas violando los derechos del inculpado, que la mayoría de los ocasiones no tiene acceso a una defensa legal adecuada por la barrera del idioma. Los jueces están comenzando a aceptarlos y se han resuelto asuntos que, de otra manera, habrían terminado en sentencias y encarcelamiento.

Es el caso de Rafael, un joven mixteco de Huajuapan de León, quien llegó de Oaxaca a trabajar en la Central de Abasto.

Rafael se enamoró de la hija de su patrón y fue correspondido, pero ante la imposibilidad de cubrir los gastos que le implicaba una boda, recurrió a una costumbre de su pueblo: el rapto, con el consentimiento de la joven. “Regresó a los tres meses, con todo el paquete (regalos para los suegros) para pedir perdón, y con sus padrinos, como lo establece la tradición del pueblo, pero se encontró con que ya había una orden de aprehensión en su contra, pues él tenía 19 años y la chica 15?, relata.

El caso le fue referido a la organización, y Ayala, quien fungió como perito intérprete, presentó un dictamen cultural al juez, que lo valoró de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que marca lineamientos para, entre otros temas, la defensa legal de los pueblos indígenas, y resolvió en favor del inculpado. Otro caso exitoso fue el de dos topiles (policías indígenas) mixtecos, que trabajaban en un estacionamiento de la capital y auxiliaron a una joven que estaba siendo asaltada frente al lugar donde trabajaban. La víctima se retiró del lugar y ellos detuvieron y encerraron al asaltante en la caseta del estacionamiento, pero pudo escapar y a los pocos minutos llegó con dos policías, acusando a los topiles de robo y secuestro, por lo que fueron encarcelados y sujetos a proceso, aunque el denunciante no se presentó a ratificar su acusación. La organización también intervino en este caso, elaborando un dictamen cultural que describía la función de autoridad que desarrollan los topiles en sus comunidades, y que explicaba su intervención en ayuda de la joven que estaba siendo asaltada. Ambos fueron liberados.

Pasar inadvertido

Estos casos ejemplifican una conducta típica de los grupos indígenas, cuyos integrantes trasladan sus usos y costumbres al lugar al que emigran y, por desconocimiento del derecho, cuando se ven involucrados en hechos delictivos, no tienen el apoyo y la asistencia legal que les corresponde, afirma Ayala. “Esto no significa que digamos que todos son inocentes, sabemos que algunos incurren en delitos y en ese caso, deben recibir la pena que les toca”, admite, pero para ello deben estar en condiciones de entender las acusaciones y los términos jurídicos de su proceso, afirma.

El principal obstáculo es el idioma, señala. Pero también la falta de sensibilidad de las autoridades para detectar cuando un detenido pertenece a un grupo indígena:

“Le preguntan si es indígena o si pertenece a una etnia, cuando cada uno de nosotros tiene un nombre, el de su pueblo, por el cual se identifica, si ese nombre no se menciona y si el inculpado no entiende el español o lo entiende poco, va a negar, porque no sabe”, explica. En otras ocasiones, por la carga peyorativa y la discriminación, los mismos indígenas niegan su origen y son sometidos a proceso, sentenciados y hasta ejecutoriados sin haber tenido acceso a un traductor que les informe sobre sus derechos. Por este motivo, ni las autoridades penitenciarias saben con precisión cuántos indígenas están presos en las cárceles del país.

En las ciudades, sobre todo en el Distrito Federal, se ha avanzado en este tema, reconoce Ayala. Los jueces llaman a la organización o a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), pero el problema es la falta no sólo de defensores de oficio que conozcan las lenguas indígenas, sino de traductores. www.ecoportal.net

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Publicado en El Universal