Guadalajara ha aprobado por unanimidad de los tres partidos políticos con representación en el consistorio, una moción presentada por Izquierda Unida de apoyo claro y explícito al apagón contra el cambio climático convocado por organizaciones ecologistas como Ecologistas en Acción, así como otras entidades sociales y sindicales. El sentido de la movilización queda sintetizado con el lema “Frente al cambio climático: actúa ya”.
El jueves 15 de noviembre entre las 20:00 y las 20:05 horas, en todo el país se apagarán las luces para reclamar que se frene el avance del cambio climático. Con esta sencilla acción se quiere llamar la atención de los ciudadanos, las administraciones y las empresas sobre la capacidad de actuar para evitar un aumento de temperatura peligroso para el bienestar e incluso la supervivencia en muchas partes del planeta.
Según Ecologistas en Acción, la desconexión del consumo eléctrico en viviendas, centros de trabajo públicos y privados e instalaciones y equipamientos públicos durante esos cinco minutos, tiene un valor más que simbólico, ya que la generación de electricidad es la actividad que más emisiones de CO2 causa en España y en el resto del mundo. Concretamente, la cuarta parte del CO2 que lanzamos a la atmósfera en el Estado español tiene este origen. Esto se debe a que alrededor del 60% de la electricidad que utilizamos se produce quemando combustibles fósiles, en concreto carbón y gas natural. Durante 2006 se emitieron cerca de 120 millones de toneladas de CO2 por esta causa.
Las claves son la utilización responsable de la energía, una actitud que rechace el despilfarro y subraye la perentoria necesidad de practicar el ahorro como una actitud asumida desde lo cotidiano, son a juicio de Ecologistas en Acción referencias esenciales para el desarrollo equilibrado e el mundo del siglo XXI

Más información: David Mateos Pascual
Ecologistas en Accion
http://www.ecologistasenaccion.org/

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LATINOAMERICA
Nace la Unión de Periodistas Ambientales Latinoamericanos (UPA-Latinoamérica)

Periodistas ambientales de Latinoamérica y España reunidos en la ciudad colombiana de Cartagena por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) acordaron hoy crear una unión regional para impulsar esta especialidad informativa, dijeron los promotores de la iniciativa.
Bajo el lema “La Tierra esta de nuestra parte”, la nueva Unión de Periodistas Ambientales de Latinoamérica (UPA-Latinoamérica) se conformó en la jornada de cierre del II Taller de Periodismo Ambiental de la FNPI, que durante cinco días se ha desarrollado en Cartagena.
El taller fue impartido por el español Arturo Larena, especialista en periodismo científico y ambiental que hace dos años recibió en su país el Premio Nacional de Periodismo Ambiental y director de la Agencia Efe en Galicia (España).
El encuentro, es continuación del celebrado el año pasado en Caracas y reunió a periodistas de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Venezuela y España.
Los responsables de la iniciativa dijeron que la UPA-Latinoamérica nace con el objetivo de potenciar la especialidad medioambiental y la especialización de nuevos periodistas, y favorecerá el intercambio de experiencias y la defensa de los profesionales de la prensa en el ejercicio de su actividad.
Con ello, "se busca crear y consolidar una red de informadores ambientales mejor preparados, convencidos de que un periodismo ambiental especializado y honesto permitirá un mayor conocimiento de estas cuestiones por una sociedad cada vez más preocupada por los temas ambientales y en unos territorios amenazados, que albergan la mayor biodiversidad del planeta", agregaron.
El taller de la FNPI, fundada y presidida por el premio Nobel colombiano Gabriel García Márquez, recibió el apoyo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), The Nature Conservancy, Fundemas y la Fundación Carolina.
La iniciativa se fraguó durante el II Taller de cobertura periodística
en temas ambientales celebrado en Cartagena de Indias, Colombia, del 22 a 26 de octubre de 2007

www.fnpi.org
www.infoecologia.com

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ECUADOR
Indígenas de Ecuador y Paraguay proponen abandonar el catolicismo

Representantes de la etnia Guaraní de Paraguay y Quichú-Karabu de Ecuador hicieron un llamado este sábado a los pueblos indígenas de América para que regresen a sus antiguas creencias religiosas porque la Iglesia Católica los esclaviza, en el marco de un encuentro continental.
“Poco a poco debemos quitarnos el yugo espiritual que imponen los conquistadores, porque la Iglesia Católica, ha sido, es y será, una arma para continuar con la esclavitud de los pueblos indígenas de América” , expresó Antonia Parada, Delegada de la Etnia Guaraní.
Ante más de 2 000 asistentes que se dieron cita en esta comunidad yaqui, para celebrar el Primer Encuentro de Pueblos Indígenas de América, Antonia Parada afirmó que en la comunidades guaranís que se ubica entre las fronteras de Bolivia y Paraguay, la Iglesia Católica ha intentado por todos los medios mantener su “dominio espiritual ”.
Víctor Morocho, delegado del pueblo Quichu-Karabu (al sur de Ecuador), coincidió en que es tiempo de que los pueblos indígenas “ recuperen su propia identidad espiritual ”.
“Ya no debemos seguir creyendo en la mentira de la Iglesia Católica, que durante más de 400 años nos contaminó con el miedo del mal; nosotros debemos recuperar nuestra propia identidad espiritual y combatir ese poder” , expresó.
La reunión en Vicam (Estado de Sonora) , donde viven unos 30 000 indígenas yaquis, se realiza en un gran solar ubicado en medio de dos cementerios, uno donde están enterrados los difuntos de esa etnia y otro de los yoris (mestizos).
En el encuentro, que culminará el domingo, participan representantes de pueblos originarios de Estados Unidos (15 etnias) , Canadá, Venezuela, Nicaragua, Paraguay, Honduras, Guatemala, México y Ecuador.

El Comercio
www.elcomercio.com

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URUGUAY - INTERNACIONALES
¿NO ES LLAMATIVO? Stora Enso cierra tres plantas en Europa y se viene al Uruguay

La empresa sueco-finlandesa cerró dos plantas en Finlandia y una en Suecia, y despide 1400 obreros.
La compañía Stora Enso -una de las tantas con ganas de instalarse en Uruguay- intentará mejorar su rentabilidad con el cierre de una fábrica de papel en Summa (Finlandia) y dos plantas de celulosa en Kemijärvi (Finlandia) y Norrsundet (Suecia), lo que supondrá el despido de unos 1.400 trabajadores.
Además, Stora Enso cerrará una línea de producción de papel de revista en su fábrica de Anjala y venderá una planta en Kotka, ambas en Finlandia.
Estas medidas supondrán una reducción de la capacidad productiva de la compañía estimada en unas 500.000 toneladas de papel y 550.000 toneladas de pulpa anuales.
El gigante papelero también planea despedir a unos 300 de los 850 empleados que realizan tareas administrativas en Finlandia, Suecia, Alemania y Reino Unido. Con esta reestructuración, Stora Enso calcula que mejorará su resultado neto anual entre 140 y 160 millones de euros (200-227 millones de dólares) a partir de 2009.
"Estas medidas, aunque dolorosas, son cruciales para que Stora Enso sea competitiva a largo plazo. Postergarlas en espera de mejores tiempos sólo conduciría a tomar decisiones más severas en el futuro", señaló en un comunicado el consejero delegado de la compañía, Jouko Karvinen.
Durante los primeros nueve meses de 2007, Stora Enso redujo su beneficio neto un 69,3 por ciento hasta los 122 millones de euros (173 millones de dólares), según el balance presentado hoy por la empresa.
Las ventas netas aumentaron un 3,8 por ciento en este periodo hasta los 10.000 millones de euros (14.200 millones de dólares), pero los pésimos resultados de su filial en Norteamérica minaron la rentabilidad del grupo.
Hace un mes, Stora Enso anunció la venta de su filial norteamericana a la empresa estadounidense NewPage Holding por 1.816 millones de euros (2.520 millones de dólares), la mitad de lo que pagó por ella siete años antes.
El gigante sueco-finlandés cuenta con unos 44.000 empleados en más de 40 países del mundo y su facturación en 2006 superó los 14.500 millones de euros (más de 20.000 millones de dólares al cambio actual).

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VENEZUELA
Venezuela: Inquilinos bolivarianos apoyanla Reforma Constitucional

El día miércoles 17 de octubre desde horas de la mañana se intento perpetrar un desalojo múltiple y simultaneo a 3 familias del edificio Chopin, Colinas de Bello Monte por parte del “propietario” del referido inmueble.
En este edificio viven solo familias en su mayoría madres sostenes de hogar, inquilinas desde hace muchos años que pagan sus alquileres puntualmente.
La Red Metropolitana de Inquilinos y la comunidad salieron en la defensa de estas tres familias que iban a ser despojadas de sus viviendas sin más razón que la avaricia de un dueño que le ha sacado el jugo a esos apartamentos por más de 20 años y dice querer desalojar a los inquilinos antes de la reforma.
En el desalojo habían 2 jueces más de 50 policías, camiones de desalojo obreros, cerrajeros, bien parecía un batallón que iba a atrapar a peligrosos terrorista cuando en realidad se trataba de despojar de su vivienda a unas señoras con sus hijos.
Ante la impotencia del dueño al no poder desalojar a las inquilinas debido a la presión del pueblo abajo del edificio gritando consignas, mando a sus secuaces a destruir todo el apartamento, la pobre señora veía como el “dueño” mando a caerle a mandarriazos a su cocina, baño, pisos y todo en presencia y agrado de los jueces ejecutores y no conforme con esto arrastraron a la inquilina por el suelo causándole lesiones cuando esta trato de impedir que le destrozaran su hogar.
Entonces es allí cuando reflexionamos y leemos las notas de prensa pagadas por la asociación de propietarios (APIUR) en El Universal, por solo nombrar a un medio, donde estos dicen que “se encuentran en estado de indefensión ante la reforma constitucional”.
Cuando en realidad ante indefensión se encuentra el hogar de la familia venezolana y la estabilidad familiar por parte de estos 2.000 propietarios dueños de la paz de más de 25.000 familias.
Y todo por una defensa inmoral a una supuesta “propiedad privada” que desde ningún punto de vista ni ningún acuerdo nacional e internacional puede pasar por encima de los derechos humanos. En donde el propietario que tiene el dinero para pagar un tribunal hace lo que le da la gana y como decía Rómulo Betancourt disparen primero y averigüen después, aquí desalojan primero y averiguan después, total ¿que podrán hacer unos simples inquilinos?…dirán ellos
Nosotros como organización social y que tenemos que ver estos desalojos a diario no perdemos la capacidad de asombro al ver de lo que son capaces los dueños del poder económico en este país, desde destrozar los inmuebles hasta pagar sicariatos con tal de desalojar a una familia del negocio redondo que representa para ellos la vivienda en alquiler.
Como movimiento social apoyamos ampliamente la reforma y en especial al artículo 82 en donde la vivienda principal sea resguarda de semejantes acciones viles y vandálicas, pues si bien aquí no se le pretende violar a nadie su “derecho a la propiedad”, el derecho a la vivienda, a la protección de la familia y el hogar tampoco puede ser violado ni vulnerado y mucho menos de manera tan vil e inhumana.
La Red Metropolitana de Inquilinos no ha descansado en el hecho de impedir más ultrajes y violencia contra el hogar de la familia venezolana, levanta su voz ante toda la colectividad pidiendo que vuelquen sus ojos sobre estas practicas medievales y salvajes que no tienen más justificación sino la lucha de clases, el poderoso que busca imponerse sobre el pobre, del capitalista que a amasado grandes fortunas valiéndose de todo tipo de artimañas que van desde la evasión fiscal y la explotación, por solo mencionar algunas y no herir susceptibilidades y dentro de los cuales han acaparado la existencia de las viviendas del mercado secundario en las áreas urbanas para así especular con ellas.
En asambleas de inquilinos aprobamos y apoyamos absolutamente la reforma constitucional, pues la actual jurisprudencia le brinda armas enormes a estos desalmados “propietarios” para ir en contra de la humilde familia venezolana carente de vivienda que ha dejado una gran parte del fruto de su trabajo durante décadas en el pago de un alquiler que va hacia un saco sin fondos y donde solo pueden esperar al final de sus días, un desalojo.
Apoyamos la protección de la vivienda principal, apoyamos la protección a la familia, apoyamos la lucha contra el latifundio (que aparte de ser en las áreas rurales también lo tenemos en la ciudad), apoyamos las otras formas de propiedad.
No más a la especulación inmobiliaria pues la vivienda es un derecho y no un negocio.
Un alto a los latifundistas urbanos y no más desalojos.

Red Metropolitana de Inquilinos