Según la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea a mediados del año pasado España tenía abiertos 85 procedimientos de infracción, prácticamente el doble que el segundo y tercer clasificados en este "ranking de la vergüenza", Italia e Irlanda con 49 y 31 casos respectivamente.
El pasado viernes la Comisión Europea hizo pública su decisión de emprender cinco procedimientos de infracción contra España por otros tantos casos de incumplimiento de la legislación ambiental comunitaria referida al tratamiento de las aguas residuales, la eliminación de residuos y la conservación de las aves y los hábitats, siendo Ecologistas en Acción denunciante de alguno de estos casos. España está a la cabeza de Europa en lo que a infracciones medioambientales se refiere.
La Comisión Europea va a emprender acciones legales contra España por infracciones al medioambiente. La decisión judicial de la Comisión está dirigida en este caso a conseguir el saneamiento de las aguas de baño de Sueca (Valencia), el saneamiento de vertederos incontrolados en Almería y la protección de importantes áreas naturales en Cataluña, Castilla y León, Alicante y las islas Baleares. España será demandada ante el Tribunal de Justicia por tres de estos casos y en otros dos recibirá un apercibimiento final, que constituye el último paso antes de elevar el caso al Tribunal. Ecologistas en Acción figura como denunciante en alguno de los casos.
En realidad esta noticia no resulta sorprendente puesto que España es el país de la Unión Europea que más procedimientos de infracción tiene abiertos en la Comisión Europea por incumplimiento de la normativa ambiental comunitaria. De hecho, según los datos aportados por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea a mediados del año pasado España tenía abiertos 85 procedimientos de infracción, prácticamente el doble que el segundo y tercer clasificados en este "ranking de la vergüenza", Italia e Irlanda con 49 y 31 casos respectivamente.
Ecologistas en Acción viene constantemente denunciado esta vulneración generalizada de una normativa comunitaria que aspira a garantizar una elevada protección del medio ambiente y de la calidad de vida y que, sin embargo, es sistemáticamente ignorada por las autoridades estatales, autonómicas y locales, lo que nos obliga a recurrir como en esta ocasión al amparo de las instituciones europeas para frenar las más graves agresiones a nuestro entorno.
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