Desde hace cuatro décadas, la cuenca del Corrientes es explotada por empresas que, si bien se han entregado la posta unas a otras (Petroperú, Oxy y, ahora, Pluspetrol), han tenido como constante la contaminación del medio ambiente y, en especial, de las vías de agua. Las protestas de la población indígena no son recientes. Un comunicado de la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (FECONACO) expresa protestas hechas el 17/7/96.

Hace unas semanas, una delegación de FECONACO viajó a Lima, donde se reunió con autoridades que tienen la responsabilidad de atender sus reclamos. El ofrecimiento del Estado fue formar una comisión de alto nivel. Su compromiso fue enviar funcionarios a Iquitos, el 26 de setiembre, donde FECONACO tiene una oficina en la sede de la Organización Regional de AIDESEP (ORAI), a fin de trazar un plan de acción. Ese día, apus de diversas comunidades del Corrientes, dirigentes de la federación, de ORAI y de AIDESEP nacional, más instituciones y personas comprometidas con el tema, realizaron una marcha pacífica desde el local central de la UNAP hasta el de ORAI, donde esperaban reunirse con los miembros de la comisión prometida por el gobierno. Solo algunas instituciones nacionales y regionales mandaron representantes, pero en ningún caso se trató de las cabezas, es decir, de personas con autoridad para tomar decisiones.

Recién el pasado 4 de octubre llegaron de Lima representantes de algunos ministerios. Fueron a la Prefectura y, desde allí, convocaron una reunión. Los dirigentes de FECONACO dijeron que no, que así no era, que luego del primer desplante de presentarse con ocho días de retraso, los funcionarios hacían otro, al citar a una reunión que había sido llamada por la organización, y que ellos esperarían a la delegación oficial en su local. Los funcionarios venidos de Lima se trasladaron entonces al Vicariato, y de allí no se movieron.

Para esa reunión, Pluspetrol trajo de Lima a César Sara Sara, eterno presidente de la Confederación de Nacionalidades de la Amazonía Peruana (CONAP) y embarcó en un avión fletado a representantes de la Federación de Pueblos Indígenas del Bajo Corriente (FEPIBAC). El 11/9/, esta federación publicó un comunicado en el que reconoce la contaminación en la cuenca (ya nadie puede negarla, pues existen informes contundentes al respecto de la Dirección General de Salud DIGESA), pero la atribuye a empresas anteriores (Oxy, Petroperú y Pracla), aunque reconoce que la actual (Pluspetrol) también debe asumir su responsabilidad. Luego declara que las comunidades han "tomado la decisión de dar al Ministerio de Energía y Minas, a las empresas que operaron el lote 8 y a la empresa Pluspetrol Norte un plazo de dos años para demostrar avances significativos en la remediación de los daños ambientales". Sin embargo, el plato fuerte del comunicado es el embate contra instituciones que apoyan las demandas de los achuales agrupados en FECONACO, en especial, Racimos de Ungurahui, Alianza del Clima y WWF, a las que acusa de “incitar a las comunidades a rechazar la inversión privada”.

Dos temas resaltan de este comunicado. Uno es el triste papel asumido por CONAP, que solo se hace presente en los casos que AIDESEP o alguna de sus federaciones plantea un problema que afecta a sus bases, sea que se trate de la defensa de la educación bilingüe, de territorios ancestrales, del control sobre los recursos o, en este caso, de la contaminación del medio ambiente por empresas petroleras. Es una especie de voz en negativo de las demandas de AIDESEP y sus bases o, tal vez mejor, un sindicato de trabajadores creado para defender intereses de la patronal.

El otro tema es el ataque a las instituciones que apoyan a FECONACO, recurso usado y casi gastado por gobiernos, empresas y ayayeros cuando no se tienen razones para responder a los argumentos de fondo. Pero detrás de este tipo de recursos hay más, y es el racismo. Si el presidente, los ministros, congresistas, empresarios o Iglesia tienen asesores, es una decisión que nadie cuestiona, ni siquiera cuando los mandatarios tienen asesores extranjeros, como sucedió con Toledo y AGP. Si los indígenas los tienen, entonces es manipulación, porque se los considera en tal grado inferiores, que no se los concibe capaces de dialogar con foráneos de igual a igual y aprovechar sus consejos. Estos solo los pueden manipular. Racismo puro y simple, penado por las leyes, pero raramente por los tribunales.

Si más instituciones como las mencionadas apoyaran las demandas de sectores sociales marginados, sin duda ellos estarían en mejor posición para hacer valer sus derechos. No es ese tipo de asesoría la que debe preocupar, sino la presencia de funcionarios en el Ministerio de Energía y Minas que hasta hace poco eran empleados de petroleras. Son los casos del señor Carvajal, de la Dirección General de Gestión Social, quien fue, hasta el 28 de julio pasado, alto empleado de Pluspetrol en sus operaciones del lote 88 de Camisea; y del propio viceministro del sector, Pedro Gamio, que durante varios años fue asesor legal de Repsol Exploración y de Chevron Overseas Petroleum Perú. Sería una sana medida que el Estado evite contratar personas vinculadas a las empresas que deben monitorear.

El tema central no son las ONG, ni la oposición de las comunidades de FECONACO o de AIDESEP a la inversión extranjera, sino la contaminación y los efectos de esta sobre el medio ambiente y la salud de las personas. Para quienes no están al tanto de la manera como se explota el petróleo en el Corrientes y otras cuencas de la Amazonía, hay que decirles que este brota junto con las llamadas “aguas de formación”, que tienen una temperatura de 80 centígrados, por lo que literalmente cocinan la flora y fauna de los cuerpos de agua (cochas, aguajales, quebradas) donde son arrojadas. En otros países, la legislación obliga a reinyectar estas aguas; en el Perú, el desprecio del Estado por la salud de sus ciudadanos permite que se viertan a ríos y quebradas. Pero además de altas temperaturas, las aguas de formación tienen el problema de ser altamente salinas, y contener hidrocarburos, cloruros y metales pesados, como plomo, cadmio, bario, mercurio, arsénico y otros, que se acumulan en el organismo cuando la persona consume agua y alimentos contaminados. Las pruebas hechas por DIGESA arrojan índices preocupantes de acumulación de metales pesados en el organismo de las personas, tanto que ya se han producido daños irreversibles, genéticos, que ellas trasmitirán a su descendencia. No tomar decisiones para controlarlos y remediarlos es incurrir en genocidio.

El principal responsable de esta situación es el Estado, porque es el que debe cautelar la salud de sus ciudadanos. En cambio, si representa a empresas, sean nacionales o extranjeras, que dañan y matan a sus ciudadanos, no cumple su rol. En lo que le queda de plazo al actual gobierno regional, es de esperar que pueda actuar de manera auténticamente regionalista y asumir una causa justa, por la que sí será recordado. www.ecoportal.net

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