El gobierno salteño autorizó a la firma Los Dos Ríos S.A. a desmontar 1.670 hectáreas en las finca Abra Grande y Abra Chica, cercana a la ciudad de Orán, que tiene una superficie de 26.000 hectáreas, de las cuales cerca de 6.500 ya fueron desmontadas en los últimos años para cultivos. El inminente desmonte se realizará en la selva de Yungas, en un área que hace cinco años fue declarada Reserva Mundial de Biosfera por la UNESCO, a pedido de Salta y Jujuy.
La Organización ecologista Greenpeace denunció que el gobierno de Salta autorizó hoy el desmonte de 1.670 hectáreas dentro de una finca ubicada en una zona declarada Reserva de Biosfera de las Yungas por la UNESCO, pese a la firme oposición de la comunidad de Orán.
Según informaron a Greenpeace fuentes de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Salta, el gobierno salteño autorizó a la firma Los Dos Ríos S.A. a desmontar 1.670 hectáreas en las finca Abra Grande y Abra Chica, cercana a la ciudad de Orán, que tiene una superficie de 26.000 hectáreas, de las cuales cerca de 6.500 ya fueron desmontadas en los últimos años para cultivos.
El inminente desmonte se realizará en la selva de Yungas, en un área que hace cinco años fue declarada Reserva Mundial de Biosfera por la UNESCO, a pedido de Salta y Jujuy. Se trata de una zona de transición, donde las propias provincias habían propuesto realizar desarrollo forestal sustentable, actividades educativas y ecoturismo, pero no la conversión de un área de bosque en un área de agricultura.
"La autorización de este desmonte dentro de los límites de la Reserva Mundial de la Biósfera implica el incumplimiento por parte de nuestro país de acuerdos internacionales, y una grave amenaza para la rica biodiversidad existente en la región, sostuvo Hernán Giardini", coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Greenpeace señaló que este desmonte se enmarca en una descontrolada emisión de permisos de eliminación de bosques nativos por parte de Salta, ya que, tan sólo en los últimos siete meses, la provincia convocó a audiencias públicas para autorizar desmontes por un total de 200.000 hectáreas, lo que equivale a 10 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires.
La posible autorización del desmonte había generado una encendida defensa de la comunidad de Orán en favor de la biodiversidad de la región, una audiencia pública realizada en esa ciudad del norte de Salta.
De la audiencia participaron más de 200 personas, entre ellas vecinos, artistas, docentes y estudiantes, miembros de Greenpeace y delegados de pueblos originarios que habitan en la selva de Yungas, como la Comunidad Kolla Tinkunaku y la comunidad Avá Guaraní, quienes manifestaron fuertemente su descontento. Además participaron funcionarios de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), quienes también se opusieron al desmonte.
"La autorización de un desmonte tan resistido como éste demuestra que las audiencias públicas son tan sólo un trámite, que termina con las topadoras destruyendo todo", afirmó Giardini.
"Claramente Salta está aplicando una política de tierra arrasada. Por eso necesitamos que de manera urgente el Senado apruebe la Ley de Bosques", afirmó Juan Carlos Villalonga, director político de Greenpeace Argentina.
La Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y es impulsada por organizaciones de todo el país, entre ellas Greenpeace, la Asociación Ecologista Piuké de Bariloche, el Taller Ecologista de Rosario, la Fundación Proteger de Santa Fe, la Fundación M-Biguá de Entre Ríos, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), la Organización de Pueblos y Naciones Indígenas en Argentina (ONPIA), la Federación Agraria Argentina, la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), la Fundación ProYungas, Fundapaz, la Fundación Vida Silvestre Argentina y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
La norma establece la moratoria a los desmontes hasta tanto las provincias realicen un ordenamiento territorial de los bosques nativos para planificar de manera participativa el uso sustentable de los mismos, y prohíbe explícitamente el otorgamiento de permisos de desmonte en zonas tradicionalmente habitadas.
Los últimos datos de Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación revelan que nuestro país se encuentra en una verdadera Emergencia Forestal: entre 1998 y 2002 desaparecieron 781.930 hectáreas, pero en los últimos cuatro años, el proceso se acentuó y los desmontes arrasaron con 1.108.669 hectáreas, lo que equivale a 280.000 hectáreas por año, o 821 hectáreas de bosques por día, es decir, 34 hectáreas por hora.
La mayor aceleración a los desmontes se registra en la provincia de Salta, donde la desaparición de masa boscosa durante estos últimos cuatro años alcanzó las 414.934 hectáreas. Esto implica que fue un 113,45% mayor que entre 1998 y 2002. www.ecoportal.net
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