Durante muchos años hemos visto como los procesos productivos de nuestro país Costa Rica se encarecen debido principalmente a certificaciones ambientales que en la práctica solo benefician a las empresas certificadoras en virtud de los miles y hasta millones de dólares que reportan para las empresas que las emiten
Durante muchos años hemos visto como los procesos productivos de nuestro país Costa Rica se encarecen debido principalmente a certificaciones ambientales que en la práctica solo benefician a las empresas certificadoras en virtud de los miles y hasta millones de dólares que reportan para las empresas que las emiten.
El asunto según podemos ver radica en parte en el hecho de que la mayoría de las certificaciones son manejadas con un alto grado de privacidad, que no permite ni siquiera que las comunidades cercanas y grupos organizados participen de las auditorias. Ni siquiera los propios trabajadores de la mayoría de las compañías bananeras y de piña son incorporados o informados de los compromisos inmersos en dichas certificaciones.
El cinismo ha llegado a tal punto que algunas empresas transnacionales compran frutas a productores independientes que no cuentan con certificaciones y las presentan a los mercados internacionales como productos certificados y producidos por ellos. Algunas de estas situaciones han sido denunciadas tímidamente por sindicatos y grupos europeos sin que al día de hoy dicha práctica haya desaparecido.
Lo que realmente preocupa es que instrumentos internaciones como los ISO, que deberían garantizar sin duda alguna practicas amigables con el ambiente, se han convertido en una estafa conceptual de la que ocasionalmente grupos europeos se han valido para extorsionar a productores irresponsables, sin que los importadores y demás consumidores internacionales conozcan la farsa de algunas certificaciones.
En las plantaciones bananeras y piñeras de Costa Rica es común ver trabajadores en labores agrícolas mientras las avionetas encargadas de la fumigación aérea esparcen productos químicos, irrespetando normas como euregap y otras. A lo anterior debemos agregar que en la mayoría de las comunidades y poblaciones vecinas las madres y niños se transportan en bicicletas y a pie, por lo cual son las poblaciones más expuestas a las lluvias de agroquímicos.
Ha llegado el momento de que las organizaciones de consumidores y sindicatos europeos asuman sin ambages su responsabilidad y obliguen a las empresas certificadoras, y principalmente a las transnacionales, a incorporar a las comunidades cercanas a los centros de producción en las mal llamadas auditorias ambientales que en realidad son un negocio para unos cuantos que se benefician directamente con este proceso. Nadie se ha preocupado para responder con claridad meridiana, la siguiente interrogante: ¿Y, quién certifica a los certificadores?
Según reportes periodísticos publicados en los principales medios de comunicación de Costa Rica, se informa que debido a la gran contaminación que ha causado la actividad agrícola exportadora en el Cantón de Siquirres, el ente público Acueductos y Alcantarillados (AyA) ha decidido como medida “correctiva”, distribuir agua con dos camiones cisternas a seis mil vecinos de Siquirres, debido a problemas de contaminación química en los acueductos locales de las comunidades de El Cairo, La Francia, Luisiana y Milano.
La medida surge, según esa información pública, porque en las comunidades de El Cairo, La Francia, Luisiana y Milano, el agua para consumo humano está siendo contaminada por tres agroquímicos usados por cuatro empresas piñeras, lo que ha contaminado los mantos acuíferos y las fuentes de agua potable.
Con lo expuesto no queremos generalizar. Sin embargo, es claro que existe suficiente documentación que señala que algunas certificaciones reflejan una realidad muy distinta a la real, en detrimento de miles de humildes ciudadanos de nuestro país. Hacemos un llamado vehemente a las empresas importadoras y organizaciones de consumidores para que le pongan un alto a estos abusos con medidas concretas. www.ecoportal.net
* Marco Machore Levy
Presidente de la Asociación de Desarrollo para la Ecología