Más allá de la turbidez de la contaminada agua dulce, se vislumbran signos de corrupción que la hacen todavía más sucia. Ante la necesidad de suplir agua potable a los pobres del planeta, surgen y resurgen transnacionales dispuestas a “sacrificar” parte de su potencial financiero a través de proyectos con los cuales sustituir a entes gubernamentales (para ellos) ineficientes. Concordante con tal visión y misión empresarial, el Banco Mundial insiste en que la solución al problema del abastecimiento descansa en el sector privado y para ello ha venido trabajando. El programa “Sociedad Mundial por el Agua” (conocido como GWP – “Global Water Partnership”) ha sido su instrumento más visible en 13 regiones, incluyendo la centroamericana.

Ejecutivos de las empresas privadas dedicadas al negocio del agua abogan por contratos y regulaciones más flexibles donde los riesgos propios de una inversión sean menores, y donde los Estados incrementen los subsidios a la población, mientras piden al Banco Mundial que entregue más créditos blandos, coordine el establecimiento de subsidios y juegue así el papel de socio del sector privado.

Como parte de la tendencia privatizadora de actividades públicas productivas, el mismo Banco Mundial se ha referido al pago de sobornos de parte de las transnacionales para lograr sus objetivos, que es considerado por analistas como parte de la economía política del proceso, que incluye donaciones electoreras, acciones caritativas, sociedades, regalos en especie, etcétera. Todos dirigidos a lograr el favor de funcionarios públicos o políticos con influencia, que, en respuesta a los sobornos, mutan el interés público por el privado que los favorece personalmente.

Así, el interés sobre el agua de ciertas corporaciones multinacionales tiene relación lógica con la inversión y las ganancias esperadas, por lo que los gobiernos, como el de Costa Rica, han de estar muy atentos a las propuestas que, parcial o totalmente, pretenden la “apertura” (¡entiéndase, privatización!) de un servicio tan vital para el bienestar general de los habitantes. Se estima que entre un 10% y un 40% de las finanzas del sector agua se vinculan a prácticas corruptas y deshonestas, lo que demanda la ejecución de acciones hacia la transparencia y la honestidad en el camino del desarrollo sostenible de un sector, donde la influencia de las transnacionales comercializadoras del agua (como las exportadoras de agua potable) es agobiante.

Por otro lado un estudio del Departamento de Evaluación de Operaciones del Banco Mundial, sobre el “Global Water Partnership” (GWP), concluye que dicho ente no ha llenado las expectativas en cuanto a logros versus lo que se necesita para que, a partir de la palabrería del “Manejo integrado de recursos hídricos” (IWRM), se ejecuten acciones nacionales con las cuales enfrentar el uso irracional del agua. De un estudio hecho en 108 países para conocer el avance de los procesos de reforma promovidos por el Banco, sólo el 10% mostró haber progresado hacia un enfoque más integrado, evidenciando un divorcio entre lo que se predica y lo que se hace, pese a los recursos invertidos. E indica: aunque el GWP ha sido exitoso en divulgar los principios que sustentan la visión del IWRM, “ha sido débil en desarrollar metas concretas y en desarrollar planes de trabajo” conducentes a integrar eficientemente la estructuración institucional responsable del manejo de recursos hídricos.

Por lo anterior no ha de extrañar que el GWP esté enfrentando problemas serios de financiamiento, como muestra de que la organización “ha tocado techo en cuanto a su habilidad de recaudación de fondos provenientes de la comunidad de donantes” privados, principalmente. Aspecto éste de la mayor importancia en vista de la dramática disminución en la cartera de crédito del Banco hacia el sector de los recursos hídricos, como consecuencia del fracaso de la gran mayoría de los proyectos.

En conclusión, esperamos que las autoridades responsables del recurso agua, valoren en su real magnitud el escenario en que se mueven. Así, el AyA, las ASADAS, las municipalidades, la ESPH y otros, han de ejercer sus deberes independientemente, con plena transparencia y alta dosis ética, rechazando la ingerencia indebida e irrespetuosa de burócratas internacionales del recurso hídrico que, además de la palabrería, es poco lo que pueden enseñar. www.ecoportal.net

* Catedrático UNA