Tal vez lo más sugestivo del último intento fallido de limpieza del Riachuelo no haya sido la falta de voluntad política. Estábamos acostumbrados a eso desde septiembre de 1871, cuando la ley de erradicación de los saladeros fue la última acción seria de saneamiento.

Esta vez, lo que más llama la atención es la absoluta incompetencia profesional de las cabezas encargadas de hacer una tarea mucho más difícil que organizar un mundial de fútbol, según la poco feliz expresión de la Secretaria de Ambiente. La diferencia de fondo es que el fútbol se juega a la vista de todos. Aquí, por el contrario, los que protegen a los contaminadores se ocultan entre los pliegues del poder y el público nunca ve a los verdaderos jugadores.

Pero el llamado Plan lo hizo un grupo cerrado, sin aprovechar la experiencia y conocimientos de los profesionales de un organismo como la Secretaría de Ambiente, que hace 35 años viene trabajando el tema. ¿Sabían tanto que no los necesitaban o simplemente no se dieron cuenta de lo complejo que es el tema? Por lo visto, el principio constitucional de idoneidad para quienes ocupen cargos públicos no parece regir para los niveles políticos. Recordemos, sin embargo, que entregar la Secretaría de Ambiente a un equipo incompetente es, también, una decisión de prioridades políticas: nadie ha puesto nunca un inútil para dirigir el Banco Central o cualquier otro organismo encargado de manejar el dinero.

En este contexto, discutir un Plan que nadie tiene interés o capacidad para llevar a la práctica es un ejercicio intelectual, pero el que esto escribe es docente y está habituado a hacer en el aula reflexiones que ayuden a pensar un tema, aún sabiendo que lo que allí se diga nunca llegará al mundo real.

• Necesitamos estudios epidemiológicos continuados y exhaustivos. El Riachuelo no es un tema de recursos naturales. Es una cuestión de salud pública. Allí hay gente que enferma por la contaminación, y, sin duda, hay gente que muere por culpa de ella. El mejor indicador de la negligencia oficial es la reiterada negativa de las autoridades de hacerlos. Del mismo modo que una decisión equivocada en la guerra provoca muertes inútiles, el no detectar a los contaminados a tiempo hará que muchos de ellos enfermen y mueran. Recordemos que el cáncer sólo es curable si hay una detección precoz, y que cientos de miles de personas están sujetos a una importante exposición a cancerígenos. Aún más: nuestros profesionales tienen mucha experiencia en los efectos sobre la salud de tóxicos que actúen en forma individual, pero esta cuenca tiene todos los tóxicos imaginables.

Semejante combinación de agentes peligrosos registra pocos antecedentes en la bibliografía internacional. Hay que computar, entonces, un tiempo de aprendizaje de cómo actuar ente los efectos de sinergia provocados por la acción conjunta de tantos tóxicos, que tal vez nos cueste muchas más muertes de las que ya ocurren y que nadie quiere contabilizar.

• Hay que reglamentar las leyes ambientales. Cuando la Corte Suprema de Justicia les ordenó a las autoridades hacer un plan para el saneamiento del Riachuelo, lo fundamentó con una repetición minuciosa de los artículos de la Ley General del Ambiente. Se trató de un fallo redactado de un modo inusual: generalmente se cita un pedacito de una Ley, pero no la Ley entera, artículo por artículo. Sucede que el Poder Ejecutivo lleva varios años de retraso en la reglamentación de esa Ley. No hay que ser muy sutil para darse cuenta de que la Corte le estaba recordando su obligación de reglamentarla. Sin embargo, las únicas personas que no se dieron cuenta de eso fueron aquellas a las cuales la indicación iba dirigida. Hay varias leyes ambientales de presupuestos mínimos que aún no han sido reglamentadas y que serían herramientas útiles en este proceso.

Por ejemplo, tal vez no hubiera sido necesario sancionar una muy publicitada Ley que creara un Comité de Cuenca en el Riachuelo. Ya hay una Ley de Aguas que ordena lo mismo para todas las cuencas hídricas del país. Bastaba con reglamentarla, aunque tal vez alguien haya pedido que no lo hicieran.

Algo semejante está pasando con la Ley que ordena el retiro del PCB antes del año 2010 y que debería ser una herramienta importante para sacar de la zona al menos ese contaminante. Al no reglamentarse, no se cumplen los plazos de la Ley y se crea la situación para que las empresas pidan una prórroga, siguiendo con los tóxicos hasta más allá del 2010.

• Cumplir las leyes. Pareciera que, a diferencia del resto de las normas, las leyes ambientales son de cumplimiento optativo. Cuando la Secretaria de Ambiente le dijo a la Corte que más del 80 por ciento de las industrias de la cuenca contaminan, es decir, que están fuera de los parámetros legales, debió haber indicado las sanciones que aplicaría. Se supone que para eso pidió una Ley que le diera el monopolio del poder de policía. Pero hasta ahora ese monopolio del poder sólo ha servido para que ningún otro lo pudiera ejercer. La confesión: “están violando la Ley y yo se los permito”, es otra de las facetas poco explicables de esta situación.

• Medir realmente la contaminación. Parece redundante, y por eso hay que recordar que todas las fábricas que contaminan tienen preparada una puesta en escena: una pequeña planta de tratamiento de efluentes que depura una porción ínfima de los tóxicos que arroja la empresa y que se opera sólo cuando llega la inspección. De modo que, además de la visita a las empresas es necesario ir con un bote a tomar muestras del lado de afuera de los caños de salida. La diferencia entre lo que parece que arrojan visto desde adentro y lo que realmente tiran puede ser abismal.

• Depurar los líquidos cloacales. Las medidas propuestas son una especie de entretenimiento hasta tanto se realice la obra principal: un canal subterráneo, que pase por debajo de la ribera sur del Riachuelo (es decir, el partido de Avellaneda) y que saque de la vista del público los líquidos contaminados. Su destino será el Río de la Plata, a través de un largo caño llamado emisario. Los líquidos tendrán un ligero tratamiento (pretratamiento), que no es mucho más de un colador y una licuadora para que no se vean los sólidos.

No es una idea nueva. Esta obra ya fue propuesta por Hipólito Yrigoyen en 1929 y reiterada por María Julia Alsogaray en la década de 1990. Su aspecto más objetable es que no depura los líquidos cloacales sino que cambia la contaminación de lugar. Previsiblemente, no parece haber estudios de la capacidad de carga del cuerpo receptor, ya muy comprometido. Ni sobre el riesgo de que esta obra acerque aún más los contaminantes a las tomas de agua de servicio público.

Además, no se presentaron estudios sobre el impacto ambiental de la obra misma. Tengamos en cuenta que por la pendiente requerirá instalaciones de bombeo, que atravesará la zona del Dock Sud y que pasará por entre innumerables vertidos y rellenos clandestinos de residuos peligrosos. El riesgo de que la obra ponga en biodisponibilidad (es decir, haga circular por el ambiente) una cantidad importante de esos residuos es alto, y si se trabaja con el descuido que todo indica, es casi la certeza.

• Por supuesto, no dragar el fondo. La Secretaria de Ambiente informó que en algunos sectores se dragaría el fondo para retirar el barro contaminado. Esto significa, nuevamente, poner en biodisponibilidad una cierta proporción de esos tóxicos, que ahora están quietos en el fondo y que navegarían hacia el Río de la Plata. Por otra parte, la Secretaria no dijo que construirían una planta de tratamiento para su destrucción. ¿Significa esto que los tirarán al Río de la Plata? Me parece que tal vez eso no ayude mucho en nuestra polémica con Uruguay por el uso responsable de los recursos hídricos compartidos.

• ¡Olvídense de las bacterias transgénicas! La afirmación más pintoresca (y que merecería un aplazo en cualquier curso elemental de medio ambiente) fue la de arrojar al curso de agua bacterias transgénicas, comedoras de petróleo. Por supuesto que esas bacterias se utilizan, pero sólo en la limpieza de sitios absolutamente confinados, como las piletas de desechos de la explotación de hidrocarburos. Allí se reproducen explosivamente, comiéndose el petróleo y cuando se les termina el alimento, simplemente se mueren de hambre. Pero liberar bacterias genéticamente modificadas en un ecosistema abierto es correr el riesgo de que vuelvan a mutar y se transformen en un organismo peligroso que carezca de enemigos naturales. Una operación que ni el Dr. Frankestein se atrevería a realizar.

Creo que para ejercicio intelectual ya estamos. Nada de esto siquiera se va a intentar realizar. El único aporte creativo fue reemplazar una expectativa de mil días por otra de mil años. www.ecoportal.net