La sociedad civil internacional apoya a las comunidades campesinas peruanas en su reclamo al gobierno peruano de parar el proyecto de mina de cobre Río Blanco de la empresa minera con sede en Londres, Monterrico Metals, a retirar la concesión en el area de Río Blanco y declarar la región zona inadecuada para la minería.
El proyecto de mina de cobre Río Blanco de la empresa con sede en Londres Monterrico Metals viola derechos humanos en el norte de Perú.
La sociedad civil internacional apoya a las comunidades campesinas peruanas en su reclamo al gobierno peruano de parar el proyecto de mina de cobre Río Blanco de la empresa minera con sede en Londres, Monterrico Metals, a retirar la concesión en el area de Río Blanco y declarar la región zona inadecuada para la minería. Se llama a todos los actuales y futuros inversores a desinvertir y no invertir en este insostenible e ilegal proyecto de alto riesgo que viola los derechos humanos.
Monterrico Metals, una compañía minera joven con sede en Londres, opera el proyecto de mina de cobre Río Blanco en la frontera peruana con Ecuador en la fase de preconstrucción. Monterrico se encuentra actualmente en una fase de adquisición. El consorcio chino Xiamen Zijin Tongguan Investent Development Co. Ltd, dirigido por la mayor productora de oro de China Zijin Mining Group, anunció el 11 de abril que aceptaban un total de 50,17 por ciento de las acciones de Monterrico.
Zijin puede mantener el 70 por ciento de Monterrico, gracias a esta oferta, que convertiría a la empresa británica en subsidiaria. Zijin anunció que la construcción del proyecto se estima en 1,4 billones de dólares. La compañía planea trabajar durante un año en cuestiones ambientales y en la revisión del estudio de viabilidad. Aún serán necesarios dos años más para la construcción, y la producción comenzará en 2010 o 2011. Zijin también compite con la mina de cobre Michiquillay en el Perú.
La sociedad civil de diferentes países occidentales y latinoamericanos apoyan las protestas de las comunidades campesinas del norte del Perú, cuyos derechos humanos han sido violados por el proyecto Río Blanco. Hasta ahora los gobiernos peruano y británico no han sido capaces de poner fin a estas violaciones de los derechos humanos. Amnistía Internacional lanzó una acción urgente el 23 de marzo para proteger a ciudadanos involucrados en conflictos mineros de amenazas de muerte.
A pesar del gran apoyo internacional, que incluye la presentación del informe Río Blanco, realizado por el grupo británico Peru Support Group en el Parlamento británico el 27 de marzo y la protesta internacional en la sede de Monterrico Metals en Londres el día 3 de abril, el conflicto parece estar intensificándose en estos momentos.
La Defensoría del Pueblo concluyó que la presencia de la Minera Majaz (operadora subsidiaria de Monterrico Metals) no es legal, lo que ha causado un intenso conflicto social en la región, traducido en masivas y continuas protestas.
La consulta popular pedida por las comunidades ha sido rechazada por el presidente peruano Alan García y el gobierno peruano, aunque varias organizaciones civiles internacionales, el alcalde de las comunidades afectadas y varios diputados peruanos afirman que las comunidades locales deben ser consultadas.
Las violentas intervenciones de la policía peruana y de los militares en los pasados años ha dado como resultado la muerte de dos campesinos y numerosos heridos. Muchos campesinos y líderes campesinos que se oponen al proyecto estan siendo ahora procesados por la justicia peruana. En la prensa local, controlada por la compañía minera, líderes campesinos son acusados de terroristas. Sin embargo, no ha habido ningún enjuiciamiento trás los ataques violentos del 12 de marzo del 2006, en Huancabamba, dirigido por el gerente de responsabilidad social de la Minera Majaz. Richard Ralph, actual presidente de Monterrico Metals y anteriormente embajador de la embajada británica en Perú, niega todas las acusaciones contra Monterrico Metals.
Las comunidades afectadas estan apoyadas por organizaciones nacionales peruanas como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería y Red Muqui. También cuenta con el apoyo de diferentes asociaciones europeas de sociedad civil que se dedican a la defensa de los derechos humanos y la protección del medio ambiente. Una amplia red internacional está pidiendo a la compañía que se retire de la zona, y al gobierno peruano a revocar la concesión.
El portavoz Piet Wostyn (CATAPA Bélgica) explica: "Trás años de protestas regionales en el Perú contra Monterrico Metals, ahora la resistencia a alcanzado la sede de Londres. A nivel internacional más y más gente pide poner el fin al proyecto de mina de cobre Río Blanco. Numerosas violaciones de los derechos humanos, un desastre ecológico a largo plazo y de largo alcance y las irregularidades legales hacen urgente una desinversión de Monterrico Metals."
Las comunidades locales temen más colonizaciones en el área de Río Blanco. Si las concesiones adyacentes entran en fase de explotación, el área se convertirá en distrito minero. La agricultura será inviable en la región y la minería a gran escala causará un daño irreversible al frágil ecosistema de la Alta Amazonía y a especies únicas, como el oso de anteojos y el tapir andino. WWF insta a la declaración de 57.144 hectáreas como Santuario Nacional de Tabaconas-Namballe, para proteger un corredor biológico hasta Ecuador. El proyecto pone en riesgo la calidad y el abastecimiento de agua en el sur de Ecuador, el norte del Perú y la cuenca amazónica. Por estas razones la sociedad civil internacional y las comunidades campesinas locales piden al gobierno peruano que retire las concesiones en el área y que declare la región no apta para la minería.
Peticiones
Teniendo en cuenta la localización del proyecto Río Blanco, sus dimensiones y su posible expansión, y las numerosas concesiones mineras en las áreas adyacentes, consideramos el proyecto extremadamente preocupante para el futuro del norte del Perú.
Las comunidades campesinas, los alcaldes de las provincias y distritos, organizaciones sociales y medioambientales, ONGs nacionales e internacionales piden el inmediato retiro de la Minera Majaz de la zona, e insta a la compañía a que ponga fin a las violaciones de los derechos humanos.
We hereby subscribe the demands of the local communities and in the light of the aforementioned violations of National Peruvian law as well as with international conventions and treaties ratified by the Peruvian State, in particular ESC-Conventions, Convention on Civil and Political Rights and the ILO 169, we demand the Peruvian state:
Por la presente apoyamos las peticiones de las comunidades locales basándonos en las mencionadas violaciones de las leyes peruanas así como de los convenios internacionales y tratados ratificados por el gobierno peruano, y en particular MLa Convención de Derechos Civiles y Políticos y el ILO 169 y reclamamos:
* El fin inmediato de las operaciones del proyecto Río Blanco realizadas por la Minera Majaz.
* El retiro inmediato de las fuerzas policiales – DINOES – del territorio de las comunidades campesinas de Yanta y Segunda y Cajas.
* Una investigación minuciosa e independiente de las violaciones de los derechos humanos sufridas por la población afectada y la muerte de Reemberto Herrera Racho y Melanio García Gonzalez, junto con las amenazas de muerte y otras amenazas a los derechos humanos de los activistas como se ha mencionado anteriormente.
* Una garantía de seguridad de todas las personas que defienden los derechos humanos en el área afectada. Instamos al estado peruano que comuniqué en un claro mensaje público que las intimidaciones y las amenazas a los defensores de los derechos humanos no serán toleradas.
* El respeto y la protección de los derechos humanos de las comunidades originarias del terreno afectado por las operaciones de la Minera Majaz.
* Pedimos apoyo para una inmediata, libre, previa e informada consulta de las comunidades campesinas. Cualquier operación futura de la compañía debe estar sujeta a la autorización de la población local.
* La declaración de la zona de frágiles ecosistemas de páramos y bosques de neblina dónde está localizado el proyecto Río Blanco como zona no apta para las operaciones mineras a gran escala.
* Además, instamos a las autoridades británicas a asegurar la conformidad de Monterrico Metals con las OECD-Directrices de Empresas Internacionales.
Finalmente, pedimos a toda la comunidad internacional, a controlar de cerca la evolución futura del proyecto Río Blanco como caso emblemático de minería en el Perú. www.ecoportal.net
Comité Académico Técnico de Asesoramiento a Problemas Ambientales, CATAPA – Bélgica
Río Blanco dossier CATAPA (04/02/2007)
www.catapa.be/press
Piet Wostyn (CATAPA, Europa): 0032(0)484.157.183.
Daan Janssens (CATAPA, Bélgica): 0032(0)473.367.318
