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Caso Majaz: Informes policiales confirman participación de empresa minera en hechos de violencia
07-07-06,

Los hechos de violencia del 12 de marzo, donde se produjo una brutal agresión contra los expositores y asistentes al foro Minería, Agricultura y Desarrollo Sostenible, realizado en Huancabamba, se unen a la destrucción de la emisora ambientalista La Poderosa, las agresiones sufridas por el periodista Federico Ibáñez y la dirigenta campesina Josefa Adrianzén.

El domingo 12 de marzo, se produjo una brutal agresión contra los expositores y asistentes al foro Minería, Agricultura y Desarrollo Sostenible, realizado en Huancabamba, Piura. Una turba de matones, dirigida por la empresa minera Majaz, arrojó piedras y golpeó a varios de los participantes en el evento e inclusive secuestró por varias horas a algunos de ellos, tal como consta en el Informe Nº 036 emitido por la Comisaría de Huancabamba y el Atestado Policial Nº 027.

La turba se encontraba al mando de Raúl Urbina, gerente de la empresa Majaz, así como de Luis Armando Ludeña, José Nicanor Jiménez, Jorge Páucar, Ricardo Sáenz, Bartolo Bermeo, todos ellos empleados de la mencionada empresa. Ellos alquilaron un equipo de sonido que emplearon para interrumpir con arengas el evento, transportaron en diversos vehículos a los matones y compraron huevos que fueron arrojados al público, todo lo cual ha quedado comprobado por los informes policiales.

Desde el año 2002, Huancabamba se encuentra en estado de conmoción social por la presencia de la empresa británica Monterrico Metals que con el nombre de Minera Majaz pretende explotar un yacimiento minero en medio de un bosque de neblina en la zona limítrofe con la provincia de Ayabaca. Esta empresa viene operando de manera ilegal dentro del territorio de dos comunidades campesinas (Segunda y Cajas en Huancabamba y Yanta en Ayabaca). Muchos agricultores de estas dos provincias de Piura, así como de San Ignacio y Jaén en Cajamarca sostienen que la explotación les ocasionará serios perjuicios, especialmente porque afectaría las fuentes de agua y la producción agropecuaria y, con ello, el empleo y los ingresos.

Los hechos de violencia del 12 de marzo se unen a la destrucción de la emisora ambientalista La Poderosa, las agresiones sufridas por el periodista Federico Ibáñez y la dirigenta campesina Josefa Adrianzén, las denuncias por terrorismo realizadas por la empresa Majaz contra un sacerdote y varios agentes pastorales, las campañas de difamación realizadas desde el diario Correo de Piura y el programa Panorama en Lima contra todos los que se oponen al proyecto minero, incluyendo al obispo de la zona, así como la muerte de los campesinos Reemberto Herrera y Melanio García. Todos estos hechos se encuentran en la impunidad. Ningún proyecto minero en el Perú ha pretendido ser llevado a cabo con costos sociales tan altos ni con una participación tan directa de la misma empresa en promover la violencia, tal como la propia policía ha constatado en el informe ya citado.

La presencia de Raúl Urbina y de los demás empleados de Majaz durante los incidentes violentos del 12 de marzo, comprobada por las fuentes policiales, confirma lo que denuncian varios dirigentes ambientalistas y es el involucramiento directo de la empresa en tales actos. Ese día, los matones dirigidos por Urbina pretendieron golpear al alcalde de San Ignacio y, por una confusión, agredieron salvajemente a Vicente Zapata Alcorta, miembro del Frente de Defensa de Tambogrande, y lo dejaron amarrado e inconsciente, cuando la policía pudo rescatarlo, como consta en los informes de los agentes que intervinieron.

Exigimos a la empresa Majaz que respete la vida y la integridad física de los habitantes de las cuatro provincias involucradas por este proyecto y que cesen los hechos de violencia contra las personas que promueven la defensa del medio ambiente. Exhortamos a las autoridades de Piura a brindarles la necesaria protección y recomendamos que no se otorguen más concesiones mineras en aquellas zonas donde el ecosistema es frágil, de alta biodiversidad y existe tanto rechazo popular a la actividad minera.

Asimismo, exhortamos al Ministerio Público –que ha recibido el citado Atestado Policial– a efectuar la denuncia correspondiente ante el Poder Judicial a fin de que los responsables de tales delitos sean procesados penalmente.

En los próximos meses, las autoridades de las provincias involucradas han decidido convocar a una consulta popular respecto a la opinión de la población sobre este proyecto minero y en general el desarrollo de la minería en ellos. Esperamos que el Ministerio de Energía y Minas respete la voluntad popular y así se evite que los problemas sociales se agraven. www.ecoportal.net

Lima, 6 de julio de 2006
APRODEH, Andes, Cooperacción y Fedepaz

Nota:
Una delegación de dirigentes y pobladores afectados por la empresa minera Majaz llegará a Lima la próxima semana para sostener reuniones y entrevistas con diversos sectores. Para mayor información sobre las actividades que desarrollarán pueden comunicarse con:

Wilfredo Ardito (APRODEH): 424-7057 / 431-0482 anexo 112 / 9807-3589
Juan Aste (Andes): 222-1618
Julia Cuadros (Cooperación): 444-0316
Javier Jahncke (FEDEPAZ): 421-4747


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