Una ONG canadiense solicitó al Fiscal General de Canadá que emita una orden de detención contra el Primer Ministro de Canadá y el Ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, por haber colaborado con sociedades mineras que violan los derechos humanos y que menosprecian la vida humana.

El informe llama al Gobierno a:
Dejar de utilizar el dinero del contribuyente para apoyar proyectos de explotación minera canadienses destructivos en el extranjero

Hacer a las compañías mineras canadienses legalmente responsable de los daños al medio ambiente y por las violaciones a los derechos humanos en los otros países
Forzar al Banco Mundial a respetar los derechos humanos.

Comité Canadiense para Combatir los Crímenes Contra la Humanidad
Comunicado de prensa

Paul Martin y Pierre Pettigrew acusados de cometer crimen de lesa majestad y de complicidad por crimen contra la humanidad y genocidio.

El CCCCH, una ONG con sede social en Montreal, solicita al Fiscal General de Canadá que emita una orden de detención contra Paul Martin, Primer Ministro de Canadá y Pierre Pettigrew, Ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, por haber erigido en política de Estado una colaboración con sociedades mineras que violan los derechos humanos y que menosprecian la vida humana.

El CCCCH presentó el viernes 13 de enero una memoria acusatoria al Fiscal General de Canadá a raíz de la respuesta del Gobierno a un informe del Parlamento de Canadá que recomendaba medidas legales obligatorias para detener los devastadores impactos sociales y del medio ambiente de operaciones de explotación minera canadienses. El Ministro de Asuntos Exteriores Pierre Pettigrew barrió el informe bajo el tapis en una respuesta oficial calificada por la opinión pública canadiense como "misericordiosamente tonta o simplemente engañosa" (Drohan, Madelaine, Globe and Mail 20 de octubre de 2005).

El reciente informe parlamentario llama al Gobierno a: (a) dejar de utilizar el dinero del contribuyente para apoyar proyectos de explotación minera canadienses destructivos en el extranjero; (b) hacer a las compañías mineras canadienses legalmente responsable de los daños al medio ambiente y por las violaciones a los derechos humanos en los otros países, y; (c) forzar al Banco Mundial a respetar los derechos humanos. Ahora bien el gobierno canadiense, según la respuesta al informe entregada por Pettigrew, prefirió mantener su adhesión a las directivas voluntarias para las empresas multinacionales demostrando así su menosprecio inaudito para la vida humana.

En efecto, los accidentes en la industria extractiva han segado la vida a más de 800 personas a través del mundo, sin contar aquéllos que mueren decenas de años después de estos accidentes. A Stava solamente, Trento, Italia, en julio de 1985, 268 personas fueron enterradas vivas bajo 2000,000 m3 de barro tóxico que se escapó de un pozo de relave de una mina de fluorita y todos los canadienses deben ciertamente acordarse de los trágicos acontecimientos de la mina de carbón de Westray en Nuevo Escocia, el 9 de mayo de 1992, donde murieron 26 trabajadores canadienses.

No obstante, en su respuesta a los parlamentarios el Ministro Pettigrew reconoce con gran euforia el apoyo otorgado por el gobierno canadiense a la industria extractiva, en particular a la del oro. Este panegírico engañoso de la industria de extracción otorgado por el Ministro Pettigrew posee la virtud de informar inmediatamente que el gobierno de Canadá apoya la extracción del oro con la utilización de cianuro, un producto químico tóxico y considerado arma de destrucción masiva por el Servicio canadiense de la información de seguridad y cuyos desbordamientos tóxicos mataron incluso niños. El ministro afirma alegremente además que las actividades que rodean la extracción del oro que utiliza la lixiviación con cianuro son actividades que «obtienen numerosas ventajas para el Canadá» pues, a su modo de ver «el aumento de las exportaciones, la creación de empleos en el país, la repatriación de los beneficios y la mayor competitividad de la economía canadiense a la escala internacional» son réditos normales obtenidos con el envenenamiento de las poblaciones civiles en ultramar.

En consecuencia, ante este menosprecio para la vida humana el CCCCH, en una memoria de 248 páginas, solicita al Fiscal General de Canadá una orden de arresto contra Paul Martin, Primer Ministro de Canadá, a título de jefe de gobierno y Pierre Pettigrew, Ministro de Asuntos Exteriores de Canadá por su asociación y colaboración reconocida con sociedades canadienses que cometen crímenes contra la humanidad y genocidio.

Estos dos individuos tienen papeles diferentes en el gobierno pero el CCCCH mantiene que actuaban juntos como parte de una política de Estado que tiene a su base el menosprecio para la vida humana. Por lo tanto y en virtud de la jurisprudencia Erdemovic cometieron no solo crimen contra la humanidad, sino que también al haber erigido la complicidad a estos crímenes en política de Estado cometieron un crimen de lesa majestad y en virtud de la jurisprudencia Scillingo son personalmente responsables de los crímenes cometidos por sus asociados corporativos.

El CCCCH pide también al Fiscal General de Canadá asignar a un tribunal para permitir a la sociedad civil internacional aportar las evidencias contra estos individuos y le ruega que dé una respuesta cuanto antes. Si Canadá considera que sus tribunales nacionales no están habilitados para tratar el caso expuesto el CCCCH recurrirá a las cortes internacionales.

El CCCCH esperará la respuesta del sistema jurídico internacional para actuar de la misma forma contra los políticos de los países que aceptarán la lixiviación del oro con cianuro, y contra los funcionarios públicos de estos países que procedan a otorgar permisos para las operaciones que incluyen derrame en la atmósfera de los gases tóxicos de cianuro. Procederá así mismo con los inversionistas institucionales y privados que hacen o permiten el financiamiento de las industrias extractivas que utilizan la lixiviación con cianuro, porque dando su apoyo financiero a estas actividades criminales se constituyen en cómplices de violaciones a los derechos humanos.

El CCCCH pide a la sociedad civil internacional darle su apoyo en esta campaña y enviar las evidencias de crímenes cometidas por las sociedades canadienses que operan en el extranjero. www.ecoportal.net

Bruce Katz, presidente CCCCH (514) 387-0149
René Silva, director CCCCH (514) 387-0149
Comité Canadien pour Combattre les Crimes Contre l’Humanité
www.comitecanadien.org

Enviado por
Humberto Kadomoto