“La instalación de las plantas de celulosa en nuestro país consolida y amplía un modelo forestal que ya está comprobado que tiene graves impactos económicos, ambientales, políticos y sociales para Uruguay”, señala María Selva Ortiz, socióloga y coordinadora de la asociación ambientalista Redes – Amigos de la Tierra Uruguay.

En una entrevista realizada en Montevideo, Ortiz expresó su preocupación porque el conflicto con Argentina por la construcción de una fábrica de pasta celulosa en Fray Bentos “ha corrido el eje del verdadero debate que debemos darnos los uruguayos en cuanto a qué está pasando hoy con el modelo forestal, con la concentración y extranjerización de la tierra, con todas las unidades productivas que están siendo adquiridas por sólo cinco empresas forestales trasnacionales, entre las que se encuentran Botnia y ENCE”.

Los estudios de Redes sobre las consecuencias del monocultivo forestal empezaron a principios de la década del ’90, pocos años después de que el gobierno democrático de Julio María Sanguinetti consagrara una ley, que continúa vigente, que le brinda beneficios impositivos, subsidios y créditos blandos a la forestación.

- ¿Por qué el primer gobierno de restauración democrática promovió la industria forestal en Uruguay?

- En principio se veía como una alternativa para los productores nacionales, pero inmediatamente llegaron las empresas transnacionales que concentraron tierras. Hoy cualquiera de esas transnacionales tienen un producto bruto mayor al de Uruguay y, sin embargo, no pagan ningún impuesto y reciben créditos blandos. Es el único sector industrial o agrícola que recibe este tipo de beneficios. Así que los grandes beneficiarios han sido estas transnacionales, porque incluso están exentos de la externalización de costos que producen. Las carreteras se deterioran mucho más, y ese costo lo pagamos todos los ciudadanos. Ahora también en Argentina se está impulsando con fuerza una ley forestal que es similar a la nuestra.

- ¿Qué impactos económicos ya se registran de este modelo?

- El monocultivo forestal no ha dejado nada al país desde el punto de vista económico, porque ha dado mucho menos mano de obra que la ganadería extensiva, incluso. Hay infinitas denuncias, en el Ministerio de Trabajo, sobre trabajo semi-esclavo e infantil en las plantaciones forestales. Los impactos ambientales en el agua ya son evidentes en muchas zonas, como en Mercedes -una ciudad ubicada cerca de Fray Bentos- donde 160 productores se han quedado sin agua. Además, hay una pérdida grave de soberanía, porque existen cuencas absolutamente estratégicas para nuestro país que están siendo claramente afectadas. Hay estudios que dicen que se podría perder el 70% de la corriente de la cuenca del Río Negro por el monocultivo, y en esa cuenca están tres de las cuatro represas nacionales. Hoy nuestro país, como Argentina, está atravesando una crisis energética muy grave. La instalación de las plantas no va a hacer más que ampliar estos impactos negativos que ya se registran por el monocultivo forestal.

- ¿Cuáles fueron las consecuencias sobre el mundo laboral?

- En el censo agrícola de 2000 ya se registra una expulsión de productores y de trabajadores rurales y de oficios del campo a la ciudad. Hoy se observan asentamientos en cinturones periféricos de algunas ciudades del interior, y son trabajadores expulsados de los campos que compran las transnacionales. Cuando estas empresas adquieren las tierras, desarman todos los establecimientos que están dentro de las plantaciones para que no puedan volver a ser ocupados.

- ¿Qué acciones se desarrollaron desde Uruguay para impedir que se instalen las plantas de celulosa?

- Nosotros presentamos el caso de Ence y Botnia ante el Tribunal de los Pueblos de Viena. También realizamos acciones contra Ence en España, para que no se le brinden créditos por parte de diversos organismos del Estado español para la instalación de su planta en Uruguay. Además, logramos que el ING Bank no otorgue créditos. A nivel local desarrollamos muchas acciones, aunque en el último año todas las actividades que impulsamos tuvieron una baja repercusión en la opinión pública, porque el conflicto con Argentina llevó a que los partidos políticos y los medios convergieran en un bloque de defensa de las inversiones y que cualquiera que se opusiera fuera acusado de antipatriota. Pero hay una fuerte oposición en Uruguay a la instalación de las plantas y a la forestación. Los uruguayos debemos darnos un debate sobre qué modelo de desarrollo nacional queremos, sobre todo porque la población dio un gran mensaje de cambio en las últimas elecciones presidenciales de 2004, pidiendo la transformación del modelo económico y productivo que se venía aplicando.

- ¿La política del Frente Amplio respecto a la forestación se corresponde con ese mensaje de transformación?

- El gran emblema del Frente Amplio era “queremos un país productivo”. Ahora, ¿la forestación está dentro de ese país productivo? ¿O son empresas que vienen a utilizar recursos estratégicos de los uruguayos, como el agua y la tierra, y el trabajo de los propios uruguayos para satisfacer necesidades de consumo de otras sociedades? Este modelo, además, pone en riesgo nuestra soberanía alimentaria, porque estamos destinando a la forestación nuestras tierras más ricas para la agricultura y la ganadería. Si los mercados internacionales van a estar cada vez más ávidos de alimentos de calidad, ¿por qué producir un commodity más como la pasta de celulosa? Ese es un debate que no pudimos dar.

- ¿El modelo de monocultivo representa un retroceso con respecto al modelo agro exportador de fines del siglo XIX?

- Lo único que dejan en nuestros país estas empresas son los beneficios de los pocos uruguayos que van a trabajar en la fábrica. En el caso de Botnia se van a crear sólo 260 puestos directos para los uruguayos, porque más de 2000 personas que van a trabajar en la fábrica son extranjeros y, obviamente, son quienes se van a desempeñar en los puestos más calificados. Un frigorífico medio en Uruguay, que paga todos los impuestos, genera 1040 empleos directos. Una tonelada de carne orgánica se exporta a partir de 1200 dólares y puede llegar a 7000, y el precio de una tonelada de pasta celulosa está en 400 dólares. Así que no hay ningún argumento para seguir impulsando este modelo, porque además los ganaderos se están quedando sin tierras para desarrollar su actividad, y están en el techo de la producción.

- Uno de los ejes que no se trazó en el debate ha sido el escaso poder de los Estados para negociar con las grandes empresas transnacionales.

- En este conflicto ha quedado claro que las empresas tienen mayor poder que los Estados, como sucedió cuando Botnia no frenó la construcción de la planta, pese al acuerdo entre los gobiernos uruguayo y argentino. En Uruguay, actualmente se está dando una discusión sobre un proyecto de ley de salud reproductiva, que Tabaré ya anunció que va a vetar si es promulgada, y circula un chiste que dice que el movimiento feminista llegó a un acuerdo con Botnia para que sea la propia empresa quien le solicite a Tabaré que apruebe la ley, porque el presidente al único que hace caso y escucha es a esta compañía. Sería muy estratégico (se ríe).

- ¿El gobierno del Frente Amplio impulsó alguna acción que limite el modelo forestal?

- Si bien ha hecho poco, el Gobierno sí ha promovido una ley para que las sociedades anónimas no pueden comprar tierras. También, aunque se demoró bastante, Vázquez firmó un decreto que responsabiliza a las transnacionales sobre la seguridad de los trabajadores que se desempeñan dentro de las plantaciones, porque hasta ahora no eran responsables, ya que el trabajo era tercerizado. Los contratistas generaban trabajo en negro y, si había algún accidente laboral, no eran solventes para hacerse cargo de los costos. Otro avance es que se terminaron los subsidios a la forestación, aunque se mantienen las exenciones impositivas.

- ¿Cómo analiza la relocalización o la construcción de un acueducto como posibles soluciones que destraben el conflicto con Argentina?

- La relocalización no implica ninguna mejora para Uruguay. La relocalización de Ence en Colonia, que fue anunciada como un triunfo en la Casa Rosada, para nuestro país implica que la empresa eleve su producción de 500.000 a 1.000.000 de toneladas. Así que esa salida fue mucho más perjudicial para Uruguay, porque se va a necesitar el doble de químicos y la planta va a tener el doble de emisión de efluentes. Así que para nosotros es una gran derrota. La relocalización es plantear que no quiero la basura en el patio de mi casa y quiero que la quiten y la pongan en cualquier lado, porque inclusive nos corren el área de forestación hacia el sur, donde están las mejores tierras, que son cada día más productivas. Tampoco la construcción de un acueducto representa una la solución, porque los efluentes se derivarán hacia el Río Negro, pero siempre van a terminar sobre el río Uruguay. De todas formas, entendemos que hay que dirigir las acciones hacia las empresas, no hacia la sociedad uruguaya. Nada de lo que produzcan Botnia y Ence -que es pasta celulosa y no papel- será para el mercado interno, sino que estará destinado para satisfacer necesidades de otras sociedades de consumo. Hay ecologistas que vienen de Europa para solidarizarse y nosotros les planteamos que ellos tienen que rever que están haciendo en sus sociedades, porque ellos aumentan sus exigencias ambientales pero siguen manteniendo su nivel de vida, así que los efectos vienen para acá. www.ecoportal.net

Publicado en La Vaca