519 años desde la invasión del continente que hoy se conoce con el nombre de “América” por parte de los europeos, una invasión genocida que asesinó en escasos años a más del 90% de la población continental. La actual situación de dominación que sufren los pueblos de América, África, y Asia se debe a una historia colonial y al genocidio y acumulación de capital del cual se han beneficiado las grandes fortunas europeas. Es por eso que muchos pueblos decimos que luchamos por la segunda y definitiva independencia.

El futuro de las comunidades se verá sumamente amenazado si la propuesta de preservación de las áreas forestales de la SPVS –que cuenta con todo el apoyo del estado, principalmente del área ambiental y del área policial– continúa dominando en la región. Es absolutamente urgente que detengan el abuso y la persecución de las comunidades. Lo que ocurre en esa región, según el testimonio de los habitantes, son violaciones graves de los derechos humanos, incluso sociales, culturales y ambientales.

Pocos pueden oponerse a que en Argentina se legisle sobre la venta de tierras a extranjeros. Sobre todo, no se opondrán quienes impulsan el actual modelo agropecuario porque una ley de ese tipo no afecta ningún interés de los ganadores del modelo de agronegocios actual (donde la soja es sólo su cara más visible). Regular la extranjerización de tierras no combate el corazón de la injusticia rural: la concentración de la tierra. Muy pocos tienen mucha tierra. La gran mayoría tiene muy poco.

Una treintena de países son escenarios en la actualidad de conflictos armados, 19 de los cuales perduran desde hace más de veinte años. Colombia, atravesada por una confrontación de casi cinco décadas, ha engendrado numerosos movimientos sociales de todo tipo, incluyendo de mujeres, que apuestan a una salida político-negociada. Del 15 al 20 de agosto la Ruta Pacífica convoca al XV Encuentro internacional de Mujeres de Negro (MdN), red mundial de organizaciones que se oponen a la guerra. Será el primer evento de esta plataforma que se realiza en Latinoamérica. “Convocatoria histórica” al decir de la abogada colombiana Marina Gallego Zapata, coordinadora nacional de la Ruta Pacífica y pieza clave en la organización del encuentro a realizarse en la capital colombiana. Entrevista.

¿Se puede obligar a una persona que participa activamente en la defensa y protección de los animales salvajes a que permita cazar a sus vecinos en su propio terreno? Parece un contrasentido pero fue un caso real que tuvo que resolver el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Conflictos por autonomía, posesión de tierras y defensa del medio ambiente, en su mayoría protagonizados por pueblos originarios, son permanentemente atravesados por el conflicto armado. La última movilización que hubo en 2008, muy masiva e importante, fue reprimida a bala, pero al finalizar los indígenas habían logrado concertar un debate público, en territorio indígena, entre el presidente y la principal dirigente indígena de ese momento, quien luego de regresar de la reunión encontró a su esposo asesinado. Fue asesinado por un grupo de soldados uniformados en misión oficial, que supuestamente iban a atacar un grupo de guerrilleros. La existencia del conflicto armado en Colombia es un lastre para los movimientos sociales porque otorga un pretexto para la acusación, señalamiento y represión de sus miembros.

A dos años del Golpe de Estado del 28 de junio 2009, la fragilidad política sigue imperando en un país lejos de estar normalizado y en el que la resistencia popular continúa activa y movilizada. “Es fundamental que la sociedad civil internacional ejerza una presión constante. Incluso que condicione su cooperación al respeto efectivo de los derechos humanos”, enfatiza la ingeniera agrónoma hondureña Leticia Flores durante una reciente visita a Suiza. Flores coordina en Honduras el programa de HEKS-EPER (Obra de ayuda de las Iglesias Evangélicas Suizas), ONG con fuerte implantación en ese país.

Las condiciones impuestas a los fogoneros de la nuclear de Fukushima muestran que la salud de los seres humanos no es la primera preocupación de los industriales y gobernantes. Los trabajos más peligrosos los realizan los asalariados de las empresas subcontratadas que echan cables para restablecer la electricidad, despejan los cascotes que se amontonan por todas partes, riegan los reactores privados de sistemas de enfriamiento e intentan relanzar el funcionamiento de los equipos, etc. Viven 24 horas al día en un entorno contaminado. Faltan dramáticamente equipos de protección, van calzados con botas de caucho o botines de plástico, estan mal alimentados. Esto muestra la inhumanidad cotidiana del capitalismo para quien la salud y la vida de los trabajadores o de las poblaciones vecinas, víctimas de la contaminaciónes sólo una variable ajustable, como el salario.

Las Pavas es un claro ejemplo de como la palma –el agro-negocio- se ha expandido y como los derechos campesinos y a la soberanía alimentaria han sido vulnerados. ¿Es posible equilibrar los deseos de la agroindustria exportadora con las reivindicaciones de los campesinos y su demanda de reforma agraria? El conflicto de Las Pavas permitirá evaluar los márgenes reales de los campesinos para acelerar el ejercicio de esa recuperación, confrontados a las penurias de una crisis ambiental y alimentaria en crecimiento y con el trasfondo de años de sangrienta represión.

En el campo argentino se repiten las escenas de explotación laboral, jornadas de trabajo de hasta 16 horas, pagas mínimas, ausencia de día de descanso, amenazas y maltratos, alimentación escasa, personas obligadas a vivir en taperas o bajo plásticos. Organizaciones campesinas, ONG y académicos coinciden: el trabajo rural en situaciones de explotación está presente en todas las latitudes de la Argentina y es una práctica generalizada en el campo profundo. De Mendoza a Salta, de Río Negro a Misiones: la explotación laboral del trabajador rural. La responsabilidad privada y estatal.

Aunque las estructuras y relaciones familiares vienen cambiando significativamente en las últimas décadas, la familia sigue siendo el lugar privilegiado de reproducción de los papeles tradicionales de género y de ejercicio de dominio masculino sobre las mujeres. Y la agricultura familiar se convierte precisamente en el espacio de producción dentro de las redes familiares de relaciones. No es casual que las relaciones intrafamiliares sean el lugar de expresión más brutal de la violencia de género y, a la vez, el espacio más difícil de incidir desde las políticas públicas de igualdad.

Cuando se trata de pueblos indígenas se ejercita un doble estándar: los derechos humanos son para sectores urbanos, medios y, en lo posible, blancos. Esa discriminación la denuncian desde hace años los pueblos originarios. “El genocidio indígena está invisibilizado por una cuestión de clase social y de etnia”, afirmó en 2008 el juez de la Corte Suprema de Justicia Raúl Eugenio Zaffaroni. Y retrucó: “En la última dictadura militar se avanzó sobre un sector de clase media activo en política, inclusive con un segmento universitario. Por ello se lo reconoció fácilmente como genocidio. Todo depende del sector social que sufre la represión y de su capacidad para hacerse oír en público” Dentro de los espacios indígenas de Argentina, Formosa es vista como uno de los paradigmas de la represión y hostigamiento permanente.

Si la ONU destacó una fecha precisa a la eliminación de la violencia contra las mujeres, es en razón que este problema no es una cuestión menor, sino que anida profundamente en concepciones y creencias arraigadas por siglos. La instauración del día, hizo visible y puso sobre el tapete en una dimensión más amplia, una lacra socialmente aceptada y culturalmente reiterada en la casi clandestinidad, contra la cual, muchas, venían luchando en cierta soledad y falta de comprensión. ¿A qué obedecían estos comportamientos? ¿Cómo o por qué aceptamos, tamañas discriminaciones o violaciones a los más elementales derechos humanos y a la dignidad de las mujeres?

Para las comunidades colombianas el territorio es el lugar y el cuerpo donde las comunidades campesinas, las minorías étnicas y las mujeres, tejen su vida colectiva, cultural, económica, social y política. El territorio es un horizonte mucho más amplio que el concepto de la tierra, que se refiere al espacio físico delimitado, ubicado en una zona rural, que puede ser explotado económicamente. El territorio comprende por supuesto a la tierra, pero va más allá, ya que también incorpora todo el patrimonio inmaterial que se desprende de las comunidades mismas que lo han habitado y conservado, lo van cantando en canciones y puesto en historias, lo han hecho parte de sus usos y costumbres, de sus lenguas y dichos populares.

El gobierno de Estados Unidos con frecuencia ha llevado a cabo experimentos sin consentimiento informado de los sujetos. Se administró estrógeno a niveles de riesgo a mujeres mientras se probaban las pastillas anticonceptivas. En otras investigaciones, se inyectó plutonio a pacientes hospitalizados que no se habían ofrecido como voluntarios para estudiar los efectos de ese elemento en el cuerpo humano. Dow Chemical, Johnson & Johnson y las autoridades de la cárcel de Pensilvania expusieron a los internos a químicos, entre ellos a dioxinas, para probar sus efectos. Muchas de las personas sometidas a este tipo de experimentación han muerto o han visto sus vidas dañadas de forma permanente. Todo esto en nombre del progreso o de las ganancias.

Frente a este modelo agrícola neoliberal, intensivo e insostenible, que se ha demostrado totalmente incapaz de satisfacer las necesidades alimentarias de las personas y el respeto a la naturaleza, y que es especialmente virulento con las mujeres, se plantea el paradigma alternativo de la soberanía alimentaria. Y es necesario que esta soberanía alimentaria sea profundamente feminista e internacionalista, ya que su consecución sólo será posible a partir de la plena igualdad entre hombres y mujeres y el libre acceso a los medios de producción, distribución y consumo de alimentos, así como a partir de la solidaridad entre los pueblos, lejos de las proclamas chovinistas de “primero lo nuestro”.

En el debate por los derechos alimentarios de los pueblos indígenas, la autonomía se explica por la capacidad de los productores de decidir los sistemas de producción (comercial o de autoconsumo), el tipo de insumos (químicos u orgánicos) y el tipo de semillas utilizadas (nativas, híbridas comerciales o transgénicas). La autonomía de los pueblos indígenas para decidir sus procesos de producción se acerca al concepto de soberanía alimentaria. El concepto de soberanía alimentaria es, por tanto, una manera de ejercer la autonomía indígena en el marco del derecho a la alimentación.

Los copatrocinadores presentamos esta resolución para que se reconozca el derecho humano al agua y al saneamiento en momentos en los cuales las enfermedades provocadas por falta de agua potable y saneamiento provocan más muertes que cualquiera de las guerras. En todo momento la mitad de las camas de los hospitales de todo el mundo están ocupadas por pacientes que padecen enfermedades asociadas con la falta de acceso al agua potable y la falta de saneamiento.

Las disposiciones legales protegen los intereses ambientales con una clara tendencia ‘antropocéntrica’, es decir, buscan garantizar la satisfacción de las necesidades de la población asegurando la disponibilidad de los recursos para generaciones posteriores; sin embargo encontramos en la misma LGEEPA con posterioridad a las reformas del 13 de diciembre de 1996, una disposición con tendencia ‘naturocentrista’ que pretende otorgar protección a un área, con espíritu conservacionista estricto, sin tomar en cuenta factores que están directamente relacionados con el entorno ambiental, como lo económico o social, vulnerando los derechos humanos de los pobladores dentro y en las inmediaciones de la reserva, lo que implica la generación del conflicto normativo.

Para quienes viven en la pobreza, los Objetivos de Desarrollo del Milenio no han sido nunca objetivos abstractos o meras aspiraciones, sino que constituyen el camino hacia una vida mejor. Una vida con acceso a alimentación e ingresos adecuados, servicios básicos de educación y salud, servicios de agua potable y saneamiento y al empoderamiento de la mujer. En pocas palabras, el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio es un hito importante en nuestra búsqueda de un mundo más justo y pacífico.