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El MARN Legitima el Ecocidio en la Cuenca del río Motatán
20-04-04 Por Dr. Edgar Jaimes e Ing. José Gregorio Mendoza

Es obvio que el daño ecológico que hoy se evidencia en la cuenca del río Motatán es la expresión de un problema global de una alta complejidad funcional, estructural y evolutiva que amerita también estrategias complejas para lograr, a un mediano y largo plazo, soluciones factibles, eficientes y efectivas

Ante las declaraciones formuladas por el Ing. Walter D'Orazio, Director Regional del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN), Región Trujillo, en respuesta a las denuncias planteadas por los concejales Rafael Chuecos y Alfredo Cedeño, del municipio Motatán, queremos fijar nuestra posición como técnicos e investigadores, conocedores desde hace más de diez años de la problemática ambiental que caracteriza a la cuenca del río Motatán. En este sentido, puntualizamos lo siguiente:

1. Las causas que han venido originando un deterioro cada vez más creciente de esta importante cuenca hidrográfica, así como de los efectos y consecuencias colaterales significativos, que frenan su desarrollo sustentable en un mediano plazo, son bien conocidos por la colectividad trujillana, toda vez que desde hace diez años, a través del Grupo de Investigación de Suelos y Aguas (GISA), junto con otras instituciones del NURR - ULA, ONG's e individualidades conocedoras de dicha problemática; la hemos venido precisando, discutiendo y difundiendo a través de reportajes, jornadas ambientales, foros, seminarios, conferencias y mediante trabajos en grupos interdisciplinarios.

2. Las causas más relevantes que, evidentemente, han deteriorado la cuenca del río Motatán son las siguientes:
2.1. Deficiente extensión o intercambio de conocimientos entre los agricultores y los extensionistas agrícolas, sobre prácticas agroecológicas y de tecnologías apropiadas para el manejo y uso sostenible de los recursos naturales.
2.2. Manejo inadecuado de los Sistemas de Producción Agrícola (SPA) con respecto a las condiciones agroclimáticas, fisiográficas y socioeconómicas predominantes en el área rural.
2.3. Ausencia de políticas agrícolas y ambientales con un enfoque integral, basadas en el plan de ordenamiento territorial.
2.4. Falta de gerencia técnica capaz de identificar prioridades en el sector agrícola.
2.5. Poca observancia de las leyes, reglamentos y ordenanzas en lo referente a la actividad agrícola y a la conservación del ambiente.
2.6. Falta de integración en el diseño y aplicación de los programas educativos referentes a la conservación de los recursos naturales.
2.7. Deficiente manejo de los recursos financieros destinados a la atención de problemas ambientales y agroecológicos prioritarios.
2.8. Incremento en la frecuencia de eventos climáticos inesperados y extremos.
2.9. Desvinculación de las comunidades con los sectores productivos, gubernamentales y de ciencia y tecnología en la solución efectiva de problemas agroecológicos y ambientales.
2.10. Subutilización del recurso humano con capacitación técnica y científica para el análisis y solución de problemas agroecológicos y ambientales.
2.11. Deficiente uso, manejo y mantenimiento de la infraestructura y servicios de soporte a los Sistemas de Producción Agrícolas.
2.12. Carencia de planes operativos por parte de los organismos gubernamentales, mediante los cuales quede explícita la voluntad política de dar respuesta a las comunidades.

3. Por su parte, los efectos estrechamente asociados con las causas antes indicadas, que más destacan son:
3.1. Avance de la frontera agrícola en forma desordenada.
3.2. Pérdidas en la cantidad y calidad de los recursos naturales.
3.3. Disminución del caudal en las fuentes de agua superficiales.
3.4. Contaminación creciente y sostenida de los recursos naturales.
3.5. Aumento de la torrencialidad en ríos y quebradas.
3.6. Incremento de la sedimentación en drenajes naturales y en obras hidráulicas.
3.7. Generación de conflictos de uso y manejo de los recursos naturales.
3.8. Baja productividad y eficiencia de los sistemas de producción agrícolas.
3.9. Migración de la población joven hacia los centros urbanos, con poco retorno a su sitio de origen.
3.10. Desvalorización del ambiente escénico-recreativo de los paisajes y del ecoturismo.
3.11. Inadecuado manejo de los desechos contaminantes.
3.12. Disminución de la calidad de vida en centros poblados.

4. Con base a la experticia antes señalada, incluida en varios informes y artículos técnicos y científicos, la mayoría de los cuales han sido publicados por revistas especializadas de reconocido prestigio académico, tanto de Venezuela como de otros países, es obvio que el daño ecológico que hoy se evidencia en la cuenca del río Motatán es la expresión de un problema global de una alta complejidad funcional, estructural y evolutiva que amerita también estrategias complejas para lograr, a un mediano y largo plazo, soluciones factibles, eficientes y efectivas que contribuyan con la sostenibilidad de la totalidad de un ecosistema, que cada día que pasa se torna frágil y susceptible de ser degradado.

5. En ese sentido, es pertinente acotar que no basta con tener funcionarios en el MARN que garanticen el fiel cumplimiento de las pautas establecidas en los permisos que se otorgan ya que, por encima de cualquier norma o regla, está la seguridad de que no se va a causar un daño ambiental. En efecto, lo afirmado por el Ing. D'Orazio, expresa una contradicción notoria con su responsabilidad como funcionario garante de la conservación ambiental, ya que, por una parte, está plenamente conciente del daño que se le pudiera hacer a la naturaleza a través de actividades extractivas de sus recursos, pero, no obstante, emiten permisos para su explotación (en este caso, extracción de arenas y piedras del curso actual del río Motatán) que, inexorablemente, intensificarán, en el corto y mediano plazo, el deterioro ambiental y, por ende, afectarán negativamente la calidad de vida de más 500.000 personas asentadas a todo lo largo y ancho de esta cuenca productora de agua. Desde esta perspectiva diera la impresión que el MARN legalizó el ECOCIDIO de gran parte de la cuenca hidrográfica del río Motatán, a través del otorgamiento de permisos para la explotación irracional de los recursos naturales en dicho ecosistema.

6. Muchas son las razones que explicarían estas contradicciones: una es la ineptitud e irresponsabilidad del MARN, bien por desconocimiento o desacato a la normativa ambiental, claramente expresada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; o por la no observancia de los principios ecológicos que rigen en el funcionamiento y evolución de los ecosistemas. Otras razones están asociadas con las diversas formas de corrupción administrativa, entre las que se incluyen el tráfico de influencias, el dolo y la negligencia por parte del MARN, porque ¿Cómo se explica que el MARN otorgue permisos a las areneras a sabiendas de que este tipo de explotación de los recursos naturales va a causar un daño ambiental significativo? Como prueba de ellos están todos los permisos otorgados por el MARN a empresas que han venido explotando el cauce del río Motatán, desde la cercanías de Timotes hasta más abajo del vaso de la represa Agua Viva, desde hace 20 años.

7. Tampoco es válido exigir que se reforesten dos hectáreas por cada una de las empresas areneras porque sería legitimar el ecocidio causado a la cuenca del río Motatán. En todo caso, es competencia y responsabilidad del MARN iniciar, en lo inmediato, la recuperación o restauración de las áreas degradadas a lo largo y ancho de la cuenca, determinando con criterios técnicos y científicos los sitios que puedan ser utilizados para el saque de arenas (no en las cauces) sino en emplazamientos detríticos espesos, acumulados durante el cuaternario; que existen en áreas localizadas en el piedemonte de la cordillera, específicamente entre los sectores El Gallo (limítrofe con estado Zulia) y Buena Vista (limítrofe con el estado Mérida), además de otras áreas debidamente identificables. Esta explotación estaría sujeta no sólo a la normativa vigente sino a la certeza de que no se ocasionará un daño ambiental significativo. Además, se les debería exigir a las empresas no la reforestación de dos hectáreas, sino la restauración o recuperación de un área degradada por cada empresa (por ejemplo, las cárcavas existentes en la totalidad de la cuenca del río Motatán), con la debida supervisión y control por parte del MARN.

8. Por último, queremos informarle al Ing. D'Orazio que no basta con ir al Ministerio Público (Fiscalía) para corregir un problema, porque eso lo hicimos el 19 de febrero de 2003, en ocasión de solicitar la apertura de una investigación penal con base a "Notitia criminis", en relación con el ecocidio cometido en la Represa de Agua Viva, con el aval del MARN, y hasta la presente fecha no hemos recibido respuesta ni del Fiscal Superior del Estado Trujillo, ni de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional. Creemos sí que debe haber por parte del MARN y sus funcionarios una mayor dedicación al trabajo y voluntad de servicio para asegurarle al pueblo trujillano una calidad ambiental adecuada.

Dr. Edgar Jaimes e Ing. José Gregorio Mendoza
Grupo de Investigación de Suelos y Aguas
NURR - ULA - Trujillo - Venezuela


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