Desde el 3 al 6 de abril, en Buenos Aires, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tratará la demanda interpuesta por Marcel Claude, Sebastián Cox y el ex diputado Arturo Longton contra el Estado de Chile por negar el acceso a la información pública. Este caso se remonta a 1998, en el marco del proyecto Río Cóndor de Forestal Trillium.
Desde el 3 al 6 de abril, en Buenos Aires, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tratará la demanda interpuesta por Marcel Claude, Sebastián Cox y el ex diputado Arturo Longton contra el Estado de Chile por negar el acceso a la información pública. Este caso se remonta a 1998, en el marco del proyecto Río Cóndor de Forestal Trillium, donde los reclamantes solicitaron los antecedentes de esta iniciativa empresarial al Comité de Inversiones Extranjeras.
El organismo público, a juicio de los demandantes, no entregó toda la información solicitada y, por eso, 5 años después, el 10 de octubre de 2003, la CIDH declaró admisible la demanda contra el Estado chileno. “En 1998, ninguna instancia judicial chilena acogió nuestros reclamos contra el Comité de Inversiones Extranjeras, por ello, ese año acudimos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacer valer el derecho a la Libertad de Expresión y de Información”, dijo el economista y director ejecutivo de Oceana, Marcel Claude.
El caso Trillium hace referencia a las intenciones de esta Forestal estadounidense de explotar 250 mil hectáreas de bosque de lenga en la Duodécima Región de Chile. Sin embargo, la fuerte oposición de organizaciones ecologistas impidió la materialización del proyecto, pues las exigencias ambientales encarecieron la iniciativa de la empresa transnacional, obligándola a ceder sus terrenos al banco de inversiones Goldman Sachs producto de sus compromisos financieros impagos.
No obstante, Trillium contó siempre con el apoyo de los organismos estatales encargados de velar por el medioambiente y también con el respaldo del gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle. “Mientras la CONAMA aprobaba el proyecto Río Cóndor, nosotros solicitábamos información y antecedentes para medir el impacto de Trillium y sus alcances. Sin embargo, siempre se nos negó el acceso a la información pública, un elemento central de las democracias modernas. Para contrarrestar esta ‘cultura del secretismo’ acudimos a la CIDH. La información es poder y, por eso, sus administradores la maniatan y la ocultan a la ciudadanía”, agregó Claude.
Los abogados Ciro Colombara y Juan Pablo Olmedo son los representantes de Claude, Cox y Longton en esta causa contra el Estado chileno. Olmedo acompañará al director ejecutivo de Oceana en las sesiones que se realizarán en Buenos Aires. En las audiencias, que se desarrollarán en la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Claude expondrá el caso y todos los impedimentos que existen en Chile para acceder a la información pública. También pondrá énfasis en las restricciones a la Libertad de Expresión que están consagradas en la legislación chilena. “Además, señalaré cómo el Estado tolera y ampara la ‘cultura del secretismo’, violando los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y estableciendo así una relación cómplice con los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales, pues desplaza a los ciudadanos a un plano secundario”, aseguró Claude.
Para más información comunicarse con Jordi Berenguer al 09-9184449 o con Marcel Claude al 09-8261654, quienes se encuentran en Buenos Aires. www.ecoportal.net
Jordi Berenguer| Coordinador Interno
Oceana
