Con la aprobación del proyecto minero Pascua Lama por las autoridades ambientales de la Tercera Región, nuevamente somos testigos del poder de las empresas multinacionales, quienes finalmente son, en el contexto del actual modelo neoliberal, las que conducen los destinos de nuestra patria.

Si bien la presidenta electa Michelle Bachelet se encuentra atada de manos frente al poder de Barrick Gold, amparada en una institucionalidad que privilegia la inversión extranjera, la futura mandataria tampoco ha dado señales de querer modificar esta realidad. En este contexto, por su pasado como Vicepresidenta ejecutiva del Comité de Inversiones Extranjeras, la designación de Karen Poniachik como ministra de minería y energía es una mala señal para todos aquellos que buscamos una nueva estrategia de desarrollo para nuestra patria, una estrategia que asuma la propiedad real sobre nuestros recursos naturales y que sea respetuosa de nuestros ecosistemas y de las propias dinámicas económicas regionales.

Desde este punto de vista el proyecto Pascua Lama representa la lucha de visiones antagónicas del desarrollo económico.

Por un lado, la visión dominante, que plantea al crecimiento económico como dogma, que no contempla el agotamiento del capital natural, y que ha sido históricamente servil con el poder económico, representado en las empresas transnacionales. Los argumentos planteados por la empresa Barrick Gold, en defensa de Pascua Lama, son un claro ejemplo de esto, y se fundamentan en dos pilares: la inversión y el empleo.

Pero aquí surge inmediatamente la otra visión del desarrollo, aquella que entiende el crecimiento económico en función de los ecosistemas y recursos naturales que dan sustento a ese crecimiento, que plantea la justicia social como valor inalienable del desarrollo económico, y que lucha por la preservación de nuestro patrimonio natural. Es desde esta visión que se puede desenmascarar la realidad oculta tras este tipo de proyectos mineros.

Primero, las inversiones y gastos más importantes y esenciales lo constituyen la tecnología automatizada y las maquinarias, que no son hechas ni en Chile ni en Argentina, por lo cual las inversiones en la gran minería no generan una gran demanda interna.

Segundo, por el peso de esta moderna tecnología automatizada, se emplea muy poca mano de obra en la explotación de los yacimientos, y sólo adquieren una cierta importancia en los dos primeros años de su construcción y puesta en marcha. De hecho en el proyecto Pascua Lama el empleo se reduce de 4.500 personas a 1.000 personas. Esto sin considerar los 8.000 empleos agrícolas en la Tercera Región que se verían seriamente amenazados por este proyecto.

Los insumos y servicios de origen nacional no son relevantes en los gastos de estos grandes yacimientos, y se limitan a los servicios de transporte, alimentación y aseo. Por lo tanto, el aporte de estos proyectos a la economía y actividad regional es casi nulo. De hecho la supuesta inversión de Barrick Gold en contratos es de 528 millones de dólares, es decir apenas el 5% de los ingresos por la venta de 17 millones de onzas de oro, proyectada para los 20 años de funcionamiento de la mina, y que alcanzaría a unos 10 mil millones de dólares.

Hay que considerar además los costos asociados a la explotación minera. Sólo el costo del uso del agua para la Tercera Región alcanzaría a los 7,5 mil millones de dólares. Según la EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos) las multinacionales mineras producen más basura tóxica que los 260 millones de norteamericanos juntos.

Además tenemos los costos más generales que este proyecto puede ocasionar al Fisco chileno: Se pierde el poder monopólico que tiene Chile sobre la producción de cobre, se incentiva la sobreproducción y las consecuentes bajas en los precios de los minerales, hay una pérdida de ingresos para el fisco ya que las transnacionales prácticamente no pagan impuestos en Chile, y se pierde el derecho sobre el recurso minero y por lo tanto sobre la renta. Recordemos que por la Ley 18.895 de Reforma Tributaria, a partir de cierta producción se obliga a las empresas mineras a tributar en renta efectiva, y no presunta, lo que significó una pérdida para el Fisco chileno entre 1990 y el 2002 de 2 mil millones de dólares.

Por lo tanto, los datos demuestran que aprobar este proyecto responde a esa visión del desarrollo que vela por el enriquecimiento de unos pocos, entregando en bandeja las últimas riquezas que permanecían ocultas de la ambición extranjera en lo más profundo de nuestros glaciares andinos. www.ecoportal.net

* Cristián Gutiérrez
Economista OCEANA
Publicado en Tribuna del Bio Bio
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