El reclamo está contenido en un documento, que se presentará el lunes, por el que se exige una justa distribución, ante el proceso de concentración y extranjerización.

La Iglesia lanzará esta semana una fuerte defensa del derecho a la tierra de los pueblos aborígenes y los pequeños productores, ante el proceso de concentración y extranjerización que observan en el país, y reclamará por una política que garantice una justa distribución, se informó hoy.

El reclamo está contenido en "Una tierra para todos", un libro que la Conferencia Episcopal Argentina presentará el lunes en su sede de Suipacha 1034, elaborado en conjunto por las comisiones de Pastoral Aborígen, Pastoral Social, Cáritas y la Universidad Católica Argentina (UCA).

"La falta de una política estatal fundada en una equilibrada distribución de las tierra rurales, en el marco del predominio de una concepción utilitaria de la propiedad como un bien de mercado y como bien social, fue generando en el país un fuerte proceso de concentración de las tierras productivas", diagnostica el estudio en su segundo capítulo.

Esta concentración se debió a "la venta de derechos de posesión de pequeños productores emprobrecidos a grandes corporaciones de capitales, nacionales y extranjeras".

Al referirse a la cuestión de la extranjerización, el trabajo dice que "representa un proceso de pérdida de soberanía y de recursos naturales, así como de concentración de la tierra en capitales extranjeros" y señala que "no hay impedimento legal" para la compra de grandes extensiones de tierra por parte de corporaciones extranjeras.

Luego, denuncia que "resultan cada vez más excluidas las mayorías y especialmente los aborígenes, de manera tal que en nuestro país el hambre y la malnutrición representan algunos de los problemas principales debido a medidas políticas que limitan el acceso de las familias a la tierra y a los recursos que hay en ella".

Según el relevamiento que realizaron los organismos de la Iglesia, de un total de 900 comunidades indígenas en todo el país, dos tercios no cuentan con los títulos de propiedad de sus tierras, y mencionan como "preocupante" la situación de los grupos de Salta y Neuquén.

Ante esta situación, las comunidades indígenas "son susceptibles de presiones para que abandonen sus tierras a fin de dejarlas libres para los emprendimientos empresariales" y señalan que en otros casos "estas presiones toman la forma del olvido y abandono por parte del Estado".

"A una década de la incorporación del inciso 17 en el artículo 75 de la Constitución, que reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, pareciera que la situación de las comunidades se agrava cada vez más y los problemas estructurales que padecen
se agudiza día a día", advierte el texto.

En ese sentido, consideran "impostergable y urgente saldar la deuda histórica que -como país- tenemos con los pueblos indígenas".

Otro capítulo del libro se refiere al "déficit social" en relación a los problemas de tenencia, titulación y habitabilidad de tierras urbanas y suburbanas, que "no constituyen algo reciente en nuestro país, sino una realidad de larga data".

"Con el crecimiento del desempleo, la precariedad laboral y la pobreza, junto con la incapacidad del Estado para articular una política estratégica de desarrollo económico y social, estos problemas han tendido a intensificarse", dicen los obispos.

También se menciona en el trabajo la necesidad de la explotación racional de los recursos naturales de modo de evitar la contaminación ambiental y el desequilibrio ecológico.

Hacia el final del trabajo, el libro contiene una serie de propuestas "hacia el Estado y la sociedad", entre las que sugiere "establecer una política de largo alcance que contemple integralmente la cuestión de la tierra y los recursos naturales".

También proponen "generar políticas fiscales que favorezcan el uso racional y eficiente de la tierra, de manera adecuada y equitativa" y "garantizar el acceso y la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra".

Asimismo, instan a "facilitar el traspaso de tierras de minifundistas acortando procesos burocráticos innecesarios y asegurando que las transacciones de propiedades sean transparentes" y "diseñar políticas ágiles que permitan el traspaso de tierras fiscales a la población carenciada que las ocupa".

En relación a las comunidades aborígenes, solicitan implementar programas de regularización dominial de las tierras tradicionalmente ocupadas por ellas, sancionar una ley nacional que establezca un trámite sumario para la titulación en forma comunitaria, establecer programas de adjudicación y recuperar las tierras fiscales que fueron adjudicadas ilegalmente en violación de las leyes vigentes. www.ecoportal.net

Fuente: http://chacodiapordia.com