El próximo domingo 16 de septiembre se realizará, en tres distritos de la sierra piurana (Ayabaca, Carmen de la Frontera y Pacaipampa), una consulta vecinal para ver si la población aprueba o desaprueba la presencia de la Minera Majaz S.A. Ese día se sabrá, además, qué contenido puede tener la palabra ‘democracia’ en nuestro país.

Este evento ciudadano no nace de un capricho o de una furibunda y ciega oposición a la minería, como se ha insinuado en estos días desde algunos medios de comunicación. Tampoco es algo ‘ilegal’, al punto que merezca, como ha planteado el Jurado Nacional de Elecciones, una sanción.

Se trata, simplemente, de dar oportunidad de expresarse a un contingente ciudadano que, desde el 2004, ha presenciado, y sufrido, una serie de irregularidades provocadas por la llegada de la mencionada empresa: usurpación de tierras, represión violenta contra actos de protesta, etc.

En rigor, la ocupación de las tierras donde está instalada la empresa es lo ilegal, como la ha señalado la propia Defensoría del Pueblo. Hubo oportunidad de encarar el tema frente a una mesa, hasta comienzos de este año, pero las propias autoridades centrales interrumpieron el proceso.

Por eso surge la consulta, porque los canales de expresión se cerraron. Porque, una vez más, pareciera que no todos los peruanos tienen los mismos derechos. Una usurpación de ese tipo hubiera ocasionado un escándalo en Lima, pero en la sierra de Piura no aparece como tan grave.

Así, resultan innecesarios los comunicados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) recordando que este evento ciudadano no es vinculante. Y es francamente patético el ofrecimiento de 80 millones de dólares por parte de la empresa.

¿Es que no entienden lo que pasa? El problema en Majaz no es solamente legal o pecuniario. Es una situación que pone a prueba la solidez del edificio democrático del país. Que cuestiona la instalada costumbre de considerar que, en aras de la inversión, existen ciudadanos de primera y de segunda.

Alerta ambiental

En mayo último, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y Oxfam International, publicaron un estudio en el que señalan los efectos ambientales negativos del proyecto minero debido al drenaje de las aguas ácidas de la mina que pondrían en riesgo la salud de los pobladores y el medio ambiente.

Por su parte, Sixto Alberca, presidente del Frente Único en defensa de la Vida y Medio Ambiente del distrito de Carmen de la Frontera –otra de las zonas que serán afectadas– se quejó de la pasiva actuación del gobierno.

"El gobierno sólo escucha las propuestas de las mineras, pero nosotros no somos mendigos para entusiasmarnos con ese dinero. Tenemos proyectos de exportación de nuestro café orgánico y mangos, además del turismo vivencial y la medicina natural", apuntó.

Majaz lo esperaba

Por su parte, Andrew Britstof, vocero oficial de Majaz indicó que esperaban este rechazo, pues señaló que las comunidades son manipuladas por diversas ONGs y algunos alcaldes por réditos políticos. "Lo importante es que la propuesta llegue a las familias comuneras y no solo a sus dirigentes", dijo.

Indicó que las operaciones de la mina no generarán contaminación pues los desechos de las aguas recibirán un tratamiento antes de regresar a sus drenajes naturales. "Terminaremos nuestro Estudio de Impacto Ambiental a fin de año y nuestras operaciones empezarán en el 2011", señaló Britstof.

Claves

Explotación. El proyecto de Majaz explotará reservas de cobre y molibdeno, con una inversión de US$ 1 mil millones en 20 años.

Sin permisos. La Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) rechazó el pedido de Majaz para reconocer legalmente su presencia en la región, pues señala que primero la minera debe rá llegar a un acuerdo con las comunidades campesinas.

La "suerte" de la Mina Majaz

El 4 de agosto el gobierno le otorgó a Majaz un convenio de estabilidad tributaria, pese a que ya no estamos en un periodo inestable como a inicios de los 90 cuando se impulsaron este tipo de convenios.

Este señala que mientras la empresa puede decidir unilateralmente rescindir el convenio (art. 6), el Estado no puede hacer lo mismo.

Es decir, si aumentase el Impuesto a la Renta o si se hiciera cualquier otra modificación, esta no podrá ser aplicable a Minera Majaz, pero si el IR se reduce, la minera sí podría beneficiarse de ello. www.ecoportal.net

Red Muqui
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