A pesar de que Repsol extrae una importante cantidad de petróleo de Colombia, y en su informe de actividades se precia de sus prometedoras áreas de exploración y explotación petrolífera, la multinacional española no tiene oficinas comerciales, ni sede oficial en este país; ni su logotipo ni su nombre aparecen en los pozos, estaciones de bombeo o camiones que transportan el petróleo.
¿Qué lleva a la mayor petrolera de América Latina a trabajar en estas condiciones de clandestinidad en Colombia?
La respuesta hay que buscarla sin duda en el especial vínculo que la actividad petrolífera mantiene en Colombia con la militarización y paramilitarización de amplias regiones, los desplazamientos forzosos masivos de la población local, la brutal violencia dirigida contra las organizaciones sociales, los fatales efectos en las comunidades indígenas y los desastres medioambientales. No es de extrañar que la multinacional desee distanciar su imagen corporativa de este cenagal, manteniendo sin embargo intacta su capacidad de sacar máximo beneficio de todo ello.
En ningún otro lugar es este hecho más llamativo que en Arauca, departamento petrolífero por excelencia, en el que se vive una de las situaciones humanitarias más dramáticas de Colombia, por el número de homicidios, masacres, desapariciones, detenciones arbitrarias y otras violaciones a los derechos humanos. Arauca es un departamento de donde se extraen grandes riquezas, mientras que un 70% de su población se encuentra en situación de pobreza. Es en este departamento donde Repsol centra su actividad, participando de una u otra forma en todos los campos petrolíferos de la región. Sin embargo su presencia se mantiene invisible.
Las operaciones de Repsol en Arauca
Repsol opera en Arauca en consorcio con la transnacional estadounidense Oxy en campos como los de Cravo Norte o Rondón, asociada a la empresa estatal Ecopetrol en campos como los de Catleya, y en solitario en Capachos o San Miguel. En todas estas operaciones se beneficia sin escrúpulos de los efectos que el terror paramilitar, integrado en la estrategia represiva del Estado, ha introducido en la sociedad araucana: el desalojo forzoso de población campesina e indígena que residía en la vecindad de los futuros campos o de los oleoductos, o el debilitamiento de las voces críticas a la actuación de las petroleras, entre ellas las de las comunidades indígenas, U’was y Guahibas, que se han declarado repetidas veces contrarias a las operaciones en sus territorios, las de los activistas sindicales que luchan por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores o las de aquellos líderes sociales que abogan por un mayor reparto social de las riquezas generadas por el petróleo.
Repsol se introdujo en Arauca en asociación con la Oxy, compañía que sostiene un historial de apoyo y financiación a las unidades militares más vinculadas a violaciones sistemáticas a los derechos humanos, como la XVIII Brigada del ejército, a la que Repsol también financia a través de convenios de seguridad. Hay que resaltar también la coincidencia espacial y temporal entre la actividad petrolera de Repsol y el accionar de grupos paramilitares, así en torno al campo de Capachos es donde se están produciendo últimamente las más graves violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo por el paramilitarismo.
Repsol se beneficia de que el Estado colombiano identifica los intereses de las compañías petroleras con el “interés general de la nación”, a sostener por encima de los derechos de las comunidades indígenas, a las que niega el derecho legalmente instituido a la “Consulta Previa”. Las comunidades indígenas U’wa y Guahiba ven amenazada su propia supervivencia, debido a los desplazamientos, a la militarización de sus territorios, a los efectos de distorsión socio-cultural que esta actividad introduce en las comunidades y a las consecuencias medioambientales que ponen en peligro los ecosistemas en los que subsisten.
Las operaciones de la Repsol en Arauca ocasionan efectivamente desastres medioambientales asociados principalmente a los derrames de crudo y al uso desmedido de recursos naturales limitados, como es el caso del agua usada para la extracción, que termina contaminada y desechada en lagunas y corrientes cercanas a los campos. En algunos casos se acaba destruyendo los ecosistemas locales, como sucedió con la laguna de Lipa, resultado de las operaciones en Cravo Norte.
La actuación global de Repsol.
El caso de las operaciones de Repsol en Colombia, a pesar de su dramatismo, no es un hecho aislado. Repsol desarrolla sus actividades por todo el mundo. Sólo en América Latina y el Caribe, opera en 14 países. La compañía obtuvo en 2005 un beneficio récord de 3.120 millones de euros, un 27% más que el año anterior. En torno al 80% de estos resultados provienen de América Latina.
La experiencia de la actividad de esta petrolera en otros países del continente como Argentina, Ecuador y Bolivia, también está ligada a violaciones de los derechos de los pueblos indígenas, al fomento de la corrupción, así como al deterioro irreversible de los entornos sociales, culturales y ambientales, donde opera. Recordemos en este sentido que Repsol está encausada en Bolivia por contrabando y falsificación de documentos y en Argentina por delito medioambiental en territorio mapuche.
El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) Colombia - Audiencia Petrolera
En Agosto del 2007, se llevará a cabo en Bogotá la Audiencia Petrolera del Tribunal Permanente de los Pueblos, que juzgará la política de la Occidental Petroleum (Oxy), la Repsol y la British Petroleum (BP), por los impactos lesivos de sus operaciones en la población colombiana. El TPP es un instrumento internacional de búsqueda de verdad, justicia y reparación a las víctimas, que tiene ya más de treinta años de existencia; constituido al margen de las estructuras judiciales de cualquier país, representa la conciencia ética de los pueblos, la conciencia ética de la humanidad.
En Junio de este mismo año se realizará en Madrid una audiencia preliminar sobre el caso específico de la Repsol, como parte del proceso de preparación de la Audiencia de Bogotá. www.ecoportal.net
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