El Salar de Huasco es una de las pocas fuentes de agua dulce del altiplano de la I Región y la minera Doña Inés Collahuasi pretender aprovecharla para sus faenas. La comunidad se niega y acusan a la empresa de haber secado otros salares. La guerra está declarada. Éste es uno de los casos que deberá zanjar la nueva autoridad ambiental, a sabiendas que al actual ritmo de explotación se vaticina una crisis hídrica en la zona en menos de 10 años.

De tanto en tanto el oasis de Pica se viste de luto. Banderas negras -ya desteñidas por la fuerza del sol- flamean en los caseríos de la zona para hacer patente la declaración de guerra de los habitantes del oasis: impedir que la empresa Doña Inés de Collahuasi logre explotar las reservas de agua de la laguna del Salar de Huasco.

Sus razones son claras. Primero, acusan a la empresa de un mal manejo ambiental en otros salares, como el de Michinca y Coposa. El primero simplemente se secó, mientras el segundo vio reducido su caudal de 90 a 20 litros por segundo en cinco años, cuando debía reducirse a la mitad en 25 años de explotación. Lo anterior significa sólo una cosa para los agricultores: Huasco corre peligro y ellos también.

Segundo, dicen que no hay estudios técnicos fiables que certifiquen que la laguna del Huasco no tiene conexiones subterráneas con las vertientes que nutren el oasis y permiten la fruticultura en la zona. Ello sin contar con que dicho humedal altoandino está protegido por convenciones internacionales y nacionales, debido a su ecosistema único (ver recuadro).

Por todo lo anterior, Luz Morales (80), presidenta de la Asociación de Propietarios Agrícolas de Resbaladero, Bandas y Las Animas, en Pica, no está dispuesta a ceder. Las disputas con la mineras por el agua ya se arrastran por más de una década, un tiempo más que suficiente para denunciar la extracción no sustentable de agua en la región y el inicio de una crisis hídrica que –creen- terminará afectando a la población, la agricultura y el turismo del sector.

La situación es compleja y no sólo pone en riesgo a Huasco, sino a todos los salares Altoandinos de la Región de Tarapacá. Así lo cree el director de la Corporación de Estudios y Desarrollo del Norte Grande, Claudio López, quien indica que la tarea de la nueva autoridad ambiental será resolver cómo hace frente a una minería que apuesta a crecer en un país con una legislación hídrica débil y en una de las zonas más áridas del planeta.

Agua regalada

A partir de 1994, Quebrada Blanca, Cerro Colorado y Doña Inés de Collahuasi propiedad, respectivamente, de las transnacionales Noranda, BHP Billiton y Falconbridge, Anglo American y Mitsui & Co entraron en funcionamiento en esta zona.

Su llegada trajo grandes adelantos en la economía regional, principalmente en infraestructura vial, pero también la degradación del medioambiente, el pastoreo y la agricultura tradicional, tanto por la propia actividad minera como por la explotación del agua, que en Chile es gratis.

El actual Código de Aguas permite que el primer interesado en determinado acuífero tenga el derecho preferente a quedarse con él cuando lo registra ante la Dirección General de Aguas (DGA). El solicitante debe costear los estudios técnicos, la prospección y la visita de personal de la DGA para comprobar la capacidad del acuífero. Nada más. Si cumple con los requisitos que estipula la ley, los derechos que recibe son definitivos. El nuevo dueño del recurso puede venderlos, arrendarlos o beneficiarse económicamente.

Bajo este sistema, el caudal de agua que se entrega a los particulares en las comunas de Huara, Iquique, Pica y Pozo Almonte es de aproximadamente 4.587 litros por segundo. De ellos, casi 60% se destina a las empresas mineras. “En el mediano plazo podrían duplicar el actual volumen de aprovechamiento, lo que amenaza la existencia misma del recurso”, dice Arturo Neira, ingeniero en Acuicultura y director del Consejo de Iniciativas para el Desarrollo Ecológico, de Iquique.

La reforma al Código de Aguas, de junio pasado, impuso elementos nuevos, pero ninguno se refirió a terminar con la gratuidad del recurso. Lo más cercano que se agregó fue que, si el agua no se usa, el dueño debe pagar una patente anual.

La permisiva ley incentiva la especulación. Eso denuncian los pobladores de Pica, Colchane, Poroma y Huaviña, donde hay peticiones de exploración de particulares y empresas para explotar agua por más de 3.700 litros por segundo, que equivalen a cuatro veces el consumo actual de agua potable de la provincia.

El subdirector de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Cornelio Chipana, advierte que “existe una probable especulación en la solicitud de aguas. De ser aprobadas las solicitudes de empresas y particulares, implicaría un desmedro directo a la agricultura y ganadería en los poblados. El número de solicitudes es alarmante y la mayoría son de personas que ni siquiera viven en la región y utilizan direcciones ‘prestadas’. Además, no están asociadas a un proyecto de desarrollo económico”.

Conexiones subterráneas

La Dirección General de Aguas (DGA) aún no da la respuesta final a la solicitud de Collahuasi para consumir 903 litros por segundo en Huasco, pero Jaime Muñoz, jefe del departamento de administración de recursos hídricos de ese organismo informó que tras los análisis técnicos de su entidad se concluyó que la explotación de agua en la zona podría tener algún grado de impacto en el salar y -por ello- se determinó que era requisito previo someter la extracción a una evaluación de impacto ambiental. “Ahora estamos en el análisis previo, que es saber qué le pasa a este ecosistema con diferentes niveles de extracción”.

La gente de Pica se opone a cualquier concesión, pues teme que el sistema hídrico de Huasco esté conectado con sus vertientes, pero en la DGA se afirma que el oasis no corre peligro: “No hay preocupación que Pica pierda sus afluentes de agua debido a que el abastecimiento de la comuna es a través de vertientes que no provienen del Salar del Huasco. El origen de las aguas de Pica son aguas lluvias de la alta cordillera, que se filtran en vertientes al oeste del poblado”, señaló en un comunicado.

Sin embargo ni siquiera en la minera están seguros de la inexistencia de tal conexión. De otra forma, nada explica que les ofrecieran 400 millones de pesos a los agricultores en caso de que se secaran sus vertientes.

Aníbal Manzur, argentino y doctor en geología, señala que si bien nadie puede afirmar que existe tal conexión, tampoco nadie puede afirmar lo contrario. “Los datos que hay son insuficientes. El tema es cómo se explotan las aguas subterráneas en salares altoandinos y eso debiera ser bajo condiciones previsoras, una continua evaluación del sistema ambiental y con diseños de extracción flexibles”.

Arturo Neira piensa distinto. Dice que estudios geofísicos y químicos -utilizando radioisótopos-, demostraron la conexión entre los cuerpos de agua en el área andina y la Pampa del Tamarugal. “Si se afecta uno de sus elementos, habría consecuencias para todo el sistema”.

Al límite de lo sustentable

Álvaro Alaniz, antropólogo de Fundación Avina, especialista en temas de crecimiento sustentable, asegura que el nudo central de este conflicto es el modelo de desarrollo que tiene Chile, donde el agua es vista como un negocio y no como un bien común. “No creo que en Chile la gente se quede sin agua para beber para beneficiar a las empresas. El problema pasa por las expectativas de desarrollo que estamos implementando que necesita más agua de la que los ecosistemas están dando. Esa escasez impide proyectar el modelo económico actual en más de 10 años y es ahí donde las comunidades se dan cuenta de que van a tener una crisis inminente”.

En la DGA reconocen que en los principales acuíferos de la zona, las demandas por ellos superan las disponibilidades de aguas subterráneas. Tienen su propia “misión imposible”: la fórmula milagrosa para explotar intensivamente el agua subterránea sin que ello signifique menoscabo al derecho de terceros, ni al medio ambiente.

La comunidad no confía. Saben que el poder económico siempre es más convincente. Pero están organizados y harán oír su voz. Así lo asegura el director de la Corporación de Estudios y Desarrollo del Norte Grande quien dice que el caso Coposa es el mejor ejemplo de lo que no debe volver a hacerse. “Según los últimos estudios generados por las agencias de Gobierno, el bofedal de Coposa se extinguirá en 2008. Esto significa que Collahuasi habrá contribuido a que Chile tenga más desierto que antes”. Ellos no están dispuestos a que eso pase con Huasco y darán la pelea. Las banderas negras seguirán flameando en Pica. www.EcoPortal.net