El párrafo, que tiene la intención de debilitar la credibilidad de la CBI plagándola de contradicciones, ha levantado ampollas y sembrado la alarma entre representantes de gobiernos, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y particulares. Sin embargo, las consecuencias reales de la declaración –adoptada por votación con el 50 % de los sufragios– sobre la caza de ballenas no van más allá, pues el final de la moratoria sólo se declarará cuando las dos terceras partes de los países firmantes lo aprueben.

Pero independientemente de que la llamada “declaración de Saint Kits” no se haya adoptado por consenso y contenga argumentos falaces, hay realidades que muestran una tendencia preocupante para el futuro de las ballenas en el mundo. Japón ha demostrado que su estrategia de compra de votos está funcionando, ante la apatía de una buena parte de las naciones conservacionistas. El simple hecho de que sólo un país –Brasil– señalara tímidamente antes de la votación que no le parecía correcto que una declaración se adoptara por sufragio, muestra la debilidad de la estrategia conservacionista. Las normas de procedimiento de la reunión permitían que la decisión de la Secretaría de aceptar la votación fuera impugnada, pero nadie se movió en lo más mínimo en este sentido. Si esto se debió al desconocimiento sobre el procedimiento, a la torpeza o dejadez, o a un alarmante sentido del derrotismo es algo que nunca sabremos. Pero la realidad es que hubo poquísima lucha antes de la votación, y una buena pataleta posterior, que dio pie a que las naciones balleneras tildaran –no sin cierta razón– de antidemocráticos a quienes se atrevieron a poner en duda la participación de Islandia en esta votación y no en todas las demás en donde Japón no consiguió mayoría.

En Saint Kitts quedó claro que el papel de muchos de los países que dicen preocuparse por la conservación de las ballenas se queda en poco más que en el discurso. A pesar de que era evidente que las discusiones en la sesión plenaria eran fundamentales, las naciones conservacionistas de habla hispana se permitieron el lujo de continuar con los debates en inglés. España había conseguido los fondos para la traducción simultánea, pero no pudieron contratar a nadie por falta de tiempo y personal (según se afirma en el reporte del Comité de Finanzas y Administración de la CBI del 13 de junio de 2006). Permitirse esta magnificencia indica, por lo menos, dejadez, sobre todo ante el hecho innegable de que pocos comisarios de habla hispana manejaban el inglés como su lengua materna. Lo triste de este detalle es que manifiesta la escasísima comunicación que hay entre los conservacionistas para enfrentar una estrategia inmoral pero perfectamente orquestada por Japón, que alecciona perfectamente a sus subordinados antes de cada reunión. ¿Cuántos de nosotros habríamos dejado de contratar a un traductor por falta de tiempo y personal cuando teníamos los fondos para hacerlo? ¿No pudieron apoyarse las delegaciones de España, Chile, México, Argentina y Panamá antes de dejar pasar la oportunidad?

La reunión número 58 de la CBI también sembró dudas sobre el papel de algunas delegaciones. La razón por la que Estados Unidos no solicitó que se retirara su nombre de la declaración de Saint Kitts no queda clara, como tampoco el hecho de que dentro de su numerosa delegación no hubiera una sola persona que sugiriera a su comisario impugnar la decisión del secretario de la CBI de llevar a votación esta declaración. Desde luego, en otras convenciones como CITES no es normal que Estados Unidos permita algo así sin luchar fuertemente. El papel del Reino Unido, Suiza, Suecia, Portugal, Australia, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Italia, Irlanda, Luxemburgo, Holanda o Alemania fue igual o peor, a pesar del rimbombante discurso de algunos de ellos. En pocas palabras, los países desarrollados fueron mediocres, no sólo durante la reunión sino en todo el año previo a ella. Y eso marcó la diferencia ante una Japón aliado a países como Kiribati, Nauru, Grenada, Dominica, San Vicente, Antigua y Barbuda, Santa Lucía, Tuvalu, Surinam, Palau, Benin, Saint Kitts y Nevis, Islas Marshall y la vergonzante Nicaragua.

En 2007 se realizará la reunión número 59 de la Comisión Ballenera Internacional. Una vez más se ve venir una fuerte ofensiva por parte de los balleneros para ir minando la CBI, hasta que termine sirviendo a sus intereses o acabe siendo un organismo plagado de contradicciones de tal magnitud que lo conviertan en inviable. Los países que pretenden la conservación de las ballenas no pueden continuar contemplando con pasividad cómo se compran y venden votos de forma impune, y cómo se manipulan el discurso para intentar justificar la matanza de cetáceos en aras del “uso sostenible”, o la soberanía alimentaria de pueblos que nunca han consumido carne de ballena. Queda un año para enmendar errores; para trabajar de forma honesta buscando que las naciones inclinadas genuinamente hacia la conservación se integren a la CBI o que paguen cuotas atrasadas. Para abrir un diálogo entre delegaciones y crear estrategias conjuntas que contrarresten el ignominioso comercio de votos que está propiciando Japón. Incluso para estudiar y manejar a la perfección las normas de procedimiento de la CBI. Lo que es inaceptable es la mediocridad, pues más temprano que tarde la opinión pública terminará pidiendo cuentas a los que no supieron o no quisieron ir más allá del mero discurso. www.ecoportal.net

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