Entrevista a Emanuele Lobina*, investigador en temas de agua, quien visitó la ciudad de Buenos Aires y Rosario, invitado por el Taller Ecologista, la Unión de Usuarios y Consumidores y Amigos de la Tierra, en el marco del Programa Argentina Sustentable.

¿Cuál es su opinión sobre la salida de Suez en Santa Fe?

Creo que lo que ha pasado con Aguas Provinciales de Santa Fe tiene mucho en común con lo que ha sucedido en Argentina, en Latinoamérica y a nivel internacional con la privatización del servicio del agua. En los años 90, la privatización fue vista como la única posibilidad para desarrollar los servicios de agua. Sin embargo, estos modelos han fracasado en muchos casos porque los mecanismos de la privatización, basados en la maximización del beneficio comercial, a veces han ido en detrimento de los aspectos sociales, políticos y ambientales. Otra vez el conflicto entre lucro y objetivos de intereses públicos no fueron aceptados por las multinacionales. Esta situación, a largo plazo (diez, quince años), ha sido insustentable. Por eso, el caso de Santa Fe fue similar a otros casos. Estamos hablando de procesos globales que se repiten a una escala local. Más allá de las particularidades de cada uno, los problemas encontrados han sido los mismos: fracaso de la política internacional; o sea, fracaso de la solución propuesta por el Banco Mundial a la falta de recursos del sector. Es decir, las concesiones privatizadas del servicio de aguas y alcantarillado, como solución final sostenida por el Banco Mundial, han fallecido.

¿Cuál es la enseñanza que debería haber quedado después de estos procesos?

Quedó demostrada la importancia de la necesidad de que las políticas de reforma del servicio deben ser más sustentables, basadas en una visión más realista, en la reforma del sistema público y en la participación comunitaria, aspectos que no fueron contemplados por el Banco Mundial. El enfoque de este organismo fue muy estrecho, como si la privatización fuese la única solución posible. Por el contrario, tenemos muchas experiencias positivas de reformas exitosas del servicio de aguas y alcantarillado, las cuales mantuvieron la propiedad pública al 100%. Muchos de estos casos han mejorado la transparencia y el sistema de toma de decisiones, por ejemplo, con la introducción de elementos de participación ciudadana. Todas estas políticas, que no han sido tomadas en cuenta por el Banco Mundial, deberán ser revaluadas y pensadas, porque el 90% de las gestiones de servicio de agua y alcantarillado están en manos públicas. No puede pensarse que las metas del milenio serán superadas reemplazando estos sistemas, cuando hemos visto que la privatización tiene costos insustentables a nivel económico y social.

Entonces ¿Cuáles serían las alternativas para la construcción de un sistema sustentable?

En primer lugar, es un grave error considerar que desde el sector público hay una sola forma de trabajar. Hay muchas alternativas al interior de la gestión pública, lo importante es que el modelo se base en la transparencia, que sea responsable e incluya a la comunidad; es decir, que sea sustentable.

¿Cómo se llega a esos modelos?

Empezando por lo básico. Primero, se debe cuidar la gestión de la empresa desde el punto de vista operativo, por ejemplo, mejorando la eficiencia y eficacia del servicio. Aprovechar la posibilidad que brinda la propiedad pública de reinvertir todos los recursos obtenidos (a través de las tarifas, subsidios, financiamiento, etc.) en la expansión y fortalecimiento o mejoramiento de la infraestructura de la empresa. Esta reinversión no es posible en el caso del régimen privado. Esta es una cuestión básica, pero no suficiente.

¿Qué otros factores deberían ser tomados en cuenta?

Por ejemplo, si hay un conflicto de intereses dentro del gobierno, es posible que los recursos económicos que deberían ser dirigidos a la mejoría del servicio de agua sean desviados. Entonces, es importante empezar a mejorar el proceso de toma de decisión. Un mecanismo posible para lograr este objetivo es el de la participación ciudadana en sus diversas modalidades: consultas, participación e involucramiento a través de representantes de la sociedad civil en concejos, etc. Hubo participación ciudadana en casos como Porto Alegre, Brasil, Córdoba, España, y Grenoble, Francia, los cuales fueron exitosos. Es decir, los representantes de la sociedad civil participan de la toma de decisiones junto a los gerentes de las empresas. En teoría, esto permite que los variados intereses de los diferentes sectores de la sociedad civil sean tomados en cuenta, sumados a las opiniones técnicas y los objetivos del gobierno. Cuando hay participación ciudadana es más factible que el servicio sea sustentable en el largo plazo. También es más sencilla la toma de decisiones difíciles, como el es caso de una suba de tarifa, porque la sociedad civil puede tener mayor confianza ya que está involucrada en el proceso de toma de decisiones y tienen herramientas de control sobre la ejecución de las mismas. Si se cumplen estos aspectos, nuestro análisis dice que es posible una buena gestión.

¿Con qué problemas considera que puede enfrentarse una gestión de este tipo?

En algunos casos, hay problemas porque se dice que hay participación ciudadana y en realidad es sólo una declaración. Toda solución tiene que ser evaluada por su eficacia concreta y no por el cumplimiento de fórmulas vacías. Otras veces, hay problemas de falta de capacitación en las empresas públicas o falta de acceso a los capitales.

¿Cómo se pueden enfrentar estos problemas?

Una parcería (asociación) público pública, sin un beneficio comercial, puede ayudar mucho a la creación de un proceso sustentable. Más allá del tipo de parcería, las bases deben ser las mismas: no hay finalidad de lucro, objetivos políticos de asistencia solidaria, confianza entre actores participantes. Las parcerías deben ser desarrolladas como proyectos a largo plazo, de una manera profesional. Una parcería público publica debe incentivar una reforma en tres áreas: institucional, capacitación y acceso al capital. Es importante que se realicen los tres niveles de reforma al mismo tiempo. Si se quieren tener buenos resultados, el 100% de los costos de capacitación de recursos humanos, que normalmente son bajos y muy exitosos, tienen que estar cubiertos sin que haya lucro. El problema es que, muchas veces, estos costos no están cubiertos y las parcerías quedan sin recursos. En algunos casos, se puede hacer frente a estos costos con la cooperación de organismos internacionales. La falta de capacitación y de formación del personal puede aparejar muchos problemas en la gestión, por eso es necesario un entrenamiento en todos los niveles de la empresa y, tal vez, en quienes están a cargo de la toma de decisiones.

¿Cómo sería esta cooperación internacional y para que serviría?

En algunos casos ha permitido el fortalecimiento y mejoramiento de las instituciones, de las finanzas hacia el interior de la empresa y de la infraestructura. Falta promover este tipo de interacción con los organismos internacionales, interacción en la cual los préstamos no estén condicionados a la privatización del servicio, que ha sido algo muy conflictivo. En el caso de América Latina, el BID no siempre condicionó los préstamos a la privatización del servicio, sino al buen manejo de las operaciones bajo la gestión pública. Un caso ejemplificador fue el de Porto Alegre en 1961, el cual fue muy exitoso porque la empresa pública pudo fortalecerse en el tiempo.

¿Este podría ser el camino a seguir en Santa Fe?

Creo que no hay lugar donde no se pueda seguir. Falta saber si hay condiciones políticas. No hay una fórmula fija mientras se respeten los principios de los cuales estuve hablando. Creo que en el caso de Santa Fe o Rosario (si se municipalizara el servicio) se puede hacer. Es importante que haya un proceso de reformas en la toma de decisiones. Es posible que el proceso de reforma comience con la mayor transparencia y mayor participación ciudadana y es posible que después se pueda fortalecer más con parcerías público públicas. www.ecoportal.net

Taller Ecologista
http://www.taller.org.ar/

* Especialista en agua, desde 1998 integra el equipo de investigadores de la Unidad de Investigación de la Internacional de Servicios Públicos (PSIRU). Sus estudios incluyen acceso y precio del agua para los sectores pobres, privatización y manejo de riesgos, financiación del servicio, tomas de decisión sobre reformas en la gestión del agua, desarrollo institucional bajo gestión pública, capacitación y parcerías público públicas. Antes de unirse al PSIRU, Lobina estudió ciencias políticas y legislación sobre comercio internacional en las universidades de Florencia y Turín, Italia. También ha colaborado con el Instituto de Altos Estudios en Administración Pública (IDHEAP), de la Universidad de Lausanne, Suiza y la Universidad de Siena, Italia.

PSIRU (www.psiru.org) fue creado en 1998 para desarrollar investigaciones empíricas sobre privatización, servicios públicos, y globalización, dentro de la Escuela de Negocios de la Universidad de Greenwich, Reino Unido. Su investigación se basa en el mantenimiento de una extensa base de datos de información sobre economía, política, financiamiento y experiencias sociales y técnicas sobre privatizaciones del sector público en todo el mundo. Esta base está financiada por la Internacional de Servicios Públicos (PSI), la confederación global de los sindicatos de servicios públicos. Los informes de PSIRU están accesibles en http://www.psiru.org/publicationsindex.asp