Declaración de las jornadas “Contaminación genética: la imposible coexistencia” paralelas a la 3ª Conferencia Internacional de Coexistencia de OGM organizadas por la Comisión Europea.

Las organizaciones abajo firmantes [1] denunciamos la presencia de organismos modificados genéticamente en la alimentación en contra de la ciudadanía y sin etiquetado, denunciamos también los casos de contaminación de cultivos, la ausencia de mecanismos legales de protección de la ciudadanía y la responsabilidad de la Comisión Europea con una actuación contraria a la transparencia, la democracia y el principio de precaución.

Los casos de contaminación que ya se están dando y han sido denunciados en Europa y el estado español (Aragón, Cataluña y Albacete) se unen a la creciente presencia de transgénicos en la alimentación del ganado y en los productos de origen animal. La Conferencia Internacional organizada por la Comisión Europea, ya desde su título, obvia la realidad de la contaminación, renuncia a explicar a la ciudadanía los riesgos de los transgénicos e invisibiliza la oposición ciudadana.

El Estado español ha sido durante muchos años es el único en la Unión Europea en permitir el cultivo de organismos modificados genéticamente (OMG). En la mayoría del resto de los estados miembros de la Unión Europea existen moratorias (como la recientemente declarada en Francia, además de Austria, Hungría, Polonia y Grecia) o están en la agenda política (es el caso de Alemania, Rumania, Italia, Bulgaria e Irlanda). Sin embargo, los alimentos transgénicos continúan entrando a través de las importaciones masivas de Argentina, Brasil y Estados Unidos para la alimentación de ganado local.

La Comisión Europea mantiene una actitud favorable a los transgénicos y ha autorizado la entrada en Europa de variedades manipuladas genéticamente en contra de la mayoría de estados y la ciudadanía [2], ejerciendo un abuso de poder amparada en un procedimiento de aprobación de OMG que es antidemocrático y que denunciamos por su parcialidad y falta de transparencia [3]. Claramente la Comisión Europea es más receptiva a las presiones de las multinacionales agrobiotecnológicas que a la opinión pública ciudadana en defensa de la seguridad alimentaria.

Denunciamos, a su vez, la insuficiencia de los mecanismos legales actuales vigentes en Europa. La regulación europea sobre etiquetado es sumamente tramposa al no exigir el etiquetado de la carne y productos de origen animal (leche, huevos, quesos, etc.) que provienen de animales que han sido alimentados con piensos y granos transgénicos [4] limitando el derecho de la ciudadanía a elegir una alimentación libre de transgénicos. El reciente nuevo Reglamento de Agricultura Ecológica admite una contaminación del 0,9%de OMG, dando luz verde a estos cultivos, minando la confianza en estos alimentos y generalizando la indefensión de la ciudadanía. Por último, no existe un desarrollo legislativo suficientemente explícito y amplio que garantice el derecho de los territorios a protegerse de la contaminación genética y las importaciones de transgénicos y declararse libres de transgénicos cuando su ciudadanía así lo ha expresado.

Sin embargo, los motivos para oponerse a los cultivos transgénicos son numerosos. La propia Comisión Europea reconoce que la manipulación genética es una tecnología con un elevado nivel de imprecisión y que no existen conocimientos científicos que puedan predecir las consecuencias de la manipulación genética y especialmente de la liberación de OMG al medio ambiente que es incontrolable. Las fuertes incertidumbres y, por tanto, riesgos de esta tecnología requieren la aplicación del principio de precaución que nos sugiere rechazar los transgénicos en la alimentación.

Los supuestos “beneficios” resultaron falsos. Se ha demostrado que en el mejor de los casos los rendimientos de los cultivos transgénicos son similares a las variedades no modificadas, en promedio no hay reducción de del uso de productos químicos en agricultura sino en general un incremento, no han aportado mejoras a la calidad de los alimentos y no contribuyen a aliviar la pobreza y el hambre. Unas semillas más caras y propiedad patentada de un reducido número de multinacionales destinadas al monocultivo de exportación de grano para el ganado difícilmente pueden ser de utilidad a las personas que padecen hambre y a los/as agricultores/as con escasos recursos.

Sin embargo, los impactos negativos sobre el medio ambiente comienzan a documentarse, pese a las dificultades existentes para desarrollar investigación independiente en este campo. La contaminación de especies silvestres emparentadas, la reducción de la biodiversidad, la contaminación química del suelo y acuíferos y la aparición de nuevas resistencias en adventicias e insectos están demostradas.

Los cultivos modificados genéticamente son esencialmente un negocio más de las multinacionales agroquímicas y biotecnológicas que vienen a profundizar el modelo de agricultura industrializado en el contexto de la globalización agroalimentaria actual. Especialmente grave es la tecnología genética para producir semillas suicidas, conocidas como “terminator”, que son presentadas como solución a la contaminación genética y que obligan a los/as agricultores/as a comprar todos los años semillas aumentando su dependencia de la industria semillera.

Se trata de unas semillas caras, un bien público privatizado, con elevados riesgos que se están implantando en los grandes monocultivos de soja, maíz y algodón en combinación con prácticas como la siembra directa y el laboreo de conservación que implican una reducción de la mano de obra y el uso masivo de herbicidas a los que son tolerantes estas semillas. Los/as grandes propietarios/as agrícolas obtienen así reducciones de costes basadas en la destrucción ecológica y la sobreexplotación de la mano de obra arriesgando la seguridad alimentaria de la ciudadanía.

Se trata además de unos cultivos innecesarios lo que hace incluso más absurdo e irracional su utilización ya que existen alternativas viables y seguras. La producción agraria con métodos ecológicos y respetuosos con el medio ambiente, utilizando variedades locales y orientadas a mercados próximos, tiene una mayor capacidad de generar empleo a la vez que garantiza una alimentación segura y respetuosa con el medio ambiente.

La producción y el consumo industrial de alimentos están contribuyendo de forma significativa al calentamiento global y a la destrucción de comunidades rurales. La agricultura sostenible a pequeña escala y el consumo local de alimentos puede frenar el cambio climático y alimentar a los más de 850 millones de personas que padecen hambre. La agricultura ecológica y local contribuye además a enfriar la tierra usando prácticas agrícolas que reducen las emisiones de CO2 y el uso de energía por los agricultores y que frenen la deforestación masiva por el avance de la frontera agrícola que es una de las principales causas del calentamiento global. Solo una alimentación libre de transgénicos puede construir un mundo rural vivo y defender el derecho a la soberanía alimentaria. www.ecoportal.net

[1] Organizaciones: Red de Semillas, Ecologistas en Acción, Cooperativa de Consumidores y Productores Ecológicos "La Ortiga", Campaña contra los transgénicos - Greenpeace, Federación Andaluza de Consumidores y Productores Ecológicos "FACPE", Grupo de Soberanía Alimentaria y Género, Sindicato Obrero del Campo (SOC), Veterinarios sin Fronteras, Cooperativa Agroecológica "Huerta La Acequia", Amigos de la Tierra, El Ecolocal, Herriarte, SAT, COAG, Cooperativa Pueblos Blancos.

[2] En el último Consejo de Ministros el ejecutivo comunitario pidió oficialmente a Austria que levantara la prohibición de importar maíz transgénico. Solo 4 países apoyaron esta iniciativa, 14 votaron en contra y 9 se abstuvieron. El sistema de votos ponderados hace que Austria obtenga sólo la mayoría absoluta pero no la cualificada por lo que será la Comisión Europea, en contra de la mayoría de los estados y la ciudadanía, quien imponga a Austria renunciar a su derecho en defensa de una alimentación sana y segura.

[3] Los estudios científicos sobre los que se basa la evaluación previa a la autorización son realizados por las propias empresas sin que sea posible en muchos casos verificar los datos y resultados de forma independiente. Además la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaría que emite recomendaciones para las nuevas autorizaciones ha sido objeto en los últimos meses de duras recriminaciones por parte de Estados Miembros por falta de transparencia y por ignorar las recomendaciones de éstos.

[4] En torno al 85% de los cultivos transgénicos corresponden a soja y maíz cuyo destino principal es la alimentación del ganado.