La Organización indígena chiquitana (OICH) ha venido orientando sus acciones reivindicativas frente al atropello de las multinacionales mineras y petroleras en el marco de las normativas internacionales, tal el Convenio 169 de la OIT, ley 1257 de la República. Nuestras luchas y sus logros se deben a la defensa de nuestros derechos consagrados en esos instrumentos internacionales.

Por ese motivo, desde hace tres años atrás hemos venido trabajando nuestra propuesta hacia la Asamblea Constituyente en el marco de orientación de aquel instrumento y de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que hace pocos días, y después de casi 20 años finalmente fue aprobada en la Asamblea General.

En el contexto de polarización que ha afectado el proceso constituyente, demandado y protagonizado inicialmente por los pueblos indígenas de tierras bajas, aparece, como lo habíamos previsto, una luz de esperanza para que se retome el camino del diálogo y la concertación sin prejuicios. Como lo habíamos sostenido en un artículo anterior –¿Por qué le temen a las autonomías indígenas?- la demanda de autodeterminación indígena bajo la forma de autonomías -al interior de los estados nacionales-, se basaba en el consenso internacional en tormo al tema y no en una maniobra política pensada para sabotear la autonomía departamental, que por su parte, si es parte de la agenda política que emergió como respuesta de los derrotados de Octubre del 2003.

Estamos concientes, como bien lo señala la Declaración, que el conjunto de derechos reconocidos hoy, constituyen las normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo. En el difícil y complejo contexto político nacional, consideramos y así lo hemos expuesto en nuestras propuestas constitucionales que este mínimo ya sería un éxito. Nosotros que hemos sufrido tanto para que se respeten el derecho a la consulta y al consentimiento, a las compensaciones e indemnizaciones por parte de la industria extractiva; nosotros que hemos logrado introducir estos derechos en la Ley de hidrocarburos y en sus respectivos reglamentos, que ya se expresan en resultados, como en el caso de nuestros hermanos guaraníes de Tarija; nosotros sostuvimos y sostenemos que se deben constitucionalizar y extender estos derechos, como lo dice la Declaración, a todos los ámbitos de decisión que afecten la vida de nuestras comunidades indígenas -normas, instituciones, proyectos-. Aceptar la Declaración, implica también respetarnos y respetar el marco de la República de Bolivia, donde todos, indígenas y no indígenas, originarios pre-coloniales y criollos, gente del campo y de la ciudad podamos vivir en condiciones equitativas y de mutuo respeto y dignidad.

A partir de ahora, tenemos el apoyo internacional para gestionar nuestra vida en nuestros territorios gestionar nuestros recursos, nuestra salud y educación en base a nuestras propias formas de gobierno indígena caracterizadas por la transparencia y la rotación de cargos, por las asambleas comunitarias e intercomunicarías; por el respeto a la naturaleza, por formas de desarrollo que no destruyan el territorio, es decir lo que debemos dejar a nuestros nietos y a los nietos de nuestros nietos.

Creemos que la Declaración de Naciones Unidas ha llegado para ayudar a salvar nuestra Asamblea Constituyente, para construir el puente donde por fin lleguen los pueblos indígenas para empezar a construir el diálogo intercultural, despojado de miedos y rencores. Esa es la mano que extiende la conciencia indígena a los Estados y sus representantes políticos que nos sometieron e ignoraron durante siglos. Sería un grave error que todos los actores no aprovecharan esta nueva oportunidad. www.ecoportal.net

* Carlos Cuasace Surubí
Senador chiquitano