Organizaciones sociales y de derechos humanos, del ámbito nacional e internacional se desplazaron ayer al departamento de Nariño (Colombia) en una misión de verificación de la situación del Pueblo Awa. Esta acción se realiza tras los enfrentamientos entre indígenas y la fuerza pública durante las manifestaciones que se adelantaron desde el pasado 10 de mayo en el marco de la Cumbre Nacional Itinerante y que tuvieron, en Nariño y Cauca, las principales movilizaciones de indígenas y campesinos. Por otra parte, el pasado 20 de mayo en el resguardo de La MarÍa, Piendamó, se instaló las comisiones del Congreso Itinerante de las organizaciones sociales. Allí se decidió que ésta será permanente.

En el mismo día, fueron entregados los tres agentes del Estad que habían sido retenidos por la comunidad luego de el asesinato del guardia indígena Pedro Poscué y las autoridades militares devolvieron a los comuneros indígenas, hermanos afrodescendientes y campesinos que fueron detenidos en la arremetida del miércoles y recluidos en el puesto de policía de Piendamó, sin judicializar. Del mismo modo, recobraron la libertad, los periodistas Richard Calpa, de 22 años de edad, indígena del Pueblo Totoroe, director de la emisora indígena Radio Libertad y Héctor Marcelo Forero del Periódico virtual El Turbión.

A pesar de que días antes, reinara allí el caos luego de que los miembros del ejército y de la policía antimotines ingresaran al resguardo indígena destruyendo bienes de propiedad privada y arremetiendo contra la comunidad, el territorio de convivencia, diálogo y negociación de La María (Piendamó), fue escenario de la reflexión y la concertación. El 20 de mayo, más de 15 mil indígenas, campesinos y afrodescendientes continúan sus deliberaciones en el marco de la Cumbre Nacional de organizaciones. Lo anterior fue posible al retiro de la fuerza pública del territorio indígena y la intervención de la comisión de verificación conformada por el Defensor del Pueblo, el Obispo Darío Echeverri, de la comisión de conciliación de la iglesia católica y miembros de las Naciones Unidas y el presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, Luis Evelis Andrade Casama.

Conclusiones de la Cumbre

“Cumbre itinerante y permanente de organizaciones sociales Pedro Mauricio Pascue”, es el nuevo nombre de esta iniciativa, en honor al guardia indígena asesinado. La cumbre, que ahora será también “permanente”, funcionará al tiempo de manera “itinerante” por toda la geografía del país, desarrollando temáticas como coordinación y relación de organizaciones sociales en la cumbre; verdad, justicia y reparación; tratado de libre comercio y modelo económico propio; tierra y territorio; cumplimiento de acuerdos firmados entre el estado colombiano y las organizaciones sociales; y propuesta de paz desde la sociedad civil y las organizaciones sociales.

“A pesar de la barbarie, la palabra continúa construyendo vida digna y soberanía”, bajo esta premisa, los miembros de la Cumbre desarrollaron un documento en el que manifestaron un enfático rechazo a la “obsesión del Estado y la insurgencia armada por vincular nuestras luchas en favor de sus estrategias de guerra. Las organizaciones sociales campesinas, afrocolombianas, indígenas y urbanas tratadas militarmente en La María, hemos mostrado durante décadas ante el país la justeza de nuestras luchas, nuestra autonomía respecto a los actores del conflicto y nuestro compromiso con la búsqueda de la paz y con la solución política negociada del conflicto armado, en la que la sociedad civil juegue un papel fundamental”.

En el pronunciamiento señalaron que lo ocurrido en el resguardo indígena de La María no puede quedar en la impunidad por lo cual, la Cumbre solicitó la conformación de una comisión de carácter humanitario “que sea garante del respeto a la Cumbre de organizaciones y que pueda realizar un proceso de Verdad, Justicia y reparación sobre los hechos ocurridos durante la presente semana”. La comisión que estaría conformada por Naciones Unidas, el Defensor del pueblo, Comisión Nacional de Conciliación, la Procuraduría General de la Nación, Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, Fundación Minga, Colectivo de abogados “José Alvear Restrepo”, Comisión intercongregacional de Justicia y Paz, y Acción Permanente por la Paz, y como garantes a Manfred Max Neeff, premio Nóbel Alternativo de economía, y el juez español Baltasar Garzón, se instalaría en el mes de junio.

Las exigencias de la Cumbre fueron enviadas al Ministerio del Interior. Entre otras, las peticiones fueron las siguientes: creación de una mesa de interlocución y análisis de alto nivel del Gobierno Nacional con los sectores que resultarían afectados por el TLC, que contemple como una de sus posibles conclusiones la convocatoria de un referéndum sobre su firma; una reforma agraria integral, que tenga en cuenta la redistribución de la tierra, equidad, recursos económicos y formas de pago; reparación a las víctimas del conflicto; modelo económico y garantías para viabilizar propuestas de ley; cumplimento de acuerdos firmados por el estado colombiano con organizaciones sociales: reconocimiento de acuerdos, evaluación de los compromisos adquiridos y cronograma de cumplimento y garantía de respeto a las comunidades en su movilización y organización social.

En el comunicado la Cumbre rechazó el tratamiento militar dado a las movilizaciones sociales que se presentaron durante el presente mes en el país e hicieron un llamado para que se respeten las que aún continúan y a las diferentes dinámicas que de ellas se deriven. Igualmente resaltaron la solidaridad nacional e internacional de diversos sectores sociales.

Esta declaración fue suscrita por el CRIC, CIMA, Coordinador Nacional Agrario, Ruta Pacifica de Mujeres, Movimiento campesino de Cajibío, Campesinos sin tierra de Popayán, ANUC UR Cauca, CRIT, Pueblos Nasa de Putumayo, Proceso de comunidades negras, UTINAYA, Acuerdo de Salvajina, CODESCO, ONGS defensoras de derechos humanos y usuarios de servicios públicos de Popayán.

Situación en Nariño, se inicia misión de verificación

Mientras la situación en el Cauca se normalizaba, en el departamento de Nariño empeoraba. Por esa razón el pasado 23 de mayo una misión de verificación, conformada entre otras organizaciones, por la ONIC, la Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas y ONGs de Derechos Humanos, se desplazó a esta región. La delegación recorrerá los puntos de concentración del pueblo Awá, como Predio Verde del resguardo el Sábalo corregimiento del Diviso, Municipio de Barbacoa, resguardo el Palmar en el municipio de Ricaurte, en Guayacana, Junín, Taminango - Remolinos, Llorente, Policarpa, y El Charco, donde la población indígena sigue en asamblea permanente. Así lo informaron los coordinadores de esta acción.

Según los líderes de estas comunidades, desde el pasado 16 de mayo se vienen presentando agresiones en su contra por parte de la Fuerza Pública. Así lo manifestaron a través de diferentes comunicados de prensa. Luis Evelis Andrade Casama, presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, señaló que los “más de 150 heridos, atendidos en el centro de salud de Remolinos, en la ciudad de Pasto, en Chachaguí y otros centros asistenciales, heridos con arma de fuego, cuatro desaparecidos y el registro de bombardeos de gases de varios tipos por helicópteros de combate Black Hawk”, ameritaban la misión de verificación. www.ecoportal.net

Redacción Actualidad Étnica
Bogotá. Mayo 24 de 2006

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