Las personas y organizaciones firmantes expresamos nuestro absoluto rechazo al manejo discrecional e inconsulto de la política minera que se quiere aplicar en nuestro país, y que es consecuencia directa de las políticas neoliberales aplicadas en la década anterior en más de 70 países.
Señor Presidente
Las personas y organizaciones firmantes expresamos nuestro absoluto rechazo al manejo discrecional e inconsulto de la política minera que se quiere aplicar en nuestro país, y que es consecuencia directa de las políticas neoliberales aplicadas en la década anterior en más de 70 países. También de las relaciones extorsivas asociadas a la deuda externa y otras formas de concentración de poder y riqueza. No es el resultado de la voluntad popular. En nuestro país, el paquete de leyes que favorece a ese sector (y no a la economía nacional) fue "logrado" aprovechando huecos y desconocimiento, usando una credibilidad construida con una mezcla de relaciones públicas "verdes", lobbies y presiones estructurales, entre las cuales se cuentan las autodenominadas "prescripciones" del Banco Mundial, contratado a tal efecto por estos mismos sectores.
Esas medidas serán legales, pero son indiscutiblemente ilegítimas pues fueron acordadas a espaldas de la ciudadanía, a quien se mantuvo y mantiene en total desinformación, puesto que: a) no se brinda la información pública que el Estado tiene obligación de otorgar, incluyendo la transparencia de las actvidades y/o proyectos del sector minero que, por su trascendencia, no puede ser considerada información "privada"; b) se manipulan y falsean, los estudios de impacto ambiental y las verdaderas consecuencias que provocan los emprendimientos mineros; c) se impide la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones.Se trata de una transformación enorme, basada en vagas promesas y cuestionables presunciones acerca del uso intensivo de recursos estratégicos, incluyendo los cursos de agua, que amenazan con DESTRUIR, no "crear", puestos de trabajo y ocasionar, entre muchas otras consecuencias, contaminación a largo plazo que afectará la producción rural, el turismo y la imagen de la región. El sector minero, consciente de que debe actuar con velocidad, pues tiene horizontes que no exceden los 10 a 15 años, publicita el movimiento de sus equipos, elementos químicos, explosivos y gente como una "inversión" e "importante logro" de dimensiones internacionales. ¿Quién duda de que sea “importante” o que tenga "dimensiones internacionales"? Lo que dudamos es que sea un avance concreto para nuestro país, su gente, su economía y la naturaleza.
Al dirigirnos a usted apelamos a la inteligencia y sensibilidad política que todo gobernante democrático debe tener para escuchar a quienes representa, ya que con claridad y energía se han manifestado en contra de estos emprendimientos y de las campañas de promoción que su gobierno realiza.
Como representantes de la ciudadanía, señor Presidente, usted y los funcionarios que apoyan la minería han omitido consultar a la población acerca de una cuestión tan relevante y con tantas consecuencias negativas probadas.
Sobre esa consulta no realizada hasta ahora sólo caben dos lecturas:
La primera, más benévola, es que el gobierno, integrado por vecinos con todas las bondades y limitaciones de su condición y clase, sencillamente desconoce las complejidades y antecedentes del tema. No los culpamos: nadie, para ser funcionario, necesita ser especialista en todo. Lo que deben hacer, por consiguiente, es consultar, tomarse y dar el tiempo necesario para reflexionar, comparar, ponderar ventajas y desventajas.
¿Lo han hecho? No tenemos noticias de ello, a menos que haya sido en círculos cerrados y consideren que eso sea "consultar". Si ese fuera el caso estaríamos en condiciones de sacar la primera conclusión: que el gobierno actúa en nombre de una ciudadanía que sólo figura en su imaginación o, peor, que opera a espaldas de los intereses de la ciudadanía y es funcionalmente cómplice de los intereses extractivos. Esa, la de la complicidad, sería la segunda posibilidad y, Señor Presidente, nos resistimos a aceptarla.
Nos atrevemos a afirmar, como quedó demostrado en ese histórico antecedente que produjo Esquel, donde la población rechazó terminantemente la minería, que el resto de los argentinos y argentinas -en conocimiento de las pretensiones mineras- igualmente rechazarían esta “política” del estado. La profunda y rica experiencia social vivida en la Comarca debe ser algo desconocido o bastante incómodo para su gobierno, pues no tenemos registro de que siquiera la haya valorado públicamente en todas sus dimensiones. En cambio verificamos que apoya sin reparos ese método de obtener dinero para unas empresas y sus accionistas basado en la mera destrucción ambiental, pues leemos que se reúnen en salones repletos de representantes empresariales para escuchar sus promesas y soñar con los gaseosos beneficios de una Argentina "minera". Hay alternativas en verdad sustentables, democráticas y socialmente válidas para el país.
La amplia coalición de individuos y organizaciones que rechaza la minería imperial no lo hace por capricho o ignorancia. Lo hace para proteger la base económica del país, el protagonismo ciudadano, la democracia económica. Tiene mejores ideas y propuestas concretas y exige una profunda reorganización de prioridades, métodos y objetivos. Aplicarlos sería una experiencia modelo para todo el mundo porque ocurriría ANTES de que sucediesen los daños.
Finalmente retomamos conceptos de la carta abierta que la coalición de ONGs de Chubut y Río Negro dirigiera a los señores Lizurume y Verani el 23 de marzo de 2003 y de la Declaración de Andalgalá efectuada el 14 de agosto de 2005. Los hechos demuestran que no han sabido escuchar. Lea y juzgue por sí mismo:
La explotación minera forma parte de una descomunal pretensión privada de avanzar sobre toda la cordillera en el marco de un "Tratado de Integración Minera" firmado por funcionarios argentinos y chilenos en 1999. Al respecto decimos: - Que el arriba mencionado "Tratado de Integración Minera" ni siquiera prevé la integridad ambiental de los parques y reservas provinciales o nacionales, afectando a cuencas hídricas que desembocan en los dos océanos. Peor aún, es una economía de rapiña que afecta regiones habitadas, espacios recreativos, zonas productivas de alimentación y cursos de agua en un mundo que necesita defender, más que nunca, la pureza del ambiente porque eso -y no un "desarrollo sustentable" abstracto- es condición y garantía de trabajo para esta generación y las venideras.- Que todos los emprendimientos se localizan en zonas de fuentes y cursos de agua: glaciares, humedales, mallines, vertientes, arroyos, ríos, lagos y lagunas, de donde las poblaciones toman directamente el agua para sus actividades vitales. La Gran Minería consume millones de litros de agua por día, y la devuelve contaminada al ambiente. - Que, visto el mapa con las pretensiones de ese sector sobre toda la cordillera desde Jujuy hasta Santa Cruz, avaladas por un puñado de "representantes" de la Argentina por medio de leyes y decretos promulgados sin información previa, constatamos que el proyecto afecta a todos los argentinos por igual.- Que esto no es sólo un pésimo negocio sino que estamos ante la posibilidad cierta de una catástrofe ambiental y económica con múltiples consecuencias a corto y largo plazo.- Que esta actividad sólo es posible en el país porque está legitimada e incentivada por un marco legal colonialista, que consagra un régimen brutal de beneficios y exenciones fiscales a las empresas mineras, discriminatorias de todas las actividades productivas sustentables, que son realmente el motor de nuestras economías regionales. - Que las comunidades andinas han optado decididamente por un perfil agro-turístico apropiado a las posibilidades concretas de la región y su gente, siendo éste el camino deseable de desarrollo sustentable. - Que el valor y la imagen internacional de nuestra geografía natural, habitada y visitada por una sociedad conciente de tales características, es mucho más trascendental y materialmente tangible que el valor circunstancial de la minería. No reconocerlo es ir a contramano de los intereses económicos locales. La minería es una forma transitoria y riesgosa de "generar empleos" que excluye otras actividades económicas legítimas, mucho más cercanas a las necesidades gente. La minería y otras actividades extractivas de gran escala en realidad destruyen fuentes de trabajo.
Reiteramos, por lo tanto, las exigencias de la Declaración de Andalgalá:- Inmediata paralización de todos los emprendimientos mineros contaminantes a gran escala ya en marcha, en cualquiera de sus etapas, y suspensión de nuevos permisos y concesiones bajo el régimen legal actual. - Nulidad y Derogación del Régimen Legal Minero actual, y elaboración de un nuevo régimen, con participación de las Comunidades. - Impulsión de todas las causas judiciales concernientes a la contaminación ambiental y otros delitos provocados por la minería, y de las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos de quienes se oponen a ella. - Para todos los argentinos, conocimiento anticipado, consulta permanente e intervención directa en todas las decisiones estratégicas de la economía en todas sus dimensiones. - Inmediata aplicación de la Legislación Indígena comprendida en el Convenio 169 de la OIT (ratificado por el Congreso Nacional) que consagra la Autodeterminación de los Pueblos Originarios sobre sus Territorios y su desarrollo.
- Libertad y desprocesamiento de los luchadores sociales perseguidos por su oposición a la actividad minera. Agregamos: - Detención inmediata del inicio de la explotación de Veladero por la empresa Barrick Gold por los daños irreversibles que vendrán a sumarse a los ya efectuados y que entrañan la condena a los emprendimientos turísticos, a la producción agrícola y a los legítimos derechos de todas las comunidades afectadas que dependen de la provisión de agua por parte de los ríos que nacen en la zona Finalmente manifestamos que por todo lo expresado rechazamos esta forma catastrófica, desventajosa y antieconómica de obtener ganancias en la Argentina. Apelamos pues a su sentido de responsabilidad para cuidar la economía y respetar los derechos de la actual generación y de las que vendrán. Lo invitamos a ir al encuentro de la vida cotidiana de la población y de sus organizaciones, pero no para multiplicar el clientelismo o para instruir, sino para escuchar, aprender y obrar en consecuencia. www.ecoportal.net
Adhesiones: · Asociación Lihue – Bariloche – Río Nergro · PAS (Programa Argentina Sustentable), Equipo Regional Cipolletti - Alto Valle · Autoconvocados de Calingasta · Asociación de Usuarios del Servicio Financiero – Río Negro · Vecinos Autoconvocados de Maquinchao- Río Negro · FUNDEN· Marcelino Martínez Espinal - Red Centroamericana de Resistencia a la Minería· Sanjuaninos Autoconvocados No a la Mina · Federación de Viñateros y Productores Agropecuarios de San Juan · RENACE (Red Nacional de Acción Ecologista de Argentina)
- Comunidad del Limay
- VECINOS Autoconvocados del Lago Gutiérrrez
- Foro de Vecinos de Bariloche
- Vecinos Autoconvocados por Bahía Serena
- Vecinos Autoconvocados de Esquel por el NO A LA MINA
- Vecinos Autoconvocados "La Pirita" de Jacobacci
- ARCAN (Asociación Rionegrina de Caprinocultores de Angora)
- Asociación Ecologista Piuké
- APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos), Delegación Bariloche
- APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos), Delegación San Rafael
