Ecologistas en Acción, que participa en la Octava Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (COP 8), reclama una amplia renovación en este Convenio, que pase por el incremento de la participación pública, la reducción de la burocracia y el establecimiento de objetivos cuantificados.

La primera semana de la COP 8 de Desertificación ha finalizado sin avances destacados y con no muy buenas expectativas para la segunda semana, en la que se deberá decidir el futuro de este Convenio de lucha contra la desertificación. La primera semana ha tenido como principal decisión la aprobación del Plan Estratégico a 10 años, que se ha realizado sin permitir ningún debate, lo que además de impedir la participación de las ONG, algo que Ecologistas en Acción considera inaceptable, conlleva el riesgo de que los Gobiernos no se sientan implicados en su implementación.

Además, el viernes finalizó el trabajo de la CCT (Comité de Ciencia y Tecnología) con la adopción de ocho acuerdos pero sin la necesaria revisión de su forma de funcionamiento, criticada por las ONG y por algunos gobiernos por su burocracia y por no centrar su trabajo en las auténticas necesidades, la lucha contra la desertificación en el terreno.

La segunda semana de la COP se inicia con varios interrogantes, especialmente: si se iniciará ya la implementación del Plan Estratégico durante esta reunión de las partes o se dejará para la siguiente COP, si los países donantes recuperarán la confianza en la Convención para incrementar sus aportaciones económicas, si las delegaciones oficiales participarán en la sesión de diálogo abierto organizado por las ONG del próximo martes, y si la declaración de Madrid supondrá la necesaria renovación del Convenio para que este después de 10 años de declaraciones de intenciones ponga en marcha los mecanismos necesarios para empezar a trabajar contra la desertificación a nivel local.

Durante los días 12 y 13 de septiembre se celebrarán dos reuniones paralelas y simultáneas a las sesiones de la COP: por una parte, el encuentro de Ministros y representantes internacionales de Alto Nivel en el que se discutirá sobre la "Desertificación y adaptación al Cambio Climático"; y por otra, la Séptima Mesa Redonda de Parlamentarios en el Congreso de los Diputados, que servirá de intercambio de impresiones e interacción entre parlamentarios sobre el desarrollo sostenible y la desertificación.

Ecologistas en Acción considera fundamental que en esta COP se adopten las medidas necesarias para que la Convención de Lucha contra la Desertificación salga renovada de Madrid, para lo cual es necesario que:

- Se reduzca el alto nivel de burocracia que domina este convenio y que supone un importante factor limitante para el éxito del Convenio.

- Los países donantes aporten la financiación necesaria para un relanzamiento del Convenio, para lo que resulta imprescindible que recuperen la confianza en el éxito del Convenio.

- Establecer nuevos mecanismos de participación de la sociedad civil en toda la Convención. Las organizaciones sociales deberían ser consideradas partes de la Convención y no como meros "observadores".

- La Convención establezca objetivos cuantificados a medio plazo en la lucha contra la desertificación, similares al objetivo establecido por el Convenio de Biodiversidad de frenar la pérdida de biodiversidad antes de 2010.

Refugiados ambientales: el gran desafío del Derecho Internacional y de la lucha contra la desertificación

Con un evento paralelo en la Cumbre contra la Desertificación, que se celebra en Madrid del 3 al 14 de septiembre, Ecologistas en Acción, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y la Fundación CEAR quieren ofrecer la oportunidad de abordar los evidentes vínculos entre la pérdida de suelo fértil, la pobreza y los flujos migratorios, que es una de las consecuencias más crueles e importantes de la desertificación. Todo ello se está agravando a gran velocidad por el Cambio Climático así como por el modelo económico y las políticas públicas que lo provocan.

Ecologistas en Acción demanda revisar urgentemente el concepto jurídico de "refugiado" para poder ampliarlo a nuevas realidades sociales, como son las que resultan del deterioro del medioambiente. La regulación del llamado "refugiado ambiental" por el ordenamiento jurídico internacional resulta imprescindible para llenar una laguna jurídica y proporcionar una protección jurídica exhaustiva a los cada vez más numerosos desplazados por razones ambientales. Para 2020, unos 135 millones de personas corren peligro de tener que abandonar sus tierras por la continua desertificación, de ellas 60 millones en África subsahariana. El Cambio Climático aumentará los desplazamientos forzados hasta 200 millones de refugiados ambientales los próximos 30 años.

Las zonas degradadas sufren una merma importante de su población activa y en las zonas urbanas dispara la situación de vulnerabilidad en los cinturones de miseria y la falta de acceso a servicios públicos básicos.

Pero en vez de acoger a los refugiados miles de inmigrantes mueren cada año en las rutas migratorias por las políticas restrictivas de la UE y la militarización cada vez mayor de las fronteras. Denunciamos al Gobierno español y la Unión Europea por sus políticas migratorias que violan sistemáticamente los Derechos Humanos e incumplen la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados.

Trece años después del Primer Simposio Internacional sobre Desertificación y Migraciones en Almería, constatamos que los Gobiernos y las Naciones Unidas no han tomado las medidas necesarias para evitar que decenas de miles de personas se mueran al ser expulsados de sus hábitats por la degradación ambiental. Además, a la hora de buscar los planes de acción, se omite sistemáticamente las responsabilidades de las políticas públicas de los Estados, las empresas y los organismos multilaterales.

Ecologistas en Acción responsabiliza a los Estados y las empresas transnacionales por la destrucción de la cubierta vegetal, la erosión del suelo y la falta de agua, problemas provocados por la sobreexplotación de los recursos naturales y de la modificación de la naturaleza.

1. Ejemplo: La deuda externa ha incentivado la explotación indiscriminada de los recursos naturales en los países empobrecidos, ya que su exportación es una de las pocas formas que tienen estos países para hacerse con suficientes divisas para poder pagar el servicio de la deuda.

2. Ejemplo: En el mundo entre 2000 y 2005 se perdieron 7,3 millones de hectáreas de bosques cada año. Entre las causas de la deforestación y la degradación de los bosques destacan las políticas gubernamentales de sustitución de bosques naturales por plantaciones industriales de árboles -palma aceitera, eucalipto, pino-, así como el avance de la frontera agrícola por los monocultivos agroindustriales para la exportación. Esta situación se está agravando por la creciente demanda de materia prima para producir los mal llamados "biocombustibles".

3. Ejemplo: La expansión de la agricultura se realiza a expensas de los hábitats naturales. Existe el riesgo que la deforestación en las zonas tropicales pueda afectar regiones enteras con sequías e impactar la totalidad de los bosques tropicales. Ello originaría la emisión de 120 mil millones de toneladas de CO2 causando así la extinción masiva de especies de flora y fauna, alterando las precipitaciones en gran parte del hemisferio norte y poniendo en riesgo la disponibilidad global de alimentos.

4. Ejemplo: En la actualidad, el ciclo del agua está profundamente alterado. Más de la mitad de los 192 ríos más importantes del mundo se encuentran afectados por presas que están financiados en buena medida por dinero público o por el Banco Mundial.

En opinión de Ecologistas en Acción el esquema clásico de desarrollo –la "revolución verde" para intensificar la agricultura y la industrialización de las ciudades, para absorber el éxodo rural provocado por la agricultura industrial- ha demostrado su invalidez para resolver los problemas sociales y ambientales mundiales. Por ello es urgente promover políticas y leyes que reconozcan la soberanía alimentaria como un derecho humano básico.

Reclamamos una verdadera reforma agraria que garantice la igualdad de derechos para las mujeres y a los campesinos plenos derechos sobre la tierra, defienda y recupere los territorios de los pueblos indígenas, garantice empleos dignos con sueldos justos y derechos laborales para todos los trabajadores.

Demandamos un compromiso calendarizado del Gobierno español de adoptar mecanismos para: proteger jurídicamente a los refugiados ambientales ampliando el concepto de refugiado; recuperar las zonas afectadas por la desertificación y aplicar políticas que eviten su avance; establecer reparaciones y responsabilidades judiciales, civiles o penales; la creación de un fondo de compensación; ejecutar las políticas necesarias para abolir la deuda externa; así como promover las acciones legislativas y reglamentarias pertinentes para frenar el Cambio Climático. www.ecoportal.net

Ecologistas en Acción
http://www.ecologistasenaccion.org/desertificacion/