A pesar de que los impactos de la aprobación del TLCEUCR-DR son presumiblemente múltiples, de especial preocupación son las probables repercusiones a la agricultura. Conviene analizar las discusiones sobre propiedad intelectual y demás temas “complementarios” al tratado que dividen al congreso, ya que suponen también la aprobación de otros convenios internacionales que en distintos gobiernos habían sido discutidos, pero no ratificados. Uno de ellos es el de la Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), acta de 1991. Para hacer esto es necesario aprobar una ley nacional sobre el tema, cuyo objetivo es resguardar los derechos de los fitomejoradores de plantas (como de arroz y maíz o de especies ornamentales y arbóreas), y de asegurarles una retribución económica para incentivar esta actividad.

Este derecho le concede la apropiación del material al fitomejorador –o a la empresa para la que trabaje-, con lo cual obtiene derechos cuasi-monopólicos por 20 años. De esta manera se interrumpiría, y podría penarse con cárcel de no modificarse el proyecto, la práctica milenaria de miles de agricultores de guardar, intercambiar o resembrar sus semillas o granos. A través de la historia hombres y mujeres en todo el mundo desinteresadamente han intercambiado, utilizado, conservado y mejorado materiales de invaluable riqueza; para proveer de materiales y semillas que resistan a las inclemencias del clima o plagas y enfermedades. El acceso de pequeños y medianos agricultores a materiales de manera libre y sin restricciones es también un pilar de la seguridad alimentaria, a través de una provisión adecuada de semillas, y es reflejo de bienestar.

No se trata de subestimar la labor del fitomejoramiento formal de semillas, pues ha sido gracias a su labor sistemática con la que se ha logrado tanta variedad vegetal en las últimas décadas. Sin embargo, no siempre existieron fitomejoradores científicos, ni empresas semilleras, y que lo que antes no tenía dueño y se consideraba patrimonio común podría estar cambiando al ratificar la UPOV 91. De alguna manera, este es un paso hacia la privatización de los recursos naturales y la disminución de la biodiversidad agrícola, que termina poniendo en un escaparate con nombre y precio lo que debería ser de uso colectivo.

El uso de variedades mejoradas “formalmente” responde a un modelo de desarrollo agrícola monocultivista y de alta tecnología e insumos, heredado de la Revolución Verde; y dedicado casi exclusivamente a la exportación. Y es este sector el que en Costa Rica verá los beneficios del TLCEUCR-DR. No por coincidencia son grandes terratenientes nacionales, así como compañías transnacionales las que apoyan con este modelo y que lo promueven activamente a través de sus filiales. Así nos convertimos cada vez más en una nación importadora de semillas y productos de primera necesidad, en vez de buscar maneras para generarlos localmente.

Paralelamente, el uso de cultivos transgénicos se verá incentivado aun más con la entrada en vigencia de este tratado. En Costa Rica existe un número superior a las 1000 hectáreas sembradas sobre todo de algodón y soya transgénicas; y cuya siembra ha sido permitida por las autoridades reguladoras sin el apropiado debate ni consentimiento de la ciudadanía. Estados Unidos promueve poderosamente estos organismos y la tecnología que los crea, con lo cual se hace evidente que la presión por aprobar medidas como UPOV va en miras a leyes de propiedad intelectual sobre formas de vida más estrictas (patentes); ergo la urgencia del actual gobierno. La presencia de estos organismos afectaría al sector agroecológico, pues no hay evidencias de que pueda haber coexistencia entre estos. El desconocimiento sobre los posibles impactos al medio ambiente y la salud humana son causas suficientes para oponerse a que se siembren estos cultivos en nuestras tierras, y son ejemplares las moratorias propuestas en Paraíso de Cartago y Nicoya y Santa Cruz de Guanacaste.

Al entrar en vigencia el tratado se convierte en servicio lo que antes veíamos como parte de nuestro entorno. De esta manera, bastante ambigua en el texto, se incentiva a compañías extranjeras a invertir acá con una permisividad que puede incluso contradecir nuestra legislación ambiental e idiosincrasia. El Estado podría verse envuelto en litigios millonarios, como trató hace unos años la empresa petrolera Harken Energy, por impedir actividades comerciales que atentaban contra el ambiente y la salud humana. Litigios de este tipo se resolverían en paneles de resolución de controversias independientes, y no en tribunales, en los cuales se privilegia al inversionista dentro de la lógica del libre comercio.

Existen varios casos de este tipo en acuerdos comerciales bilaterales como el TLCAN (entre Estados Unidos, México y Canadá), donde se ve muy claramente cómo el afán de lucro prima sobre las condiciones ambientales, laborales y de salud. No por casualidad, se dan mecanismos dentro del TLCEUCA-RD que le permiten a inversionistas demandar al Estado por el incumplimiento de sus contrapartes, y el Estado no podría negarse. Así que por ejemplo, si en Costa Rica se incumpliera con la ley de obtenciones vegetales (por ejemplo si pequeños agricultores se abstuvieran de pagar licencias) la empresa semillera podría llevar al Estado ante uno de estos paneles. Y como además se garantizan las mismas facilidades que a empresas nacionales y mismo trato que a la nación más favorecida para los inversionistas extranjeros, la competencia se vuelve más agresiva y la desprotección es para nosotros.

Nos comprometen de por vida a un acuerdo más allá de lo comercial, con un país que no ha ratificado convenios importantísimos para la protección del planeta, como el Convenio de Kyoto o el Convenio de Diversidad Biológica. Costa Rica se encuentra en una de las franjas más ricas en recursos naturales del mundo; siendo el agua, los bosques y su rica diversidad biológica nuestro tesoro. Al pasar nuestros recursos a ser servicios, permiten que sean utilizados sin responsabilidades a terceros, en nombre de la atracción de inversión extranjera y generación de divisas. Compañías farmacéuticas y biotecnológicas tendrían mayor acceso a nuestra riqueza bioquímica y genética, mercadeando con conocimientos locales a cambio de un mezquino reconocimiento monetario, fracción de sus millonarias ganancias.

Resta mirar hacia modelos consensuados y apropiados para el país, y hacia regímenes legales más convenientes, como la alternativa sui generis a UPOV 91 presentada por la Red de Coordinación en Biodiversidad, reafirmando nuestro derecho a la autodeterminación y toma de decisiones informada. Porque, a la final, nos quedará a nosotros resolver los problemas de aprovisionamiento de semillas y seguridad alimentaria, suelos extenuados, agotamiento de fuentes de agua, desaparición de flora y fauna, y las consecuencias sociales y económicas sobre zonas rurales y urbanas; porque a aquellos que les dimos un trato como nacionales encontrarán mecanismos de evasión, y quedaremos siendo la nación menos favorecida. www.ecoportal.net

* Desde Noruega, Eduardo Aguilar Espinoza
MSc Agroecología, Universidad para Ciencias de la Vida Noruega, UMB.