El 6 de diciembre de 1928 ocurrió la masacre de las bananeras. Una de las páginas más funestas de la historia de Colombia. En la plaza principal de Ciénaga, por orden de la United Fruit Company, el ejército arremetió contra los huelguistas y la población de la zona, quienes estaban concentrados allí protestando después de 24 días de paro contra los desmanes y la descarada explotación laboral que sufrían de parte de esta empresa gringa. “La historia cuenta que después de leer los decretos, les dieron cinco minutos a los trabajadores para despejar la plaza, pero que antes de cumplir el tiempo se levantó la voz de un obrero para decir ‘les regalamos el minuto que queda’ y de inmediato los militares abrieron fuego contra la multitud”. Se cuenta que fueron 3.000 los muertos pero en “Cien años de Soledad” se dice que fueron muchos más si se acoge la versión de que un número no cuantificado de cadáveres fueron echados por la noche al mar. Jorge Eliécer Gaitán se encargó en el Congreso de poner en evidencia al gobierno de Abadía Méndez por la connivencia con la United en el genocidio.

Ese servilismo no era hecho nuevo. El presidente Suárez fue juzgado por indignidad cuando se denunció que esa misma compañía le hacía “favores” de liquidez monetaria, adelantándole los emolumentos de su cargo público. Un acto tan bochornoso que valió la acusación de López Michelsen en la conocida entrevista “Palabras Pendientes”: “la corrupción comenzó en Colombia con la United Fruit Company”. Ochenta años después, la historia se repite. Esa firma, que temporalmente se camufló como Frutera de Sevilla y que hace algunas décadas se denomina Chiquita Brands, acaba de ser multada por una corte en Estados Unidos por dar cerca de dos millones de dólares durante ocho años a grupos paramilitares y tiene pendiente un juicio por colaborarles en el desembarco de varios miles de fusiles y cuantiosa munición por un puerto de su propiedad. Y así como ella, otras como la Drummond, concesionaria de minas de carbón, está llevada a juicio por valerse de tales facciones para eliminar sindicalistas. Y también Coca–Cola, en Urabá, viene siendo acusada por prácticas criminales similares sobre las que no pocos grupos sociales del mundo están trabajando para documentarlas debidamente.

Esos son los casos conocidos; ¿Cuántos son ignorados o “tapados”? El asunto vuelve a poner en discusión si se trata de procedimientos torcidos de unas cuantas empresas o si es el modus operandi de las transnacionales. Basta mirar el favor al gran capital estadounidense en la guerra en Irak para conocer de qué son capaces consorcios como Haliburton, Bechtel o las petroleras y las compañías de seguridad y defensa, incluyendo los ejércitos de mercenarios reclutados para sostener la humillante invasión. ¿Se ha olvidado el papel de ITT en el derrocamiento de Allende en Chile o se desconoce la “alianza estratégica entre Monsanto y el gobierno de Uribe, que incluye aspersión aérea de glifosato en altas concentraciones y difusión de cultivos transgénicos sin plena seguridad?¿ Se ha borrado de la memoria el empuje del capital financiero yanqui para mantener a toda costa (hasta el asesinato de Kennedy) la guerra en Vietnam, Laos y Camboya?¿ No se sabe que para el desembarco aliado en Sicilia en la Segunda Guerra Mundial el pacto fue con la “cosa nostra”?

El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos se presenta como un acto de colaboración de la superpotencia y Bush ha manifestado que “hará todo lo posible” por alcanzar su aprobación ¿Quiénes son los grandes beneficiarios de este TLC, si no las empresas que han cometido tantas tropelías?¿No son ellas las que comercializarán los escasos productos nativos que llegarán al mercado “más grande del mundo”? ¿No son esos los capitales que están adquiriendo aquí subsidiarias para sacarle hasta la última gota de provecho a este Acuerdo regido por las relaciones casa matriz-filiales?¿ Como si todo lo que han hecho no fuera suficiente, hay que llevar al debilitado aparato productivo al holocausto del TLC, porque ellas necesitan además “seguridad jurídica”?¿ Esta “seguridad jurídica” garantizará que no vuelvan a la masacre, a la invasión, al golpe de Estado, a los paramilitares a fin de garantizar la tasa de retorno para sus inversiones? ¿Todo lo ocurrido fue lo que le granjeó el ascenso a los ex–embajadores Patterson y Woods? Los nefastos episodios protagonizados por las multinacionales estadounidenses permiten, sin que sea una arbitrariedad, llamar mejor al siniestro Tratado, ya no es TLC, es un PARA-TLC cuyas páginas están manchadas con sangre de colombianos inocentes. www.ecoportal.net

* Aurelio Suárez Montoya, La tarde, Pereira, marzo 20 de 2007