El pasado 20 de enero Brasil regresó a la época de la dictadura militar (1964-1985), cuando se violaban sistemáticamente los derechos humanos y las instituciones no eran capaces de proteger y defender a los ciudadanos de las agresiones del Estado autoritario. Tres delegados y 120 agentes de la Policía Federal, del Comando de Operaciones Tácticas de Brasilia, llevaron a cabo una operación bélica para retirar a los indígenas Tupinikim y Guaraní de las 11.009 hectáreas que habían recuperado pacíficamente en mayo de 2005. Hacía 40 años que Aracruz Celulose se había apoderado de esas tierras. La acción policial se fundó en una sentencia a favor de la empresa Aracruz Celulose S.A.dictada por el juez federal de Linhares (estado de Espírito Santo), Rogério Moreira Alves, el 7 de diciembre de 2005.

Ante esta acción policial sentimos perplejidad y una profunda indignación, pues vivimos en un país que se considera democrático, signatario del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y gobernado por un ex trabajador y ex perseguido por la dictadura militar: Luíz Inácio Lula da Silva.

Conviene aclarar que:

1. Desde que los Tupinikim y Guaraní demarcaron las 11.009 hectáreas de tierras que les pertenecen, según estudios realizados por el gobierno federal a través de FUNAI (organismo federal para asuntos indígenas) y reconocidos por el ex ministro de Justicia, Ìris Rezende, en 1998, Aracruz se ha declarado constantemente en contra del uso de violencia contra los indígenas. Mientras tanto, fue Aracruz quien organizó la presente acción, que dejó por lo menos 13 heridos, dos de los cuales tuvieron que ser atendidos en el hospital de Aracruz. Uno de ellos, João Mateus, cacique de Comboios, permaneció solo entre los árboles durante varias horas, herido, perdiendo mucha sangre. Los indígenas fueron heridos con balas comunes envueltas en goma para no matarlos, disparadas por los agentes federales, que también estaban armados con gases lacrimógenos y ametralladoras. Durante más de una hora el helicóptero de la Policía Federal permaneció sobre la aldea Olho D’Água “cazando” indígenas en medio de los eucaliptos. Dos dirigentes indígenas fueron apresados y sufirieron varias agresiones. Uno de ellos, Paulo de Oliveira, fue golpeado y los policías le quebraron un brazo. Es bueno tener en cuenta que las máquinas utilizadas para derribar todas las casas de las aldeas Córrego do Ouro y Olho D’Água pertenecen a la empresa Aracruz. Además, en Olho D’Água los policías incendiaron todo. A pesar de su truculencia, la Policía Federal no logró retirar de Olho D’Água a los indígenas, que ya comenzaron a reconstruir la aldea.

2. El Ministerio Público Federal de Espírito Santo no fue notificado, a pesar de lo que establecía la sentencia. En Brasília la FUNAI sí tuvo conocimiento, pero tanto el administrador regional del organismo, Waldemar Krenak, como los jefes de Postos Indígenas, Ronaldo Batista y Maria de Fátima Oliveira, afirmaron que ni siquiera se les había comunicado la acción policial. Los dos funcionarios de FUNAI, Ronaldo y Fátima, declararon que bajo coacción de los policías federales fueron trasladados hasta la Casa de Huéspedes de Aracruz Celulose S.A., donde funcionó el cuartel general de la operación. Ahí se enteraron de la sentencia judicial y fueron intimados a acompañar la operación. A este lugar también fueron llevados dos indígenas, que permanecieron esposados durante varias horas. El hecho de que el cuartel general de la operación se estableció en instalaciones de Aracruz Celulose fue comprobado por la diputada federal Iriny Lopes y por el diputado del estado Carlos Casteglione, que estuvieron en el lugar la noche del 20 de enero.

3. La Policía Federal brasileña está administrativa y políticamente subordinada al ministro de Justicia, Márcio Thomaz Bastos, quien por lo tanto es responsable de la acción. Lo que nos causa espanto es que el Ministerio de Justicia había llegado a un entendimiento con las comunidades indígenas respecto del cronograma de reconocimiento oficial de las 11.009 hectáreas de tierras Tupinkim y Guaraní en cuestión, proceso que contó con la participación de FUNAI, el Ministerio Público Federal, la Comisión de DDHH y Minorías de la Cámara Federal, parlamentarios del estado y entidades de apoyo, y se había comprometido a evitar una acción de retirada de los indígenas.

4. Constatamos que esta acción se planificó cuidadosamente para realizarse en un mes en que muchas personas en Brasil acostumbran salir de vacaciones, lo que disminuye el ritmo de funcionamiento de varias instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Además el día elegido fue un viernes, ciertamente con el fin de minimizar aun más la repercusión en la opinión pública nacional e internacional y reducir las posibilidades de suspender la acción policial por vías jurídicas o políticas. Cuando el Tribunal Regional Federal de la 2ª Región, en Río de Janeiro, suspendió la sentencia el día 20, la expulsión de los indígenas de la aldea Córrego do Ouro ya había tenido lugar.

Queremos expresar aquí nuestra solidaridad con las comunidades Tupinikim y Guaraní, sus caciques y dirigentes y elogiar su coraje y su determinación. Esperamos que esta acción violenta sirva para fortalecer aun más la unión de estos pueblos, junto a sus aliados. Indudablemente la lucha de los Tupinikim y Guaraní será victoriosa porque se funda en un derecho incontestable y se lleva adelante en forma pacífica por caciques y dirigentes que se preocupan por el futuro de su pueblo. Indudablemente también, Aracruz no ganará esta batalla, pues eligió el camino de la mentira y la violencia, todo para garantizar el aumento del lucro de sus accionistas.

Solicitamos a todos(as) que se manifiesten contra esta acción contra los Tupinikim y Guaraní y a favor de la demarcación de sus tierras. En este momento, la colaboración de todos(as) quienes apoyan esta lucha es muy importante.

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REDE ALERTA CONTRA O DESERTO VERDE

Sugerimos el siguiente mensaje:

Presidente de la República – Sr. Luíz Inácio Lula da Silva – pr@planalto.gov.br

Ministro de Justicia - Sr. Márcio Thomaz Bastos – gabinetemj@mj.gov.br

Presidente de Funai – Sr. Mércio Pereira Gomes – mercio.gomes@funai.gov.br

Con copia para: Ministerio Público Federal (Espírito Santo) - pres@pres.mpf.gov.br y FASE (Espírito Santo) - fasees@terra.com.br

23 de enero de 2006

Estimados señores,

Por la presente manifestamos nuestro rechazo e indignación por la violación de los derechos humanos ocurrida el pasado día 20 en tierras indígenas en el norte de Espírito Santo. En la acción de expulsión de los pueblos Tupinikim y Guaraní de sus tierras, a cargo de la Policía Federal, se utilizaron recursos de los más violentos que dejaron por lo menos 13 indígenas heridos, dos dirigentes presos y procesados y dos aldeas indígenas completamente destruidas, para lo cual se utilizaron máquinas y funcionarios de la empresa Aracruz Celulose.

Solicitamos que este hecho sea esclarecido de inmediato y que los autores de la acción sean declarados responsables penalmente.

Una vez más alertamos a las autoridades que el único camino para solucionar este conflicto es la demarcación y homologación de las 11.009 hectáreas en cuestión por parte del gobierno federal de Brasil.

Atentamente,