Basura desde Puerto Rico y Estados Unidos y Medio Ambiente Dominicano. Según un reporte de la Cepal que registra los últimos 20 años
La mayor amenaza de desechos tóxicos para el país la representan Estados Unidos y Puerto Rico, su estado libre asociado. Desde 1980, la nación norteamericana realizó 10 de los 12 intentos fallidos por arrojar residuos en República Dominicana, según un registro por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
El informe sobre tráfico ilícito de contaminantes, escrito por Edgardo Araneda para la Cepal en 1999, explica que Estados Unidos y Puerto Rico trataron de introducir al país desechos de PCB, un cancerígeno.
También, intentaron traer varios tóxicos, entre los que figuran cenizas de incinerador municipal, así como residuos químicos y de producción de antibióticos.
Pero la problemática con Estados Unidos va más allá del año 1980 que registra la Cepal. Para agosto de 1973, la firma estadounidense Wastes Sistems Engineering Corporation (WSEC) propuso la instalación en el país de una factoría para la industrialización de residuos procedentes de esa nación.
Para el ecologista Omar Ramírez, la amenaza ambiental de Puerto Rico no obedece a una política de Estado, sino a la iniciativa de empresas particulares que siempre encuentran apoyo de "cabilderos" interesados.
Asegura que en esta ocasión, para trer Fly Ash (ceniza volátil) como se debe llamar al rockash, se hizo gracias a la intermediación de Getulio Beato, un hombre de la entera confianza de Eligio Jáquez, alto dirigente del PPH (Proyecto Presidencial Hipólito).
Ramírez, quien pertenece al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), recuerda que en la entrada de las cenizas que resultan de la producción de energía en la termoeléctrica de AES, en Guayama, Puerto Rico, se violenta la legislación vigente. Las leyes 64-00, sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales y 218-84 establecen la prohibición a la importación de desechos.
Al igual que en esta oportunidad, en septiembre de 1976, Puerto Rico abrió un debate ecológico cuando ofreciF3 en venta a República Dominicana una planta de energía nuclear por un monto de 540 millones de dólares.
Rafael González Massenet, entonces Asesor de Contaminación Ambiental del
gobierno de Joaquín Balaguer, defendía la compra con el argumento de que la
vecina isla detuvo su demanda energética máxima y ya no necesitaba el reactor,
en el que había invertido 90 millones de dólares.
Alegaba que los desechos radioactivos serían guardados por miles de años en pequeños túneles que se abrirían en montañas.
Para 1980 Puerto Rico volvió a ser tema ambiental del país. En septiembre de ese año se registró una mortandad de peces en las aguas del canal de La Mona. Las autoridades dominicanas hallaron en la costa norte, flotando en el mar, varios barriles con sustancias químicas altamente contaminantes.
Desde Puerto Rico se informó que se trataba de una compañía que tenía contratado el derrame de sustancias químicas en la "fosa de Enares".
Amenaza boricua al país
La Cepal plantea que sólo en 1988 República Dominicana se vio amenazada por residuos tóxicos de otros países en cinco oportunidades. Ese año Estados Unidos trató de introducir al país unas 3.65 millones de toneladas de basura, alegando que se podría utilizar para la generación eléctrica.
Puerto Rico quiso introducir residuos de la producción de antibiótico con el pretexto de que sería destinado a la alimentación de ganado.
De Europa del Norte se trató de introducir al país desechos líquidos tóxicos con el pretexto de que serían utilizados en la purificación del agua (dilución). Para 1990 Estados Unidos trajo al país unas cenizas de un incinerador municipal que tienen cierta similitud con el rockash depositado en Montecristi y Samaná.
El material que sería destinado a la construcción de carretera contiene dioxinas, metales pesados y otros químicos que resultan "potencialmente tóxicos y ecotóxicos", según la Cepal.
Los movimientos ambientalistas locales evitaron la entrada de estos desechos. El Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, del 22 de marzo 1989, constituye el instrumento jurídico principal en esa lucha.
Por Panky Corcino
El Caribe
Enviado por
José Antinoe Fiallo Billini
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