Los Pueblos Indígenas de Colombia unidos en un solo pensamiento, en el marco de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia, creada por el Decreto 1396 de 1996 y en el que participan las Organizaciones: ONIC, CIT, OPIAC y AICO, el mismo que es el resultado del proceso de lucha y resistencia por la reivindicación de nuestros derechos, queremos manifestar que no renunciamos ni renunciaremos a nuestra dignidad, a nuestros principios y a nuestras exigencias. Continuamos resistiendo pese a los miles de homicidios, amenazas, detenciones arbitrarias y desplazamientos. Vemos que los alcances de la Constitución Política no han sido esa luz brillante que iluminara nuestro camino, muy por el contrario se utiliza como el argumento para que se intensifique la guerra en y por nuestros territorios.

Hoy, cuando en Colombia se habla hipócritamente del Derecho a la Vida y otros derechos, poniendo en marcha una farsa, en la que seguimos perdiendo no solamente las vidas de nuestros pueblos, sino también los espacios políticos que hemos ganado históricamente.

Hoy mientras nos sentamos para hablar de cómo construir una “Política Integral de Derechos Humanos”, el gobierno colombiano tiene una postura incoherente al no respaldar la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas del mundo, texto ya aprobado por la comisión de Derechos Humanos y que actualmente está en discusión de la asamblea general de las Naciones Unidas; tampoco hay respuestas concretas para resolver de forma definitiva la situación grave del pueblo Nukak, sino lo que pretende es dar paños de agua tibia y existencialismos que no resuelven el problema real, que es que ellos retornen a su territorio ancestral; se siguen construyendo bases militares en nuestros territorios de manera totalmente inconsulta, actuación que rechazamos rotundamente.

La impunidad campea, hasta el punto que de los dos mil casos delictivos presentados a la Fiscalía, nos presentaron como atendidos preferentemente 64, de los cuales el 99% están en etapa preliminar o de instrucción, pese a que los hechos y casos vienen desde 1994; empero, las detenciones arbitrarias de miembros de nuestras comunidades, los señalamientos, estigmatizaciones no cesan; la persecución a los gobiernos propios es notoria, y se siguen implementando megaproyectos asociados a la implementación del TLC, evitando la consulta previa para explorar los recursos de nuestros suelos; como ejemplo, resulta paradójico y perverso que el mismo día que nos aprestábamos a diseñar una propuesta de visión sobre la política nacional de hidrocarburos, esta misma Agencia Nacional de Hidrocarburos estaba entregando permisos sin la Consulta Previa para la explotación minera en los departamentos de Vaupés, Vichada y Guainía.

Frente a esta nueva negación del Gobierno Nacional nos afirmamos como Pueblos libres y autodeterminados, y ratificamos nuestro más profundo rechazo. Hoy más que nunca, los Pueblos Indígenas de Colombia nos declaramos en “Asamblea Permanente”, porque no capitulamos en la defensa de nuestros derechos, pues nuestra dignidad es innegociable.

Un breve repaso a los resultados de tantas convocatorias nos muestra que los resultados han sido mínimos, que en los territorios la situación sigue siendo igual; que no hay voluntad política; que nos han catalogado como improductivos, que no nos han reconocido el aporte hecho al país, que muy por el contrario solo hemos recibido discriminación y exclusión. Se repite siempre que hay mucha voluntad y cuando se presenta una propuesta de largo alcance sólo nos dicen que hay que empezar por lo más pequeñito y cuando vamos a lo pequeño, nunca se concretan en acciones pues falta el apoyo del Estado.

En esta comisión hemos planteado y reiteramos nuestra amplia vocación de dialogo, pero el gobierno nos cuestiona porque no hay propuestas claras, y sin embargo esas propuestas están. Cuando se presenta en las mesas de concertación, nunca se cumplen con las condiciones, y esta ha sido una historia constante.

No nos pueden decir que aquí no hay propuestas ni claridad, porque aquí están. La misma Constitución Política es una de ellas, y el Estado no se puede contradecir en su accionar. Hay algunas entidades que tienen una voluntad pero no es política, es sólo una voluntad particular.

No podemos permitir que sigan engañando a nuestros pueblos, queremos respuestas concretas y reales. Aquí no solo estamos hablando de la Comisión de Derechos Humanos, sino también de todos los espacios de dialogo y concertación legítimos como la comisión de Territorios y la Mesa Nacional de Concertación

Seguiremos con una sesión permanente de los miembros indígenas de la comisión de Derechos Humanos hasta tanto el Gobierno Nacional no responda efectivamente a nuestras demandas. Necesitamos que el gobierno adopte la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Es lamentable la decisión de no continuar con esta dinámica, pero si el Gobierno Nacional no responde claramente no nos sentaremos a buscar salidas.

Esperamos que la voluntad manifiesta de la Fiscalía y otras instituciones para seguir luchando por garantizar la protección de nuestros derechos no cese, debido a nuestra decisión. Haya mesa o no, queremos respuestas concretas para nuestros pueblos a través del trabajo con nuestras organizaciones, y no con talleres institucionales que limitan el accionar conjunto. La responsabilidad fundamental del Estado y del Gobierno Nacional es materializar el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. Esta es una cuestión de dignidad. En este sentido, no queremos que las instituciones del gobierno se vayan a las regiones a asaltar la buena fe de las comunidades para realizar concertaciones ilegales que rompen el proceso organizativo de los pueblos indígenas.

Por todo lo anterior, no queremos escuchar explicaciones frente a la abstención del gobierno nacional, exigimos el cumplimiento de todos los acuerdos pactados, de los tratados internacionales sobre derechos humanos, y en especial que no se abstenga y vote por la ADOPCION DE LA DECLARACIÓN DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS del mundo, la misma que ha sido fruto del trabajo de nuestros pueblos y las Naciones Unidas por más de 22 años. www.ecoportal.net

Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia[1]
Bogotá, Jueves 2 de noviembre de 2006

Comisionados

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LUIS EVELIS ANDRADEONIC RAMIRO MUÑOZ MACANILLA

ONIC OPIAC

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LEONOR ZALABATA RAMIRO ESTACIO

CIT SENADOR INDIGENA

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YESID BRIÑEZ POLOCHE FRANCISCO ROJAS BIRRY

AICO EX CONSTITUYENTE INDÍGENA

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LORENZO MUELAS

EX CONSTITUYENTE INDÍGENA

[1] Este pronunciamiento es el resultado de la decisión conjunta de las cuatro Organizaciones indígenas del País: ONIC, CIT, OPIAC y AICO, los exconstituyentes Lorenzo Muelas y Francisco R. Birry junto a los actuales Senadores Indígenas. Es la respuesta ante la inexistencia de Políticas de Estado para los Pueblos y la escasa voluntad del Gobierno para dar respuesta a las exigencias y reivindicaciones que en Justicia y en Derecho demandamos los Pueblos y organizaciones indígenas de Colombia.