Comenzaron los malos olores, comenzó a ensuciarse con espuma el río Itata, los vecinos del sector comenzaron a vivir la misma pesadilla que antes han sufrido todos los chilenos que tienen una planta de celulosa instalada cerca. Comenzó, en resumen, a funcionar la nueva planta de CELCO en Nueva Aldea.

La autorización de esta nueva planta demuestra que en Chile no existe memoria: no han pasado dos años desde el desastre del río Cruces y ya se aprobó una nueva planta de la nunca peor ponderada empresa CELCO, por supuesto que el lugar fue elegido tan arbitrariamente como la elección en San José de la Mariquina, incluido un emisario submarino que va a descargar los residuos industriales líquidos y tóxicos de la empresa a un curso de agua que precisamente aprovecha la pureza de su torrente, para garantizar la calidad internacional de sus productos agrícolas y vitivinícolas.

Esto demuestra que tampoco existe en Chile ningún tipo de planificación territorial que impida que se dañe la cultura de una zona agrícola y pesquera, afectando severamente el modo de vida de quienes tienen un derecho histórico al uso de ese suelo y esas aguas, con clara vocación agropecuaria, pesquera y, más actualmente, vitivinícola y turística. De hecho, el propio gobierno arroja por la borda millones pesos que el propio sistema público había entregado a pequeños empresarios de la zona, justamente para potenciar el desarrollo agrícola y túrístico del norte de la Octava región, esfuerzos todos que ahora se ven irreversiblemente comprometidos con la puesta en marcha de una planta de celulosa altamente contaminante.

A quienes consideren que este diagnóstico es exagerado, basta recordarles con que en Suecia se rechazó la importación de un cargamento de vinos chilenos, producidos en el Valle del Itata, justamente porque a ese país llegaron noticias de la inminente apertura de la planta de celulosa, lo que causó millonarias pérdidas a una industria floreciente, y que por cierto entrega muchos más trabajos que la papelera.

Otra indeseable consecuencia de la instalación de plantas de celulosa, es que siempre vienen acompañadas de un avance sin límites de forestación exótica que va quitando terreno al bosque nativo, en un fenómeno que sigue completamente desregulado en Chile, y que no tiene comparación posible con lo que ocurre en países vecinos.

Esta misma falta de regulación, o de claridad en ella, ocurre en lo concerniente a las descargas de residuos industriales a las aguas. Recientemente se creo una nueva normativa (el decreto 90) que intenta ordenar y poner límites a esta práctica. Sin embargo, no especifica qué se debe hacer en caso de que una fuente emisora sea una planta de producción de celulosa que descarga dioxinas de alta peligrosidad para el medioambiente y la salud humana.

Y no estamos pensando en una población menor. Aguas abajo de la planta de CELCO, empresa propiedad del multimillonario Anacleto Angelini, viven unas 45 mil personas, quienes obtienen su agua potable del río, mediante proveedores como ESSBIO u otras empresas de agua potable rural. De hecho, el elevado riesgo para la población de la zona, llevó a que la Corema de la Octava región, señalara en la primera evaluación de impacto ambiental, en el año 2000, que “El proyecto, en su actual configuración, impone riegos no precisados a la salud de la población y a la calidad de importantes recursos ambientales (aire y agua) precisamente por el potencial de liberación al medio de sustancias organocloradas, entre ellas las dioxinas, asociadas a la tecnología de tratamientos de efluente propuesta”. Era tan contundente la peligrosidad del proyecto, que en esa ocasión fue rechazado por la Corema, no obstante, las autoridades políticas (no organismos técnicos ni especialistas) de la CONAMA, revocaron la decisión regional y lo aprobaron un mes después.

Celco se plantea como una empresa responsable y de tecnología limpia, pero sus continuas violaciones a la ya débil normativa ambiental de nuestro país, y los desastrosos efectos de su planta en Valdivia en el santuario Carlos Andwandter en el Río Cruces, bastan para desmentirla. La tecnología que se usa en Itata es exactamente la misma, sólo que esta vez la planta es más grande. Pese a lo dramático del caso valdiviano, con los cisnes cayendo muertos sobre los tejados, o bien agonizando entre horribles convulsiones, sabemos que no fue la primera vez que una celulosa provocaba estos estragos.

Varias décadas atrás, se abrió una planta mucho más pequeña que la de Nueva Aldea en Constitución, una ciudad que era el orgullo de sus habitantes por la belleza de su entorno y la pureza de su aire costero. Hoy es apenas la sombra de ese antiguo esplendor producto de la acción venenosa de la planta de celulosa de esa localidad. Ahora la historia se repetirá en una Nueva Aldea donde, a juzgar por la actitud obsecuente de las autoridades, ahora hay un Nuevo Jefe. www.ecoportal.net

* Ingeniera ambiental de Oceana
www.oceana.org