En un acto a todas luces inconstitucional, el gobierno del estado de Chiapas, encabezado por Pablo Salazar Mendiguchía, abrió a consulta de actores internacionales la "Iniciativa de ley para la conservación de la biodiversidad y la protección ambiental del estado de Chiapas", misma que pretende abrir mercados "legales" para acceder a los recursos genéticos y la biodiversidad de uno de los estados más ricos de nuestro país, denunciaron las organizaciones Greenpeace México y Maderas del Pueblo del Sureste.

La última sesión de esta consulta "internacional" se llevará a cabo los días 10 y 11 de marzo en San Cristóbal de Las Casas, donde diversas organizaciones locales se manifestarán en contra de posibilidad de que dicha iniciativa sea avalada como formalmente consultada.

·Esta Iniciativa de ley es una cuestión de soberanía nacional puesto que involucra el manejo de los recursos estratégicos de Chiapas, que es uno de los estados con mayor riqueza biológica en el país. Sin embargo se lleva a cabo una consulta internacional. ¿Por qué se pone a consulta de actores e intereses de otros países un tema de exclusivo interés nacional? Esta consulta además de inconstitucional es ilegítima, pues no se ha garantizado la participación y el consenso de comuneros, ejidatarios y pueblos indígenas de Chiapas, principales propietarios y custodios de la biodiversidad de la región, como establece la Constitución mexicana en sus artículos 4º, 26 y 27?, afirmó María Colín, asesora legal de la campaña de Ingeniería Genética Greenpeace México, quien acudió a la "consulta" para señalar los defectos graves y las implicaciones de la iniciativa.

"La iniciativa parece más un catálogo de próxima apertura de servicios ambientales y comercialización de recursos biológicos que una verdadero esfuerzo para la conservación de la biodiversidad", afirmó Colín.

El gobierno de Chiapas pretende legalizar, mediante un proceso de supuesta consulta pública[1], la apertura legal de particulares al acceso de recursos genéticos, al conocimiento tradicional y a los servicios ambientales. La iniciativa propone la distribución de los beneficios y costos derivados del aprovechamiento de la biodiversidad y de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas; reconoce la posibilidad de realizar bioprospección para aplicación industrial o aprovechamiento comercial, el uso de transgénicos, así como la instalación del sistema de servicios ambientales.

Más aún, la propuesta contempla también la creación de áreas de conservación privadas y aunque habla de la distribución "equitativa" de los beneficios, no establece ningún procedimiento claro que apunte en esa dirección.

"Es claro que el objetivo de dicha legislación local es legalizar y regular las inversiones privadas en riqueza biológica en dicha zona, antes que en preservar esos recursos cruciales para la Nación y para las comunidades y pueblos indígenas de Chiapas, que son los verdaderos responsables de su preservación y conservación, además de sus legítimos dueños", afirmó Colín.

Entre las propuestas más descabelladas de la iniciativa está la de permitir aprovechamientos por parte de terceros en tierras que sean propiedad, posesión o utilizadas por los pueblos indígenas, únicamente con el consentimiento informado previo de sus autoridades representativas (artículo 136).

"En ningún momento la iniciativa establece mecanismos claros y contundentes para reconocer y respetar los derechos indígenas, mucho menos pretende apegarse al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El actual proceso de consulta no cuenta ni siquiera con la participación de los pueblos indígenas de Chiapas, pero sí con representantes de otros países y muy probablemente de intereses corporativos", señaló Colín.

El ánimo privatizador de la propuesta se hace evidente con las declaraciones del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alberto Cárdenas, quién expresó: "en Chiapas se abren oportunidades para mercados legales de los recursos genéticos y la biodiversidad, ya que esa entidad es la segunda más rica del país en estos recursos[2], donde además de los aspectos mencionados resaltó los servicios ambientales y el ecoturismo. En su intervención, el funcionario se refirió a Chiapas como "un estado prioritario"".

Diversas organizaciones de Chiapas como como Compitch (Consejo de médicos y parteras tradicionales de Chiapas) y Maderas del Pueblos del Sureste protestarán afuera del lugar donde se llevará a cabo la supuesta consulta. Para diversas organizaciones sociales y civiles de Chiapas (en particular las vinculadas con la medicina indígena) abrir a consulta "internacional" una ley nacional, especialmente tratándose de un tema estratégico como la biodiversidad y los saberes ancestrales, es una violación a la soberanía nacional y a la propia Constitución.

Miguel Ángel García, de Maderas del Pueblo del Sureste, recalcó el cuestionamiento público de la consulta "internacional": "La apertura a una consulta "internacional" de una legislación del segundo estado del país más biodiverso y de mayor diversidad cultural, que es uno de los centros de origen del maíz y cuna de la cultura mesoamericana y que por lo mismo posee una larga e importante tradición de conocimiento indígena sobre el uso de esta biodiversidad significa una inconstitucional apertura a la injerencia de los intereses corporativos multinacionales (biotecnológicos, farmaceúticos, agroalimentarios) que ambicionan apoderarse de las riquezas de la zona y controlar esos territorios, disfrazando el saqueo con un discurso "verde" que supuestamente traerá "beneficios para la humanidad"".

Para mayor información comunicarse con Cecilia Navarro en los teléfonos 5530-2165 ext. 220 y 04455 5172 9869 o con Miguel Ángel García al teléfono 044 (01) 96 7102 7491 o visitar la página www.greenpeace.org.mx.

[1] Consultar: www.chiapas.gob.mx/ciudadania/

[2] La Jornada, 8 de marzo de 2005, nota "Firman convenio autoridades de esa entidad y Wisconsin ".