Los movimientos sociales que luchan contra la privatización del agua se han convertido en referentes mundiales y Evo quiere reforzar la tradición institucionalizando un estamento gubernamental que apoye esa lucha.
El presidente electo de Evo Morales ha querido dar una señal al sector más aguerrido del movimiento popular boliviano con la creación del Ministerio de Agua, único en su género y el primero de este tipo en el Poder Ejecutivo. En Bolivia se han producido dos levantamientos populares contra la privatización del agua, el primero en Cochabamba en abril de 2000, enfrentando a la transnacional Bechtel, y el segundo en El Alto, en enero de 2005, contra una subsidiaria de la corporación francesa Suez.
Los movimientos sociales que luchan contra la privatización del agua se han convertido en referentes mundiales y Evo quiere reforzar la tradición institucionalizando un estamento gubernamental que apoye esa lucha. El gobierno de Morales decidió crear el Ministerio de Agua con el objetivo de contar con una estructura estatal especializada en garantizar el acceso de este elemento a toda la población y preservar su carácter público. “El agua no puede ser un negocio privado porque (si se convierte en una mercancía) se estaría violando los derechos humanos. El recurso agua debe ser un servicio público”, enfatiza el Presidente electo.
El gran desafío del futuro gobierno en consolidar el Ministerio del Agua unificando a las diferentes reparticiones públicas que actualmente administran el recurso natural de manera aislada. La lógica privatizadora y mercantilista que imperó en el país en las últimas dos décadas propició una administración hídrica no integral sino parcelada con el fin de facilitar las concesiones privadas de recursos acuíferos. Como consecuencia de esa concepción neoliberal, se puede decir que el recurso casi fue “descuartizado” en diversas instancias del Poder Ejecutivo y de las superintendencias sectoriales.
En la actualidad, el Ministerio de Asuntos Campesinos se ocupa del riego; el Ministerio de Saneamiento y Obras Públicas atiende el agua potable y saneamiento básico; el Ministerio de Medio Ambiente controla la Dirección de Cuentas y la Cancillería vela por las aguas internacionales. Además, existen otras dependencias que disponen del recurso agua sin someterse al control estatal, como las superintendencias sectoriales de Electricidad, Hidrocarburos y Minería. El desafío del futuro gobierno es unir todas estas reparticiones estatales en una sola estructura, el Ministerio del Agua, para desarrollar un control efectivo de los usos del agua, incluidos los usos industriales.
El gobierno del MAS planea diseñar una política nacional de recursos hídricos y normas para el manejo y la conservación de cuencas que garantice y proteja legalmente los derechos de comunidades indígenas y campesinas a las fuentes de agua. Dicha política regularizaría los derechos de aguas, incluiría planes nacionales y regionales de riego; reconocería los derechos de aguas para uso agropecuario y forestal; y propiciaría la transferencia de infraestructura de riego y microriego.
EN BUSCA DE UNA POLÍTICA NACIONAL DEL AGUA
Para conseguir estos objetivos el MAS se propone diseñar una Estrategia Nacional del Agua y de los Recursos Hídricos en función de la estrategia de defensa de la soberanía y seguridad nacionales. La iniciativa incluye la concertación de una nueva Ley de Aguas y su reglamentación ajustada a la estrategia nacional del agua; el rediseño de las políticas y planes nacionales y regionales de riego ajustados a los objetivos nacionales de soberanía alimentaria; el diseño de la Estrategia Nacional de Manejo de Cuencas en función de la estrategia nacional del agua, y el diseño concertado de la Política Nacional de Agua Potable y el Plan Nacional Decenal de Agua Potable.
Una de las primeras tareas del futuro gobierno será regularizar los derechos de agua para que en el mediano plazo gran parte de las organizaciones de regantes, comunidades indígenas y campesinas obtengan el registro de sus derechos como respaldo legal para el uso de sus fuentes de agua para riego.
A la vez, se pretende regularizar las licencias de prestación de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, para que las entidades públicas y sociales cuenten con planes quinquenales, anuales y de desarrollo de largo plazo que amplíen y mejoren sus servicios.
EMPRESAS SOCIALES
Durante la campaña, el MAS prometió apoyar y promocionar estrategias locales, departamentales, de carácter municipal, intermunicipal, metropolitano que fortalezcan servicios públicos y sociales de agua potable y alcantarillado sanitario. El partido de Evo dijo que concertaría un modelo institucional participativo de regulación del sector a través de una Dirección Nacional.
También prometió modificar la indexación al dólar de las tarifas de servicios de agua potable y alcantarillado, estableciendo una estructura tarifaria indexada a las Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV), y aumentar la inversión pública nacional, departamental y municipal en servicios de agua y alcantarillado para superar los actuales déficits de cobertura.
LOS DESAFÍOS INMEDIATOS DEL MAS
Antes de poner en marcha su plan para el sector hídrico, el gobierno del MAS debe resolver dos conflictos pendientes que podrían complicarle las cosas: La terminación del contrato con Aguas del Illimani (AISA), concesionaria del servicio en La Paz y El Alto, y la liquidación de la empresa Aguas del Tunari (ADT).
Si bien el conflicto con ADT llegó a buen puerto luego de que el gobierno comprara el 80 por ciento de las acciones a International Water y a Abengoa –librando de esta manera al Estado de un juicio internacional en el Ciadi por 50 millones de dólares–, todavía queda por resolver la disolución de la empresa. Para lograr ese objetivo, el futuro gobierno debe negociar con capitalistas bolivianos que poseen el 20% de las acciones de ADT, entre ellos el empresario Samuel Doria Medina (5%),? la empresa ICE Agua y Energía SA (5%), la Compañía Boliviana de Ingeniería SRL (5%) y la constructora Petricevic (5%).
Por otro lado, en el caso de AISA, los vecinos de El Alto comienzan a impacientarse y parecen ya no estar dispuestos a esperar mucho tiempo más la resolución del conflicto con la subsidiaria de Suez. Si bien la Superintendencia de Saneamiento Básico (Sisab) suscribió un contrato con la firma Pozo Asociados Auditores para realizar una auditoría regulatoria a la empresa que abarque el período 1997-2005 –investigación que permitiría evaluar el trabajo de la compañía y eventualmente confirmar ineficiencias que permitan rescindir su contrato–, algunos vecinos de la ciudad de El Alto consideran que esa auditoría no resolverá sus necesidades inmediatas y ya hablan de tomar físicamente las instalaciones de AISA.
Por ejemplo, los vecinos del Distrito 4 se desmarcaron de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) al rechazar cualquier tipo de auditaje, pues esa investigación tardará mucho y sólo retrasará la atención de sus demandas, es decir acceder al agua potable. Haya o no auditoría, razonan algunos vecinos, la transnacional Suez iniciará a un arbitraje internacional. Por tanto, los vecinos no descartan una toma física para que la empresa, al menos, tenga una razón para juzgar al país.
Se estima que los resultados de la auditoría serán conocidos en la segunda quincena de febrero de 2006 o principios de marzo. El gobierno pagará alrededor de 360 mil dólares por el trabajo. www.ecoportal.net
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