Reunidas treinta organizaciones provenientes de México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Chile y Argentina para analizar los impactos que han provocado los monopolios sobre la vida y el conocimiento en América Latina (a menudo agrupados en el engañoso concepto de “propiedad intelectual”) y construir un espacio de trabajo conjunto contra estos monopolios impuestos por las corporaciones transnacionales, vemos con mucha preocupación que los TLC nos obligan a acoger nueva legislación que favorece el monopolio corporativo sobre el conocimiento y la vida.

“La prohibición de copiar y modificar los programas de computación sacrifica la riqueza que podría generar su uso generalizado con el único objetivo de asegurar las ganancias de un puñado de empresas trasnacionales”, mencionó Federico Heinz, de Fundación Vía Libre, Argentina. “En un mundo en el que las computadoras regulan la comunicación entre las personas, el control de quién puede usarlas y de qué modo es, además de una fuente de acumulación de fortunas obscenas, una poderosísima herramienta de control social. El software libre, una inmensa colección de programas de computación construidos por una comunidad global de usuarios y distribuidos de modo que está al alcance de todos, demuestra que esa prohibición es innecesaria, y es la oportunidad de escapar al control corporativo de las comunicaciones y de la cultura.”

“En materia agrícola, UPOV y la legislación nacional que se concreta en leyes sobre obtenciones vegetales (semillas) impuestas en América Latina amenazan gravemente la agricultura campesina, la soberanía alimentaria y la semilla criolla” mencionó Camila Montecinos de GRAIN, Chile. “En términos más concretos, UPOV y los regímenes nacionales favorecen la erosión genética al uniformizar los cultivos, transforma las condiciones socioeconómicas de vida del campesinado y Pueblos Indígenas, impide el libre intercambio y uso tradicional de la semilla criolla y desdeña los conocimientos tradicionales al mismo tiempo que deja nuestra biodiversidad agrícola en manos de las grandes corporaciones.”

“Este tipo de legislación además implica la posibilidad de que cualquier campesino o indígena podría perder sus medios subsistencia y lo peor es que estos peligros se darían bajo medidas cautelares que pueden ser impuestas incluso sin la presencia de la persona acusada violando de esta forma el principio de defensa, elemento esencial del debido proceso” manifestó Montecinos. “Este es solo uno de los nuevos mecanismos de control que podrían aplicarse en el país.”

“No debemos olvidar que también se esta imponiendo el Tratado de Budapest (actualmente en la corriente legislativa de Costa Rica), otro tratado sobre propiedad intelectual que facilitaría el patentamiento o privatización de los microorganismos que al no estar definidos en el Tratado, abre la posibilidad para que se entienda por los mismos cualquier forma de vida, desde hongos hasta partes de cuerpo humano, plantas y semillas” afirmó Nancy Hidalgo de la Red de Coordinación en Biodiversidad y profesora del Instituto Tecnológico de Costa Rica.

“Otra área de nuestra vida que se vería impactada a través de la aplicación de patentes es la salud debido a que la investigación se limitaría a enfermedades cuyo tratamiento es rentable y en general, los medicamentos aumentarían en sus costos convirtiéndose en artículos de lujo. El conocimiento generado por las universidades es afectado igualmente porque deja de ser un bien del dominio público para el mejoramiento de la sociedad y se convierte en algo privado que sirve solo para generar ganancias económicas.

Por lo tanto, desde nuestras organizaciones vemos con extrema preocupación que actualmente en Costa Rica se discuta en forma aceleradísima este tipo de legislación (obtenciones vegetales, UPOV 91 y Tratado de Budapest) cuando debería de primar el acceso a la información sobre el contenido de los mismos, el debate calmo y sereno entre todos los sectores de la sociedad y la plena participación ciudadana a nivel regional y nacional para conjuntamente elaborar una posición nacional. Ya desde las organizaciones campesinas, indígenas, ecologistas, académicos y en general de todo el movimiento social nacional, bajo análisis concienzudos han acordado rechazar y pedir el rechazo de todos estos tipos de proyecto. Sin embargo, ninguna autoridad nacional ha querido discutir y bajo el silencio y la discusión acelerada, intentan aprobar estos proyectos.

Bajo los términos en que la Asamblea Legislativa de Costa Rica lleva la discusión de estos proyectos de ley, se soslaya valores éticos y se evita la discusión de aspectos como la privatización o apropiación privada de las formas la vida.

Nos vamos con el compromiso de continuar profundizando la convergencia de movimientos sociales en la resistencia a estos monopolios; en la lucha contra los tratados de libre comercio y sobretodo en la construcción de una sociedad en la que el conocimiento vuelva a circular libremente en función del bien común respetando valores y principios éticos y la diversidad de culturas, Pueblos y la Naturaleza de América Latina. www.ecoportal.net

Birrí de Heredia, Costa Rica, 24 de octubre del 2007.