Este domingo 26 de noviembre, llegaron a La Paz demandando la aprobación de la nueva ley de distribución de tierras. Una cuarta, que viene desde Santa Cruz y es la más numerosa, llegará el martes 28 para reafirmar esa exigencia a la que se oponen los representantes de la derecha que tienen exiguas minorías en la Asamblea Constituyente y en el Congreso Nacional. Estos últimos, amparados en una campaña mediática claramente alineada con esa tendencia, pretenden restituir un modelo que les favoreció desde siempre y que, ahora, se derrumba sin alternativas.

El tema central que provoca la actitud de los grupos de poder, es la dotación de tierras. Con el pretexto de exigir garantías para sus propiedades, en las que cultivan productos agro-industriales y otros crían ganado vacuno, se oponen a la fiscalización del Estado. Aducen que, una inspección bianual que verifique el mantenimiento de la producción, provocará inestabilidad perjudicial para gestionar crédito bancario; piden entre cinco y siete años. Pero hay más: los ganaderos tienen una dotación de cinco hectáreas por unidad vacuna y quieren quince. En otros términos, si cambian los términos de la ley, que sea a favor de ellos, sin importar la situación de los campesinos pobres.

Los prefectos (autoridades departamentales, elegidas por primera vez en diciembre pasado, al mismo tiempo que el presidente Evo Morales), rehúsan cualquier tipo de control. Quieren mantenerse fuera de la fiscalización del Congreso Nacional, poder ante el que deben rendir cuentas todas las instituciones del Estado boliviano.

La alharaca respecto a los dos tercios para la aprobación de cada artículo de la nueva Constitución Política del Estado, disfraza sus verdaderas intenciones.

Marcha sostenida

En 10 meses de gobierno, el presidente Morales, después de asentar el aparato de Estado remecido por la victoria de diciembre, ha cumplido con los anuncios de su programa: convocar a elecciones para la Asamblea Constituyente e instalarla en agosto; recuperar la propiedad de los hidrocarburos y firmar nuevos contratos con todas las empresas que los explotan; anular los gastos reservados y suntuarios, reducir los haberes de las máximas autoridades y eliminar partidas innecesarias; aumentar el salario mínimo, crear miles de ítems para educación y salud y darle sostenibilidad a los planes de empleo mínimo.

El programa “Juancito Pinto” de ayuda a los estudiantes de ciclo básico que ha obviado el trámite bancario y puesto al ejército en contacto directo con los hogares humildes, tiene resultados extraordinarios. Los tiene también, y con mayor significación económica y social, la solución dada al luctuoso conflicto que se dio en Huanuni a principios de este mes: más de tres mil cooperativistas fueron incorporados a las planillas de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), iniciando la recuperación de una minería controlada por el Estado, al servicio del pueblo.

Pero es en el proceso de restablecimiento de la soberanía, que ha tenido su mayor triunfo el gobierno de Evo Morales. Está conduciendo una política internacional de gran proyección. Desde la iniciación de un nuevo tipo de relaciones con Chile, pasando por la creación del Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), hasta el impulso a la creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN), convocan a una nueva relación con todas las naciones del mundo. Está ocurriendo con la misma Casa Blanca, a la que se le ha propuesto otras condiciones de relación sobre la base de propuestas hechas por el gobierno de La Paz y acordadas con Washington. Después de años de sometimiento y humillación, la respetabilidad de Bolivia es de un valor incalculable.

La contramarcha ventajista

Las elecciones de diciembre pasado, fueron un corte aguas definido. Toda la campaña de la derecha, encabezada por el ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga, se centró en las encuestas que vaticinaban, demostrando su parcialización, un virtual empate entre el MAS de Evo Morales y PODEMOS de “Tuto”. De paso, quería mostrarse un país profundamente dividido, que no tenía credibilidad; un campo de batalla que el neoliberalismo se encargaría de rastrillar, para un garantizado y mejor saqueo de nuestros recursos. El empate sería dirimido por el tercer postulante, Unidad Nacional (UN) de Samuel Doria Medina, que se aliaría con el segundo.

Los resultados desmintieron esa imagen de empate y enfrentamiento: 54% para el MAS, 28% a PODEMOS y apenas 7% de UN. Nunca, desde 1978, un candidato a presidente había logrado acercarse a la mitad más uno que exige la Constitución, para ser proclamado directamente ganador. La cena de gala que había preparado Tuto en un hotel de cinco estrellas, se enfrió a tono con su desesperación. Las almas compasivas cuentan que no pudo contener las lágrimas aquella noche del 18 de diciembre.

Sin embargo, la oposición sacó ventaja en el Senado Nacional, que se conforma con igual número de senadores por cada departamento, sin considerar la población. De esa ventaja se aprovechó para poner obstáculos a las principales realizaciones del gobierno, manejando una campaña de distracción que acompaña con entusiasmo, la mayor parte de los medios de comunicación.

Un ejemplo basta: un tratado de cooperación militar con Venezuela fue manipulado en forma artera, mostrándolo como un potenciamiento de las fuerzas armadas nacionales, lo que iba a constituir un grave peligro para los países vecinos. Estos reaccionaron como esperaba la derecha y el convenio está detenido en el Senado, donde los parlamentarios de PODEMOS, UN y MNR suman la mayoría. Lo que el tratado establece es la construcción de viviendas y oficinas fronterizas que otorguen condiciones habitables para la tropa acantonada en las zonas limítrofes. Otros temas se refieren a intercambio de tecnología, entrenamiento conjunto, cooperación en caso de emergencia, como en otros acuerdos militares firmados con países vecinos y lejanos.

El negocio en las puertas

La aplicación de la nueva ley de hidrocarburos y la reglamentación establecida en el decreto del 1 de mayo de este año, aumentó considerablemente los ingresos del Estado boliviano. Buena parte de esos fondos debe distribuirse entre las prefecturas, municipios y universidades públicas. Por supuesto, la oposición está sumamente complicada.

Sin siquiera meditar, una parlamentaria de PODEMOS, conocida por su superficialidad, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto reglamentario. Cuando se hizo público el caso, avergonzados debieron retirar el recurso, pero allí quedó la constancia de su incompetencia para gobernar el país.

Luego de entregar a las prefecturas, cuotas superiores a sus cálculos por su participación en el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), se los instó a invertir. Hubo que mostrarles que, tanto éstas como las alcaldías municipales y hasta las universidades públicas, tenían depósitos que no condecían con sus anteriores reclamos de falta de medios. Recién para el año próximo tienen planes de gasto; de gasto, no de inversión.

Para controlar esos ingresos, el gobierno envió un proyecto de ley que establece las formas de fiscalización. Inmediatamente lo incorporaron es su agenda de oposición, aduciendo que se trata de censurarlos para obligarlos a renunciar. Como se trata de una ley interpretativa de la Constitución, debe aprobarse por dos tercios en cada cámara. Pero, en este caso, no tiene importancia el tema de los dos tercios.

El negocio es acumular un capital importante en las prefecturas, para disponer construcciones con altos beneficios para las empresas y, por supuesto, retribuciones a quienes otorgan los contratos. De eso hubo mucho en toda la historia pasada y aún confían a la bonanza en todo el país. Si no lo logran, les queda la “media luna” que quieren retener a toda costa.

La cuestión de los dos tercios

La Asamblea Constituyente instalada el 6 de agosto pasado, sigue aún discutiendo los artículos de su reglamento de debates. El punto central en que se ha prolongado la discusión, es la forma en que se aprobará el texto constitucional. Según la convocatoria a la asamblea, el texto debe aprobarse por dos tercios. La oposición fuerza la interpretación para sostener que, cada artículo y en todas las instancias, debe aprobarse por ese sistema. El MAS ha demostrado que ese método es inviable, y lo que corresponde es que, el texto completo sea considerado al final del proceso y votado por dos tercios.

Hay varios niveles de diálogo entre el gobernante MAS y los grupos opositores. En todos los casos, lo que se muestra es el propósito de hacer prevalecer la opinión de la minoría en que se ha convertido la oposición. En el Congreso Nacional: MAS 84, oposición 73; Asamblea Constituyente: MAS 142, oposición 113. La postura de exigir votación por dos tercios, es pedir que la mayoría se someta a la minoría.

Avanzamos, pese a todo

Los obstáculos que se presentan son cotidianos. Los hay de diversa índole: algunos provienen de las organizaciones sociales impacientes por la larga espera de atención a sus demandas y otros son orquestados por la derecha decidida incluso a quebrar el país, si ello contribuye a sus intereses.

Por supuesto que hay gobiernos interesados en azuzar esta confrontación, siguiendo a pie juntillas el dicho: a río revuelto, ganancia de pescadores.

Unos y otros se equivocan. Se equivocan aún si lograran su propósito porque nadie ganaría en tal situación.

Pero las marchas campesinas están llegando a La Paz. Vienen del Alto Beni. Vienen del altiplano. Vienen, principalmente desde los llanos orientales. Es el pueblo que está mostrando su unidad. Es un pueblo decidido, por fin, a salir adelante. Nadie va a detenerlo. www.ecoportal.net

* Antonio Peredo Leigue