Una nueva Ley de Producción, Certificación y Comercio de Semillas entró en vigor el pasado 14 de agosto. Ahora, gracias al Congreso y al gobierno mexicanos, Monsanto podrá continuar su biopiratería histórica con total impunidad y al mismo tiempo demandar a cualquier campesino o agricultor que no les pague (o se contamine, si son transgénicos).
Una nueva Ley de Producción, Certificación y Comercio de Semillas entró en vigor el pasado 14 de agosto. Manuel Oyervides, director de investigación de Monsanto, manifestó a la prensa su entusiasmo y declaró que están "ansiosos porque se libere el uso de la biotecnología, así [sus] inversiones se podrían hasta duplicar", lo que deja muy claro quién se beneficia con esta ley, que, agregó, por fin "sancionará a quienes piratean la tecnología" (Reforma, 15/08/07). Curiosas palabras viniendo de boca de una trasnacional biopirata por excelencia, ya que la totalidad de las semillas que usa (y abusa) provienen de la creatividad colectiva de campesinos de todo el mundo, lo cual -igual que sucede con las otras grandes semilleras como Bayer, Syngenta, Dupont, Dow- no las ha inhibido patentarlas para impedir que esos mismos campesinos puedan volver a utilizarlas sin pagarles.
Ahora, gracias al Congreso y al gobierno mexicanos, podrán continuar su biopiratería histórica con total impunidad y al mismo tiempo demandar a cualquier campesino o agricultor que no les pague (o se contamine, si son transgénicos). De paso, se hicieron de un lugar privilegiado para seguir influyendo en las políticas sobre semillas en nuestro país y, por si fuera poco, financiados con dinero público.
Por eso Seedquest, central de información de la industria global de semillas, aplaudió la nueva ley, cuyo logro atribuyó a sus miembros y a selectos personajes del gobierno mexicano: "Durante todo este tiempo, asociados y miembros de la Asociación Mexicana de Semilleros AC, en cuyo consejo directivo figuran Monsanto, Syngenta y Pioneer/Dupont (como 'comité de honor y justicia') trabajaron fuertemente y realizaron actividades conjuntas [para sacar esta ley] con el Consejo Nacional Agropecuario (centro de los grandes distribuidores y productores agroindustriales nacionales y trasnacionales) y la Dirección de Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS/ Sagarpa)".
La ley de semillas es un complemento ideal de la ley de bioseguridad (ley Monsanto) porque otorga "certidumbre" a las trasnacionales semilleras de que podrán perseguir legalmente a cualquier agricultor que ellas consideren que usa sus "invenciones" sin pagarles (sean semillas híbridas o transgénicas). Este era un punto neurálgico de la ley para las trasnacionales, pero hay más: la ley establece un Sistema Nacional de Semillas, como organismo de coordinación del sector, pero, sobre todo, como "instrumento consultivo" para definir políticas relacionadas con las semillas. De sus 16 integrantes, nueve fueron asignados al sector empresarial, con lo que tienen garantizada cualquier decisión al respecto.
Este Sistema Nacional de Semillas quedó ligado a un instrumento financiero: el Fondo de Apoyos e Incentivos, que en este contexto será una vía más para sangrar recursos públicos y subsidiar a las trasnacionales. El secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, reveló que ya había dispuesto invertir 19 millones de pesos para producción de semillas certificadas (o sea, de las empresas), además de 50 millones para la "generación, difusión y transferencia de tecnologías". Asimismo defiende el maíz transgénico, por si a alguien le quedaban dudas de a qué "tecnología" se refiere (Emir Olivares, La Jornada, 8/6/07).
Como cereza del pastel que autoridades y congresistas regalan a las trasnacionales, la nueva ley establece que la certificación de semillas la harán empresas privadas. Paralelamente, abre la puerta para sancionar a quien no use semillas certificadas o registradas. Así obligan a certificar y avanzan hacia la criminalización de cualquier intercambio "no certificado". Por ejemplo, si un agricultor produce su propia semilla y la intercambia o vende a sus vecinos. También crea un catálogo para variedades "comunes", pretendiendo que los campesinos registren sus variedades, lo cual significará que en cierto plazo quien use cualquier semilla no registrada estará en infracción.
Esta peligrosísima e injusta tendencia de las nuevas leyes de semillas, que atenta contra 10 mil años de agricultura colectiva para el bien público, basada en el libre intercambio de semillas, no es privativa de México, tal como denuncia Grain (La sagrada privatización, www.grain.org): son lineamientos de la Federación Internacional de Semilleros para monopolizar y obligar a todos los agricultores y campesinos a que en cada país tengan que comprarles sus semillas industriales. Introducir transgénicos acelera este proceso mediante la contaminación inevitable que conlleva. Por eso las mismas empresas y sus amigos del Congreso y el gobierno, junto a unos pocos agricultores industriales, insisten en la inmoralidad de plantar maíz transgénico en México, donde el daño al país y a los campesinos sería brutal, poque se trata del centro originario del cultivo.
No sorprende que Monsanto, que tiene el virtual monopolio global de las semillas transgénicas (casi 90 por ciento) y la mayoría del mercado global de otras semillas -junto con Syngenta y Dupont-Pioneer controlan 44 por ciento de las semillas patentadas a escala global- presione por todos los medios para lograr leyes como la recientemente aprobada y legalizar la contaminación transgénica, comenzando por "experiencias piloto". Lo aberrante, aunque tampoco sorprende, es que el gobierno y los parlamentarios colaboren con este crimen contra los campesinos y la soberanía alimentaria de su propio país.
* Investigadora del Grupo ETC
www.grain.org
La Jornada, México, 24 de agosto 2007
